MENORES DE EDAD Y VIOLENCIA

                            Cada vez que aparece la noticia de algún monstruoso acto de violencia extrema protagonizada por menores de edad se disparan todas las alarmas en la opinión pública, proliferando, durante algunos días, los debates televisivos al respecto, las propuestas de los diferentes partidos políticos y las recetas mágicas de los expertos; pasada la tormenta y el lucimiento o bochorno de algunos por sus pintorescas y genuinas opiniones, todo sigue igual, nada nuevo se hace, quedando para siempre el inmenso dolor de las familias de los agredidos y, probablemente, también de los agresores. El fondo del debate siempre es el mismo: rebaja de la edad penal, educación, desarraigos familiares, asistencia adecuada, reinserción, cárcel… un “totum revolutum”, jamás considerado de forma global, en el que cada uno carga las tintas sobre alguno de sus componentes, según un posicionamiento ideológico predeterminado (los más punitivos son de derechas y los más permisivos de izquierdas), situándose en la esfera o en la periferia del partido del gobierno o de la oposición. Estos debates televisivos maniqueístas son el peor método de concienciación de la opinión pública sobre el problema de los menores violentos, un problema de toda la sociedad; se convierten simplemente en bochornosos espectáculos, que causan repugnancia, en los que determinados periodistas y tertulianos de piñón fijo, sin ningún tipo de escrúpulos, hacen méritos propios para seguir en el candelero, al extremo de ser capaces de acusar de demagogia a una madre que ha tenido que denunciar a su hijo violento de trece años y defiende por ello la rebaja de edad penal a los doce años.

          La solución del problema de los comportamientos indeseables de muchos menores es tan complejo que no puede reducirse a uno o varios de los factores que tienen alguna influencia al respecto y, en todo caso, como en otros muchos problemas de esta sociedad, no se trata de erradicarlo definitiva y totalmente, ya que siempre habrá algún caso de violencia se haga lo que se haga. Pareciendo obvio lo anterior, se trata pues de cómo convivir con el problema y cómo intentar reducirlo al máximo; para ambas cuestiones, es meridianamente claro que su tratamiento ha de ser globalizado, utilizando medidas educacionales, familiares, económico-sociales, culturales, médico-siquiátricas y judiciales, aplicadas no sólo al menor sino también a los responsables del mismo y a su entorno. Incluso haciendo todo lo anterior se trataría de un proceso lento, con resultados positivos a largo plazo, ya que las fórmulas mágicas no existen; sin embargo, lo cierto es que lo que se ha hecho hasta ahora parece ir hacia un proceso totalmente contrario ya que cada vez hay más actos violentos y más graves protagonizados por menores. Empecemos por reconocer que algo se está haciendo mal, muy mal. Sigamos reconociendo que nadie está dispuesto a detraer de la tarta de los presupuestos el gran trozo que se necesitaría para poner en práctica eficazmente las medidas citadas, hay demasiados gastos muy importantes, entre ellos los suntuarios, que dan mejor resultado a corto plazo. Concluyamos que lo más conveniente, para que todo siga igual y parezca que se quiere hacer algo nuevo, es politizar el problema, situando las necesarias medidas punitivas en el marco de las trasnochadas derechas y las, igualmente necesarias, no punitivas en el de las trasnochadas izquierdas. El circo está servido para que los políticos y sus interesados portavoces mediáticos, de forma indecente, prostituyan un debate tan complejo acusándose mutuamente de que sus respectivas medidas no valen para solucionar el problema, sin reconocer que ambas son complementarias para poder afrontarlo con la seriedad que requiere.  

          En todo caso para convivir con el problema, al margen de la magnitud que en cada momento tenga y de las medidas de reinserción que se utilicen, lo impresentable es la ausencia de responsabilidad ante gravísimos actos violentos como el homicidio o la violación, entre otros, provocando una alarma social por la indefensión a la que está sometida la sociedad en estos casos, lo que explica la postura mayoritaria de rebajar la edad penal. La gente entiende que semejantes monstruos, mayores o menores de edad, no deben circular libremente como si nada hubieran hecho; ni siquiera vale aplicar la frase bíblica de “Perdónalos, que no saben lo que hacen” cuyo beneficio se recoge después de la muerte y, como tal, para los creyentes, puede tener un cierto valor, pero durante la vida, habría que añadir al menos “pero que paguen por el daño que han hecho hasta que aprendan sobradamente lo que deben hacer”. El pago, ya se sabe, es la ausencia de libertad en el centro de reclusión que corresponda; otra cuestión es lo que se haga dentro de ellos. No hay que olvidar que estos centros, al margen de su papel sancionador para el delincuente, son también centros de protección para el resto de la ciudadanía que no delinque, pues de lo contrario el falso buenismo místico-político de algunos de nuestros gobernantes debiera dar un paso más suprimiéndolos y dedicando dicho ahorro a medidas no coercitivas exclusivamente en plena libertad.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena

VIOLENCIA JUVENIL. . .SUMA Y SIGUE

Coincidiendo con las comparecencias en sede judicial del asesino confeso de Marta del Castillo y sus supuestos cómplices con motivo del pertinente juicio, un nuevo asesinato conmociona a la opinión pública; un eslabón más en la dramática cadena de la violencia instalada en nuestra sociedad. Una lacra social que, en sus diversas facetas, va dejando un reguero de muerte y sufrimiento sin que, al parecer, la ciudadanía pueda hacer nada para evitarla o, al menos, reducirla. Ahora es María Esther, con apenas catorce años, hace dos lo fue Marta, algo mayor; ahora en un pequeño pueblo malagueño, Arriate, entonces en una gran ciudad, Sevilla; ahora y entonces, los presuntos asesinos son jóvenes del círculo de amigos de las víctimas, miembros de sus respectivas pandillas. Circunstancias que, al margen del escenario, confluyen en lo que hemos dado en llamar “violencia juvenil”, la más preocupante de todas, ya que atenta directamente contra el futuro, y la más inexplicable, ya que a tan tempranas edades se supone que a la vida no le dio tiempo para llenar sus corazones de odios y rencores. Sobre todo si, como dice el propio alcalde, el presunto asesino pertenece a una familia “muy trabajadora y muy luchadora” y los vecinos añaden que “es un chico normal y de una familia normal”, lo que le aleja de otras tipologías más previsibles, como en el aberrante caso de Sandra Palo en que sus asesinos ya acumulaban más de setecientas denuncias por diversos delitos. Salvo que hayamos perdido el concepto de normalidad -lo que, tal como están las cosas, no es nada descabellado-, ni puede ser normal un chico capaz de cometer semejantes atrocidades, ni que delincuentes reincidentes campen a sus anchas antes de cometerlas y, algunos, poco después. Enderezar lo primero tiene que ver bastante con la educación; lo segundo, con la justicia. Dos ámbitos sensibles que requieren una profunda transformación mediante un amplio consenso político, despojado de demagogia, que sea capaz de sacarlos de los vaivenes electoralistas.

Precisamente, coincidiendo con estos últimos sucesos luctuosos, varios informes sitúan casi a la cola de los países desarrollados el nivel educativo de los jóvenes españoles, poniéndolos a la cabeza del abandono prematuro del sistema educativo. Una preocupante realidad que, sin necesidad de pormenorizar aquí los porcentajes de fracaso, vivimos a diario los que nos dedicamos a la enseñanza, impotentes para reconducir la situación de forma eficaz. Nada puede hacerse ante un absentismo muy elevado, cuyo control por parte del profesorado no acarrea ninguna sanción eficiente para el absentista o sus padres; nada, ante actitudes chulescas e incívicas de muchos alumnos, cuyos padres, advertidos de las mismas, consideran normales o manifiestan su impotencia para corregirlas; nada, ante actos violentos entre los alumnos y, a veces, hacia algún profesor, cuya sanción, en el mejor de los casos, consiste en trasladar al alumno al IES vecino; nada, en definitiva, ante insultos y vejaciones sexistas, xenófobas o de cualquier otra índole. . .Conductas protagonizadas, desde muy temprana edad, por chicos y chicas, considerados normales, quienes, con frecuencia, ya desobedecen constantemente a sus propios padres y les amenazan con irse de casa o denunciarlos ante cualquier método coercitivo que intenten utilizar para corregir sus conductas, considerando que ello les hace insoportables sus cortas vidas. Es la consecuencia directa de un sistema perverso que pretende educar desde la libertad y no para la libertad, despojando a los que tienen la responsabilidad de impartirla –padres y profesores- de cualquier mecanismo de autoridad que les obligue a asumir pautas de conducta basadas en el esfuerzo, el respeto y la tolerancia.

Fracasados en su primera experiencia responsable, su formación, y habituados a la irresponsabilidad sin pautas de conducta arraigadas, se convierten en víctimas de un círculo vicioso que les aboca al desempleo o, en el mejor de los casos, a un trabajo anodino que, según sus vivencias de estudiantes fracasados, les exige mucho más de lo que les compensa. Pronto entienden que es posible mantener su irresponsable experiencia educativa como modelo vital ya que, como entonces, ahora es casi gratuito saltarse la norma; delinquir les sale muy barato. Así lo perciben entre sus círculos de amistades o a través de determinados programas televisivos en los que, muchas veces, delincuentes y protagonistas de conductas indeseables aparecen como modelos de éxito. Sin ningún freno a sus instintos primarios y sin ningún proyecto atractivo de futuro, en definitiva, maleducados desde su más temprana edad, son incapaces de respetar cualquier norma o principio de autoridad, palabra maldita en nuestra sociedad, que percibe, como es el caso, semejantes conductas como normales. Lamentablemente muchos de estos chicos “normales” convierten sus propios hogares en un verdadero infierno de convivencia familiar sin que la sociedad haga nada por atajar un maltrato “in crescendo” de semejantes sujetos hacia sus propios padres. ¡Qué esperamos que hagan en sus demás entornos! Lamentablemente, de vez en cuando, se les va la mano en la dosis de violencia que suelen utilizar en sus cotidianas conductas, manifestando entonces una frialdad, que da pavor, y una carencia absoluta de arrepentimiento o sentimiento de culpabilidad. ¿Acaso alguna vez les culpamos de algo? Es el resultado final de un modelo que nosotros mismos estamos creando y que consideramos normal. Un modelo que aboca a nuestra sociedad a un tenebroso futuro si no ponemos remedio lo antes posible. Sandra, Marta y María Esther, entre otras, no lo vivirán, chicos normales segaron sus vidas cuando empezaban a vivirlas.

                           

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

DERRAPE IDEOLÓGICO DE LA SECRETARIA DEL PSPV

                   Los resultados finales de la confección de la candidatura socialistas para las próximas elecciones locales en Benidorm, me retrotraen a un artículo de la señora Ana Barceló en que argumentaba las razones para acoger en ella a la caterva de tránsfugas, una perversión democrática que se veía venir desde el instante en que éstos desalojaron al anterior alcalde democráticamente elegido, nos guste o no. Obviamente, las razones de tan democrática autoridad socialista, parecían un derrape ideológico transitorio de la señora Barceló, ya que, por entonces, contradecía a otras autoridades de su partido, entre ellas al propio Secretario General del PSPV y candidato a la Generalitat, el señor Alarte. ¿Quién no tiene un mal día?, pensé entonces. Desgraciadamente los hechos me confirman ahora que el posible derrape ideológico no era transitorio y personal, sino permanente y, por acción u omisión, de toda la organización socialista, que, definitivamente, da luz verde a los tránsfugas para dirigir la ciudad de Benidorm. Obviamente con honestidad democrática, la justa.

          El artículo citado “Benidorm: la responsabilidad o la convicción”, publicado en el Diario Información el 27-9-2010 y escrito por doña Ana Barceló, Secretaria Provincial del PSPV-PSOE, con la finalidad de defender el posible regreso de los tránsfugas a la candidatura socialista, no tenía desperdicio. Comenzaba con un demagógico ejemplo, que ella misma consideraba “exagerado o simplista”, sobre las opciones que tendría el gobernante pacifista de un país cualquiera ante la amenaza del gobernante violento de otro país, para avalar, obviamente, el abandono de sus convicciones pacifistas por parte del primero aunque mucho le desagradase. Proseguía relatando una serie de sucias prácticas políticas del PP y, tras unas reflexiones más o menos pintorescas acerca de la política y la actividad de los políticos, concluía que, en el caso de Benidorm el PSPV-PSOE debía “guardarse mucho de parecerse a ese líder pacifista dispuesto a desmantelar su ejército mientras los Estados vecinos y pendencieros afilan contra él sus armas”. Olvidaba la señora Barceló que ni Benidorm es un Estado, ni hay otros Estados que le amenazan con sus armas, sino que estamos en un escenario de paz y libertad del que, en todo caso, hay que erradicar las prácticas antidemocráticas –como es la del transfuguismo político-, que son las que, en definitiva, pueden generar brotes de violencia, y la peor forma de erradicarlas es, precisamente, sumarse a las mismas cuando existe la posibilidad de denunciarlas para que los votantes tengan claro qué opción política han de apoyar: la que juega limpio o la que hace trampas. Pero, si tanto la introducción como la conclusión del artículo era desacertada y demagógica, lo realmente grave para los principios del socialismo democrático estaba en los argumentos y reflexiones que, como dirigente socialista, utilizaba para defender su pintoresca teoría, más próxima al bolchevismo que a la socialdemocracia occidental.

          Argumentaba que el tránsfuga popular, que permitió la toma del poder de los socialistas –convirtiéndose como él en tránsfugas-, dejó en situación de minoría al alcalde y, ante la ingobernabilidad de la institución, el señor Navarro –jefe de la oposición porque así lo habían decidido los ciudadanos-, responsablemente y con el mismo desagrado del gobernante pacifista citado, renunciaba a sus principios en pro de acabar con la parálisis institucional. Es decir, se convertía en un salvador de la patria -con la ayuda del antidemocrático tránsfuga popular- asumiendo el poder con un alto sentido de la responsabilidad para evitar el caos. ¿Cuántos ejemplos hay de salva-patrias alegando lo mismo? ¿Hay algún dictador o golpista que no haya alegado la responsabilidad para poner su orden en el caos? Y, en todo caso, de ser así, ¿por qué no concedía la señora Barceló idénticas buenas intenciones y alto sentido de la responsabilidad cuando Zaplana en su día hizo algo parecido? o ¿acaso la famosa tránsfuga socialista, Maruja, no dejó en minoría a Catalán Chana provocando el caos? o ¿es que no ha sucedido igual en las demás alcaldías que el PP ha arrebatado al PSOE? Adornar de virtudes a los propios y acusar de vicios a los ajenos ante acciones similares es más propio de personas con mentalidad totalitaria que democrática. Lo democráticamente correcto es denunciar ante la opinión pública las prácticas antidemocráticas –como hicimos todos los demócratas en el desalojo de la alcaldía de Catalán Chana por parte del señor Zaplana- y jamás sumarse a ellas.

          Asimismo, la señora Barceló, aunque admitía que la política se basa en confrontar ideas y formas de entender el mundo y la vida, manifestaba que no basta con explicarlas, que el político debe pasar a la acción con el objetivo de alcanzar el gobierno para, desde allí, transformar la realidad según sus convicciones y no esperar a que éstas encajen en la realidad por arte de magia. ¿A qué tipo de acción se refería? ¿Les suena a algo? En democracia, como es el caso, sólo cabe la acción de intentar convencer a la mayoría de la ciudadanía para alcanzar el poder y ello sólo se consigue a base de explicar tus proyectos, denunciar desde la minoría las prácticas perversas del que lo detente y tener una conducta personal acorde con lo que predicas.

          Finalmente, la señora Barceló mantenía que la responsabilidad de un político ante la ciudadanía le exige, sin dejar sus principios morales, velar por los intereses de los electores y se preguntaba “¿cómo va a convencer el PSPV-PSOE a los votantes de la validez de sus ideas…de sus proyectos y de la capacidad de sus dirigentes si no alcanza el gobierno…si renuncia a poner todo ello en práctica alegando un puritanismo moral que choca brutalmente con la realidad?” y se contradecía añadiendo que “los ciudadanos necesitan políticos decididos, que resuelvan sus problemas…que con convicciones firmes y dignas sean capaces de proceder con contundencia cuando la ocasión lo requiere”. Me pregunté y ahora me pregunto, ¿se vela por los intereses de los electores prostituyendo su mandato democrático? ¿Sólo se convence a los votantes si se está en el gobierno? ¿Vale todo para conseguirlo?. Desde esta visión miope de la democracia, es coherente apelar a la renuncia de los principios cuando choquen con la realidad, es decir, cuando los votantes no los apoyen al ser incapaces de entender la bonanza de los mismos –los de los demás, por definición, son perniciosos-; en tal caso con votantes susceptibles de ser engañados, una vez conseguido el gobierno como sea, ya habrá tiempo de derramar sobre ellos todos los parabienes de los programas y proyectos que, en su momento, fueron incapaces de comprender.

          Por este peligroso camino del pragmatismo sin escrúpulos, adobado de un ideario cuando conviene, se está cerca de asumir que el fin justifica los medios. Es la teoría de los visionarios, de los populistas radicales, de los salvapatrias y salvapueblos, de aquellos que, creyéndose poseedores de la verdad absoluta, han cometido las mayores atrocidades a lo largo de la Historia cuando, de una u otra forma, han conseguido auparse a las más altas instancias del poder, único modo, según ellos, de transformar la realidad según la particular visión que tengan de la misma.

          En todo caso, el pueblo, afortunadamente, tiene la última palabra. Incluso la de optar por caminos peligrosos. Es la grandeza de la democracia, que incluso ampara a aquellos que no creen en ella y, en el mejor de los casos, simplemente la utilizan. No sería la primera vez que en la Historia algunos pueblos han elegido el camino equivocado aunque después hayan tenido que lamentarlo. A veces, demasiado tarde y con muchos sufrimientos.

          Yo, a pesar de todo, prefiero seguir pensando que lo sucedido en Benidorm es sólo un derrape ideológico de la señora Barceló, aunque, desgraciadamente y como excepción, lo haya asumido todo el partido en esta ocasión.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

EL LABERINTO POLÍTICO ESPAÑOL

Que los españoles somos difíciles de gobernar no es ninguna noticia, ahí está la Historia para ratificarlo. Ya en 1873 el efímero rey Amadeo I de Saboya, importado para sustituir a la Casa de Borbón, calificaba a los españoles de ingobernables al anunciar ante las Cortes su abdicación, dando paso al ensayo de la efímera Primera República como sustituto del fracasado y joven modelo político de la Monarquía Constitucional Española. Atrás quedaba la frustración frente al último rey absoluto, Fernando VII (1808-1833), calificado como El Deseado antes de que aniquilara durante su mandato efectivo (1814-1833) cualquier expectativa constitucional (Constitución de 1812); pero también quedaba el desánimo por la incapacidad política (ahora sin excusas de imposiciones absolutistas) durante los reinados constitucionales de Isabel II (1833-1868) y Amadeo I (1870-1873) con el reiterado fracaso de los excesivos proyectos normativos (Estatuto Real de 1834 y Constituciones de 1837, 1845 y 1869, respectivamente) cuya vigencia quedaba eclipsada por una serie de pronunciamientos, revoluciones y periodos autoritario-dictatoriales al margen de la norma, amén del conflicto armado con los carlistas por sus reivindicaciones de volver al absolutismo monárquico.

          El estrepitoso fracaso de la fugaz Primera República (febrero de 1873 a enero de 1874), con cuatro presidentes en tan corto periodo de tiempo, avalaba la sentencia de ingobernabilidad pronunciada por Amadeo I en su despedida, dibujando un futuro panorama siniestro, que, desgraciadamente, se hace realidad. En efecto, aunque la conocida Restauración de la Monarquía Constitucional borbónica con Alfonso XII (1874-1885), nacida, ¡cómo no!, gracias a un nuevo pronunciamiento militar y encauzada civilmente por la nueva Constitución de 1876, inauguraba por fin una apariencia de gobernabilidad, prolongada con la posterior regencia de Maria Cristina de Habsburgo-Lorena (1885-1902), no es menos cierto que se consigue gracias al denominado turno del Partido Conservador de Cánovas y el Liberal de Sagasta; en definitiva una trampa por la que, amañando las pertinentes elecciones, ambas formaciones políticas se garantizaban el gobierno más o menos alternativamente (Cánovas en seis ocasiones, hasta ser asesinado y Sagasta en ocho), apareciendo así la figura del caciquismo político y por ende la imposición de gobiernos desde arriba y no realmente democráticos. La incapacidad de los españoles para gobernarse desde la libertad, cerraba así el siglo XIX, manteniendo la vigencia constitucional de manera aparente, como preludio sombrío de las aún menores cotas de libertad del recién nacido siglo XX. En efecto, la crisis de los citados partidos liberal y conservador aparece con la desaparición de sus genuinos y manipuladores dirigentes Cánovas y Sagasta, precisamente cuando el adolescente monarca Alfonso XIII, según lo previsto (16 años) accede a la mayoría de edad, en un ambiente de críticas hacia el sistema político vigente de la Constitución en una España mortecina que, tras haber perdido sus últimas colonias (última pesadilla de los viejos sueños imperiales de épocas ya muy pretéritas), ni siquiera había sido capaz de consolidar la integridad de su territorio peninsular.

          La siniestra senda hacia el caos es inevitable y ni siquiera la minoría regeneracionista, que obtiene interesantes logros en el terreno cultural y económico, es capaz de conseguir un cambio de rumbo en el terreno político, desembocando finalmente en un nuevo secuestro de los cauces constitucionales bajo la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), que descompone definitivamente el sistema de la Restauración y, finalmente, arrastra, por segunda vez al modelo monárquico constitucional español para intentar un nuevo ensayo republicano (1931).

          España, en definitiva, es un laberinto político (ideológico, económico y territorial) donde, entre otros ingredientes, el caciquismo, la corrupción, el revanchismo y la intransigencia abonan un caldo de cultivo favorable al militarismo como elemento garantizador del orden a costa de privar a los españoles de la libre capacidad de gobernarse democráticamente. En el marco de la nueva Constitución (1931), que regula el modelo de la Segunda República (1931-1936), se desatan todos los citados fantasmas y se consolidan otros, que, inexorablemente, abocan a los españoles a una sangrienta y dramática guerra civil (1936-1939), iniciada, una vez más, por un levantamiento militar, que, en esta ocasión, da paso a un larguísimo periodo de dictadura militar (1939-1975), durante el cual el argumento de la fuerza de los vencedores aniquila cualquier otro argumento de las ideas de los vencidos. La manifiesta incapacidad de autogobierno de los españoles favorece así su sometimiento a un pensamiento único, el nacional-catolicismo, en el que no cabe el menor resquicio diferenciador ni en el terreno ideológico-político ni en el administrativo-territorial.

          Entre las causas de los avatares de este turbulento recorrido constitucional español, truncado definitivamente con la dictadura franquista, seguramente tiene gran relevancia que las diversas constituciones han sido elaboradas bajo el prisma ideológico de sus autores (vencedores de algún episodio histórico de fuerza) con grandes dosis de miopía o egoísmo político que prácticamente impedían una alternancia política sustancialmente distinta. En definitiva, se convertían en constituciones de unos españoles contra otros, en las que no hay lugar para albergar las diferentes reivindicaciones (sociales, ideológico-culturales o territoriales) de gran parte de los ciudadanos y canalizarlas en beneficio de todos (menos aún durante los demasiados gobiernos dictatoriales).

          En estas circunstancias, tras la muerte del dictador Franco, los españoles, inmersos en un mar de incertidumbres, fuimos capaces, por primera vez, de ponernos de acuerdo en la elaboración de un nuevo marco jurídico democrático, la Constitución de 1978 (aún vigente), capaz de establecer unas reglas de juego válidas para la inmensa mayoría de los ciudadanos y para todos los territorios que conforman la siempre pretendida y jamás consolidada nación española. Por primera vez los españoles disfrutamos de una constitución para todos (no de vencedores y vencidos, no de unos contra otros) gracias a un amplio consenso nacional español entre, prácticamente, todas las fuerzas políticas (nacionalistas o no, de derechas o izquierdas, según la nomenclatura ideológica al uso), quedando sólo al margen una ínfima minoría extremista e incluso violenta. Gracias a nuestra vigente Constitución, modelo para erradicar los laberintos políticos en otras naciones, los españoles disfrutamos del más largo periodo de libertad y prosperidad de nuestra historia siendo capaces de superar (no sin dificultad) las tentaciones golpistas y de amortiguar los zarpazos terroristas, así como de garantizar la alternancia política sin sobresaltos, en momentos en que las tendencias centrífugas eran proclives para resucitar los fantasmas del pasado. Asimismo hemos sabido conjugar el siempre pretendido nacionalismo español con el nacionalismo de otros territorios integrantes del Estado gracias al consensuado diseño del Estado de las Autonomías, posibilitando un gran marco de autogobierno que ya quisieran incluso muchos estados federales. Es un logro de todos los españoles bajo el liderazgo de dos grandes partidos políticos de ámbito nacionalista español (PSOE y, hoy, PP), que aglutinan a la gran mayoría de españoles, respectivamente de izquierdas y de derechas (cada vez menos diferenciadas sociológica e ideológicamente hablando), y de otros dos partidos de ámbito nacionalista catalán y vasco (CiU y PNV), que aglutinan a la mayoría nacionalista de sus respectivos territorios. Dichos partidos, junto a otros de menor implantación, han respetado las reglas de juego establecidas con moderación, buscando en general el consenso constitucional en los grandes asuntos del Estado, consolidando así el marco jurídico constitucional y, por consiguiente, dejando en franca minoría a otras opciones más extremistas y marginando a las violentas.

          Sin embargo, el único elemento crónico del laberinto político español que ni siquiera con el consenso se ha podido eliminar es la corrupción política que, in crescendo, desanima a muchos ciudadanos y resta credibilidad a los gobernantes de turno quienes, en vez de erradicarla enérgicamente, se dedican a acusarse mutuamente de qué formación política tiene más corruptos en sus filas. A ello hay que añadir que la salida, por fin, del laberinto político en España últimamente se ha visto ensombrecida a causa de la ruptura del tan beneficioso consenso en los grandes temas de Estado, lo que provoca un excesivo protagonismo de los partidos minoritarios que, disconformes con la Constitución, pretenden modificarla, con el concurso de los partidos mayoritarios, por la peligrosa vía del atajo y no por la vía constitucional establecida al efecto en caso de que su modificación fuese necesaria.  La pasada negociación de un proceso de paz con ETA (para otros de rendición) sin un amplio y trasparente consenso y sin que, previamente, se denuncie la violencia y los actos violentos de forma contundente; la pasada reedición del fracasado tripartito en Cataluña, donde componentes del citado gobierno no respetaban y hacían respetar preceptos constitucionales con episodios como las negociaciones de paz sólo para Cataluña, el problema de las banderas o la persecución del castellano; la difícil situación en el País Vasco, recientemente rectificada; la falta de liderazgo en los partidos de ámbito estatal, que provoca grandes discrepancias en sus federaciones territoriales, cada vez más nacionalistas y rebeldes en sus territorios; la progresiva falta de democracia interna en los partidos políticos, cuyas cúpulas designan a dedo a los candidatos… son, entre otras, actitudes peligrosas, más encaminadas a satisfacer los curriculos personales que el interés general, a costa de poner en riesgo la definitiva salida del histórico laberinto político español, haciendo definitivamente buena la ya histórica sentencia de Amadeo I de Saboya el día de su abdicación. El actual marco de crisis económica es el mejor escenario para desmentir a tan ilustre italiano o, desgraciadamente, darle la razón. ¿Estaremos a la altura? Esta es la mayor preocupación.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

REPUGNANCIA

                   Repugnancia, en cualquiera de sus acepciones, es la sensación que puede llegar a sentir cualquier persona que se detenga en hacer un mínimo análisis de muchas de las actuaciones de los dirigentes políticos actuales. Una repugnancia grande en aquellas personas, hoy mayores, que, en su día, lucharon por instaurar en España la libertad y la democracia, entregándose a la actividad política, sin nada que ganar y mucho que perder personalmente, con el único objetivo de que sus diferentes principios ideológicos, según los casos, tuvieran cabida en una sociedad plural que ellos jamás disfrutaron. Una repugnancia inmensa en quienes, desde un ideario de izquierdas –que se decía entonces, pero de verdad- con un plus de entrega y dedicación, de honestidad, de riesgo y de ilusión, tras sus horas de trabajo o estudio, dedicaban el resto del día a una activa militancia partidaria y sindical hasta conseguir que vieran la luz las primeras instituciones democráticas en las que sus representantes adquirían cada vez mayor protagonismo. ¡Qué diferencia con lo que hoy sucede!

          Repugnancia, cuando unos y otros se acusan de actuaciones poco éticas, o incluso delictivas, intentando poner la diferencia en la cantidad de las mismas, al extremo de que, finalmente, reducen el debate a si es más grave no poder demostrar que se han pagado unos trajes o unas obras realizadas, o, en definitiva, a que si en tu partido o en el mío hay más casos de aceptación de favores o prebendas, siempre, ¡cómo no!, donadas altruistamente por algún empresario con el que, por razones del cargo, han tenido más o menos vinculación los susodichos políticos.

          Repugnancia cuando, unos y otros, hasta reconocen implícitamente –trampas del subconsciente- la generalización de sus actuaciones indecorosas, por no calificarlas peor, utilizando incluso para ello hasta el mismo lenguaje. Ripoll, sobre las obras realizadas en la casa de Luna manifiesta que “el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”; Natalia Guijarro, portavoz del gobierno de Benidorm, agradeciendo la propuesta de la ejecutiva local socialista de la candidatura de los tránsfugas y justificándola, manifiesta “quien esté libre de culpa que tire la primera piedra”. Idéntica conducta pero con la gran diferencia ideológica, ¡faltaría más!, de que Ripoll, probablemente más creyente, recoge la cita bíblica tal cual, en tanto que Guijarro, probablemente no creyendo en los pecados, lo sustituye por “culpa”.

          Repugnancia ante la desvergüenza en justificar perniciosas actuaciones propias porque los de enfrente también las cometen. Los socialistas alegan que en Villajoyosa, Denia y otros lugares el PP ha obrado tan antidemocráticamente como ellos van a hacerlo en Benidorm. Por su parte Clemente, número dos del PPCV, se olvida de lo actuado por su partido en los pueblos citados y, para defender la candidatura de Pérez Fenoll, el alcalde desalojado de Benidorm por los tránsfugas, no siente ningún rubor al manifestar que lo que le hicieron es “el ataque más grande a la democracia en España”, olvidando incluso que, con todos los matices que se quiera, ellos actuaron igual con el socialista Catalán Chana.

          Repugnancia, en definitiva, ante tanto descaro, tanta incoherencia y tanta mentira con el único objetivo de conseguir el poder personal a base de debates demagógicos y vacíos de contenidos, que aburren sistemáticamente a la ciudadanía y menoscaban la democracia, consolidando un país mortecino que bate todos los records negativos. Un país injusto con los sinvergüenzas, políticos o no, a los que les sale muy barato delinquir, e injusto con los honrados, políticos o no, a los que les sale muy caro seguir siéndolo. Un país de chiquilicuatres o, en su más peyorativa acepción, de zascandiles, que utiliza incluso como reclamo de actividades culturales y sindicales a quien así se autodenomina artísticamente, lo que jocosamente no estaría mal, pero la situación está para pocas bromas y una huelga general es algo muy serio ¿o ya no lo es?.

          Por el bien de todos, especialmente de nuestros hijos, se hace urgente dar un giro copernicano a este siniestro panorama. Ellos, que nacieron y vivieron en democracia, que no tuvieron que luchar por conseguirla, no deben llegar a la conclusión de que sólo sirve para proporcionarles un oscuro futuro, si sus comportamientos son decentes, o un brillante porvenir, si imitan los comportamientos indecorosos de quienes debieran ser sus referentes. Nosotros, que sí sabemos el valor de vivir en libertad y su fragilidad, que sí sabemos lo que cuesta conseguirlo en caso de perderlo, hemos de evitar a toda costa que esta repugnancia los contagie. Para ello es primordial que cada uno de los partidos políticos, instrumentos básicos del sistema, limpie respectivamente sus basuras en vez de instarse mutuamente a que las limpie el contrario o de competir públicamente sobre cuál de ellos tiene más. Nosotros, al fin y al cabo, hasta podemos soportar esta repugnancia durante un cierto tiempo con tal de no llegar a la náusea de tiempos pasados; ellos, no sé si podrán soportarlo.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena