GAMBERRADAS Y DELITOS

            Un turista muerto y un camionero herido de consideración cuando circulaban en sus respectivos vehículos. Ante la cantidad de accidentes de circulación que se dan en nuestras carreteras, tales sucesos ni se considerarían como noticia extraordinaria, pues, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a ellos al aparecer en los medios de comunicación casi a diario. Sin embargo, en esta ocasión, no se trata de un accidente más, ni de la enésima colisión provocada por la imprudencia de uno de los conductores, ni de otro fatal y casuístico encuentro de dos vehículos en alguno de los puntos negros que todavía existen en nuestras carreteras. Es más, ni siquiera se trata de un accidente de circulación en que el turista y el camionero hayan estado implicados, sino de dos hechos lamentables, acaecidos en días distintos, cuyas consecuencias podrían haber sido mucho peores. Ambos provocados por la irracional forma de diversión de sendos grupos de adolescentes que, a falta de algo mejor que hacer, deciden pasar el tiempo tirando piedras a los vehículos que pasan por las autovías desde un paso elevado. Conductas de menores que, desgraciadamente, ni son aisladas ni puntuales, aunque, afortunadamente, no siempre desencadenen tan trágico desenlace. Para algunos, simples gamberradas de jóvenes; en realidad, faltas graves o delitos de los que alguien debe hacerse responsable y pagar por ello. Pero, si otras conductas delictivas más graves –asesinatos, violaciones-, protagonizadas por menores, han activado todas las alarmas sociales, dejando un sabor amargo en la sociedad por las sombras de impunidad que muchos entienden que la Ley del Menor concede a sus autores, poco se puede esperar de éstas y otras parecidas achacables a la imprudencia y no a la intencionalidad de delinquir.

            Ni es la primera vez, ni, lamentablemente, será la última, que escribo sobre la violencia protagonizada por menores. Mi contacto con ellos por razones profesionales me permite afirmar que, ante la comisión de la mayoría de los actos monstruosos que algunos protagonizan, hay una serie de precedentes violentos cotidianos que, desgraciadamente, nuestra legislación olvida, convirtiendo la Ley del Menor en un lamentable ejercicio de hipocresía social. Nada que objetar a su finalidad de regular la responsabilidad penal de los menores como sujetos susceptibles de una especial protección por razones de edad. Pero todas las objeciones a la carencia de medidas preventivas para evitar que los menores se conviertan en delincuentes habituales y, considerándose impunes, sigan progresando en su escalada delictiva a sabiendas de que, si llega el caso, su responsabilidad penal queda atenuada de forma tan considerable. Si ni la familia, ni la escuela, ni el entorno ha sido capaz de hacer entender a demasiados adolescentes que, entre otras conductas similares, apedrear a los coches puede acarrear consecuencias tan graves es obvio que la sociedad está fracasando estrepitosamente y por tanto es la responsable directa de semejantes fechorías. Y también su víctima.

            Si somos incapaces de entender que, salvo excepciones que confirman la regla, las conductas delictivas de los adolescentes están precedidas de una niñez permisiva y descontrolada, difícilmente resolveremos la preocupante violencia juvenil que genera tanta alarma social. Lamentablemente así es. Muchos niños, sin que nadie lo remedie, se desarrollan en un ambiente permisivo, sin ningún referente de autoridad y respeto, haciendo lo que les viene en gana. Pronto perciben que ni sus padres, ni sus maestros, ni cualquier otra autoridad tienen herramientas suficientes para reconducir su forma errada de proceder. Son intocables frente a quienes tienen su tutela y la responsabilidad de educarlos, quienes, desarmados e impotentes, prefieren sufrir el maltrato progresivo por parte de ellos ante el temor de que cualquier medida correctora les sitúe en el lado de los maltratadores. “¿Qué puedo hacer con mi hijo?” es la pregunta recurrente. La respuesta más apropiada, “nada, hágale entender que tiene que comportarse mejor”. Cualquier castigo o medida represiva es susceptible de considerarse como maltrato físico o sicológico. La consecuencia inmediata es el incremento de un maltrato en el ámbito familiar de los hijos hacia sus padres. El niño toma las riendas de su propio destino, amparado en una libertad que a su edad no le corresponde. Es lo políticamente correcto.  Pero además, es paradójico que, junto a este hipócrita proteccionismo frente a padres que quieren educar a sus hijos, se abandone y desproteja a otros muchos niños que padecen un absoluto abandono por parte de sus progenitores a quienes no se exige que cumplan su responsabilidad de educarlos. En tan desesperanzador contexto sólo cabe esperar que los menores rebasen socialmente los límites de lo razonablemente soportable y conviertan sus gamberradas en indiscutibles delitos. Entonces sí funciona la última trinchera de la hipocresía con la aplicación de la vulgarmente conocida Ley del Menor, que debiera llamarse Ley de protección de menores delincuentes. Proteger a los menores es otra cosa bien distinta. 

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

Reproduzco aquí otros artículos publicados en su día en algún periódico, pero anteriores a la creación de este blog:

VIOLENCIA EN LAS AULAS.

                                    Las recientes agresiones por parte de dos alumnos a sus respectivos profesores en Alicante, junto a otros muchos que acontecen a lo largo y ancho de la geografía española y que, por su mayor o menor relevancia, encuentran un determinado eco en los medios de comunicación, ponen en evidencia un ambiente de violencia progresiva en las aulas que es urgente erradicar si no queremos poner en grave peligro el futuro de nuestra tolerante sociedad así como la integridad física y moral de nuestros educadores y educandos. La lista, muchas veces callada, de miles de profesores y alumnos (incluso de otros miembros de la comunidad educativa) maltratados, vejados y ultrajados, física y moralmente, dentro de los centros de Educación, es demasiado larga, para seguir soportando que la autoridad legislativa, ejecutiva y judicial (coincidentes en la importancia de la Educación de nuestros jóvenes a nivel teórico) no ponga los medios necesarios para, al menos, invertir la tendencia, y que se limite sencillamente a administrar el caos. Si hay que cambiar la legislación, que se cambie; si hay que habilitar más medios, que se habiliten; y si hay que sancionar las irresponsabilidades con más dureza, que se sancionen. Para eso les pagamos y no para lo contrario.

          ¿Qué hace un joven de quince años sin matricular en un centro cuando por ley está obligado a estarlo? ¿Quién es el responsable de que dicho adolescente esté vagabundeando y, obviamente, haciendo fechorías durante el horario escolar? No es una excepción; muchos alumnos, incluso matriculados para cubrir el expediente, no asisten a clase con normalidad. Nadie hace nada para asegurar su derecho a una educación obligatoria y, mucho menos aún, para obligar a  sus padres a que se responsabilicen de garantizar su escolarización normalizada. Desde los centros educativos estamos hartos de enviar, año tras año, los listados de absentismo, para que, en el mejor supuesto y en casos excepcionales, la situación llegue a la fiscalía de menores y ésta comunique que, salvo casos muy extremos y por otras contingencias de mayor gravedad, no puede evitar tan lamentable situación. Ante esto, o cambiamos la ley, que impone una escolarización obligatoria hasta los dieciseis años, y, sin hipocresía, reconocemos que, desgraciadamente, son demasiados los padres que pasan de la responsabilidad de que sus hijos sean educados (sé que esto no es popular, pero es la verdad, que vivo cada día en mi profesión, y tengo que decirlo), o, sencillamente arbitramos los mecanismos coercitivos pertinentes para que estos padres cumplan con su obligación, incluso restringiendo sus derechos de patria potestad o tutela si fuera necesario.

            ¿Qué se hace con un alumno que sistemáticamente insulta, se burla e incluso agrede físicamente a otros compañeros o a sus profesores? No es otra excepción, ya que, desgraciadamente, son demasiados los que tienen tal actitud (sin incluir a los que simplemente desobedecen a los profesores, pues serían muchos más). La solución es agotar un cupo de “partes disciplinarios”, que se envían a los padres sin que nada cambie (o no pueden rectificar la desviada actitud de sus hijos -es lo que suelen decir-, o no quieren, -es lo que se intuye de los que no hacen ni caso-), para que, finalmente se inicie un expediente de sanción (con todas las garantías procesales: instructor, declaración, testigos…) que suele concluir con la expulsión temporal del centro (un periodo de “vacaciones” en casa) durante algunos días o algún mes y, en los casos más graves, con una expulsión definitiva del centro para que la Administración Educativa simplemente lo envíe al IES vecino. El problema queda solucionado.

            En estas circunstancias el profesorado, responsable no sólo del aula sino también de los pasillos, del patio de recreo, de la cantina y de otras dependencias del Centro, se la juega diariamente, sin ningún medio a su alcance, intentando evitar que la dramática situación acabe en tragedia y que algún alumno “sufridor”, opte, como ya ha sucedido, por el suicidio o por una respuesta desmesuradamente agresiva contra su “compañero” verdugo. ¿Dónde estaba el profesor? ¿Cómo no lo ha impedido? ¿Es qué no lo sabía?, son las preguntas en tales circunstancias; yo me pregunto ¿Cuáles son las respuestas?

El profesor recientemente agredido físicamente sencillamente intentaba cumplir con su obligación, tampoco es la excepción aunque por la gravedad de la agresión haya trascendido, muchos otros diariamente son igualmente agredidos con insultos, burlas y vejaciones (antesala de la violencia física) por cumplir, como él, con su responsabilidad. Algunos vecinos y conocidos me han preguntado que cómo se ha dejado pegar, no entendiendo que a ellos en el ejercicio de sus trabajos les pueda suceder algo así, yo simplemente he respondido que se trata de un alumno y además menor de edad (aun lo han entendido menos); para tranquilizarlos les he añadido que no se preocupen, que seguramente el joven agresor, si es que lo matriculan, será trasladado a otro centro y por lo tanto el citado profesor ya no sufrirá más agresiones. . . (obviamente de ese alumno).

(publicado en Información el 3-11-2006)

CON TODOS MIS RESPETOS, SEÑORÍA:

                        Un juez acaba de adoptar las primeras medidas (libertad vigilada) contra el agresor de un profesor (un exalumno de quince años) en su centro de trabajo, desestimando las medidas propuestas por la fiscalía de menores y el equipo técnico (ingreso en régimen semiabierto), que los jueces de menores suelen acatar. Sin entrar en qué medidas puedan ser las más adecuadas (el tiempo lo dirá), no sólo como elemento punitivo por los graves hechos cometidos, sino también como elemento rehabilitador del citado joven e, incluso, como elemento ejemplarizante para que otros jóvenes, con perfiles parecidos, reflexionen sobre las consecuencia de sus desviadas conductas, sí es necesario hacer una severa crítica a los argumentos que utiliza el citado juez para justificar su decisión, ya que, a todas luces, dichos argumentos deterioran la tarea educativa en España, alentando precisamente a aquellos que no cumplen con sus obligaciones educativas legales .

            En primer lugar, como otras tantas veces, se pone en duda la actuación del profesor, al argumentar que se desconocen las circunstancias de la agresión, cuando ésta se produce en un aula del centro educativo, donde el joven agresor, que no es alumno, no debe estar y el profesor, que tiene la obligación de controlarla e impedir actividades contrarias a la ley, intenta que se cumpla la normativa antitabaco en su centro. Salvo que el juez considere que el profesor no fue lo suficientemente cortés para invitar al joven a abandonar el recinto y por ello le impute responsabilidad en el inicio de la agresión, ésta es cometida por alguien, que obviamente está incumpliendo las normas, contra alguien que está velando porque las normas se cumplan y, en principio, ante la duda, parece más razonable que el iniciador del problema sea el joven al responder inadecuada y desproporcionadamente a los requerimientos. Es algo así como si al ladrón que sorprendes en tu domicilio y encima te pega (o tú le pegas) se le concede el beneficio de la duda de que por desconocer las circunstancias exactas del conflicto no es totalmente el responsable de iniciarlo, o, como ya sucedió en su día, no imputar a un presunto violador ya que la violada llevaba pantalones vaqueros, con lo que se desconocen las circunstancias de la agresión, que ella pudo consentir.

            En segundo lugar, se utilizan consideraciones tópicas (con las que, en principio, todos estamos de acuerdo) al argumentar que la repercusión social no debe influir y que debe primar el interés por recuperar al menor, dando a entender que las propuestas hechas por el fiscal de menores y el equipo técnico (formado por educadores y sicólogos), influidas por la repercusión social, no obedecen al interés de recuperar al menor y sí lo hacen las adoptadas por el juez, quien, al parecer, argumenta que dicho equipo técnico y la fiscalía no han tenido suficiente contacto con el joven. Salvo que dicho juez haya tenido más contacto con el joven y por ello su decisión sea la más adecuada en su beneficio, lo más razonable es dar más tiempo a fiscalía y al equipo técnico para que analicen con más profundidad su personalidad, calificada como “impulsiva al que le falta autocontrol”, y actúen en consecuencia con las medidas idóneas para reconducir su conducta y recuperarlo.

            En tercer lugar argumenta que el joven vive en una familia estructurada y que además el joven trabaja, olvidando que la familia, estructurada o no, está obligada por ley a tener al menor matriculado y es la responsable de su asistencia a las clases, y considerando como positivo a favor del menor que esté trabajando, circunstancia que tiene prohibida por ley. Salvo que el juez considere que los menores de dieciseis años deben ponerse a trabajar incumpliendo la ley (algunos padres lo practican con sus hijos) no se puede considerar el trabajo de un menor como algo loable ni para el menor ni para la familia que lo permite.

            En definitiva, al margen de las medidas que haya tomado, con todos mis respetos, Sr. Juez, tengo la sensación de que, con sus argumentos para justificarlas, no sólo ha perdido una oportunidad de ayuda a la mejora de la situación por la que atraviesa la Educación en España, sino que ha puesto una losa más para que la labor de los educadores sea sencillamente imposible. La sociedad le estaría más agradecida si hubiese argumentado que la familia tiene la obligación de matricular y envíar a sus hijos a clase en edad escolar obligatoria, que no se puede entrar sin autorización en las aulas al no ser alumno del centro, que no se puede fumar en las mismas, que no se puede pegar ni insultar a nadie (menos aún a un mayor o a un profesor), que no se puede perder el control cuando te indican que estás obrando mal, que, siendo menor, está prohibido trabajar. . . y que, por todo ello, el imputado debe permanecer en “libertad vigilada” porque lo considera mejor que el “ingreso en régimen semiabierto”.

(publicado en Información el 8-11-2006)

EL SANCTA SANCTORUM DE LA FARSA:

                            De nuevo una sentencia judicial levanta ampollas en esta sociedad sin rumbo que, carente en la práctica de sólidos principios de convivencia, se complace en sacralizar teóricamente dichos principios cometiendo en su nombre las mayores aberraciones y causando a las gentes graves perjuicios, que, en definitiva, hacen cada vez más difíciles, casi imposibles, las relaciones humanas y consolidan un futuro incierto y sin rumbo. En semejante escenario, no es extraño que un cachete puntual dado por una madre a su hijo con la intención de corregir su conducta equivocada, mezclado con la herida circunstancial al golpearse con el lavabo, convierta a esta madre en una delincuente (o delincuenta, para los amantes de la seudoigualdad) y, como tal, sea condenada a encarcelamiento y alejada de su hijo, al que, hipócritamente, con dichas medidas, se pretende proteger de tan peligrosa maltratadora.

          Acostumbrados a ver en libertad a los verdaderos delincuentes (violadores, pedófilos, terroristas, ladrones, matones y verdaderos maltratadores, entre otros), ya sea por errores de la Justicia o por la aplicación del sacrosanto principio de la reinserción (a los cuatro días en la calle para que sigan delinquiendo), resulta repugnante que la celda, que cualquiera de ellos debiera ocupar, sea adjudicada a esta pobre madre, equiparada a los mismos de la noche a la mañana, sin reparar en el verdadero daño que no sólo van a causarle a ella, sino también a su propio hijo y al resto de su familia. Más repugnante, si cabe, ya que, al parecer, la sentencia que nos ocupa es impecable desde el punto de vista jurídico, a diferencia de otras muchas que obedecen a verdaderos disparates jurídicos de algunos jueces pintorescos; y, más que repugnante, abominable, el celo de la Fiscalía, que, no conforme con la pena impuesta, recurre la sentencia apelando a una mayor condena (hay que aplicar la agravante de que los “malos tratos” se produjeron dentro del domicilio familiar) para que la protección del citado menor sea total y conseguir, de rebote, que su calvario dure el mayor tiempo posible. ¡Faltaría más, ante una sentencia jurídicamente perfecta, no debe escaparse el mínimo resquicio punitivo que el Código Penal contemple!

          Así las cosas, no seré yo quien, desde estas líneas, critique, en este caso, la actuación inmaculada del juez en cuestión, ni tampoco la del fiscal; aún menos seré yo quien sugiera que no se aplique escrupulosamente lo que está legislado al respecto (a mi juicio un disparate del Legislador, que hay que modificar urgentemente). Simplemente me causa repugnancia que verdaderas chapuzas jurídicas mantengan en libertad (con o sin fianza) a peligrosos delincuentes, mientras que modélicas sentencias sirvan para encarcelar a una pobre madre y ordenar su alejamiento del hijo por darle un cachete esporádico, con la “perversa” intención de corregir su conducta o repeler sus incipientes agresiones.

          Entretanto, los que trabajamos diariamente con menores, los profesores del sistema público de educación obligatoria, asistimos atónitos al incremento del absentismo escolar, que controlamos celosamente, sin que nadie lo remedie; sufrimos las agresiones verbales e incluso físicas de los alumnos o entre ellos mismos, para que, en los casos más graves, como máximo castigo, sean trasladados al IES vecino; y escuchamos estoicamente las manifestaciones de muchos padres sobre su impotencia para obligar a sus hijos simplemente a que asistan a clase, a que modifiquen sus conductas o, sencillamente, a que realicen sus tareas educativas, y, en algunos casos, sus lamentaciones ante las agresiones y amenazas que reciben de ellos, cada vez más frecuentemente. Todo ello sin que nadie haga nada por remediarlo; por lo visto, es la fórmula políticamente correcta de proteger al menor, aunque el resultado académico final, sea fatal y el resultado global, el caos. ¿Qué deben hacer padres y profesores ante semejantes actitudes de los menores? Nada, ya que puedes causar graves traumas al menor y corres el riesgo de convertirte en maltratador. ¿Qué medidas tiene la Administración para corregir las perniciosas conductas de forma preventiva? Ninguna, ya que proteger al menor es el máximo objetivo y para ello ya están los padres y profesores, que los educan, y la Fiscalía de Menores, que vela para que así sea. Y, por si todo falla, el Juzgado correspondiente, ya ven, se encargará de poner las cosas en su sitio.

          En este Sancta Santorum de la Farsa que hemos creado, en el que miles de niños y jóvenes, bajo el hipócrita paraguas de su pseudoprotección, pululan a su libre albedrío, sin asistir a las clases obligatorias, sin ningún tipo de respeto a nadie ni a nada, organizados muchas veces en pandillas violentas y delictivas, y caminando hacia un futuro dramático, cuando una pobre madre pretende sacar a uno de ellos, a su propio hijo, de tan trágico escenario y, ante su impotencia, con todo el dolor del mundo, le propina un cachete para que reaccione, queda convertida en una delincuente peligrosa, encarcelada y alejada del mismo, para que éste pueda seguir disfrutando del idílico escenario de protección que le hemos proporcionado. Todo políticamente correcto y, ¡como no!, jurídicamente perfecto. Lástima que socialmente sea trágico.

(publicado en Información el 17 de diciembre de 2008)

MI ÚLTIMO CURSO ESCOLAR

            Como todos los años por estas fechas asistimos a la finalización de un nuevo curso escolar, pero éste tiene para mí un significado especial, es mi último curso escolar. El tiempo va pasando y, casi sin darme cuenta, me llega la hora de la jubilación. Con casi cuarenta años de servicios, aunque algunos de ellos excedente para dedicarlos a la política, estoy satisfecho de haber dedicado mi vida profesional a dos de las tareas más apasionantes por su incidencia en el futuro de nuestra sociedad que, obviamente, ha cambiado mucho. Pero también estoy frustrado por la progresiva devaluación social que maestros y políticos han sufrido progresivamente. Es obvio que algo hemos hecho mal y lo seguimos haciendo, pues estamos a la cola en resultados escolares y los políticos están cada vez más desprestigiados según todas las encuestas. Desde mi experiencia personal en ambos terrenos he manifestado públicamente mi opinión al respecto en varias decenas de artículos, colgados en mi blog o publicados en algunos medios, que, escritos ante algún hecho puntual destacable, en definitiva, no eran la excepción, sino la evidencia de lo que cotidianamente sucede. Bien lo sabemos quienes trabajamos en esto. Está claro que las dos tareas que han ocupado gran parte de mi vida son manifiestamente mejorables y asumo la parte alícuota que me corresponda.

            Como todos los años, tras las evaluaciones finales de curso, hemos constatado el alto índice de fracaso escolar, que intentamos amortiguar siendo benevolentes con aquellos alumnos que, sin conseguir los objetivos mínimos, al menos han mostrado cierto interés y están cerca de lograrlos. Hemos identificado las causas crónicas del fracaso (absentismo, desmotivación, desarraigo familiar, ausencia de medidas disciplinarias…), mayoritariamente inimputables al trabajo en el centro educativo, para comprobar su identidad con las de cursos precedentes. Como todos los años, aunque en éste yo quede liberado para siempre, mis compañeros intentarán preparar el nuevo curso con sus mejores intenciones, apostando por nuevos agrupamientos, nuevas medidas de atención educativa y de acción tutorial, nueva distribución de aulas, nuevos materiales y técnicas educativas… y otros tantos asuntos que, como siempre, tendrán una incidencia mínima en el resultado del siguiente curso, generando una nueva frustración, pues, siendo importantes dichas medidas, lo que falla es el propio sistema educativo, teóricamente aceptable pero prácticamente inviable, al menos, en su tramo obligatorio, especialmente en la secundaria. Si el Estado es incapaz de garantizar la asistencia regular a clase de los alumnos, el alto índice de absentismo así lo demuestra, hablar de obligatoriedad del sistema es una broma de mal gusto. Si es incapaz de garantizar la implicación de las familias, responsables directas de la educación de sus hijos ¿qué sucede con aquellas que no quieren o no pueden hacerlo? Absolutamente nada. Tienen su puesto escolar reservado para no ocuparlo o hacerlo cuando y como les venga en gana, generando una distorsión en el proceso educativo que conduce a la mediocridad inevitablemente.

            En este caótico laberinto de derechos teóricos sin recíprocas obligaciones los centros educativos se convierten en guarderías de niños y adolescentes, vigilados por profesores que, despojados de autoridad para imponer medidas disciplinarias, a duras penas mantienen las mínimas pautas de convivencia que le permitan desarrollar su verdadero trabajo educativo con aquellos alumnos, cada vez menos, que, en ambiente tan hostil, se esfuerzan para educarse. Raras avis que no merecen que los recursos, siempre escasos, se destinen mayoritariamente a quienes entorpecen su trabajo de aprendizaje condenándoles a un fracaso sistemático. Lo lógico sería hacer todo lo contrario. El Estado debe garantizar el derecho a la educación de todos, para que nadie quede excluido por razones socioeconómicas, habilitando los recursos necesarios. Pero, si además pretende convertirlo en una obligación universal, debe incluir medidas eficaces para imponérselo a quienes no quieran ejercer tal derecho o pasen de él. Es hipócrita obligar a que todos los menores se matriculen y concluir que con dicho trámite ya se están educando, convirtiendo la obligatoriedad en una pantomima, pues, en la práctica, una vez matriculados, el Estado carece de instrumentos para obligar a los padres a una implicación permanente en la educación de sus hijos. Los centros quedan como compartimentos estancos que reproducen la realidad social, cuando debieran ser correctores de las conductas perniciosas que se dan en ella con el objetivo de mejorarla en el futuro. Quienes tenemos la experiencia docente de sólo tiza y pizarra con las aulas a reventar de alumnos, cuando la educación ni siquiera era obligatoria pero sí un valor en alza, sabemos que sin esfuerzo, ni disciplina, ni autoridad, es imposible obtener resultados globales satisfactorios, pues, lamentablemente, no todos somos buenos y benéficos. Despojados los docentes de medios para imponer dichos valores, no se les exige un trabajo, sino un milagro. Es en lo que estamos. Bueno, yo, ya no, pero como si lo estuviera. Aunque sea imposible, vale la pena intentarlo.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

FALACIA INDEPENDENTISTA

En los muros de un cortijo situado a orillas de la carretera Albacete-Manzanares se puede leer en letras bien grandes y en ambas direcciones “El Bonillo es una nación”. Cuando la vi por vez primera, hace ya tiempo, lo consideré una chanza que alguien gastaba al citado pueblo manchego vaya usted a saber por qué. Pero los argumentos de algunos políticos independentistas, especialmente catalanes y vascos, para justificar su reivindicación, avalan la posibilidad de que en El Bonillo, como en cualquier otro lugar, se pueda consolidar una opción nacionalista con finalidad independentista. Si, olvidando el proceso histórico de construcción del estado español y la legislación internacional, tan ilustres politólogos afirman que el futuro de Cataluña o de Euskadi será el que decidan catalanes y vascos, no es de recibo negar idéntico derecho a los pobladores de El Bonillo. Al fin y al cabo sólo se trata de consolidar una falacia, tergiversando los hechos históricos y sacándolos de contexto, para eludir las responsabilidades propias si el resultado es adverso y crear un futurible desde entonces que te convierta en víctima de todos los males presentes y futuros. Seguro que El Bonillo tiene más posibilidades que Cataluña o el País Vasco de eludir sus responsabilidades en el proceso histórico de construcción del actual Estado Español, pues, obviamente, son infinitamente menores. Sólo es cuestión pues de ponerse manos a la obra. Además, si en España hace unos años había sólo dos falacias independentistas y ahora hay diecisiete, la que pueda consolidar El Bonillo no debe ser motivo de preocupación especial.

            Lo preocupante es que quienes han sido protagonistas históricos, junto al resto de españoles, del proceso histórico de construcción de España como actual modelo de estado, la consideren ahora no sólo ajena sino también perniciosa para sus intereses territoriales. Que además lo hagan quienes jamás tuvieron status jurídico independiente, pues siempre fueron territorios subordinados a algún reino histórico desde el Medievo, es inadmisible. Que, siendo parte de España, se autoexcluyan, se autoproclamen la esencia del progresismo, insulten y se mofen de los símbolos del estado y se declaren en rebeldía ante la legalidad vigente es intolerable. Y que, además, nieguen cualquier crítica a sus paranoicos planteamientos, tachando de fascistas a los españoles que se atrevan, ya no a mofarse sino sólo a poner en cuestión su simbología independentista, es esquizofrénico. Que el estado español tolere todo esto, caso único entre los estados modernos, no tiene calificativo. Lo extraño es que no arraigue el independentismo en territorios con justificación histórica como estados independientes y arraigue en  Cataluña o el País Vasco que jamás lo fueron.

 Salvo que nos remontemos a los pueblos prerromanos, la génesis de elementos políticos diferenciadores hay que buscarla en el complejo proceso histórico medieval de la reconquista. La Hispania Romana o Visigoda poco ofrece al respecto. Con el proceso de expulsión de los musulmanes sí van apareciendo diversos entes territoriales diferenciados. Curiosamente, tanto Cataluña como Euskadi, al igual que Aragón o Navarra, lo hacen como la Marca Hispánica, ¡quién lo diría!, subordinados al Reino Franco –posterior Imperio Carolingio- en su frontera sur, a diferencia de Asturias que se constituye en Reino de forma autónoma. Y, curiosamente, mientras con el avance reconquistador van surgiendo diversos reinos (Navarra, León, Aragón, Castilla, Galicia, Portugal) ni vascos ni catalanes hacen lo propio y permanecen como territorios subordinados, en el caso vasco a Navarra y definitivamente a Castilla, en el caso catalán a Francia. El Señorío de Vizcaya pasa a ser un título más del Rey de Castilla y se integra definitivamente en la Corona de Castilla; el Condado de Barcelona, por vía matrimonial, conforma la Corona de Aragón para evitar la unión castellano-aragonesa y se convierte en un título más del rey de Aragón. La posterior unión dinástica de la Corona de Castilla y Aragón, decidida libremente por los Reyes Católicos, integra ambos territorios como parte del Reino de España, sin que jamás hayan gozado de status jurídico independiente de primer orden, aunque manteniendo determinados fueros o privilegios concedidos por sus titulares. La Guerra de Sucesión, con los vascos en el bando vencedor y los catalanes en el perdedor, no justifica el independentismo, menos aún en el actual estado autonómico. Catalanes y vascos, como el resto de españoles, son corresponsables directos de lo que hoy es España, incluido el periodo franquista en el que, por más que pretendan camuflarlo, muchos catalanes y vascos no sólo colaboraron con el dictador y su régimen, sino que, al igual que otros españoles, figuraron de forma destacada como precursores de dicha ideología, propagandistas de la misma y gestores de su aparato administrativo e institucional; incluida la elaboración de nuestra Constitución que no contempla, obviamente, planteamientos independentistas. El futuro de España será lo que decidan los españoles, incluidos vascos y catalanes; también los de El Bonillo.

Fdo. Jorge Cremades Sena

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

            Cuando probablemente tarde, aunque más vale tarde que nunca, se asume y se evidencia que España no puede salir por sí misma del abismo en que sus irresponsables gobernantes la han metido, necesitando un préstamo de hasta 100.000 millones de euros sólo para sanear el sistema financiero, la respuesta de nuestros dirigentes políticos, su gran preocupación, es hacer un debate semántico que defina con precisión si se trata de un rescate, ayuda, línea de crédito o vaya usted a saber qué, así como precisar si lo ha impuesto la UE al gobierno o viceversa. Nada sorprendente, pues, desde hace tiempo, nos confunden con sus precisiones lingüísticas, al extremo de que aún no sabemos si lo que vienen practicando en los presupuestos, tanto el gobierno anterior como éste, son ajustes, recortes o reformas, pues semánticamente dicha terminología depende de la posición política (gobierno-oposición) del usuario y no de las relaciones entre significado y significante. Y mientras tan interesante debate enriquece nuestro léxico y el bolsillo de algunos, se van empobreciendo los bolsillos de la mayoría en proporción directa al deterioro de nuestra economía. Una vez más los intereses generales quedan supeditados al interés político-partidista, consustancial a la partitocracia vigente.

La realidad es que España es el cuarto país intervenido de la eurozona. Asunto que se intuía desde que Zapatero, negando la crisis, claudicara en 2010 a su programa populista, inaugurando la política de recortes sociales, y que se confirmó cuando Rajoy expuso y asumió la cruda realidad económica nada más ganar las elecciones, lo que, de entrada, era positivo ya que la posible solución del problema pasa inevitablemente por reconocer que el problema existe. Obviamente, algún tipo de intervención era cuestión de tiempo, pues un país en caída libre, campeón del paro, empobrecido progresivamente y en plena recesión económica es incapaz “per se” de aguantar “in aeternum” las presiones especulativo-financieras internacionales en una economía globalizada y exageradamente competitiva. Bien dice el común que “a perro flaco todo son pulgas”. Y la intervención ha llegado finalmente. Es baladí lamentarse ahora de lo que pudo haber sido y no fue. Pero, siendo cierto que algunos países adoptaron medidas preventivas en tiempo y forma para afrontar la crisis internacional que se avecinaba, siendo cierto que nosotros, entre otros, hicimos justo lo contrario, lo prioritario ahora es analizar con realismo el presente para afrontar un futuro difícil de la mejor forma posible. Aunque también es cierto que la caótica situación que padecemos no surge por generación espontánea y, por tanto, tiene responsables con nombre y apellidos, quienes han de ser identificados para que asuman sus culpas, tanto civiles como penales, y las paguen, como el pueblo está pagando con creces las consecuencias de las gestiones irresponsables o delictivas de quienes consideraban que la deuda pública es de todos pero el dinero público de nadie. Sólo así cobrará sentido el sacrificio popular.

Por todo ello, es inadecuado un debate baladí entre gobierno y oposición con finalidad propagandística, cuando lo adecuado, urgente y necesario es un consenso para evitar el deterioro progresivo del euro, asunto que pasa, entre otras cuestiones, por detener la caída libre de la economía española, que no se consigue con eufemismos, exabruptos o debates estériles, sino con la búsqueda de soluciones, asumidas por todos, que optimicen al máximo los escasos recursos. Ya perdimos demasiado tiempo y ahora no podemos permitirnos el lujo de demorar ni un segundo más el cambio de rumbo. Todos sabemos que nadie da nada gratis y, por tanto, al margen del nombre que se le quiera dar, la intervención supone esfuerzos añadidos, pero, al tratarse de una intervención parcial, es una oportunidad aprovechable, si se gestiona bien, para evitar un rescate global de la economía como ha sucedido en Grecia, Irlanda o Portugal. De momento, cuando aún se está negociando las condiciones del préstamo, nadie se fía de nosotros, sigue subiendo la prima de riesgo y nuestra deuda soberana se sitúa en los límites de los bonos-basura. ¿Hay otra fórmula para conseguir financiación? Está claro que no es momento de elucubraciones mentales, sino de propuestas urgentes consensuadas que hagan creíble nuestra voluntad y nuestra capacidad para poner orden y seriedad en la gestión pública presente, así como de exigir las pertinentes responsabilidades a quienes lo hicieron desordenada y frívolamente en el pasado. Es la única forma de hacer creíble nuestro futuro tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Pero el espectáculo que gobierno y oposición están protagonizando al respecto favorece precisamente todo lo contrario, sin entender que la realidad es muy tozuda y que, antes o después, se verán obligados a rectificar. El riesgo es que, si lo hacen demasiado tarde, será inevitable el rescate global, cuando ahora aún pueden evitarlo; aunque sea tarde, vale la pena intentarlo, pues “más vale tarde que nunca”.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

INÚTILES O CHORIZOS

            Crece la sospecha ciudadana de que la mayoría de gobernantes, dirigentes políticos y gestores públicos son una banda de inútiles, si los juzgan benévolamente, o una banda de chorizos, si son malévolos al juzgarlos. O ambas cosas a la vez, que es aún peor. En consecuencia, las encuestas sitúan a la clase política española como uno de los principales problemas. En los últimos años, sus pronósticos, cálculos y balances, especialmente en temas económicos, son errores gigantescos, por no calificarlos como mentiras descomunales, sólo explicables desde la incompetencia o la mentira, que suele utilizarse para ocultar intereses espurios. Así nuestro sistema financiero, en la Champions League según Zapatero, ni nos permite jugar un campeonato local, pues, según Rajoy necesita, sólo para el agujero de Bankia, 4.000 millones de euros, que aumenta día a día hasta 23.500 millones; del 6% de déficit público en 2011 de Zapatero, se pasa al 8% de Rajoy, que eleva un mes después al 8´51% y deja en el 8´9% tras descubrir desfases de comunidades gobernadas por su partido. ¿Son inútiles o mienten?  Ambos supuestos les inhabilitarían como gobernantes. Pero ni a ellos, ni a los gestores bajo su control, se les exige responsabilidad civil o penal por arruinar con tan irresponsable gestión a la mayoría de ciudadanos mientras unos pocos se hacen multimillonarios con la ruina de todos.

            De la interminable lista de ejemplos de incapacidad o choriceo en diferentes facetas de la gestión pública merece matrícula de honor la del sistema financiero y especialmente la de las Cajas de Ahorro en su mayoría. Los datos conocidos –y los que nunca se conocerán- evidencian que las Cajas de Ahorro son el paradigma de una gestión financiera al servicio de intereses políticos del rey taifa de turno –los hay de casi todos los colores- en colaboración con las principales organizaciones políticas, sociales y sindicales de su territorio, que participan en los Consejos de Administración a través de representantes, nombrados sin criterios técnicos, de la parte alícuota de privilegios crediticios, sueldos escandalosos, indemnizaciones millonarias y jubilaciones de lujo que tan dignos gestores deciden autoadjudicarse por la alta responsabilidad que su trabajo lleva implícita. Sin embargo, descubierto el agujero negro por sus manifiestas irresponsabilidades, ninguno devuelve lo percibido indebidamente, sino que reclama incluso lo que aún le queda por percibir aunque sea escandaloso e indecente. Saben que el sistema les otorga impunidad y que, en el peor caso, sólo puede causarles algún daño personal colateral, pues, si entre todos la mataron y ella sola se murió, a nadie le interesa llegar hasta las últimas consecuencias. Siempre habrá alguna razón de estado, algún argumento de interés general, alguna conveniencia de prudencia o cualquier otra virtud para que cualquier investigación quede entre las penumbras. Y, en todo caso, siempre se encontrará algún recoveco legal de forma o de fondo como prescripción de delitos, inaplicación retroactiva u otra figura jurídica para que las cosas queden como están y se consoliden los hechos consumados.  

Ya ven, como en otros tantos casos, la ceremonia de la confusión acaba de comenzar en el Congreso de los Diputados sólo para el asunto Bankia (¿Comisión de investigación? ¿Subcomisión a puerta cerrada? ¿Comparecientes? ¿Y…?). Entretanto, la fiscalía del Estado permanece en silencio. Los españoles, a pagar los 23.500 millones de euros para sanear Bankia y para que algunos de sus gestores disfruten de por vida de las decenas y cientos de millones que tan honradamente han ganado por los servicios prestados. Otros, de otras Cajas ya intervenidas, así lo vienen haciendo. La UE no se fía y nos impone auditar nuestras finanzas ante la manifiesta ineficacia de nuestras autoridades supervisoras, instando a Rajoy a que siga vaciando los bolsillos de los españoles. El desempleo crece y crece hasta límites insostenibles. En paralelo, la pobreza y la indigencia. La prima de riesgo obliga a financiarnos con intereses de lujo. La fuga de capitales aumenta de forma alarmante en paralelo al fraude fiscal. Siguen las duplicidades administrativas, los sueldos escandalosos de sus gestores, los ejércitos de asesores, las embajadas y las televisiones autonómicas al servicio del político de turno, etc. etc. Los agujeros negros de nuestras finanzas son más misteriosos que los galácticos. Y, a pesar todo, se nos pide calma y confianza. Se nos exige prudencia. Y más sacrificios. Lo contrario no es políticamente correcto; te convierte en antipatriota por crear una alarma que genera desconfianza. ¿Acaso hay motivos para dudar de la capacidad o la honradez de nuestros gobernantes? ¿Acaso no hay alternativa en la oposición? No, si al final va a resultar que nos quejamos por puro capricho.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y RECORTES

            Que la calidad de la enseñanza en España deja mucho que desear es obvio. Basta leer los informes internacionales, los indicadores de calidad europeos o cualquier otro estudio al respecto para comprobarlo. Estamos a la cola o en puestos muy bajos en el ranking de resultados entre los países de la OCDE y la UE. Sin embargo, reducir el problema a una mera cuestión económica es simplificarlo a niveles de irresponsabilidad. La España democrática viene haciendo un progresivo esfuerzo en este terreno sin haber obtenido, desgraciadamente, los objetivos esperados. Es necesario pues, reflexionar sobre las últimas reivindicaciones, basadas en el binomio “recortes, no; calidad, sí”, que todos apoyamos como slogan, pero sabiendo que cuanto más azúcar se ponga el pastel es más dulce, pero no necesariamente mejor. Hay estudios internacionales e informes que demuestran que, conseguido el nivel mínimo imprescindible de gasto, la incidencia de su incremento sobre la calidad es mínima, ya que países con un gran gasto por alumno obtienen peores resultados que otros con un gasto muy inferior. Por ello, como todos los países europeos, incluido el nuestro, superan ese mínimo exigible, hay que saber con datos objetivos oficiales la situación en que estamos para atribuir o no a factores estrictamente económicos la baja calidad educativa con conocimiento de causa.

Sin pretender ser exhaustivo (el espacio no lo permite), datos del Ministerio de Educación (Instituto de Evaluación) y los informes PISA, constatan que, tanto en Primaria como en Secundaria, España gasta más que la media de los países de la OCDE y la UE en gasto medio por alumno, tanto en términos absolutos como relativos respecto al PIB, pues con un crecimiento del gasto medio anual similar a la media de estos países desde 1995 España ha tenido una menor tasa de matriculación por su mayor regresión de natalidad. Asimismo, respecto a la media de la OCDE y la UE, España imparte más horas totales de clases obligatorias en menos días lectivos; tiene menor ratio profesor-alumno en los centros públicos, que no en los privados, y menos alumnos por clase; y destina más proporción del gasto corriente educativo al pago del profesorado. Sin embargo, las mismas fuentes nos colocan, entre otras variables negativas, como campeones o cerca de serlo en abandono y fracaso escolar (con la agravante de que sigue aumentando, mientras los demás lo están reduciendo), en alumnos que no continúan estudios postobligatorios, en repetidores y en absentismo escolar. Son datos objetivos, sin ningún tipo de valoración subjetiva, que, al menos, requieren hacer una mínima reflexión sobre la contradicción que manifiestan.

            Si estamos por encima de la media de la OCDE y la UE en inversión por alumno ¿cómo es posible que estemos muy por debajo de la media en resultados positivos? Es obvio pues que una mayor inversión no garantiza “per se” más calidad, por lo que habrá que reivindicar, en todo caso, no sólo gastar más sino también gastar mejor para que, quienes conozcan los datos objetivos de la situación, lo asuman como creíble. Si la calidad actual es pésima, a las pruebas me remito, ¿por qué se habla de atentados contra una calidad que no existe? Es más honesto aclarar ante la opinión pública que, en todo caso, se reivindica una calidad educativa digna de un Estado de Bienestar que no tenemos. En definitiva, si realmente se pretende abrir un gran debate, necesario y urgente desde hace tiempo, pero sin demagogia por parte de nadie por razones políticas, para mejorar de verdad la situación sin utilizar la educación como arma arrojadiza, de las mismas fuentes citadas se deduce que hay que revisar el sistema educativo en su conjunto. Bien lo sabemos quienes, como docentes, lo sufrimos a diario en nuestro centro de trabajo. En otros países, incluso con menor gasto por alumno, funcionan algunas medidas, que no requieren incrementar el gasto, entre ellas, mayor autonomía de los centros, menores injerencias políticas, mayor disciplina, evaluaciones externas de resultados, remuneración docente asociada al rendimiento y no sólo a la antigüedad, mayor exigencia de responsabilidades familiares y sociales… Por supuesto, todo ello integrado en un único sistema educativo común para toda España, que contemple las peculiaridades territoriales, y no en diecisiete sistemas diferentes.

Un sistema educativo que, en la práctica, deja la decisión de su propia educación a los alumnos que por edad no les corresponde; que se basa en la uniformidad, sin incentivar el esfuerzo y sí la mediocridad; que pone en el mismo plano de igualdad a profesores y alumnos, resquebrajando la autoridad y el respeto al docente ante alumnos y padres; que dificulta medidas disciplinarias para corregir las conductas indeseables; que carece de fórmulas eficaces para exigir a los padres que hagan cumplir a sus hijos las mínimas actitudes que exige el proceso educativo, comenzando por la asistencia a clase, tareas, etc.; que incentiva derechos a alumnos y padres sin exigirles deberes; que es permisivo con los incumplidores de las normas y restrictivo con los que han de hacerlas cumplir..., un sistema educativo con tales ingredientes aboca a un fracaso inevitable por muchos euros que se pongan para financiarlo. Cambiarlo, no requiere más gasto, sino voluntad política. ¿La tienen quienes, al margen de ideologías, matriculan a sus hijos en la privada, aunque algunos de ellos se pongan al frente de las pancartas? En una de ellas a la entrada de mi instituto se dice “Sin educación es más fácil la manipulación”. ¡Cuánta razón tiene! A la vista está.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

UNA BUENA NOTICIA

            Tras meses y meses de malas noticias causa satisfacción que, de vez en cuando, aparezca una buena y, como tal, puede calificarse el acuerdo alcanzado entre gobierno y CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que algunos califican como “pacto de Estado”. Y no lo es sólo por el compromiso de reducir el déficit este año sino también porque, bajo la recuperada Ley de Estabilidad Presupuestaria, puede suponer el principio del fin de los caóticos y descontrolados desequilibrios autonómicos, causantes, según las instituciones europeas, de buena parte de los males que nos aquejan. A falta de estructuras federales consolidadas, que delimiten con claridad las competencias territoriales y las nacionales, es bueno que, al menos de vez en cuando, se establezcan fórmulas de garantía para que el gobierno nacional pueda ser creíble y solvente en sus compromisos con la Comunidad Internacional. Si la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el acuerdo en el CPFF consiguen ese plus de credibilidad y solvencia en dichas políticas, se debería hacer lo mismo en otras, pues, al igual que las CCAA han sido capaces, como no podía ser de otra forma, de aparcar sus diferencias para alcanzar el objetivo nacional del déficit, hay otros muchos objetivos nacionales por conseguir para que en el concierto internacional nos consideren un país serio, creíble y fiable. Ojala que esta buena noticia suponga un cambio de actitudes políticas para que los intereses nacionales prevalezcan ante los legítimos intereses territoriales, pues el interés general, en caso de discrepancias, siempre ha de prevalecer sobre el particular.

            Pero, dicho lo anterior, me temo que tan buena noticia, tan responsable forma de proceder, es flor de un día. Nuestros políticos, lamentablemente, no se caracterizan por  ejercer cotidianamente la responsabilidad, salvo en circunstancias extremas que ellos mismos han provocado, como es el caso. Suelen utilizar el victimismo y la demagogia para culpar a otros de las incompetencias e irresponsabilidades propias tras ofertar proyectos inviables con fines meramente electorales que se desvanecen si gobiernan. Y luego, pasa lo que pasa. Ya va siendo hora de que cada palo aguante su vela, de que cada gobernante asuma sus responsabilidades sin confundir sus deseos con la realidad, pues, como dice el pueblo “una cosa es predicar y otra es dar trigo”. El acuerdo de reducir el déficit, con sus  correspondientes recortes -que nadie se engañe, ni engañe a nadie-, viene impuesto por una necesidad ineludible y urgente que todos conocen, pues lo contrario, bien lo saben, es una falacia por la imposibilidad de conseguir financiación suficiente para mantener políticas expansivas de gasto. Conclusión: o ajustas, o te ajustan; es el dramático destino de la globalización económica en tiempos de crisis. Así, cualquier promesa en sentido contrario queda obsoleta en el instante en que su promotor se convierte en gobernante y deja de ser oposición. Se puede estar de acuerdo o no, pero es la triste realidad en la que, a lo sumo, cabe un debate sobre el cómo pero no sobre el qué, aunque la urgencia deja poco margen a elucubraciones ideológicas y menos aún a demagogias. Son momentos duros que requieren soluciones urgentes, que cada gobernante, en cualquier instancia administrativa, está obligado a tomar y a exigir en su ámbito de responsabilidad que las tomen las instancias dependientes.

            Por ello quienes, como el gobierno PSOE-IU de Andalucía, basan su proyecto en lo contrario, sin tener en cuenta la realidad, claudican en la primera reunión de la Junta, aunque para mantener su falacia, imposible de sostener como gobernantes, su vicepresidente, Valderas, explique cínicamente lo inexplicable. Tras afirmar a los cuatro vientos que hay que mantener la expansión del gasto para salir de la crisis, IU, que considera a PP y PSOE como las dos caras de una misma moneda, decide gobernar en Andalucía con el PSOE para evitar que lo haga el PP y aplique los recortes que viene aplicando a nivel nacional. De entrada, bienvenida sea la decisión. Pero la Junta en su primera actuación hace los mayores recortes de toda la historia de la autonomía, semejantes en líneas generales a los del gobierno y otros entes territoriales (subida del IRPF, bajada de sueldo a funcionarios, incremento de jornada lectiva a profesores…..) y Valderas, sin el menor sonrojo, dice que es “por imposición” del Gobierno, para “reequilibrar el déficit”, que no se siente responsable de “una herencia” recibida, pero que no tiene otra opción para evitar que Andalucía “se arrastre a una situación de no retorno” aunque dichas medidas “generarán más paro y serán inútiles para salir de la crisis” que evitaría “con otro tipo de políticas” por lo que insta a los andaluces a una “gran movilización social”, que apoyará, contra la política de Bruselas que “calca” el gobierno de Rajoy. ¿Acaso los demás no tienen imposiciones? ¿No tienen herencias? ¿No quieren evitar un camino sin retorno? Pero los demás, acertados o no, asumen estas políticas inevitables como la solución posible, mientras Valderas dice que tiene otras. ¿Por qué no las aplica si éstas son inútiles para salir de la crisis? ¿Por qué libremente acepta una herencia para no hacerse responsable de ella si podía seguir en la oposición y no aceptarla? ¿Por qué apela a movilizaciones sociales contra los demás y no contra él? Si quería mantener su falacia ante la ciudadanía ¿por qué eligió salir de la oposición para formar gobierno si nadie le eligió por mayoría para hacerlo? Se ve que aún no se ha enterado de que “una cosa es predicar y otra es dar trigo”, pero el pueblo si sabe que soplar y sorber a la vez es imposible y que, al final, con este tipo de planteamientos hasta las buenas noticias se tornan, si no en malas, en regulares.

         Fdo. Jorge Cremades Sena