SIETE MILENIOS

            Tras conocer la noticia, se me ocurre proponer al consistorio del pueblo alcarreño de Pioz para el récord Guinness de la irresponsabilidad, aunque, bien pensado, casi es mejor no proponerlo, vaya a ser que, indagando, indagando, se encuentren datos suficientes para hacerlo extensivo a otros municipios y gobiernos de ámbitos superiores y, al final, sea España en su conjunto la merecedora del récord. El caso es que, según el Secretario de Estado Sr. Beteta y la actual alcaldesa de Pioz, el citado pueblo castellano-manchego tardará siete milenios (exactamente 7.058 años) para saldar la deuda contraída por su Ayuntamiento en los últimos años. Menos mal que el alcalde saliente, principal responsable del desaguisado, ha dicho que no se debe tanto dinero y que la deuda es exactamente la mitad, lo que, por pura lógica, supone que sólo en tres milenios y medio (3.529 años, exactamente) se habrá podido liquidar la deuda. Un gran alivio para los proveedores, quienes ven mejoradas de forma sustancial sus expectativas de cobro. Supongo que para hacer el cálculo de pago ya se habrán incluido los intereses de la deuda, pues si no se ha tenido en cuenta este pequeño detalle el plazo para saldarla podría demorarse hasta límites manifiestamente intolerables.

            Obviamente tan desproporcionado endeudamiento no obedece a inversiones productivas que, por ende, generarían un posterior incremento de ingresos para poder afrontar los correspondientes pagos. En efecto, llama la atención que un municipio con poco más de 3.500 habitantes, tenga facturas impagadas por fiestas de 140.000 euros; por toros de 45.588, por orquestas de 23.069, por fuegos artificiales de 14.000 y por bailes de 11.000; así como 2´8 millones de euros por construir la piscina municipal o 5 millones de euros por una depuradora dotada para 20.000 personas. Son los datos más llamativos, proporcionados por la alcaldesa, quien, tras reconocer que el pueblo “está para ser intervenido”, anuncia que, para reducir la deuda, hará un presupuesto de fiestas de 17.000 euros, provocando división de opiniones entre sus conciudadanos.  

            Pero todo ello se reduciría a mera anécdota si tan desastrosa gestión fuese la excepción que confirma la regla. Lamentablemente no lo es. El ayuntamiento de Pioz es simplemente el mejor ejemplo de una moda de gestionar lo público desde la incompetencia, el despilfarro, el egoísmo y la insolidaridad generacional que, al amparo de una absoluta impunidad, permite a los gestores blindar sus irresponsabilidades en cualquier ámbito territorial. A lo largo de toda la geografía española se extiende un sinfín de proyectos faraónicos e innecesarios que, tras sobrecostes exagerados por su construcción, añaden elevados costes por mantenimiento y se muestran doblemente ruinosos, improductivos e insostenibles. Aeropuertos fantasmagóricos sin aviones, puertos deportivos sin barcos, tramos de vía de alta velocidad sin pasajeros, parques temáticos ruinosos, urbanizaciones mastodónticas sin servicios y sin gentes… son unos pocos ejemplos –citarlos todos requeriría demasiadas páginas- de un desolador paisaje de ruina colectiva y enriquecimiento de unos cuantos. Si España es el segundo país del mundo –China es el primero- en longitud de vías de alta velocidad, si es el primero de Europa en número de aeropuertos, en autopistas y otras infraestructuras en términos relativos, para prestar servicios a una sustancial menor cantidad de usuarios ¿por qué Pioz va a renunciar a depurar aguas para 20.000 personas aunque sólo tenga 3.500 habitantes? Si todas estas inversiones se han hecho sin evaluación previa de rentabilidad socio-económica y sólo se han basado –siendo benevolente- en criterios político-electorales ¿por qué Pioz va a renunciar a hacer lo mismo? Si el dinero público no es de nadie –tal como afirmó allá por 2004 la ministra Carmen Calvo-, se deduce que su despilfarro a nadie perjudica; por lo visto sólo las deudas son de todos…y en eso estamos. Un modo de gestionar que en cualquier país civilizado llevaría a los responsables a la cárcel. Aquí ni siquiera dimiten del cargo.

            Entretanto, mientras pasan los siete milenios para Pioz, nuestros políticos, acusándose verbalmente unos a otros, gastan sus energías en señalar culpables –como sí no lo fueran todos ellos- en vez de sumarlas para encontrar soluciones, que es lo que requiere el crítico momento que estamos atravesando. Ya no hay margen, ni dinero –que, tras gastar el nuestro, nunca lo hubo, nos lo prestaron- para mantener esta perniciosa moda de gestión pública. Ahora toca todo lo contrario. Así lo exigen las instituciones europeas para, reduciendo el déficit, llegar al equilibrio presupuestario. Por ello cada ayuntamiento, diputación o autonomía, con el gobierno central a la cabeza que es quien está obligado a cumplir el compromiso de reducción del déficit de España, no tiene más remedio que recortar gastos e incrementar ingresos. Dónde y cómo hacerlo es el único debate político viable, lo demás, hoy por hoy, son cantos de sirena que sólo buscan el deterioro de quien tenga la responsabilidad de la gestión en los distintos territorios. Por ello la crítica razonable, para ser creíble, requiere alternativas claras y cuantificables ya que las teórico-ideológicas de largo plazo no sirven para resolver lo urgente. Nuestros socios y nuestros acreedores no están dispuestos a concedernos siete milenios para saldar el derroche, exigen, al menos, que urgentemente cambiemos de rumbo y, como hemos sido tan irresponsables, ya no se fían de nosotros, salvo que auditores independientes diagnostiquen el estado de nuestras finanzas. ¿Qué más podemos pedir?

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

IMPERATIVO LEGAL

            El Estado de Derecho –surgido por oposición al Estado Absolutista, en el que el rey está por encima de los demás y puede mandar sin ningún contrapeso de poder- está compuesto, como su nombre indica, por un Estado –forma de organización política- y un Derecho –conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad- que limita precisamente el poder estatal, el cual, a diferencia del anterior, emana del pueblo, quien elige a sus representantes para gobernarlo. En definitiva, y sin mayor disquisición al respecto, el Estado de Derecho deviene en sinónimo de Imperio de la Ley, ya que ésta debe prevalecer sobre cualquier principio gubernativo y todos, absolutamente todos, están sujetos a ella, especialmente el gobierno, sus funcionarios y demás cargos institucionales. Es mal asunto pues que algunos de éstos manifiesten que actúan por “imperativo legal”, que es una obviedad innecesaria, y, por tanto, lo que realmente significa es una actitud antidemocrática en toda regla. Es lo que viene sucediendo en España desde que, al final de los ochenta, los candidatos electos de Herri Batasuna se inventaron dicha fórmula para justificar el requisito de promesa o juramento de acatamiento a la Constitución –de la que renegaban- con el único objetivo de obtener la condición de diputado, y, ante la negativa del presidente del Congreso Félix Pons, obtuvieron del Tribunal Constitucional un fallo favorable. Se daba vía libre para convertir el contrato democrático de adhesión constitucional –incluso para quienes, como parlamentarios, pretendan modificarla con los requisitos establecidos al respecto- en un trámite expreso de desacuerdo constitucional con apariencia de acuerdo, válido para obtener una legitimidad institucional que, según ellos, conseguida desde la imposición y no desde la convicción, justifique sus posteriores actitudes antidemocráticas.

            Convertido el acatamiento a la Constitución en una farsa, se han ido sumando a ella una serie de formaciones políticas (Esquerra Republicana, Eusko Alkartasuna, PNV, Nafarroa Bai, BNG, IU, Amaiur, Geroa Bai, ICV-EUiA…) al extremo de convertir la última sesión constitutiva del Congreso en un espectáculo variopinto de propaganda política, una especie de prolongación de la campaña electoral, ya finalizada, añadiendo al “imperativo legal” las coletillas más llamativas del proyecto político de cada uno. Y es que, como manifiesta el republicano Joan Tardá, “Se ha perdido el miedo a decir las verdades. Basta de falsedades e hipocresías”. Eso, una manifiesta hipocresía política, pues el acatamiento constitucional ni pretende callar a nadie, ni impedir ningún proyecto político, sino garantizar que para conseguirlo se ha de actuar en todo momento dentro del marco legal constituido. Ese es el compromiso del acatamiento, sin fisuras ni matices, que se debe exigir a quienes, libremente, deciden participar en las instituciones del Estado de Derecho. La falsedad y la hipocresía es aprovechar el marco de libertades democráticas para, desde sus instituciones, intentar destruirlo. Por ello no se entiende bien que Durán i Lleida considere tan pintoresco acatamiento como un reflejo normal del pluralismo político, ni que Rubalcaba lo vea como una simple llamada de atención para los medios de comunicación, ni que el propio presidente del Congreso, el señor Posada, deje pasar las coletillas al considerar que lo básico, es decir, el acatamiento, se ha cumplido. Interpretaciones benévolas que se contradicen con las actuaciones concretas protagonizadas después en otras instituciones, incluidas las de función ejecutiva que obligan no sólo a cumplir la legalidad sino también a hacerla cumplir a los demás. Basta recordar, a título de inventario, las que protagonizaron el gobierno tripartito en Cataluña, el gobierno vasco de Ibarretxe, el gobierno balear de coalición PSOE-Bloc-Unió Mallorquina…, amén de la de tantos y tantos gobiernos locales vascos y catalanes, que, asumiendo competencias que no tienen, desacatan la normativa vigente con actitudes y actuaciones claramente antidemocráticas.

Este desafío intolerable al Estado de Derecho, que por higiene democrática debiera ser erradicado de forma contundente, hace cada vez más difícil la gobernabilidad de los españoles en sus diferentes territorios. Andalucía es el último caso. Mientras Griñán anuncia un gobierno alegre PSOE-IU, que cumplirá las leyes, su flamante socio y vicepresidente, Valderas, apela al “imperativo legal” para acatar la política de recortes aunque no en su totalidad ni en la aplicación a todos los andaluces, ya que, al parecer, de los efectos de la reforma laboral han de quedar exentos los empleados públicos de la Junta de Andalucía, especialmente los de las empresas y entes públicos pendientes de consolidar su puesto de trabajo. Es decir, de aquellos que, a dedo, han entrado en la administración autónoma por la puerta falsa. Entretanto, el camarada de Valderas, Sánchez Gordillo, que no ha apoyado la investidura de Griñán por el asunto de los EREs -tan esgrimido en campaña electoral por IU-, ocupa una finca que la Junta había expropiado con anterioridad. Lo que nadie aclara es si, aunque sea por “imperativo legal”, se van a esforzar en cumplir el objetivo del déficit, que en Andalucía supone unos recortes de gasto de casi 3.000 millones de euros, en una situación de paro que supera el 30%, la tasa más alta de toda Europa. El gobierno alegre de Griñán, lamentablemente, sólo puede generar tristeza.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO

            Desde hace demasiado tiempo nuestros gobernantes, sean del signo político que sean, vienen haciendo de la popular frase “donde dije digo, digo Diego” su modelo de gobierno, que, planteado así, abre todas las posibilidades al cinismo, a la incoherencia y a la mentira como principios básicos de actuación. Se ha consolidado tanto esta forma de gobernar que, a medida que pasa el tiempo, nuestros gobernantes bien podrían sustituir el “dije”, que señala un pasado lejano, por “he dicho”, que indica una mayor proximidad en el tiempo, o, incluso, por “acabo de decir”, que implica inmediatez, pues cada vez les importa menos hacer lo contrario de lo que “dijeron” en su campaña electoral, de lo que “han dicho” en su investidura o en una sesión parlamentaria, o de lo que “acaban de decir” en una rueda de prensa. Una perniciosa conducta gubernamental que, “de facto” aunque no “de iure”, prostituye la democracia al no respetar los compromisos electorales con los ciudadanos que legitimaron su autoridad para que los cumplieran –y no para hacer lo opuesto- concediéndoles una mayoría parlamentaria, incluso, a veces, absoluta. ¿Acaso legitimaron a Zapatero para congelar las pensiones y bajar el sueldo a los funcionarios si prometió por activa y pasiva que jamás haría estos recortes? ¿Acaso está legitimado Rajoy para recortar en sanidad y educación si ha prometido electoralmente y ha reiterado en la investidura que eran las únicas partidas intocables en los presupuestos? A mi juicio, no. Tales actuaciones, practicadas sin rubor y de forma descarada por ambos gobernantes, producen una generalizada frustración ciudadana y un creciente desapego a la democracia. A este modo de entender la democracia con absoluta impunidad gubernamental tras la investidura.

            Para evitar estas conductas y otras peores es necesario revisar el concepto de legitimidad democrática para gobernar que, adquirida tras las elecciones, debiera ser cuestionada cuando la gestión suponga un fraude al compromiso programático con la ciudadanía. ¿De qué vale que un gobierno sea sustituido por otro cada cuatro años si se conduce durante los cuatro siguientes con la misma incoherencia que el anterior? De nada, a la vista está. Se corregiría introduciendo mecanismos pacíficos y eficaces de control ciudadano sobre la gestión gubernamental (por ejemplo, iniciativas populares de convocar referendums) para expresar de forma fehaciente el rechazo o no a la misma cuando ésta sea claramente errada, abusiva o contraria al compromiso programático adquirido con los votantes, obligando al gobierno, en caso de rechazo, a rectificar su gestión o convocar elecciones anticipadas. Sería más eficiente políticamente y menos gravoso socialmente que manifestar el rechazo durante cuatro años mediante huelgas y manifestaciones que sólo reflejan el malestar de forma difusa sin efectos inmediatos, ya que el veredicto ciudadano, claramente cuantificable, acabaría con la comodidad de la clase política que, obviamente, prefiere obtener un cheque en blanco para dicho periodo, amparándose en la legitimidad original de las urnas sin ningún control ciudadano entretanto. Reducir la democracia al derecho popular al voto cada equis años es una invitación al abuso gubernamental en toda regla y, en caso de practicarse –como viene siendo habitual-, se debería ilegitimar tal abuso de poder, pues la legitimidad es para gobernar pero no para abusar –en vez de usar- del poder que dicha tarea lleva implícito.

             La mentira se ha instalado de tal forma en el quehacer político que ya hasta se utiliza como argumento para justificar cualquier otra mentira posterior, convirtiendo el proceso electoral en un mero trámite burocrático de legitimización gubernamental para actuar de espaldas a la ciudadanía, condenada durante toda la legislatura a soportar las políticas contrarias a las que en su día apoyaron sin posibilidad alguna de evitarlo. Por ello, ni gobierno ni oposición, tienen reparo alguno en enzarzarse en un debate público sobre quién es más mentiroso o más infiel a su programa electoral, mientras el país está en estado catatónico. Rubalcaba, vicepresidente del gobierno anterior, acusa al actual presidente Rajoy de mentir a los ciudadanos por adoptar medidas contrarias a su programa de gobierno, mientras Rajoy las justifica por las mentiras del gobierno anterior sobre el déficit y acusa a Rubalcaba de que, en todo caso, su gobierno también hizo lo propio. Rubalcaba, sin poder desmentir lo obvio, asume la mentira sobre el déficit pero lo justifica alegando que Rajoy también lo sabía, acusándole por ello de aprovecharse para hacer su política de recortes. Un espectáculo bochornoso en el que ninguno de los dos asume que la mentira, sea por ignorancia o con intencionalidad, debiera incapacitar a cualquier gobernante democrático por incompetente o deshonesto. Ya Maquiavelo en su día aconsejaba a su príncipe de que “un gobernante prudente no debe cumplir lo que promete cuando ello vaya en contra de sus intereses, ni cuando ya no existan las razones que lo llevaron a comprometerse”. Está claro que nuestros gobernantes pecan de prudencia, que sus intereses son seguir gobernando y que las razones del compromiso, las elecciones, ya no existen hasta dentro de cuatro años. Además, según Maquiavelo, “jamás han faltado excusas legítimas a un príncipe que deseara incumplir honorablemente su promesa”. Está claro que la legitimidad de las urnas, legislatura tras legislatura, convierte esta forma de gobernar en la más honorable de las causas. El problema es que ya no estamos en el Renacimiento, aunque algunos no se hayan enterado.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

DOBLE DIFICULTAD

            España está inmersa en dos entelequias institucionales que, a diferencia de otros países, la condenan a una doble dificultad para obtener la credibilidad de los mercados financieros, requisito imprescindible en una economía globalizada para salir de la crisis lo antes posible. Se trata de dos proyectos, la Unión Europea y el Estado Autonómico, que, tal como están diseñados, ambos conforman modelos imaginarios e ideales que no pueden existir en la realidad como instrumentos político-económicos eficaces para conseguir los fines que pretenden, por lo que su confluencia en España duplica las dificultades -de arriba abajo y viceversa- para adoptar cualquier iniciativa de superación de la crisis, convirtiéndose en un doble problema y no en su solución. Dos experimentos políticos, originales en términos históricos, que generan sustanciales incertidumbres acerca de su viabilidad, influyendo obviamente en que la salida de la crisis mundial sea más difícil para la eurozona de la UE que para otros países ajenos –europeos o no- y, dentro de la misma, para España que para el resto de sus miembros.

Las incertidumbres sobre la UE, especialmente sobre la eurozona, se derivan de las dificultades que tienen las instituciones comunitarias para poner en práctica políticas supranacionales en beneficio de todos sus miembros. La UE es un proyecto que, sin estructuras institucionales consolidadas de tipo estatal, rebasa el ámbito de una mera alianza interestatal, cuya originalidad consiste en agrupar a países no sólo con culturas y lenguas diferentes, sino también con una larga experiencia histórica –en algunos más que centenaria- como estados independientes y, por tanto, con sus propios marcos legislativos, sociales y económicos que, en definitiva, cada país conserva y, en gran medida, aplica en su beneficio frente a las decisiones de las instituciones comunitarias. Por ello la crisis en la eurozona no sólo es económica sino también política. La unión monetaria, sin una previa unión política –los Estados Federales de Europa- que posibilite una verdadera unión fiscal y una política común en todos los ámbitos –social, económico, defensa, exterior, etc- con las pertinentes instituciones gubernamentales para ejecutarlas en todo el territorio, genera tensiones, en especial en momentos de crisis, entre los países miembros, convirtiendo la eurozona en terreno abonado para los especuladores, máxime cuando los países que la integran no constituyen un área económica homogénea y además carecen de una disciplina de homogenización fiscal entre ellos, lo que coloca al euro en clara desventaja frente a otras monedas.

Pero en España además se añaden a estas incertidumbres las derivadas de su genuino modelo estatal que, gestado de forma inversa a la UE, salvando las distancias, es idéntico en su indefinición. La originalidad del “estado de las autonomías” consiste en desmantelar un país, España, con una cultura y una lengua común –aunque algunos territorios además tengan otra- y con una larga experiencia histórica como estado independiente centralizado, para acabar atomizándolo en una serie de mini-estados inventados, las CCAA -la mayoría de ellos sin diferenciación lingüístico-cultural y todos ellos sin experiencia histórica independiente, salvo que nos remontemos a la Edad Media- que acaparan insólitamente casi todas las competencias gubernamentales, rebasando incluso las que cualquier estado federal se reserva por mera supervivencia, y, por ende, dificultan gravemente al gobierno español para poner en práctica sus políticas nacionales recurriendo, si es preciso, al desacato. Por ello, a la doble crisis económica y política de la UE, en España, hay que añadir no sólo su crisis económica, como en el resto de países miembros, sino también su peculiar crisis política. Una doble dificultad a la hora de generar confianza, no sólo en los mercados, sino también en sus socios europeos, conscientes de la incapacidad del gobierno español para garantizar las políticas que, acertadamente o no, la UE –entiéndase Merkel- decida imponer para salir de la crisis.

Con este insuficiente nivel de integración política y económica en la UE y este alto nivel de desintegración en España no es posible albergar muchas esperanzas sobre el futuro. Si en tiempos de bonanza nos permitió vivir un sueño, en tiempos de crisis nos obliga a salir de una pesadilla que, irremediablemente, requiere de profundas reformas estructurales, tanto en la UE como en España, y no sólo de ajustes coyunturales para cuadrar las variables macroeconómicas que, en todo caso, hay que poner en práctica en tan crítico momento. Pero estos ajustes –las reformas requieren más tiempo- no pueden aplicarse por igual -ni en el tiempo, ni en la forma- a situaciones tan diferentes, ya que no hay mayor injusticia que tratar igual a los desiguales y, menos, si dichas desigualdades de partida están provocadas en los estados miembros por la ineficacia del entramado institucional de la UE, y en las CCAA por la del estado español. En esta carrera de obstáculos, urgente y agonizante, ni los países de la eurozona, ni las CCAA, parten en igualdad de condiciones para poder llegar a la meta al mismo tiempo. Algunos pueden desfallecer por inanición antes de lograrlo y España, no lo olvidemos, es la única que, por desgracia, sufre ambas desigualdades. Para algunos, desgraciadamente, la salida de la crisis no sólo requerirá sangre, sudor y lágrimas, sino también un milagro.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

INSULTO A LA CIUDADANÍA

            La amnistía fiscal proyectada por el gobierno con la intención de que aflore parte del dinero negro que atesoran no pocos delincuentes, que campan a sus anchas como escarnio al resto de españoles honrados, es la gota que colma el vaso de la indignación ciudadana, que, mayoritariamente, sabe como se las gasta el fisco cuando alguien, por error o necesidad, demora el pago de sus impuestos. Ni que decir si se descubre falsedad intencionada en la preceptiva declaración fiscal o, simplemente, que no se ha presentado en tiempo y forma. Intereses de demora, sanciones, apremios y toda suerte de medidas coercitivas para regularizar la situación “ipso facto” con prioridad ante cualquier otra circunstancia que tenga el infractor; es la respuesta inexorable del Estado a quien incumple el deber constitucional de contribuir “al sostenimiento de los gastos públicos” de acuerdo con su capacidad económica “mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Hacienda somos todos y así debe ser. Pero no lo es. Ni el sistema tributario es justo, baste citar las SICAVS por ejemplo, ni el trato recibido, ni el asesoramiento, ni los recursos legales...son igualitarios a la hora de exigir el cumplimiento del precepto constitucional. El sostenimiento de los gastos públicos recae en definitiva sobre los trabajadores y clases medias, en especial sobre los funcionarios públicos que, aunque quisieran, ni siquiera pueden ocultar un céntimo de sus rentas de trabajo, práctica habitual en otras ocupaciones que, para “gloria” de unos cuantos y desgracia de todos, convierten nuestro país en el edén del fraude fiscal y, por ende, en refugio de pícaros y maleantes. Chorizos –en roman paladino- que actúan impunemente ante gobiernos negligentes, sabiendo que no exigen el cobro de impuestos con igual contundencia a unos y otros, limitándose a comprobar las irregularidades de quienes voluntariamente están integrados en el sistema tributario, sin investigar con igual celo a los grandes defraudadores profesionales del mismo.

Por ello España es campeón en la UE del fraude fiscal con unos 280.000 millones de euros por cuotas tributarias no ingresadas en los últimos años -unos 70.000 millones anuales, según cálculos fiables-, que se recuperarían si los gobiernos hubiesen actuado decididamente al respecto. Pero no ha sido así. La ausencia de una auténtica voluntad política de atacar el fondo del problema explica que aún no tengamos un verdadero Plan de Lucha Contra el Fraude, sino un incipiente Plan de Prevención que, a tenor de estos resultados, es claramente ineficaz. En definitiva, ni prevención ni lucha contra un fraude escandaloso que, de no haberse permitido, situaría a nuestro país en una dimensión de la crisis muy diferente a la que estamos padeciendo. La economía sumergida, los grandes fraudes fiscales de carácter criminal, el contrabando, el blanqueo de capitales y otros delitos conexos encuentran en nuestro suelo un terreno abonado, convirtiéndolo en un paraíso para este tipo de delincuencia. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir?

En este desolador contexto, lamentablemente, el gobierno de Rajoy, acuciado por la UE a incrementar ingresos y reducir gastos para ajustar el déficit presupuestario pactado, decide, en materia de ingresos, subir los impuestos a quienes los pagan y perdonárselos a quienes no lo hacen, ofreciendo a semejantes chorizos claras ventajas fiscales si deciden voluntariamente legalizar sus fortunas fraudulentas, producto del botín robado al resto de ciudadanos. Una burla en toda regla a quienes cumplen sus obligaciones fiscales, que atenta contra el propio estado de derecho al tratar de forma tan indecentemente favorable a quienes se sitúan al margen del mismo. Y todo, según el propio gobierno, para conseguir 2.500 millones, cifra que podría superarse simplemente con una tenaz lucha contra el fraude, si, como dice Rajoy, las cosas se hicieran “como Dios manda”. Está claro que no es el caso. Por ello la polémica medida es la gota que colma el vaso de una serie de otras medidas impopulares, discutibles pero más o menos justificables en circunstancias tan críticas, que el pueblo viene soportando con cierta comprensión, aún sabiendo que será el gran sacrificado para salir de una crisis que no ha provocado. La gran diferencia es que la amnistía fiscal, además de impopular, es éticamente reprobable, políticamente antidemocrática y socialmente injusta, lo que la convierte en injustificable, máxime si desde el punto de vista económico-presupuestario, carece, al tener carácter voluntario, del rigor necesario para cuantificar la previsión de ingresos, tal como ya han advertido a Rajoy las autoridades de la UE. No vale escudarse en la herencia, ni en que ya lo hizo el propio Felipe González y otros gobernantes en otros países, ni en que Zapatero no luchara para evitar el fraude. Una inmoralidad no se justifica con otras precedentes. Ya es bastante que el pueblo, crónicamente, soporte las falsas promesas de sus gobiernos, sus incumplimientos electoralistas, sus despilfarros y sus incompetencias como para tener que soportar además su descarado favor a la delincuencia de guante blanco con el pretexto de que ello redundará en beneficio de todos. Un insulto a la ciudadanía en toda regla.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

ASTURIAS Y ANDALUCÍA, QUE DECIDAN LAS MINORÍAS

            Al margen de cualquier valoración, interpretación o especulación sobre los comicios en Asturias y Andalucía, el resultado indiscutible es que los partidos menos votados en ambas comunidades -UPyD e IU, respectivamente- decidirán sus respectivos gobiernos. Tanto el PSOE, vencedor en Asturias, como el PP, vencedor en Andalucía, pueden verse abocados a ejercer como oposición, aunque, como opciones mayoritarias en sus circunscripciones, tengan la prioridad en la iniciativa para gobernar al obtener el respaldo mayoritario de sus respectivos pueblos. En Asturias UPyD (con 18.739 votos, un 3´7% de apoyos y 1 escaño) decidirá entre un probable pacto de Foro (123.979, 24´8% y 12 esc.) con PP (107.476, 21´5% y 10 esc.) o del vencedor PSOE (159.811, 40´6% y 17 esc.) con IU (68.827, 13´7% y 5 esc.). En Andalucía será IU (437.445 votos, 11´3% y 12 escaños) quien decida entre el ganador PP (1.567.207, 40´6% y 50 esc.) y el perdedor PSOE (1.523.465, 39´5% y 47 esc.). ¿Qué decidirá UPyD e IU? ¿En base a qué intereses? Lo cierto es que, comparados los resultados con los comicios autonómicos precedentes –que es con los que ha de compararse-, ambas comunidades tienen hoy más difícil su gobernabilidad, por más que algunos líderes políticos, perdedores, irradien alegría ante tan deplorables resultados, pues, salvo UPyD e IU, todos pierden apoyos –algunos de forma alarmante-, mientras la participación ciudadana se ve sustancialmente reducida.

            En Asturias una participación del 55´9% (67´1% en 2011) sólo puede entenderse por el hastío ante dos convocatorias electorales en tan corto espacio de tiempo con el único objetivo de que los electores diriman los problemas internos del PP, partido en dos –FORO sólo es la mitad del PP-, provocando con ello que el voto, mayoritariamente popular, no logre el objetivo de gobernar. A las pruebas me remito. Si en 2011 conjuntamente obtuvieron 297.798 votos, el 49´6% y 26 escaños (178.031, 29´6% y 16 esc, para FORO y 119.767, 19´9% y 10 esc, para PP), ahora obtiene 231.455, 46´3% y 22 esc. (123.979, 24´8% y 12 esc, para FORO y 107.476, 21´5% y 10 esc. para PP). En ambos casos, de haberse presentado juntos al ser la misma opción política, hubiesen obtenido mayoría más que suficiente para gobernar. Pero, ante su incapacidad de hacerlo incluso con un pacto “a posteriori”, que les daba la mayoría, ahora pueden verse relegados del mismo por el castigo infringido a su principal irresponsable, Cascos, que pierde 4 escaños y 54.000 votos, y, en menor medida, al PP que, aunque mantiene sus 10 escaños, pierde 12.300 votos. El PSOE con 159.811 votos, 32% de apoyo y 17 escaños (2 más que en 2011 con 19.800 votos menos), puede gobernar con el apoyo de los 5 escaños de IU (uno más que en 2011 al conseguir 7.100 votos más y llegar al 13´7% de apoyo) y el obtenido por UPyD que, al incrementar su apoyo en 4.100 votos, consigue con el 3´7% de apoyo entrar por primera vez en el legislativo asturiano. Es patético que ahora Cascos pretenda gobernar como sea, incluso cediendo hasta la presidencia, cuando, teniéndolo fácil en 2011, su intransigencia le impidió llegar al acuerdo con sus ex-compañeros del PP para hacerlo, prefiriendo convocar estos comicios inútiles. Quien pierde es el pueblo asturiano; quien se resiente es la democracia.

            En Andalucía una participación del 62´2% (72´6% en 2008) denota la falta de entusiasmo ante unos comicios que, contraviniendo la práctica de hacerlos coincidir con las elecciones generales, se convocan poco tiempo después a pesar de estar ya agotada la legislatura con el único interés de evitar la caída libre del PSOE-A y el obligado pase a la oposición de Griñán. Cuestión discutible, en todo caso, ya que los resultados en las autonómicas siempre difieren de las generales aunque se convoquen a la vez. También habrá influido el descontento por los casos de corrupción de la Junta y por los recientes recortes del gobierno central, aunque éstos no deben ser muy determinantes ya que, de serlo, también lo hubieran hecho en Asturias y no ha sido así. En todo caso, el PP gana por primera vez al obtener 1.567.207 votos (162.947 menos que en 2008) y el PSOE pierde por primera vez con 1.523.465 votos (654.831 menos que en 2008), obteniendo IU 437.445 votos (119.883 más que en 2008), lo que se traduce en 50 escaños para PP (frente a 47 que tenía), 47 para el PSOE (frente a 56) y 12 para IU (frente a 6). Queda bien claro que, al margen del descontento generalizado, el mayor castigo ha sido para el PSOE, mientras que IU, con una campaña agresiva y radical (frente a la corrupción del PSOE y al proyecto capitalista del PSOE y PP, para ellos igual) es la única opción que incrementa sus votos, erigiéndose, si PP y PSOE no lo remedian, en el árbitro de la gobernabilidad andaluza. Todo apunta a que así será. La alegría del perdedor Griñán, aplaudido ahora por Rubalcaba, así lo sugiere. La incógnita está en saber si aceptará el programa de IU –no al límite de gasto, a los acuerdos de la UE con Marruecos y Mercosur, a las bases de EEUU…y sí a una banca social y pública, a un banco público de tierra, a una república que sustituya a la monarquía constitucional, a la incorporación de viviendas vacías al parque de viviendas ocupadas…) o, por el contrario, será Valderas quien, renunciando a sus promesas electorales, acepte el programa del PSOE, según IU tan capitalista como el del PP. Todo es posible. Si en 1593 el hugonote Enrique de Borbón para conseguir el trono francés se convirtió al catolicismo argumentando “París bien vale una misa”, sólo es cuestión de calcular cuánto vale Sevilla. Por cierto, Enrique IV de Francia fue un gran rey. Ya ven. Pero eran otros tiempos y otros protagonistas. ¡Ojalá que al final el ganador sea el pueblo andaluz! ¿Qué piensan ustedes?

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

SISTEMA INSOSTENIBLE

SISTEMA INSOSTENIBLE

            La gravísima crisis económico-financiera, que nos atenaza, ha reabierto, entre otros, el debate de la propia estructura del Estado Español, en el que, como en los demás, se enfrentan posturas irreconciliables, en este caso, centralismo y federalismo, con el fin de poner remedio al Estado de las Autonomías, un sistema meridianamente insostenible si sigue por la senda actual. En definitiva, un interesante debate que, despojado de demagogias de unos y de otros, debiera finiquitar la insostenibilidad de un estado a la deriva, el español, que, aquejado de un federalismo imperfecto, lo conforman diecisiete “estados” centralistas, las CCAA, reproduciendo cada una de ellas en su territorio las estructuras político-administrativas del llamado “estado central” al que tachan de centralismo por no satisfacer infinitamente sus voracidades competenciales hasta dejarlo sin ninguna competencia y, por ello, le culpan de sus respectivos males. Un disparate estructural y organizativo, rechazado, según las encuestas, por una mayoría de españoles, hartos de sufragar con sus impuestos su carísima inviabilidad y su constatada ineficacia. Conviene pues reformar el sistema desde la racionalidad y la verdad, sin previos prejuicios que, al final, generan más frustración en la ciudadanía. Sin embargo, como en otros tantos asuntos, algunos personajes prefieren afrontarlo desde la ceremonia de la confusión con el único objetivo de defender intereses espúrios.

            De entrada conviene aclarar que centralismo y federalismo sólo son dos modelos distintos de organización estatal que “per se” ni suman ni restan un ápice de democracia o libertad a las sociedades que se organizan de una u otra forma. Es falso, como algunos pretenden, identificar centralismo con “fachas” y federalismo con “progres”; Francia y Alemania son claros ejemplos para ratificarlo. Que un estado sea centralista o federalista obedece estrictamente a la experiencia histórica de las comunidades humanas que así se han organizado para asegurarse en ambos casos una mejor defensa del interés común, de la redistribución de la riqueza y de la prestación de los servicios públicos. Cuestión distinta es que, en el caso español, el centralismo sí esté asociado a un largo periodo dictatorial, mientras que el Estado de las Autonomías, que ha instalado el federalismo en la estructura del Estado, lo esté al màs largo periodo democrático, lo que, por mera experiencia histórica, invalida de momento un debate entre centralismo o federalismo. El verdadero debate, actualmente, es entre federalismo o Estado de las Autonomías, que, no obstante, de cerrarse en falso, sí puede alimentar en el futuro una apuesta por un centralismo estatal desde la libertad, al estilo francés, o acabar en un traumático fracaso federalista, al estilo balcánico. El problema real es que el sistema autonómico español, claramente federalista en su estructura, no delimita clara y definitivamente –tal como hacen los estados federales consolidados- las atribuciones estatales-federales y las de las instituciones territoriales, dejando tan básico asunto a una permanente discusión que lo hace inviable. Es necesario pues delimitar claramente dichas atribuciones, lo que requiere conocer otras experiencias federativas de éxito, no para copiarlas, sino para entender los límites que garantizan su viabilidad como estado.

            En efecto, aunque los estados federales consolidados no son comparables, porque cada uno tiene condiciones diferentes (de carácter social, cultural, económico, histórico, etc), sí comparten en líneas generales determinados principios. Entre ellos, la prevalencia de fuerzas centrípetas, que no centrífugas como sucede en España, para imprimir un carácter vertebrador a todo el estado y garantizar su viabilidad, bien a través de un poder legislativo común –caso de EEUU- o de una clara diferenciación funcional entre el poder central y el periférico –caso alemán-, donde en el Band residen las funciones legislativas y en el Land y los municipios las administrativas, dejando a los landers una cierta participación en el legislativo a través del Bundesrat (Consejo Federal,  que representa a los estados federados a través de representantes nombrados por sus respectivos gobiernos) sólo para lo que afecta a dichos estados. Es decir, el gobierno y el parlamento federal se garantizan el derecho a definir lo que las administraciones de los estados federados han de ejecutar, pues cualquier modelo federalista no puede ni debe renunciar a las competencias esenciales del Estado en su ámbito federal, entre otras, las de legislar (o la prevalencia legislativa si hay conflicto), la política exterior, la de defensa y la de interior, así como los servicios básicos, garantes de la igualdad de derechos y deberes a todos los ciudadanos en materias fundamentales (sanidad, educación, sistema fiscal y tributario…), amén de la inadmisión de partidos políticos soberanistas que no buscan la vertebración estatal sino la independencia de un determinado territorio, propiciando la desintegración del propio estado. En España, no sólo se legalizan dichos proyectos, sino que además se les prima electoralmente para que con menos apoyos consigan mayor representatividad y fuerza en la defensa de sus objetivos soberanistas. Un suicidio estatal inadmisible en cualquier estado que, centralista o federal, penalizaría democráticamente los atentados a su unidad nacional o las ofensas a sus instituciones y símbolos de identidad, no sólo por cuestiones patrióticas, sino por mera supervivencia. Así pues, si se trata de profundizar en el federalismo, habrá que tener muy en cuenta estas cuestiones; de lo contrario seguiremos hablando de otra cosa que nada tiene que ver con el estado federal, sino, más bien, con la consolidación de miniestados centralistas que buscan su oportunidad para hacerse definitivamente independientes. Es esencial que para salir de la grave crisis que padecemos, comencemos por resolver nuestra propia crisis de identidad como españoles. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Si es así, es básico entender que un estado, centralista o federal, sólo es viable si sus ciudadanos arriman el hombro unos con otros, pero jamás unos contra otros, que es lo que aquí está sucediendo.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena