miércoles, 10 de septiembre de 2014

EL PRECIO DE LA LIBERTAD

                        Que la libertad tiene un precio, es indiscutible, tanto para mantenerla, cuando se tiene, como para conseguirla, cuando te la han arrebatado. Bastaría echar un vistazo a la Historia para constatar el alto precio, que incluye incluso la sangre, el esfuerzo, el sudor y las lágrimas, que los hombres han tenido que derramar para mantenerse libres o para liberarse de quienes por la fuerza les esclavizan o pretenden hacerlo. Simplemente el pasado siglo XX es ilustrativo para corroborarlo a nivel nacional e internacional. Por tanto, recordar que la libertad tiene un precio, que vale la pena pagar, honra a quien lo proclama pues es, sin duda, un acicate para que los hombres y los pueblos oprimidos luchen por ella y para que los hombres y los pueblos libres no bajen la guardia ante quienes, interna o externamente, pretenden arrebatársela. Pero, dicho lo anterior, hay que tener presente que la libertad es muy frágil y no es infinita, ni está exenta de riesgos, y, por ello, tanto a nivel individual como colectivo, ha de estar sujeta a determinadas limitaciones; en definitiva, a unas reglas de juego que garanticen la convivencia entre los individuos y entre los pueblos y sirvan de amparo frente a liberticidas individuales o colectivos que, al margen de las mismas, buscan imponer su santa voluntad. Dichas reglas de juego, legítimamente establecidas por todos, conforman los Estados de Derecho, libres y democráticos, que garantizan la libertad de todos sus individuos, convertidos en ciudadanos, y ponen freno a quienes por cualquier medio pretenden imponer su santa voluntad, atropellando los derechos de los demás al margen de las mismas sin respeto alguno al imperio de la ley democrática establecido.
            Así pues, afirmar en y desde la libertad que “los que quieren la libertad saben que la libertad tiene un precio” instando a que los ciudadanos luchen, no para mantenerla, sino para conseguirla, cuando ya la tienen, y a que estén dispuestos a pagar dicho precio, porque el precio de no hacerlo “es quizá más alto”, tal como ha hecho Artur Mas con un grupo de empresarios en referencia a su quimera independentista, es una absurda e infame majadería. Es una infamia decirles la obviedad de que “siempre existe un componente de riesgo” cuando una parte de un Estado intenta independizarse, añadiendo que “lo hay en Escocia, y lo tienen todo acordado”, pero sin aclararles que la gran diferencia es que el proceso escocés, a diferencia del catalán, respeta estrictamente la legalidad de su Estado de Derecho, y, por tanto, no pone en riesgo ni la libertad ni la democracia de sus ciudadanos, mientras aquí lo que se pretende es finiquitar la libertad y la democracia de todos los españoles, incluidos los catalanes. Nada comparable el riesgo lógico de los escoceses de tipo económico, de encaje internacional, de incertidumbre social y económica, etc, tanto para escoceses como británicos que supone la decisión legal de escindirse,  con el riesgo de los catalanes que, a todo lo anterior, tendrían que añadir el merecido repudio democrático nacional e internacional a su proceso ilegal y, por tanto, de carácter totalitario y antidemocrático.
            Nada bueno se puede esperar, salvo el pago de un desorbitado precio, de quien, como Oriol Junqueras, socio de Mas en el ilegal proceso independentista, en y desde la libertad democrática, anima a los catalanes a la “desobediencia civil” en caso de que el Tribunal Constitucional avale que su proceso independentista no se ajusta a las reglas de juego establecidas, es decir, al Estado de Derecho. Supondría un claro golpe de Estado, intolerable, no sólo para el Estado de Derecho del que forma parte Cataluña, es decir, España, sino para el resto de Estados de Derecho del mundo, es decir, para todos los ciudadanos libres. El insólito caso de que en el mundo libre un líder político libre, en este caso el de ERC, incite al pueblo a la insumisión, la rebelión y la desobediencia civil frente a la legalidad democrática, sólo puede enmarcarse en el ámbito de conductas totalitarias dictatoriales. Que el coordinador de CDC, Josep Rull, el partido de Artur Mas, que democráticamente gobierna Cataluña, remate diciendo que no descarta “una declaración unilateral de independencia”, obviamente ilegal, mientras el President de la Generalitat, no sólo no tome medidas contra tan intolerables manifestaciones, desautorizando al instante tanto a Junqueras, su socio, como a Rull o presentando su dimisión “ipso facto”, sino que con la citada infame majadería, entre otras por el estilo, aliente semejantes aberraciones democráticas, engañando adrede a los ciudadanos, sólo se puede enmarcar entre quienes no están dispuestos a pagar el precio de la libertad, en este caso para mantenerla, sino precisamente, entre quienes pretenden, desde la libertad, acabar con ella y arrebatársela a sus depositarios.
Lleva razón Mas afirmando que “pensar que un proceso así se hace de rositas no es posible”, aunque lo enmascara de forma torticera desde el punto de partida, que es la libertad, para camuflar su aberración de que el precio de mantenerla “es quizá más alto” que el de alzarse contra ella y no acatarla, prostituyendo así el Estado de Derecho. A Mas le traiciona su subconsciente seguramente, pues no hay precio más caro para los ciudadanos libres que perder su libertad o ponerla en riesgo como él pretende. Le bastaría repasar la Historia de Cataluña y comprobar que jamás fue tan libre como ahora, gracias a la consolidación de nuestro Estado de Derecho, para regresar a la consciencia y pedir perdón a los catalanes en primer lugar y, en segundo lugar, a los demás españoles.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 3 de septiembre de 2014

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA, SIN EXCUSAS

                        Sin duda alguna nuestra democracia es manifiestamente mejorable, no ya porque todo, absolutamente todo, sea susceptible de mejora, nada es perfecto, sino porque, transcurridos los años, se han ido agudizando las malévolas conductas que, no estando estrictamente prohibidas, quedaban a la interpretación subjetiva del espíritu de la norma que, a todas luces, ha sido prostituido de forma habitual y casi generalizada, poniendo en grave riesgo la higiene democrática en nuestro país. Por tanto, ningún demócrata en su sano juicio puede negar hoy la urgente necesidad de una regeneración democrática. Ni puede entender que, puesto el asunto sobre la mesa, se pongan excusas para eludirlo o aplazarlo. Es pues incomprensible que, ante la oferta del Gobierno de retomar el diálogo sobre los proyectos de ley de medidas de regeneración democrática, remitidos hace meses al Congreso, y discutir sobre otras nuevas propuestas al respecto aportadas ahora, la mayoría de los partidos de la oposición lo rechacen de plano, cuando lo procedente sería, no sólo aceptar, sino exigir el diálogo y, aportando sus propias propuestas, buscar un consenso lo más amplio posible, sabiendo que la regeneración democrática pasa irremediablemente por quedar plasmada en las leyes, ya que dejarla a la voluntad particular de unos y otros es pura retórica. A la vista está.
            Ya sean las propuestas en fase de tramitación parlamentaria, ya sean las novedosas, ¿quién, visto lo visto, no está de acuerdo, entre otras cuestiones, en mejorar asuntos como el control de la actividad económica financiera de los partidos, el régimen de incompatibilidades de altos cargos, las medidas penales y procesales contra la corrupción…? ¿Quién, en definitiva, puede desdeñar la unificación de criterios para fijar el momento procesal en que un responsable político debe abandonar su cargo público o ser excluido de las candidaturas electorales; o la fortaleza de la participación ciudadana en el proceso legislativo y en la presentación de iniciativas populares; o la reducción y limitación de los aforamientos; o la limitación de gastos en las campañas electorales; o la introducción de mecanismos de control sobre los indultos; o, en definitiva, cualquier otra medida a instancias de cualquiera de los distintos grupos parlamentarios? ¿Por qué entonces la mayoría de los partidos de oposición pretenden reducir el asunto sólo a la propuesta gubernamental de “fortalecimiento del vínculo entre representantes y representados en el ámbito local”, es decir, a que el alcalde sea el candidato más votado por el pueblo, encontrando en la propuesta la excusa idónea para no dialogar con el Ejecutivo y dejar las cosas tan mal cómo están? Nadie lo entiende, y menos aún que, dicha excusa, se pretenda vender como una propuesta antidemocrática, pues sobre modelos de elección de alcaldes, hay ejemplos para todos los gustos en el resto de países democráticos, y, en todo caso, de lo que se trataría es de argumentar qué beneficios o perjuicios aporta cambiar o no el modelo actual, cuando además, ha sido un tema que han incluido a veces otros partidos en sus programas electorales. Ni siquiera el supuesto oportunismo del PP de cara a las próximos comicios justifica la negativa de dialogar al respecto. ¿Qué momento sería el oportuno? Es más, se trata de una propuesta abierta que no se agota cambiando el sistema proporcional, sin más, por el mayoritario (ambos ya utilizados en España según los habitantes de cada municipio), pues en cada uno de ellos caben distintas posibilidades.
            Es por tanto un error garrafal que Sánchez, el líder del PSOE, para alcanzar un pacto de Estado con el PP de Rajoy sobre regeneración democrática, no sólo ponga como excusa la retirada de la propuesta popular sobre elección de alcaldes, sino además la retirada de reforma de leyes como la del aborto o de seguridad ciudadana que, en todo caso, gusten o no, entran en el ámbito de las legítimas políticas partidarias coyunturales y su implantación legal depende de las mayorías suficientes que los ciudadanos conceden a los distintos partidos políticos que las contemplan en sus programas electorales. Si dichas leyes no son del agrado de Sánchez, lo que debe de hacer es convencer a la ciudadanía para que, otorgándole la suficiente mayoría en los próximos comicios, puedan ser derogadas, pero jamás deben servir como excusa o chantaje para impedir reformas de Estado, unánimemente reivindicadas, y, menos aún si, como es el caso, eres dirigente de un partido que, por sus largos periodos de gobierno, tuvo la posibilidad de hacer dichas reformas y no las hizo. Si Sánchez, en su primera entrevista tras ser elegido Secretario General del PSOE, dijo que “debemos anteponer los intereses de España a los intereses de los partidos”, ahora tiene la oportunidad de demostrarlo, pues los intereses de España requieren un paquete de medidas de regeneración democrática. Nadie entendería que, siendo deseable hacerlo entre todos, el PSOE especialmente, permita que lo haga sólo el Gobierno del PP, que puede hacerlo con la mayoría suficiente que los ciudadanos le otorgaron en las pasadas elecciones, sin ni siquiera aceptar la invitación a ese diálogo de búsqueda de un amplio consenso al respecto. No sería lo propio de un partido con vocación mayoritaria para volver a gobernar este país.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 22 de agosto de 2014

HAY QUE TENER JETA

                        No cabe duda, en España los presuntos golfos y sus aledaños tienen una jeta que se la pisan. Ya no sé si es así o al revés, pues seguramente por tener tanta jeta es por lo que son tan golfos. Bueno, y, sobre todo, porque aquí se lo permiten incluso de forma continuada y reiterada durante largos periodos de tiempo. Ahora resulta que, mientras los Pujol alegan ante el juez que son investigados por una persecución contra el soberanismo y que además un directivo bancario robó sus datos financieros, imputándole a la comisión rogatoria una intencionalidad política, la Junta de Andalucía alega que también dio a Cruz Roja subvenciones, como justificación de las ayudas fraudulentas al exconsejero Ojeda para la formación y, al igual que los Pujol, los expresidentes Chaves y Griñán dan a entender que la jueza Alaya actúa con cierto interés político o manía persecutoria en el caso de los ERE fraudulentos. Menos mal que éstos, al menos de momento, no se atreven a identificar Andalucía con ellos, tal como hace Pujol con Cataluña, y por tanto no les cabe el cinismo de afirmar que se trata de un ataque a la comunidad autónoma. En fin, que, si nos descuidamos, se van todos de rositas y ni nos enteramos. Entretanto, soportamos una doble dosis de cinismo intolerable, ya que ni al que pillan con el carrito del helado (bien sea para él, para sus familiares, amigos o coleguitas políticos) tiene la decencia de asumir su responsabilidad, sino que pretende seguir engañando al respetable tomándolos como imbéciles, convencidos, seguramente, de que van a encontrar a demasiados que seguramente lo son. ¡Acaso no arrasan una tras otra en todas las elecciones!
            Así, al final, todo lo que sucede en Cataluña y en Andalucía (también en otros lugares de España que, hoy por hoy, no están de moda mediática) es mentira, pues se trataría de encerronas político-jurídicas para frustrar proyectos políticos de envergadura, como el independentismo, para derribar gobiernos sólidamente instalados, o para ambas cosas a la vez, pues, en definitiva, los perversos investigadores (jueces, periodistas, contrincantes políticos, etc) lo que pretenden es cortar de cuajo tanta bonanza conseguida por ellos como gobernantes (sin especificar si es para el pueblo o para ellos mismos). Por tanto, ni comisiones ilícitas, ni cuentas en paraísos fiscales, ni cuantiosas fortunas opacas, ni sobrecostes en las facturas, ni enchufismo de familiares y amigos en la administración pública, ni subvenciones irregulares, ni despilfarros manifiestos, ni descontroles del dinero público, ni favoritismos empresariales, ni empresas tapadera constituidas “ad hoc”, ni actuaciones subjetivas y opacas…. Ni nada de nada. Todo, ya ven, es producto de la inventiva de los malvados. Nada es real ni verdadero, aunque lo sepamos, lo veamos o lo intuyamos, incluidas las desorbitadas riquezas, los ascensos laborales o las mejoras patrimoniales suculentas, propias o de sus hijos, hermanos, familiares o colegas ideológicos. La coincidencia de todo ello con el paso por el poder de los “perseguidos” es mera casualidad. Hay que tener jeta para, incluso cuando la evidencia lo demuestra, aunque la justicia pueda no hacerlo (ya saben: prescripciones, irregularidades procesales, testigos, etc), no sólo salir a la calle con la cabeza bien alta, sino además arremeter contra quienes publican los hechos o colaboran en el esclarecimiento de los mismos, exhibiendo y disfrutando además de todo el botín acumulado.
            Y en este ambiente de impunidad y cara dura se nos sigue hablando de la “honradez y la decencia” de los protagonistas, de que estaban convencidos que actuaban “desde el punto de vista legal”, de que quienes les critican, se rebelan o acusan son “traidores, pero lo pagarán”, de que están “a disposición de las instancias jurídicas y tributarias”… y otra serie de mensajes indecentes por el estilo, convencidos de que, en el peor de los casos, las decenas, cientos o miles de millones de euros malversados, apropiados o despilfarrados, les van a salir a precio de saldo y, obviamente, a buen recaudo. ¡Acaso no dedicaron toda una vida de sacrificio para conseguir el bien del pueblo al que representan! Seguro que algunos hasta están convencidos de que, en definitiva, se trata de la recompensa merecida por los servicios prestados. En todo caso, tienen la certeza de que todo juega a su favor. Saben que ni la ley les hará pagar con creces sus fechorías, ni los partidos a los que pertenecen y, si me apuran, ni el pueblo al que representan. Son demasiados quienes, cuando conocen a algún político ya retirado, que vive como cualquier hijo de vecino (que también los hay), pasando estrecheces para llegar a fin de mes, pagando todavía la hipoteca de su vivienda y viviendo de su trabajo de siempre (no del conseguido cuando estuvo en la política) o de su pensión de jubilación, manifiestan asombrados: “¡Yo iba a estar así si hubiera estado en tu lugar!”. Por tanto, hay que tener jeta para actuar como actúan algunos, pero no es menos cierto que la tienen especialmente porque nosotros se lo permitimos. No me cabe la menor duda.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

lunes, 18 de agosto de 2014

UE, PENAS Y ALEGRÍAS

                        Con un aumento progresivo de los euroescépticos, como si la mayoría de países de la UE pudieran sobrevivir autárquicamente y desenvolverse con solvencia en este mundo económicamente globalizado, los distintos pueblos de la vieja Europa estamos condenados a vivir entre penas y alegrías por los vaivenes económicos que, con motivo de la crisis, se vienen dando en el seno de la Unión. Con una estructura político-territorial e institucional compleja, carente de eficaces mecanismos de decisión, manejada desde la lejanía ciudadana por organismos excesivamente burocratizados y no siempre bien avenidos, con una dispersión de intereses territoriales en permanente conflicto con el interés común, que debiera prevalecer, la UE es incapaz de afrontar con éxito los grandes desafíos y conflictos a nivel mundial (o no aparece o llega tarde, mal y dividida) mientras, a duras penas, afronta los suyos propios. De los muchos ejemplos que se podrían poner, baste citar los más recientes como los de Ucrania, Irak-Siria con el yihadismo radical, o Gaza, en los que al final somos mera comparsa, o la inmigración, la cohesión económica o la solidaridad interterritorial, en los que, en definitiva, se juega al sálvese quien pueda. Y, lógicamente, con estos planteamientos nadie se salva del todo, aunque, del todo, nadie se hunda tampoco. Hoy por ti, mañana por mí, los sobresaltos se asumen a salto de mata, con más penas que alegrías, cuando es bien fácil entender que, o nos alegramos todos o el invento nos sirve de poco.
            Si apenas hace nueve meses se repartían alegrías por los buenos resultados de crecimiento del último trimestre de 2013, dando por hecho que se afianzaba la economía europea, gracias a las grandes economías de la eurozona (el PIB alemán repuntaba un 0´4%; el francés, 0´3%, saliendo del estancamiento, como el español, y sólo Italia seguía en tasas demasiado bajas), aunque también a crecimientos más importantes en otros países (Portugal, 0´5%; Holanda, 0´7%...), ahora ha bastado conocer los datos de crecimiento del segundo trimestre de 2014 para que salten todas las alarmas y nos invadan las penas, incluso en países que, como España, siguen creciendo afortunadamente. En efecto, los reveses de Francia, que se estanca, y de Alemania, que se contrae un 0´2%, junto a la entrada en recesión de Italia, que no levanta cabeza, provocan un parón en la Eurozona, cuyo PIB queda en punto muerto (y el conjunto de toda la UE se ralentiza al crecer sólo el 0´2%, una décima menos que lo previsto), pues ni España y Portugal, con un crecimiento del 6% y Holanda con el 0´5%, pueden evitarlo. Toca por tanto, a toro pasado, buscar todo tipo de explicaciones a tan inesperados y preocupantes resultados, que ponen patas arriba las previsiones de ajuste de déficit y las perspectivas de crecimiento no sólo para este año, sino también para 2015.
            Que si “la débil evolución de la eurozona” o que si “la inseguridad derivada de los acontecimientos geopolíticos” en Europa del Este y en Oriente Medio, son algunas de las explicaciones al frenazo en seco de Alemania, considerada la locomotora de la Eurozona como primera economía europea. Explicaciones que directa o indirectamente se pueden extender a Francia e Italia, segunda y tercera economías, al margen de su pugna por inclinar la política de la UE hacia el empleo y el crecimiento en vez de fomentar la reducción de la deuda, así como al resto de socios, entre los que España, junto a Portugal, es la que mejor comportamiento de crecimiento tiene, aunque ahora se generen dudas de poder mantenerlo en un contexto de debilitamiento de sus socios comunitarios a los que destina más del 70% de sus exportaciones, motor, junto al turismo, de la reactivación económica española. En España, hasta estas alegrías circunstanciales pueden tornarse en penas.
            En todo caso, convendría revisar algunas contradicciones que, al menos en España, son públicas y notorias por parte de determinados agoreros o supuestos expertos sobre la eficacia de unos u otros modelos económicos. Los últimos datos de crecimiento en la Eurozona, debieran servirnos, al menos, para dudar que el crecimiento económico dependa de gobiernos de derecha (Alemania, España…) o de izquierda (Francia, Italia…), cuestión distinta es la redistribución de la riqueza (pero primero hay que crearla); que Alemania actúe en beneficio propio (lo intentan todos, es uno de los desajustes de la UE) o que seguir su política es un fracaso (los que no la siguen tampoco tienen éxito y quienes lo hacen, como España, incluso aciertan)…. y así tantos y tantos tópicos que estamos hartos de oír. Al final, cuando los asuntos no dependen exclusivamente de uno, como es el caso, moverse en el terreno de teóricas recetas mágicas sólo sirve para que, antes o después, se pongan en evidencia tus falsedades demagógicas. ¿Qué dirán ahora los seguidores de Hollande o Renzi? ¿Qué, los de Merkel o Rajoy? ¿Qué, cuando el éxito del crecimiento en España, siguiendo el modelo alemán de reducir la deuda, dispara la nuestra hasta un billón de euros? En fin, al menos, disfrutemos de esta momentánea alegría de ser en la Eurozona una “rara avis” hasta el siguiente trimestre. Algunos, para no alegrarse, hasta lo ponen en duda.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 13 de agosto de 2014

ALAYA, EL PSOE Y LOS ERE

                        Tras casi cuatro años de instrucción del “caso de los ERE fraudulentos” la jueza Alaya envía a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la exposición razonada “relativa a varias personas aforadas” en la actualidad sobre las que, junto a decenas y decenas de imputados no aforados hoy, ve claros indicios de delito. Lo que comenzó como noticia mediática y fue calificado por los dirigentes socialistas de entonces como “cosa de cuatro pillos” se ha convertido en una verdadera bomba de relojería para la Junta de Andalucía y, especialmente, para el nuevo PSOE, inmerso en un esperado proceso de regeneración política, cuya credibilidad depende, entre otras cosas, de cómo gestionen sus dirigentes actuales a nivel interno y público este macrofraude institucionalizado de gigantescas proporciones e imprevisibles consecuencias políticas y jurídicas. Con un elenco variopinto de presuntos delincuentes, entre ellos más de veinte altos cargos de la Junta (incluidos Chávez y Griñán, sus dos anteriores presidentes, así como varios exconsejeros, viceconsejeros, exinterventores, secretarios generales técnicos, directores generales, delegados provinciales…) y otros personajes de distintas condiciones sociales (sindicalistas, empresarios, letrados de despachos de abogados, testaferros, mediadores, conseguidores e intrusos para beneficiarse fraudulentamente de las ayudas), y con un variado abanico de presuntos delitos (prevaricación, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, falsedad documental…) no basta con mirar a otro lado, ni con el silencio, ni con declaraciones genéricas sobre honorabilidades, presunciones de inocencia y otras cosas por el estilo que a nivel jurídico tienen plena validez pero a nivel político ninguna credibilidad.
            Por tanto, no vale que la reacción se limite a una declaración del Secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, definiendo la actuación de Alaya como “un paso lógico que llega tres años y medio después” y puntualizando que es “lo que todo el mundo venía reclamando” y, sobre todo, Chaves y Griñán por haber “sido señalados injustamente sin poderse defender”, ya que “nos consta que ellos han reclamado poder declarar en el TS y esperamos que ahora se les permita”, para concluir defendiendo la “honorabilidad” de ambos ex presidentes y recordando que la presunción de inocencia se ha de mantener. No cabe escudarse en eternas instrucciones, habituales en nuestros tribunales, ni en que unos u otros reclamen su pronta finalización, incluidos Griñán y Chavez que, como aforados, saben que no podían declarar antes de que la jueza, finalizada su instrucción, diese paso a este trámite y, por tanto, no es que nadie se lo impida. Menos aún en que no han podido defenderse con anterioridad, hubiese bastado con renunciar al privilegio del aforamiento, dimitiendo de sus cargos, para haberse defendido como los demás en la instancia ordinaria. Por tanto, mal asunto si, ante un problemón tan descomunal, al margen de la culpabilidad o no que corresponda a cada uno, desde la cúpula del PSOE sólo se quedan en excusas de mal pagador (como lamentablemente hacen los demás) o en previas sentencias de señalamientos injustos, que en todo caso está por ver, de determinados imputados, por grande que pueda ser el concepto de “honorabilidad” que sobre los mismos tengan algunos. Ya la mismísima Susana Díaz, tras ser nombrada Consejera de Presidencia e Igualdad tachó a la Guardia Civil hace más de dos años de actuar en el asunto de los ERE como la Inquisición. Hoy, nombrada por Griñán su sucesora, es la Presidenta y las cosas han cambiado mucho en este tiempo, en el que ya no cuelan las tácticas de la vieja escuela.
            Al margen de la presunción de inocencia, que se da por hecho, el escándalo global sobre las prácticas fraudulentas (o irresponsables, como mínimo) por parte de la Junta en la gestión de los ERE fraudulentos, además de otros asuntos en investigación (facturas falsas, formación), que incluso pueden ser aún peores (ya dijo Guerrero, el ex alto cargo imputado en los ERE, que “los ERE eran 54 millones al año, para formación había 290”), merece una respuesta política contundente ante la opinión pública, una petición de perdón por todo lo acaecido, que, al margen de culpabilidades, ya nadie pone en duda, y una autocrítica, acompañada de la firme promesa de que semejante forma de proceder y gestionar los bienes públicos ya no caben en el nuevo PSOE de Pedro Sánchez. Está en juego, nada menos, que la credibilidad en la “honradez intransigente”, necesaria y urgente, que Sánchez prometiera en la clausura del congreso socialista, así como la demostración de “su liderazgo”, puesto en duda, entre otros por el PP, frente a Susana Díaz que, a todas luces, le hizo ganar el Congreso. Desactivar la bomba de relojería o no, está en manos de la nueva dirección socialista. La cuenta atrás está activada. Y no son pocos quienes, en su momento desearán que explote. Ya IU, socio de Susana Díaz, ha amenazado con exigir una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Susana no dice nada. Las declaraciones de Pradas, insuficientes. Pedro Sánchez tiene la última palabra.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

viernes, 8 de agosto de 2014

RECUPERACIÓN ESPAÑOLA CON ACENTO CATALÁN

                        Aunque implícitamente Artur Mas reconoce que España se recupera de la grave crisis económica afirmando que la “recuperación española, tiene acento catalán” debiera caérsele la cara de vergüenza por menospreciar, una vez más, a los españoles, excluidos los catalanes, y engañar a éstos, una vez más, con el único propósito de sacarles rédito político para su delirante proyecto independentista. Que tenga el cinismo de afirmar que “la recuperación económica se está haciendo básicamente desde Cataluña” es un insulto a los españoles que, en caso de que así fuera, se alegrarían del éxito de Cataluña considerándolo también de España. Ni las balanzas fiscales, ni el PIB por CCAA, ni el conjunto de variables económicas, avalan la desleal e insolidaria afirmación de Mas que presume indecentemente de sacar a España de la crisis tras recibir más de 40.000 millones del Estado. Los datos, en todo caso, ratifican la desigualdad, casi congénita, entre las CCAA, ya patentes en el franquismo, demostrando que a algunos no les fue tan mal y evidenciando que Cataluña está entre las más ricas en términos de PIB per cápita, la cuarta (por detrás de País Vasco, Madrid y Navarra), que es como se mide la riqueza, aunque sea la primera en PIB absoluto (seguida por Madrid de cerca y por Andalucía, que curiosamente es la penúltima en renta per cápita). El dramático desajuste territorial, casi el doble, entre la CA más rica, País Vasco con una renta per cápita de 29.959 euros, y la más pobre, Extremadura con 15.028, lo que requiere es mantener y mejorar el esfuerzo solidario de las CCAA más ricas con las más pobres.
            Si con la publicación de las balanzas fiscales de las CCAA (diferencial entre lo que aportan y lo que reciben del Estado), se puso de manifiesto que sólo cuatro de ellas (Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares, por este orden) tienen déficit negativo, es decir, reciben menos de lo que aportan, y que el resto (salvo País Vasco y Navarra que, siendo de las más ricas, se escaquean por el dichoso y trasnochado cupo) tienen déficit positivo, es decir, reciben más de lo que aportan, se constató que ni siquiera es Cataluña la que en términos absolutos aporta más, sino que es Madrid, lo que procede es cuestionar el privilegio de País Vasco y Navarra para que, como comunidades ricas, hagan el mismo esfuerzo solidario con las más pobres, en vez de, bajo el falso planteamiento de “España nos roba” los nacionalistas catalanes quieran subirse al carro insolidario de vascos y navarros, ganando adeptos de forma torticera para su proyecto antiespañol hasta desembocarlo ilegalmente al independentismo.
            Ahora sólo nos faltaba que hasta la salida de la crisis nos la pongan en el haber de Cataluña en exclusiva, cuando el esfuerzo es común a todos los españoles, incluidos los catalanes, a pesar del derroche de la Generalitat de Catalunya, dirigida por nacionalistas e independentistas, en asuntos identitarios y a pesar del saqueo a que desde la propia Generalitat y sus aledaños, cada vez más evidente, ha sido sometido el pueblo catalán y, obviamente, el español. Artur Mas en vez de seguir diciendo memeces, debiera explicar por qué tiene embargada la sede de su partido, CDC, por qué ha tenido que dejar su carrera política Oriol Pujol, uno de los hijos de su “padre político”, por qué al clan Pujol, tras la confesión pública obligada por parte del patriarca, se le investiga la desorbitada fortuna acumulada en paraísos fiscales… Y tantos otros porqués, entre ellos, por qué, estando tanto tiempo a la sombra de Pujol, ni como su mano derecha cuando era President, ni cuando le sucedió en tan alta responsabilidad, Artur Mas se enteró, ni se entera, de nada, lo que, en el mejor de los casos, le convertiría en un incompetente de cuidado.
            No sé si, como dice alguna encuesta, la independencia se desinfla o no al subir cinco puntos el apoyo al ilegal “no” (43´7% frente al 39´7% al “sí”), pero sí sé que el camelo del proceso independentista, hasta la fecha, ha sido un buen negocio para unos cuantos. Dice Pujol, salido de su escondite, que está a “disposición de la justicia y de Hacienda” (¡faltaría más!), pero no tiene claro si voluntariamente comparecerá en el Parlament, como le exige la oposición, que no CiU. Incluso su socio ERC, que sí sabe a lo que juega, se lo aclara por boca de su Secretaria General Marta Rovira: “los ciudadanos de Catalunya se merecen escuchar sus explicaciones de forma directa y ante sus legítimos representantes democráticos, es decir, en sede parlamentaria, y a mí me consta que él tiene un gran respeto hacia las instituciones democráticas catalanas”. A mí, lamentablemente, no me consta dicho respeto, como ERC tampoco se enteraba de nada, puede que le conste. Entretanto el conceller Santi Vila, para ir curándose de espanto, dice que la Generalitat no sacará las urnas si el Constitucional se lo prohíbe ya que desobedecer sería un “divertimento” sin “interés político”. Prefiere obviamente un divertimento pero con interés político. Vamos, como hasta ahora. Eso es el proyecto nacional-independentista.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 2 de agosto de 2014

RECUPERACIÓN ECONÓMICA ¿POR QUÉ NO RECONOCERLO?

                        Me lo pregunto cada dos por tres. Siempre que, afortunadamente para todos los españoles, aparecen datos económicos positivos, claramente indiscutibles, una especie de neblina absurda envuelve a los partidos de la oposición al Gobierno a la hora de valorarlos, dando la impresión de que prefieren que cuanto peor, mejor. Y es innecesaria semejante estrategia para hacer una buena oposición al Gobierno y al partido que lo sostiene, simplemente contrastando sus políticas sectoriales con las tuyas propias, pues no necesariamente son sinónimos “éxito económico y éxito gubernamental”, aunque sin éxito en lo primero poco pueda conseguirse en lo segundo. Por tanto, conseguido o enderezado el éxito en política económica, hay todo un terreno abonado en política fiscal, educativa, social, territorial, sindical, laboral, sanitaria, exterior, comunitaria etc etc en el que se puede sembrar perfectamente todo tipo de propuestas diferenciadas y diferenciadoras que, dentro de lo posible, conformen los matices más o menos progresistas o conservadores de los diferentes proyectos políticos, si es que estos existen. Que mejore la economía no supone necesariamente que mejore el bienestar social ni las distintas políticas sectoriales en beneficio mayoritario del pueblo. Por tanto, siendo así, ¿por qué no reconocer la recuperación económica por parte de la oposición? ¿Por qué, en vez de negarla, no apostar por una mejor gestión de las posibilidades que conlleva? Esta es la cuestión.
            Al margen de excesivas euforias o angustias, de adjudicación de méritos o deméritos, negar la evidencia es lo más nefasto, tanto para el Gobierno y el partido que lo apoya como para la oposición. Y es evidente, se mire como se mire, que la recuperación económica es un hecho prácticamente indiscutible. No porque lo diga Rajoy, lo dicen los datos concretos y lo reconocen los organismos nacionales e internacionales. España ha salido de la UVI y, como mínimo, hay que reconocer que ya está en planta. Sin que ello garantice la imposibilidad de alguna recaída, que retrase su alta médica, su recuperación económica, casi milagrosa, es un hecho evidente e indiscutible, avalado por los síntomas y su evolución. Ahora requiere atención, pero no cuidados intensivos ni la respiración artificial. Tras dos años de internamiento, ante la gravedad de su enfermedad, España pasa de destruir empleo a pasos agigantados a reducirlo a los niveles de 2011 (EPA: 5.693.100 parados en 2º trimestre de 2012, ya con este gobierno, hasta 5.622.900 parados en 2ª trimestre de 2.014), de decrecer de forma alarmante a crecer a un ritmo anual del 1´2% (PIB: -0´5% en 2º trimestre de 2012 y 0´6% en 2º trimestre de 2014), de tener en riesgo la financiación de su deuda y con desorbitados intereses a asegurarse una financiación sólida y más barata (638 puntos de prima de riesgo en julio de 2012 a 135 hoy) y así sucesivamente una serie de variables indiscutibles y positivas en el terreno estrictamente económico. ¿Por qué no reconocerlo? Seguramente, la anterior negación de una realidad evidente por el anterior gobierno, el de Zapatero, tenga algo que ver en el asunto, pues negar la crisis en su día para afirmar incluso que estábamos en la champions deja secuelas graves, generando la mala conciencia de que reconocer ahora la realidad actual, que nos lleva del pesimismo a la esperanza, supone no sólo aceptar el éxito de este gobierno sino además el fracaso rotundo del anterior que con su errado diagnóstico agravó la situación indiscutiblemente. Dos evidencias indiscutibles en política económica. ¿Por qué negar cualquiera de las dos o ambas?
            En definitiva, desde una oposición responsable, es absurdo negar una realidad indiscutible y evidente, estrategia que, en todo caso, es más apropiada para quienes, desde la utopía y la demagogia, sólo aspiran a mantenerse en su eterna vocación minoritaria a la espera de que se den las condiciones para imponer su revolución pendiente. De una oposición responsable se espera la cordura del reconocimiento de lo obvio, sea presente o pasado, sea a consecuencia de errores o aciertos propios o extraños, pues es la única forma de afrontar el futuro con ciertas garantías de éxito. Por ello, desde mis convicciones socialistas, tengo la esperanza de que este renovado PSOE sea capaz de hacer autocrítica constructiva de su nefasta gestión en el pasado reciente, de reconocer los errores cometidos así como los acierto del gobierno actual, al menos, en cuanto a lo económico se refiere y, entonado el mea culpa, de apostar por un proyecto futuro, creíble y realizable, de carácter progresista que, frente al del PP, añada un plus de solidaridad con los sectores más desfavorecidos en este nuevo contexto de recuperación económica indiscutible. Nadie entendería su papel de abanderado en la negación de lo obvio que otros partidos minoritarios, sin apenas responsabilidades gubernamentales pasadas o presentes, utilizan de forma demagógica, incluso contra el propio PSOE, para garantizarse sus cuotas de poder, conscientes de que, en caso de tener la responsabilidad futura de gobierno, todo su planteamiento se desvanecería en un instante por mera inviabilidad. El PSOE ni puede ni debe seguir jugando a eso, sino todo lo contrario. Su papel, para bien o para mal, pasa por ser una sólida alternativa de gobierno. Y para ello se requiere, guste o no, reconocer lo obvio, como, entre otras cosas, que la recuperación económica es un hecho y lo que necesita España es evitar una nueva recaída. La España de hoy ofrece más garantías que la de hace dos años, está en mejor situación. Eso es lo importante. ¿Por qué no reconocerlo?

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena