Y AQUÍ AÚN PEOR

Partiendo del principio de que en democracia el pueblo nunca se equivoca, el batacazo electoral del PSOE hemos de considerarlo como merecido y acertado, por más que, en algunos casos, cueste entenderlo “a priori”. Me refiero concretamente a los resultados obtenidos por el PSPV que son catastróficos, teniendo en cuenta que el PP jamás se lo puso más fácil para haber podido conseguir una victoria. Ni los innumerables casos de presunta corrupción, ni el desgaste del dilatado periodo de gobierno popular, ni las listas plagadas de imputados judiciales –entre otros muchos ninis- han podido evitar que los malos resultados de los socialistas a nivel general, aquí, en la Comunidad Valenciana, hayan sido aún peor. La explicación a esta aparente esquizofrenia es, sin embargo, bien sencilla: los valencianos sí han castigado al PPCV, que ha perdido unos 70.000 votos a pesar del tsunami azul, pero han castigado más, casi el doble, al PSPV, que ha perdido unos 140.000 votos, castigo muy superior a la tendencia a la baja general del PSOE. Por tanto, si el PSOE se equivoca al culpar de sus males sólo a la crisis económica, el PSPV yerra mucho más si hace lo propio, ya que es evidente que, en todo caso, algo habrán hecho rematadamente mal. Lo triste es que lo vienen haciendo desde hace casi veinte años. Y no escarmientan. Entretanto una hemorragia de pérdida de votos y de militancia que, de seguir “in crescendo”, amenaza con convertir al PSPV en un partido casi testimonial.

            El proceso arranca de la turbulenta quinta legislatura (1993-1996) con gobierno de Felipe González por mayoría relativa –tras las tres anteriores con mayoría absoluta- que abrió grandes brechas a nivel interno en el PSOE y acabó en un escándalo mayúsculo por temas de corrupción. Entretanto, acababa en la Comunidad Valenciana la tercera legislatura (28-5-1995), finiquitando el gobierno socialista de Juan Lerma –que ejercía desde la primera legislatura- al conseguir mayoría relativa el PP de Zaplana, que se perpetúa en el poder –con sucesivas mayorías absolutas desde la quinta legislatura hasta hoy- a pesar del relevo de Zaplana por Camps. Lerma cambió su nuevo papel de jefe de la oposición en las Cortes Valencianas, por el de ministro del último gobierno de Felipe González (junio,1995-marzo,1996), provocando un verdadero vacío de liderazgo en el PSPV que, inmerso en un caos de corrientes personales –para algunos, familias-, busca desde entonces, a través de una lucha cainita y sin ninguna diferencia ideológico-programática, aplicar la lucha matemática a nivel interno para colocar a sus respectivos correligionarios en los cada vez más escasos cargos políticos. La legítima pugna interna democrática entre diversas corrientes ideológicas (izquierda socialista, nacionalistas, socialdemócratas…) se sustituyó por refriegas indecentes entre distintos grupos o “ismos” (pastorismo, lermismo, ciscarismo, garciamirallismo, romerismo, asuncionismo, valenzuelismo, franquismo…) que impiden, hasta hoy, consolidar un liderazgo en cualquier nivel y, peor aún, elaborar y explicar un programa serio y creíble para ganar la confianza del electorado, que tanto nos apoyó antaño. Los valencianos, condenados a elegir entre algo o la nada, optan obviamente por lo primero.

          La convulsión postelectoral que en estos días se está produciendo en el PSPV me retrotrae, por su similitud, a un artículo (“El espectáculo del PSPV-PSOE”, Diario Información del 15-7-1999) que escribí, ante una situación parecida, tras las autonómicas que iniciaban la quinta legislatura, estancando a los socialistas y dando la primera mayoría absoluta a los populares. Entre otras cosas decía, con infinita tristeza: “El Partido, más que un instrumento básico de actuación política, empieza a parecerse a una confederación de empresas de trabajo temporal (los –ismos) que pugnan por abrirse un espacio en el mercado (cada vez más reducido) y en la que los “jefes” (así se les llama) y empleados más cualificados dedican todo su esfuerzo a la noble aspiración de convertir su trabajo temporal (cargo público) en empleo estable y definitivo (hecho que les honra como militantes de izquierda). Al igual que el gran capital, estas empresas o –ismos, carecen de color político, su éxito depende casi exclusivamente de la rentabilidad obtenida y los métodos utilizados para conseguirlo (el fin justifica los medios), suelen ser la traición, la deslealtad, la amenaza arbitraria de aplicar los reglamentos, las alianzas interesadas y oportunas entre unos y otros, etc.”.

             ¿Tiene vigencia lo anterior? Juzguen ustedes. Ya han pasado doce años y, desde hacía tres, yo –como algunos otros- había vuelto a mi trabajo docente (conseguido en la época franquista y nada sospechoso de haberlo obtenido por influencias de mis posteriores cargos socialistas), abandonando, tras más de veinte años de militancia, esta nueva forma de hacer política en la que sólo quedaban dos opciones: quedarte y participar en el juego o irte. Hoy siguen yéndose algunos otros por idénticas razones. Si criticas públicamente estando dentro te convierten en un “mal compañero” y si lo haces desde fuera, en un “facha”, mientras que la discrepancia interna se resuelve con la aplicación de la matemática. Lo honesto es jubilarse en cualquier cargo político, que suele estar mejor pagado que tu trabajo, si es que lo tienes. Los que optamos en su día por volver al nuestro –en mi caso hace ya más de quince años- pero sin renunciar a la crítica de lo que consideramos mal hecho, nos convertimos en fachas indecentes, por muy limpia que haya sido nuestra trayectoria política; los que, pasando de un cargo a otro, permanecen toda su vida maniobrando para conseguir jubilarse en la política, son los verdaderos socialistas. Es lo que hay, lamentablemente, la nada.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

FRUSTRACIÓN Y DESESPERANZA

            En un artículo titulado “Sucesión de Zapatero, esperanza o frustración” (Diario Información del 7-4-2011), que escribí tras su anuncio de no optar a un tercer mandato, manifesté que el PSOE tenía la posibilidad de abrir un camino de esperanza o frustración para una gran mayoría de españoles y que la clave estaba en la fortaleza que, tras el proceso de primarias, conservara el zapaterismo, tan denostado por la ciudadanía –como ha quedado demostrado después con las elecciones locales y autonómicas- y que, para erradicarlo, además de Rubalcaba y Chacón “ambos protagonistas del zapaterismo imperante” se precisaba la concurrencia de savia nueva, pues “sólo una nueva vía, un nuevo líder socialista, crítico con Zapatero, puede aportar la suficiente dosis de credibilidad” y, estando seguro de que “haberlos haylos”, sólo me quedaba la duda de “que tengan la suficiente valentía y honestidad para asumir la responsabilidad de postularse como candidatos a las primarias frente a quienes sólo pretenden que todo siga igual aunque parezca lo contrario”. Los últimos acontecimientos me hacen perder toda esperanza. Me queda la frustración. ¡Ojala que, en esta ocasión, me equivoque!

            Si ya no era entonces de recibo que la sucesión de Zapatero se decidiera entre dos de sus más cualificados colaboradores, al menos, cabía la esperanza de que, una vez convocadas las primarias tras las elecciones locales, algún otro candidato, más independiente, les disputara democráticamente la sucesión, aunque su triunfo pudiera generar distorsiones con Zapatero al frente del partido hasta el siguiente congreso. Lo avalaba el anuncio de Zapatero de jugar limpio, garantizando que, tanto él como su ejecutiva federal, se mantendrían neutrales durante el proceso y no apoyarían a ninguno de los candidatos en las primarias. El posterior batacazo electoral del zapaterismo evidenciaba exigencias de reformas mucho más profundas que las de aportar una cara nueva, aunque fuera la del hipotético triunfador independiente en las primarias. La solución exigía un congreso; así lo plantearon, más o menos explícitamente, algunos de los barones. Un congreso de renovación, autocrítico, que aportara un nuevo proyecto ilusionante y viable, así como un nuevo liderazgo fiable y creíble. Pero Zapatero no sólo se opone al congreso sino que, una vez más incumpliendo sus promesas, incluso dinamita el proceso democrático de primarias, apoyando a Rubalcaba –algunos malpensados dicen que sometiéndose a él- y exigiendo la “generosidad” de Chacón para que se retire de la contienda. En la práctica, una sucesión a dedo con la complicidad de todo el Comité Federal que, incomprensiblemente, apoya sin fisuras tan democrática decisión, constatando que el zapaterismo, con o sin Zapatero, goza de muy buena salud entre las élites socialistas aunque, de momento, esté herido de muerte entre el resto de la ciudadanía. El rubalcabismo, como nuevo formato del zapaterismo, es la esperanza de salvación a la que se aferra el PSOE, que espera una pócima mágica del alquimista Rubalcaba para recuperar la credibilidad perdida, sabiendo que Rubalcaba, mejor que nadie, es un experto en apostar a las causas perdidas para erigirse luego como vencedor de los triunfadores. Bono y Zapatero, entre otros, bien lo saben.

            Seguramente lo que no saben todavía es que los ciudadanos no somos idiotas, ya que, sólo así es explicable que, encima, quieran presentar ante la opinión pública como un proceso democrático, unas primarias viciadas que, en el mejor de los casos, si alguien más consigue presentarse, lo haría desde una posición abismal de desigualdad. Es la esencia del zapaterismo: que todo parezca lo que no es. Lo lamentable es que a semejante farsa se hayan prestado todos los barones del PSOE y su máximo órgano entre congresos, el Comité Federal, dejando huérfanos de liderazgo para el necesario cambio a miles de socialistas y desesperanzados a millones de ciudadanos que aspiran a una democracia de más calidad, empezando por la de los partidos políticos. ¡Qué oportunidad perdida para atraer, entre otros, al movimiento 15-M, que tanto defienden en los platós de televisión! Seguramente han pensado que así es la “democracia real” que estos grupos reivindican.

            Ya sabemos que el sanedrín del PSOE, instalado de momento en las altas instancias del poder, ha obrado así, como en otras tantas ocasiones, por el bien de España; que Rubalcaba es el mejor de los candidatos; que Carmen Chacón es un dechado de generosidad y que nadie la presionó para retirarse. Sabemos que lo hizo porque “está en riesgo la unidad del PSOE, la autoridad del presidente y la estabilidad del Gobierno”, que descubrió por generación espontánea horas antes de anunciarlo. Sabemos también que a Patxi López le bastó una conversación explicativa de Zapatero sobre “cómo vamos a hacer las cosas” para retirar su promesa de plantear en el Comité Federal su propuesta de Congreso Federal que veía, al igual que otros muchos, como “la solución más conveniente”.

Lo que no sabemos es porqué Chacón anunciaba su generosa decisión con una infinita tristeza, casi llorosa, y porqué, sentada al lado de Rubalcaba, al que ahora reconoce como “un gran candidato”, mantuvo una actitud distante y casi hostil, cuando debiera estar infinitamente contenta por tan acertadas decisiones. Tampoco sabemos, ni entendemos, que practicar la democracia interna pone en riesgo la unidad de los partidos políticos democráticos. Creíamos que los reforzaba.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

SIN PRECEDENTES

La debacle electoral del PSOE en las elecciones locales y autonómicas es el colofón, sin precedentes, de una campaña electoral en la que, desde su inicio, han ido apareciendo, sin precedentes, una serie de circunstancias que conviene tener en cuenta a la hora de hacer un análisis más pormenorizado del resultado de las mismas. Así, en esta campaña, sin precedentes, se han  presentado muchas listas altamente contaminadas de tránsfugas y presuntos corruptos; se han aceptado listas ilegales según el Tribunal Supremo pero avaladas por el Constitucional; se ha vetado la presencia de Zapatero en algunas circunscripciones por sus propios compañeros; se ha eclipsado la campaña electoral por la irrupción en la escena política del movimiento de indignados 15M y no se ha acatado la resolución de la Junta Electoral sobre su actitud de rebeldía el día de reflexión. En un contexto de crisis económica, sin precedentes, a la que se culpa de todos los males del planeta, hemos celebrado unas elecciones en las que, sin precedentes, no ganan todos, como es habitual en casos anteriores, ya que a los socialistas no les ha quedado más remedio que reconocer sin paliativos el exagerado triunfo del PP y la correspondiente pérdida, sin precedentes, del poder local y autonómico socialista.

Pero de todas las circunstancias citadas ha llamado poderosamente la atención, por su impacto mediático, la aparición en plena campaña del movimiento 15M -cuya plataforma de agravios podemos avalar una gran mayoría de ciudadanos- y su actitud de desobediencia civil ante las decisiones de la Junta Electoral con el beneplácito de quien democráticamente, guste o no, tiene la responsabilidad de impedirlo –actitudes ambas rechazables por la inmensa mayoría de ciudadanos-. La celebración de elecciones es el acto supremo de la Democracia ya que supone el derecho del ciudadano a elegir libremente a sus gobernantes, y cualquier demócrata entiende que, para ello, se requiere que cada uno de nosotros, guste o no, acate contundentemente el veredicto de las urnas; pero también requiere que, durante el proceso electoral, se juegue limpio dentro del marco legal que democráticamente nos hemos dado, acatando las decisiones de nuestras instituciones al respecto, en este caso el de la Junta Electoral. No hacerlo es contaminar el sistema democrático; permitir desde las instancias gubernamentales que algunos no lo hagan, es pervertirlo a riesgo de un futuro incierto y peligroso. La Historia, aquí y en otros lugares, avala lo anterior de forma contundente. Es cierto que la Democracia –sin apellidos- es un sistema de convivencia, imperfecto y mejorable, pero es el que ha conseguido las mayores cotas de bienestar y progreso en los pueblos que lo han practicado –incluido el nuestro- sin menoscabo de la libertad individual, intrínseca para la ciudadanía. Por muchas razones que tenga cualquier colectivo en sus reivindicaciones, su legitimidad queda anulada si pretende imponerlas desde fuera del marco legal establecido, que la inmensa mayoría de ciudadanos respetamos. Por muchas cautelas que tenga el ejecutivo a las consecuencias de imponer a todos el respeto a dicho marco legal jamás debe hacer dejación de la autoridad legítima que democráticamente le hemos dado. La mayoría no está en las plazas de algunas de nuestras ciudades por miles y miles que sean todos ellos, sino en los millones de votos que se han depositado en las urnas para elegir libremente entre las opciones políticas que se han presentado. Su veredicto en las urnas, inapelable, obedece a muy diversos factores, entre los que, sin ninguna duda, han influido las circunstancias sin precedentes –entre ellas la del 15M- que se han dado en esta campaña y la actitud que cada partido político ha adoptado ante las mismas.

Ya habrá tiempo de valorar minuciosamente el impacto de cada una de estas circunstancias. En todo caso los resultados han rebasado cualquier expectativa de éxito o fracaso hecha “a priori” por unos y por otros, conformando un mapa político novedoso en el que se resquebraja en cierta forma el tradicional bipartidismo con la representación en muchas de las instituciones de opciones minoritarias, que pueden dar mucho juego en el futuro, aunque ello haya sido a costa exclusivamente del descalabro del PSOE, lo que, a todas luces, ha conllevado a una sobredimensión del éxito obtenido por el PP. Los socialistas están obligados a hacer una profunda reflexión autocrítica y no pueden seguir achacando su estrepitoso fracaso a factores externos; de no hacerlo así se corre el riesgo de consolidar una tendencia hacia la eliminación del tradicional bipartidismo y la implantación del partido único-hegemónico si los populares, a su vez, son capaces de entender que su espléndido éxito está basado, más bien, no en los méritos propios sino en el error de los ajenos. De unos y otros, así como del resto de formaciones políticas más minoritarias, depende que en futuros comicios los ciudadanos podamos optar entre lo bueno y lo mejor. Hasta ahora, desgraciadamente, estamos resignados a hacerlo entre lo malo y lo peor. A pesar de ello seguimos apostando por la Democracia, eso sí, sin apellidos. Es el dato más positivo de estas elecciones, ojalá que ello sirva como precedente en el futuro.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

            La ilegalización de las listas de Bildu por el Tribunal Supremo y su posterior legalización por el Tribunal Constitucional pone de manifiesto de forma contundente la supeditación de la Justicia a los intereses políticos. El traslado para tomar la decisión desde la Sala Segunda del TC -compuesta por tres magistrados progresistas y tres conservadores-, que debería por turno estudiar el recurso de Bildu, al Pleno del TC –compuesto por siete magistrados progresistas y cuatro conservadores- avala aún más lo anterior. No es la primera vez que el TC, más politizado por la forma de provisión de sus miembros, da un giro radical a las decisiones del TS, más jurídico, lo que provoca que, cada vez más, las decisiones de éste se recurran para conseguir el triunfo del ámbito político sobre el jurídico de forma descarada. Así, el fallo del TS, basado en sólidos informes de la Guardia Civil y Policía Nacional, que concluyen que Bildu –como otros antecedentes- es un instrumento manejado por ETA-Batasuna, queda anulado por el TC. ¿Cómo es posible que las pruebas aportadas por las fuerzas de seguridad del Estado sean tan contundentes para unos magistrados y no para los otros? ¿Es o no Bildu un instrumento de los terroristas? ¿Qué sucedería si la composición del TC fuese mayoritariamente conservadora? ¿Hubiera recurrido Bildu en caso de serlo? Las respuestas sinceras a tales preguntas evidenciarían hasta qué punto la carga subjetiva de las decisiones judiciales rebasa la razonable interpretación individual de cada uno de los juzgadores sobre las pruebas objetivas aportadas.

            Es de suponer que tanto la decisión del TS como la del TC se ajustan a derecho; lo contrario sería perverso. También es de suponer que los jueces y magistrados que integran dichos tribunales gozan de la solvencia suficiente para ocupar tan importantes oficios; lo contrario sería lamentable. Al tratarse de tan altas instancias se supone que sus posibles errores judiciales, más comprensibles en primeras instancias –para corregirlo están precisamente las instancias superiores-, han de ser prácticamente nulos. No es de recibo pues que la resolución del TS no se ajuste a la Constitución, única causa que explicaría su anulación por parte del TC. ¿Tan incompetentes son los miembros del TS que no tienen en cuenta la inconstitucionalidad de su fallo? o ¿Tan politizados están los magistrados del TC que anulan una resolución jurídicamente correcta y ajustada a derecho? Necesariamente una de las dos respuestas ha de ser afirmativa –o las dos-, ya que responder negativamente a ambas supondría que nuestro Estado de Derecho se basa en una normativa tan subjetivamente interpretable que nos somete a una inseguridad jurídica intolerable. Es urgente pues que el Legislativo, por pura higiene democrática, tome medidas para que este bochornoso espectáculo, cada vez más frecuente, no vuelva a repetirse. La Justicia, salvo que estemos pensando en volver al Antiguo Régimen, no puede estar sometida a los vaivenes políticos del lógico juego de mayorías y minorías del Estado de Derecho. Su cometido es aplicar las leyes vigentes de forma objetiva, amparándose en su propia independencia y profesionalidad y al margen de lo que en cada momento sea más o menos conveniente políticamente.

            Hay que tener en cuenta que el TC -órgano constitucional que ejerce como supremo intérprete de la Constitución Española- no es de mayor rango que el TS –órgano de mayor rango dentro del Poder Judicial-, ya que su relación no es orgánica sino competencial, aunque en la práctica puede anular, como es el caso, las decisiones de éste y no al revés. Nada que objetar pues a la decisión del TC. Sin embargo cuesta entender que el TS estime en su totalidad los recursos contencioso-electorales por los que Fiscalía y Abogacía del Estado solicitan la anulación de las listas de Bildu por tratarse de un fraude electoral al ser “un instrumento para permitir la entrada a las instituciones de la ilegalizada Batasuna” y que el TC, por una ajustada mayoría, revoque la decisión por “vulnerar los derechos fundamentales de los integrantes de la coalición”. Cuesta entender que el TS no tuviera en cuenta el atropello que su fallo suponía a los derechos fundamentales citados. Si aceptamos el recto proceder de ambos tribunales, hemos de concluir que, en definitiva, la ilegalizada Batasuna tiene todo el derecho a participar en las instituciones democráticas y, obviamente, financiarse con los impuestos que aportamos todos los ciudadanos en beneficio del funcionamiento del Estado de Derecho que ellos pretenden eliminar a través de la violencia. Es una conclusión a todas luces incomprensible para el común de los mortales aunque para algunos sea la mejor forma de defender nuestra democracia. Cabe preguntarse ¿para qué ilegalizar entonces a Batasuna?, estéticamente hubiese quedado mejor no hacerlo y, políticamente hablando, sería incluso mucho más correcto. Al menos nos hubiésemos ahorrado el bochornoso espectáculo protagonizado por tan antagónicos altos tribunales.

Fdo. Jorge Cremades Sena

SEGURIDAD INTERNACIONAL Y NACIONAL

                        La muerte de Osama bin Laden, fundador y máximo dirigente de la red terrorista Al Qaeda, que viene aterrorizando tanto al mundo musulmán como al cristiano, ha provocado un revuelo nacional e internacional sobre el modo en que se ha producido y las consecuencias que pueda acarrear para la seguridad internacional. La convulsa situación política del norte de África y Oriente Próximo acrecienta la incertidumbre al respecto. A ello se añade además en nuestro país el debate sobre la anulación o no de las candidaturas de la coalición Bildu, que aglutina a partidos políticos legales y a la izquierda abertzale ilegalizada, para concurrir a las próximas elecciones, dando una pintoresca pincelada a nuestra particular versión terrorista “made in Spain”. Un siniestro panorama que, salvando todas las distancias, genera un falso debate formal en el ámbito democrático que, en definitiva, sólo beneficia a los violentos. Es pues necesario, de una vez por todas, ir al fondo de la cuestión de forma cruda y tajante aunque ello no sea políticamente correcto. Y el fondo de la cuestión es acabar con el terrorismo o, al menos, reducirlo a la mínima expresión. Para ello es imprescindible desenmascarar su juego sangriento que apela, cuando le conviene, a las instituciones democráticas y a los principios que las generan para beneficiarse de los mismos con el único objetivo de destruirlas de forma violenta. Por ello, dichas instituciones y principios no deben utilizarse como paraguas de protección a semejantes sujetos, dando lugar a un juego desigual en beneficio de los liberticidas.

            La muerte de bin Laden no altera la situación de la seguridad internacional. Al Qaeda seguirá matando bajo las órdenes de su nuevo jefe, Aymán al-Zawahirí, o cualquier otro. El yihadismo en que se sustenta no necesita ninguna excusa para sembrar el terror en el mundo cristiano o musulmán. Sin embargo es una buena noticia que un terrorista quede fuera de circulación y si es un importante dirigente, como es el caso, tanto mejor. Así lo ha percibido de forma generalizada la comunidad internacional. Pero algunos, una vez más, sin atreverse a rechazar la actuación norteamericana, ¡faltaría más!, prefieren sembrar sombras de duda sobre la misma. Así, frente a la versión oficial de una muerte en el tiroteo tras el asalto, los más osados o insensatos hablan de asesinato; los menos, de ejecución, y, en todo caso, unos y otros, critican que le hayan matado en vez de haberle detenido para hacerle un juicio justo. ¿Quién sale beneficiado de semejantes disquisiciones? No avalar sin fisuras y de forma contundente la versión dada por quienes se han jugado la vida frente al mayor asesino en serie del planeta es, como mínimo, un ejercicio irresponsable de hipocresía. ¿Acaso debían haberle solicitado con todo respeto su identidad para detenerlo a continuación? ¿Por qué quienes así piensan no se arriesgan a hacerlo ellos personalmente?

            Igualmente, la ilegalización de las listas de Bildu para nada altera la seguridad nacional ni la estabilidad democrática. ETA, si puede, seguirá matando, estén o no sus correligionarios en las instituciones. Su historia así lo avala. Sin embargo es bueno que los terroristas o sus defensores estén ausentes en las instituciones democráticas a las que pretenden eliminar. Pero, una vez más, algunos prefieren poner en entredicho su exclusión del proceso electoral. Los más osados o insensatos, prestándose a una estrategia perversa de coaligarse con ellos y contaminar sus propias candidaturas; los menos, dando cobertura a esta perversión con el pretexto de defender una escrupulosa limpieza democrática ya que opciones legales quedarían fuera de la contienda electoral. Así, frente a la ilegalización decretada por el Tribunal Supremo, que para eso está entre otras cosas, se rasgan las vestiduras, amenazan con romper la estabilidad parlamentaria que vienen prestando al Gobierno y presionan al Tribunal Constitucional para que enmiende tamaño despropósito. No entienden, ni quieren entender, que el despropósito está en los partidos legales que se prestan a albergar en sus listas a personas vinculadas con el terrorismo etarra, siendo así susceptibles dichas listas de quedar, como es el caso, en la ilegalidad democrática. ¿Por qué estos partidos se prestan a una defensa de aquellos otros que colaboran directamente con la estrategia etarra?

            El verdadero problema es que la seguridad internacional y de cada nación, en definitiva, la paz mundial y local, está amenazada por el terrorismo. Combatirlo de forma contundente debe ser el principal objetivo de cualquier persona que ame la libertad y la convivencia pacífica. Por desgracia algunos no lo entienden así. Lo preocupante es que estos personajes carguen las tintas en la defensa de discutibles derechos de personajes que sólo quieren tener derecho a matar impunemente. Esta actitud sí altera la seguridad y la paz, disminuyendo la legítima capacidad de defenderlas al poner en entredicho las acciones encaminadas al respecto y, con ello, dotar de cierta legitimidad a los violentos. Por tanto, si algún debate democrático sobre la repercusión en la seguridad de los citados acontecimientos tiene sentido, no hay que basarlo en la muerte de bin Laden ni en la ilegalización de las listas de Bildu –ambos sucesos repercuten en todo caso de forma positiva-, hay que hacerlo sobre las actitudes de quienes, siendo demócratas, no quieren verlo como un éxito de los demócratas.

Fdo. Jorge Cremades Sena