martes, 7 de octubre de 2014

Y DE LA REGENERACIÓN POLÍTICA… ¿QUÉ?

                        Seguramente uno de los asuntos más urgentes en nuestro país sea el esperado paquete de medidas concretas sobre regeneración política que ponga freno al progresivo deterioro democrático que, “in crescendo”, venimos sufriendo en los últimos tiempos de forma injusta y peligrosa. Justo hace algo más de un mes el Gobierno de Rajoy convocó de forma oficial a todas las fuerzas políticas a un pacto por la regeneración política, pretendiendo cerrar el asunto en un par de meses. Pasado el ecuador de dicho plazo, algunos, con bastante inquietud, nos preguntamos qué hay del tema, pues se tiene la sensación de que a las primeras dificultades para llegar a un consenso, siempre preferible, se va quedando olvidado en el baúl de los recuerdos. Justo lo peor que puede suceder. Perfecto pues que el Gobierno, éste o el que fuera, pretendiera, como decía, “impulsar un gran acuerdo”, pero pésimo si, ante la imposibilidad de conseguirlo, deja las cosas como están ya que no podemos estar peor. La lucha por la trasparencia y contra la corrupción no puede esperar más. Es el objetivo prioritario en estos momentos y trasciende cualquier otro de carácter partidario; por tanto, todas aquellas medidas vigentes que sirven como excusa legal para dificultarlo han de ser derogadas o, al menos, modificadas al extremo de que no sirvan para tan perversa finalidad de forma clara y contundente. Por ejemplo, ¿es tan complejo limitar el  aforamiento, unificar criterios sobre el momento procesal penal en que un responsable ha de abandonar su cargo o ser excluido de las candidaturas electorales o limitar los gastos de las campañas electorales? Yo creo que no, siempre que haya voluntad de hacerlo que es, lo que a mi juicio, falta.
            Si en su momento, la excusa para conseguir el acuerdo era el empeño del Gobierno de incluir la modificación de elección de alcaldes, que la oposición rechazaba a pesar de que algunos la llevaran en sus programas electorales, y la exigencia de la oposición de retirar la reforma de la ley del aborto, ¿cuál es ahora la excusa una vez sacado del paquete el asunto de los alcaldes -aunque Ayllón, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, mantenga que no descarta retomarlo-, y retirada la reforma de Gallardón, incluida la dimisión del ministro?. Ahora la excusa, para no hacer nada, no puede ser que el PP no consigue un pacto porque lo que busca es pasar el rodillo de su mayoría parlamentaria, tal como esgrimen algunos tras una reciente toma de contacto para negociar, entre otras medidas, la ley de trasparencia, el estatuto de los cargos públicos, la reducción de los aforamientos o la limitación de los indultos. Ni puede ser excusa para el Gobierno y el PP, ni para los partidos de la oposición. Si como dice Alonso, el portavoz popular, el PP quiere aprobar sus medidas de regeneración democrática “sí o sí en esta legislatura” (a la que cada vez le queda menos), aunque asume que “tendrán más valor si se hacen con un gran acuerdo”, lo inaceptable es que dichas medidas no salgan adelante porque esto último no se logre y que no se logre, tal como dice, entre otros, Olaia Fernández Dávila del BNG, porque “si no hay consenso, la terminarán haciendo ellos”, razón de más, si así es, para no levantarse de la mesa negociadora hasta llegar al acuerdo que mejore las propuestas individuales de unos u otros.
            No vale pues que la Izquierda plural (IU, ICV y Chunta) se escude en que el PP no está legitimado para hablar de “regeneración democrática”, mientras ninguno explique en el Congreso el caso Bárcenas (por esa regla de tres, sólo con el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, tendríamos que cerrar el chiringuito y desacreditar a todos), ni que ERC o BNG vean el asunto “difícil” por la diferencia entre extremos ideológicos (como si la corrupción o la trasparencia tuviese colores políticos), ni que todos los partidos minoritarios se escuden en el bipartidismo y lo rechacen porque “lo primero que busca el PP, y es normal, es el consenso con el PSOE”. Menos vale aún que PP y PSOE, por meros egoísmos partidarios o cualquier otra razón, sean incapaces de ponerse de acuerdo en tan trascendental asunto. Sólo vale zanjar, de una vez por todas, esta situación insostenible e intolerable que infecta la convivencia y contamina la democracia. Hay que recordar que, en el peor de los casos, cabe la posibilidad de hacerlo, precisamente por esa mayoría absoluta que los españoles concedieron al actual Gobierno, pues, como dice Rajoy, ha llegado la hora final de las mayorías y hay que pactar, con lo que, visto lo visto, si se dejan las cosas como están, en el futuro hasta pueden empeorar, aunque en estos momentos parezca ya imposible. Si a los partidos de la oposición, incluido el PSOE, les queda poco margen para justificar la no participación activa en un acuerdo global de regeneración política y democrática, al PP no le queda margen ninguno, pues tiene la mayoría suficiente para, si los demás no quieren, afrontarlo en solitario.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

jueves, 2 de octubre de 2014

STOP AL 9-N… ¿Y AHORA, QUÉ?

                        Liquidado por el Tribunal Constitucional el proceso soberanista que, según sus promotores, desembocaría en el referéndum del 9-N, tras la campaña institucional de la Generalitat a favor del mismo, muchos se preguntan ahora qué hacer de cara al futuro, teniendo en cuenta que el Govern de Cataluña, aunque suspende la campaña por imperativo legal, mantiene que “el proceso continúa”, engañando, una vez más, a la ciudadanía. En efecto, lo que continúa, ¡faltaría más!, es el proyecto o proceso voluntarioso, por parte de quienes lo consideren oportuno, de promover y proponer “autodeterminarse políticamente”, que, obviamente no está prohibido en la Constitución; pero lo que no continúa, ni puede ni debe continuar, es el proceso concreto, auspiciado desde las instituciones del Estado, entre ellas la Generalitat, y con dinero público, de seguir atentando contra el Estado de Derecho, garantía de convivencia para todos los españoles, incluidos los catalanes. Miente por tanto Mas al decir que el proceso continúa pues, al margen de lo que individualmente considere y al margen de su voluntad personal, al igual que a la de cualquier otro ciudadano, como Presidente de la Generalitat, junto al resto de autoridades del Estado, tendrá que cumplir y hacer cumplir estrictamente la Ley y, muy especialmente, las sentencias al respecto de los tribunales competentes.
            Por tanto, la respuesta a la pregunta ¿y ahora qué? es bien sencilla. Sin menoscabo del amparo a cualquier iniciativa política o reivindicación popular, dentro de los cauces y procedimientos establecidos, la respuesta es y debe ser imponer el Estado de Derecho de forma contundente, como se hace en cualquier país decente, lo que, lamentablemente, aquí no se ha hecho casi desde el inicio de nuestra democracia, siendo la causa esencial del berenjenal en que estamos metidos ahora; aunque más vale tarde que nunca si realmente queremos salir del atolladero. Es la última oportunidad de supervivencia para nuestra deteriorada democracia. Si somos incapaces de aprender que la nefasta experiencia de ceder ante los chantajes, de mirar a otro lado ante flagrantes incumplimientos de sentencias judiciales, de canjear competencias inaceptables por gobernabilidad, de ser pasivos frente a cotidianas bravuconadas, insultos, acosos, mentiras, amenazas y demagogias (entre otros despropósitos) por parte de los independentistas totalitarios, con la absurda esperanza, supongo, de tener la fiesta en paz, es lo que ha enfangado la estabilidad territorial del Estado al extremo de estar muchísimo peor el asunto que durante la Transición democrática o los primeros años de vida de la misma; si, en definitiva, no somos capaces de aprenderlo tras esta intolerable afrenta del 9-N, impensable hace unos años, es que los españoles no nos merecemos vivir en paz y en libertad. Por tanto, tolerancia cero a cualquier resquicio de ilegalidad (más aun al desacato a sentencias judiciales o incitación al mismo), tanto de palabra u obra, en cualquier autoridad del Estado (ya sea a nivel nacional, autonómico o local) y en cualquier ámbito de actuación (político, funcionarial, sindical, empresarial o asociativo), lo que supone, caiga quien caiga y sean los que sean, que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos y con todas las consecuencias. Lo contrario es nefasto. A la vista está.
            De entrada no basta que la Generalitat, con Mas a la cabeza, decida acatar sólo la suspensión de la ilegal campaña institucional del 9-N, que, por cierto, se mantiene en la calle a instancias de colectivos subvencionados con dinero público, sino que además, como President, ha de velar para que todos la acaten, en vez de escudarse en que lo hace para no poner a los funcionarios en aprietos y alentar a la ciudadanía diciéndole que el proceso continúa ya que esa es su voluntad. Lo que debiera hacer Mas es dejar de mentir a los ciudadanos y explicarles, como bien sabe, que quienes, como él, quieren la independencia de Cataluña están en su perfecto derecho pero ajustándose al art. 168 de la Constitución (respaldo de dos tercios en el Congreso y el Senado y posterior referéndum en España), tal como decidieron los españoles, incluidos los catalanes. Y, ya de paso, avisarles que no hacerlo así es antidemocrático y totalitario, lo que puede acarrearles graves consecuencias. Si además quiere quedar medio bien debiera pedirles perdón por incitarles a ello y presentar su dimisión por tan grave error (una mentira más no importaría) pues si públicamente no lo considerara como error sería mucho peor. Pero me temo que Artur Mas hará todo lo contrario. Está tan acostumbrado a saltarse a la torera “las leyes españolas”, como dicen los independentistas, que, salvo que, de una vez por todas, el Estado de Derecho haga lo que hay que hacer, no va a claudicar de sus planteamientos totalitarios. Menos aún si, incomprensiblemente, siempre hay ingenuos, por no calificarlos de otra manera, dispuestos a afrontar su órdago con compensaciones inaceptables que en el fondo o la forma le sirvan para salir airoso del pozo en el que él solito se ha metido. En el mejor de los casos para el Estado de Derecho, pan para hoy y hambre para mañana. La historia nunca miente, por más que algunos pretendan tergiversarla.

                                               Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 28 de septiembre de 2014

ARTUR MAS CONSUMA SU FELONÍA

                        No merece otro calificativo. Con la publicación de la Ley de Consultas, como pretexto torticero para convocar el ilegal referéndum, y con la rúbrica solemne del decreto de convocatoria del mismo para el 9-N, su deslealtad y traición al Estado de Derecho y, en definitiva, al pueblo español, incluidos los catalanes, queda más que probado. Una felonía pues, en toda regla, merecedora de la repulsa pública que merecen los traidores. Pero además, una vez traspasada la frontera de la amenaza, ejecutándola, Artur Mas, casi con toda probabilidad, incurre en el grave delito de prevaricación, uno de los peores que pueden cometer los funcionarios públicos, pues no es baladí faltar, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo. Y es obvio, al margen de lo que explícitamente diga el Tribunal Constitucional en su momento, que el Molt Honorable conoce, o tiene la obligación de conocer, que ningún gobernante puede exceder su ámbito competencial ni sus funciones, es decir, lo que tiene asignado legalmente y, como es público y notorio, sin necesidad de ir a Salamanca, que dirían nuestros antepasados, ningún Presidente autonómico, incluido él por supuesto, tiene competencia para convocar un referéndum independentista, ni a nivel de toda España, ni, mucho menos, a nivel de una autonomía (en este caso Cataluña), porque, además de excederse del ámbito competencial, que “per se” lo convertiría en ilegal y delictivo, añadiría la agravante de usurpar al pueblo español nada menos que su soberanía, adjudicándosela de forma caprichosa a quienes arbitrariamente considera oportuno (en este caso a los catalanes). Por tanto, una gravísima decisión por parte de Mas, que, en térmicos político-jurídicos pudiera calificarse, sin andar muy errado, como de Golpe de Estado en toda regla, pues, salvo el requisito de violencia (de momento), es a lo que más se le parece. ¿Acaso no se trata de tomar el poder político por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado? Pues, eso.
Con su conducta, extremadamente irresponsable e indigna de cualquier gobernante democrático, Artur Mas ha preferido ser leal a la promesa que hizo a Oriol Junqueras que a la que hizo al Estado de Derecho cuando asumió el cargo de President de la Generalitat, dejando el destino de Cataluña y, por tanto de España, en un callejón sin salida, muy difícil de sortear. Pero es más grave aún que, al menos por sus declaraciones públicas (y desde luego por las de su socio Junqueras), cuando llegue el momento de ir a las urnas, aunque el mismísimo Tribunal Constitucional desautorizara la consulta por estar convocada ilegalmente, desacatarán la sentencia e impondrán su criterio totalitario. Ya, por si acaso, ante lo que parece evidente, se ha desencadenado una campaña interesada de desprestigio institucional, incluido el del TC, buscando todo tipo de triquiñuelas (que si está al servicio del Gobierno, que si del PP, que si está politizado, que…) para dejar de antemano desvalorizada su sentencia y poner a buena parte de la población catalana contra el Gobierno que, obviamente, recurrirá al TC, con pleno apoyo de PP y PSOE, para detener “ipso facto” esta locura antidemocrática que, sin lugar a dudas, es el mayor ataque que ha sufrido el Estado de Derecho tras aquel esperpéntico golpe frustrado del 23-F, que, junto al 9-N, pasarán, sin duda alguna, a engrosar las páginas negras de la Historia de España. Así pues, como entonces, y como siempre, la medicina no puede ser otra que aplicar e imponer la Ley, pues sin Ley, sencillamente, no hay democracia.
            En fin, la felonía, cuando no algo incluso peor, de Artur Mas y su gobierno, no sólo alienta la división intolerable entre catalanes y resto de españoles, sino además la de catalanes entre sí mismos, dejando de cara al futuro una Cataluña dividida, amenazada por movilizaciones callejeras de unos u otros. En definitiva, amenazada de violencia. No en vano el propio Mas, tras consumar la felonía, insta a los partidarios de la misma a que le apoyen, con un “espero que ayudéis” y que “nadie se asuste porque se exprese la opinión en una urna” (una manipulación más), que suena a incitación a la rebelión, al extremo que los grupos soberanistas ya anuncian manifestaciones para defender la consulta ilegal. Bien sabe Mas que nadie se asusta porque se exprese la opinión en las urnas, ni siquiera, ¡faltaría más!, por lo que se decida en ellas; y bien sabe que nadie tiene que ayudar para que las urnas hablen, pues, afortunadamente son parte de nosotros y deciden nuestra convivencia desde hace ya treinta y seis años. Lo que asusta es que algunos, como él, no respeten su veredicto y, por tanto, la petición de ayuda debe ser para obligarles a respetarlo y a someterse al mismo. ¿Qué se puede esperar de quienes sacralizando las urnas traicionan lo que éstas han dicho anteriormente? ¿Quién puede asegurar que acatarán lo que digan en el futuro? ¿Cómo te puedes fiar de gobernantes que actúan al margen de la ley? Contesten las preguntas ustedes mismo.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 24 de septiembre de 2014

PODEMOS NO PUEDE, NI QUIERE

                        Parece ser que Podemos no puede, ni quiere, presentarse a las próximas elecciones municipales; al menos con sus propias siglas. No es que nada ni nadie se lo impida, es que no puede, ni quiere, correr el riesgo de que en cada municipio pequeño, mediano o grande, se le vea el plumero de forma clara y contundente. Así se desprende de un documento elaborado por Iglesias, Monedero, Errejón y compañía, la cúpula dirigente del embrionario partido (según ellos, en los demás partidos, la “casta”), en que se opta por “preservar la marca Podemos” en las municipales para centrarse en las autonómicas y las generales. Y es que no es lo mismo elaborar un teórico proyecto-programa en abstracto desde un laboratorio de ideas, fácil de vender de forma generalizada en situaciones de crisis política y económica, que elaborar cientos y cientos prácticos programas en concreto desde las necesidades y los recursos de cada uno de los municipios. Ni es lo mismo confeccionar una lista a nivel nacional o autonómico con unos cuantos profesores universitarios de fácil oratoria, que confeccionar cientos y cientos de listas en todos y cada uno de los municipios donde casi todos nos conocemos y sabemos de qué pie cojeamos cada uno. En fin, que una cosa es predicar (y hacerlo con el ejemplo) y otra es dar trigo. En definitiva, que Podemos, por conveniencia propia de sus dirigentes (es decir, la “casta”) deja huérfanos de concejales y proyectos municipales a sus ilusionados seguidores, precisamente en aquellas políticas más apegadas al pueblo, al que dicen representar casi en exclusiva, como son las políticas locales, donde se sufre día a día las penurias ocasionadas por la crisis, privándoles así de sus mágicas recetas para solucionar sus problemas cotidianos.
            Lamentablemente en los pueblos habrá que esperar la llegada del maná hasta que los dioses de Podemos, tras poner orden a nivel nacional en la estructura de su recién inventado partido político, que es a lo que ahora se están dedicando, consigan gobernar la nación, su principal objetivo, para imponer su mágico proyecto nacional con propuestas incompatibles con la economía de mercado y algunas ni siquiera con otro tipo de economías, ya que, según los expertos, sólo dos de ellas, como la renta básica y el cambio en las pensiones, dispararían el gasto en 25 puntos. No importa, un gasto infinito ya que convertiría a nuestro país en un paraíso, el único en la Tierra, en el que además las empresas con beneficios no podrían despedir trabajadores, se adelantaría la edad de jubilación, la jornada laboral máxima sería de 35 horas, se nacionalizaría a las empresas y ni se pagaría la deuda pública. Es obvio que incluso todos sus ciudadanos serían buenos y benéficos. Sólo un pequeño problema: ¿de dónde y cómo se sacaría el dinero? Y eso que no creen en la Providencia de Esperanza Aguirre.
            Podemos, que en su proyecto de constitución como partido no se declara ni de izquierdas, de centro o de derechas, no puede, ni quiere, afrontar desde el terreno municipal que sus únicas y escasas propuestas viables, no todas son descabelladas, ya están en los programas de otros partidos políticos y, muy especialmente, en los de IU de donde procede buena parte de sus promotores y la principal víctima del invento, como refleja Monedero, que, al ser preguntado si comparte la aspiración de IU, su antiguo partido, de pactar con Podemos, contesta que “Podemos no va a ser la UCI de ningún partido del régimen del 78”. Más claro, el agua. Para que luego los ingenuos pongan el grito en el cielo cuando el socialista Sánchez dice que no pactará con los populismos. 
            Podemos no puede, ni quiere, asumir que su éxito se debe más a lo que critican que a lo que proponen y como buena parte de su crítica es a los partidos políticos clásicos y a sus formas de funcionar, desde que decidieron crear su propio partido político, distanciándose de aquella inicial propuesta de democracia directa interminable de las movidas en la Puerta del Sol, andan locos en disimular una genuina forma de funcionamiento de Podemos como partido político que parezca distinto a los demás, pero, como casi todo está ya inventado, se trata de una nueva falacia, al igual que sus políticas inasumibles. Valga como muestra que, al margen del nombre que quieran dar a cada cosa, el ya iniciado proceso de constitución como partido, dirigido por Pablo Iglesias y compañía, ya asume que Podemos (como el resto de partidos) tendrá una cúpula y un secretario general como “la representación política e institucional del partido” para “asegurar la coherencia estratégica y la unidad organizativa interna” que además presidirá una especie de consejo ciudadano con representación territorial y un consejo de coordinación (una especie de ejecutivas mayor y menor). Como ven, aunque lo parezca, nada que ver, según ellos, con los partidos tradicionales pues “es verdad que inevitablemente tiene que haber órganos de dirección, pero vinculados a la gente”. Y se quedan tan anchos.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

viernes, 19 de septiembre de 2014

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY


                    Supongo que cualquier demócrata convendrá conmigo que cualquier ciudadano en cualquier Estado de Derecho, democráticamente constituido, está obligado a cumplir la ley y a acatar el veredicto del tribunal competente, asumiendo las consecuencias derivadas. Supongo además que también convendrá que cualquier gobernante democrático de cualquiera de los Estados citados, además de cumplir la ley como el resto de ciudadanos, está obligado a hacerla cumplir (como suele expresarse en el acto de toma de posesión del cargo), a través de los procedimientos, instrumentos e instituciones democráticamente establecidas dentro del marco constitucional. Y, finalmente, supongo que también convendrá conmigo que los partidos políticos democráticos, tanto sus dirigentes como sus militantes, siendo instrumentos básicos de participación política y encauzamiento de la diversidad ideológica ciudadana, han de ser la vanguardia y el baluarte en “cumplir y hacer cumplir la ley” como principio básico y esencial de la convivencia en libertad y en democracia, frente a liberticidas, individuales o colectivos, que precisamente intentan eliminarlo para imponer su santa voluntad  totalitaria y antidemocrática.
            Pues bien, visto lo visto, en España o hay pocos demócratas o hay que hacer un mastodóntico esfuerzo pedagógico para que, al margen de las ideologías que se dicen democráticas, se mejore el comportamiento democrático, individual y colectivo, tanto de palabra como de obra. El esencial principio democrático citado, no puede estar sometido a discusión, ni a la conveniencia o interés de unos u otros, ni a ninguna circunstancia temporal de cada momento político, ni a las estrategias particulares, ni a la legítima confrontación ideológico-programática… Cumplir y hacer cumplir la ley es el principio sustancial de la democracia, pues sin él, simplemente, la democracia no existe. Por ello ha de estar muy arraigado en la ciudadanía y por encima de todo lo demás y, por ello, ha de ser defendido a ultranza por cualquier demócrata. Es la garantía de la democracia y la única forma, no hay otra, de que una sociedad viva en libertad, paz, orden, seguridad e igualdad, al extremo de que no aplicar el cumplimiento de la ley nos lleva al caos y aplicarlo de forma laxa o arbitraria nos lleva a un deterioro progresivo del Estado de Derecho. Por tanto, dicho principio esencial, debiera ser el principal contenido pedagógico desde la educación más temprana; y su defensa, el principal objetivo de los medios de comunicación y de las personas con relevancia pública, generadoras de opinión. Una defensa nítida y contundente, sin titubeos ni incertidumbres, que sitúe claramente ante la opinión pública a los demócratas frente a quienes no lo son sin ningún tipo de dudas, pues estos, los totalitarios, del tipo que sean, son los únicos y verdaderos enemigos de la democracia.
            Por todo ello es incomprensible y preocupante que el Ministro Margallo, preguntado por el peliagudo e ilegal proceso catalán, haya generado un descomunal revuelo mediático y público al contestar que el Gobierno “sólo puede utilizar la ley, pero toda la ley para evitar una consulta que es contraria a la legalidad y que produciría unos efectos pésimos para Cataluña, para España y para la Unión Europea” y por añadir, ante la pregunta de si se incluiría la aplicación del art. 155 de la Constitución, que posibilita hasta la suspensión de la Autonomía, que “incluido lo que haya que incluir”. Declaraciones de un Ministro, que en cualquier otro Estado de Derecho hubiesen sido aplaudidas unánimemente por los demócratas y criticadas sólo por quienes actúan o pretenden actuar al margen de la ley, los únicos que se debieran sentir amenazados, provocan aquí una controversia casi generalizada con todo tipo de descalificaciones. Desde el PSOE, Sánchez  las considera un “error”, Hernando le pide que “no eche más leña al fuego” y Pradas las ve “fuera de lugar”; desde C´s, Rivera le insta a “no matar moscas a cañonazos”; desde Amaiur, Urbina le acusa de “cerrazón” y de posición “antidemocrática”; desde CiU, Mas las considera como “amenaza” y Macías como una más de sus “ocurrencia”; desde ERC, Bosch le tacha de “incendiario” y de actuar con “intransigencia y fanatismo”; desde ICV, Coscubiela las califica de “amenazadoras” instándole a “mucho dialogo, prudencia y poca bravuconería”; y desde el PNV, Esteban le pregunta si prevé “el envío de tanques”. Aparte del lógico apoyo del PP al Ministro, sólo UPyD ha estado a la altura de las circunstancias, manifestando Rosa Diez que el Estado “no puede permitir que nadie incumpla las leyes, ni un ciudadano ni un gobernante y, por tanto, esta es la única línea roja que nadie puede traspasar, tampoco Cataluña”.
            ¿Es una amenaza decir que hay que cumplir la ley? ¿es error, ocurrencia o bravuconería? ¿es echar más leña al fuego o matar moscas a cañonazos? ¿es antidemocrático, incendiario, intransigente o fanático? Bueno y lo de los tanques, mejor ni comentarlo, el propio Ministro ha dicho que no le “parece que esté en la Constitución”.  Que haya esta reacción insólita de comprensión, cuando no de apoyo, a quienes, desafiando el Estado de Derecho de forma permanente amenazan, bravuconean…y todo lo anterior, adjudicándole al ministro dichos comportamientos por decir que hay que cumplir la ley y el Gobierno, como es su obligación, la hará cumplir, es muy alarmante y denota lo deteriorada que está nuestra democracia. Con semejantes declaraciones siempre ganan los intransigentes, fanáticos, bravucones e incendiarios, y pierde el pueblo y su Gobierno de turno hasta que un día gobiernen ellos y conviertan el drama en tragedia.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

domingo, 14 de septiembre de 2014

CINISMO IMPRESENTABLE DE JUNQUERAS

                        Si, como dice el diccionario, el cinismo es la “desvergüenza o descaro en el mentir o en la defensa y práctica de actitudes reprochables” Oriol Junqueras, líder de ERC, es maestro de maestros, tal como demuestra en una reciente entrevista que no tiene desperdicio. En su visionaria e insólita concepción de la democracia, en la que la única regla de juego válida es votar cómo sea, dónde sea y sobre lo que sea,  afirma rotundo que España nada puede ofrecerle para que renuncie a la consulta ya que “no hay nada que nadie pueda ofrecer a cambio del derecho fundamental de los ciudadanos de poder votar para decidir su futuro político”, ocultando cínicamente que tal derecho a votar ya existe en el Estado de Derecho español, sujeto, obviamente, como en cualquier otro Estado democrático, a unas reglas, previamente establecidas mediante el voto, que regulan el objeto de las mismas (hay algunos que no pueden votarse, como, por ejemplo, ejecutar a alguien en la plaza pública), su ámbito de aplicación sobre el que aplicar el resultado (no exportable por ejemplo la decisión de una comunidad a otra y menos al conjunto del Estado) y hasta quienes tienen la competencia democrática de convocarlas, aunque exclusivamente para aquellos asuntos que le son de su competencia. Es la única forma democrática de evitar la ley de la selva que Junqueras pretende imponer con su sacralizado concepto del voto que, tal como lo concibe, es la antítesis de la democracia, al extremo de no tener reparo alguno en afirmar que “ha llegado la hora de saltarse las leyes españolas… de prescindir de la legitimidad española para crear la nuestra propia… de saltarse el marco legal anterior para crear el siguiente, como sucede siempre en caso de independencia”. Oculta, cínicamente, que en tiempos presentes y en situaciones de libertad y democracia, como es el caso, ese no puede ser el proceso, salvo que se trate de un golpe de Estado totalitario, cruento o incruento.
            En su cinismo patológico, defiende que “votar es un derecho fundamental e inalienable que prevalece por encima de cualquier ley, como el derecho a la vida, a la libertad y a buscar la propia felicidad (vamos, que si la felicidad de una comunidad de vecinos es apalear al vecino molesto, se vota y, si se gana, a machacarlo), aunque, menos mal, acepta que, si en su consulta ilegal y antidemocrática, “no hay una mayoría independiente aceptaremos el resultado, pero para saberlo es necesario votar” (hay que reconocer que a algunos golpistas esta pequeñez ni les importa). Y sobre la posibilidad de que, como en cualquier otro Estado democrático, Artur Mas pudiera ser condenado, si convoca y pone los medios para celebrar un referéndum sobre el que no tiene competencias, usurpando la soberanía del pueblo español, tiene la cínica desfachatez de afirmar que “estamos convencidos de que nadie en España irá a la cárcel por votar” (en efecto, no iría por votar, sino por incumplir la ley como cualquier hijo de vecino) y de amenazar con que “serían mucho peores para España las consecuencias de encarcelar al presidente Mas que las de permitir la consulta” (me recuerda la típica amenaza del matón cuando te niegas a someterte a sus caprichosos designios). Ni siquiera acepta unas elecciones anticipadas, que obviamente serían legales, ya que “el sistema proporcional” las desvirtuaría “como referéndum”.
            Y ante este elenco de cínicos despropósitos, entre otros por el estilo, cuando se le pregunta por la corrupción de Convergencia, tan sustanciosa para algunos nacionalistas transformados al independentismo, elude la respuesta concreta manifestando sobre la corrupción en general que le “asquea en cualquier circunstancia y casos como Gürtel o Bárcenas demuestra que los que están implicados en ella no luchan por erradicarla; el PP es la prueba más evidente” (sobre el de los Pujol y compañía, al tener el marchamo independentista, mutis por el foro).  
            Pero, por si todo el derroche de cinismo y de planteamientos totalitarios anteriores no fuera suficiente, remata la faena diciendo que “el nuevo Estado catalán querrá tener las mejores relaciones con España; las mismas y excelentes relaciones que España tiene con Chile o con Holanda, que se independizaron hace muchos años”. Obviamente no menciona cínicamente que aquellos tiempos, tanto los de la independencia de Chile como los de Holanda, nada tienen que ver con hoy (y ni siquiera uno con el otro ni en el tiempo ni en el proceso), que, no obstante, fueron ambos procesos violentos, que las circunstancias internacionales eran distintas y que, en todo caso, cuando acaecieron dichos procesos independentistas de territorios lejanos ocupados por España, Cataluña ya formaba parte de la misma desde mucho antes, sin haber sido jamás ocupada ni sometida.
            Juzguen ustedes si, con semejantes planteamientos visionarios, totalitarios, sin respeto alguno por la legalidad vigente, que conforman un proyecto basado en la mentira y en el cinismo más impresentable, alguien puede confiar en semejante personaje. ¿Se lo imaginan como Presidente de esa supuesta República Catalana, al margen del euro, aislada y no reconocida por buena parte de la comunidad internacional como sucedía a aquella España de buena parte de la etapa franquista? Yo prefiero ni imaginarlo. Me causa pavor y una infinita tristeza.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

jueves, 11 de septiembre de 2014

LA DIADA MÁS POLÉMICA

                        Con motivo de la celebración de esta Diada histórica de 2014, al coincidir con el tercer centenario de la caída de Barcelona a manos de Felipe V de Borbón y al ser la primera en que la propia Generalitat exige un referéndum ilegal para independizarse, el President Artur Mas pide a Rajoy que escuche “el clamor del pueblo”, en tanto que la ANC vende de antemano el “éxito de la Diada” incluso antes de celebrarse, con centenares de autobuses contratados para asistir a Barcelona. Entretanto, la fundación Reeixida, vinculada a la Generalitat, reparte banderas negras, que 34 ayuntamientos colgarán, simbolizando la “lucha a ultranza” contra el Estado Español. Y, mientras Mas avisa en la víspera que “el compromiso de la consulta es firme”, Pedro Sánchez, el líder del PSOE, desvela que en el encuentro que tuvo poco antes con el Molt Honorable, éste le dijo que si no hay referéndum convocará elecciones. Al fin y al cabo, según Mas, sólo pide “ser tratados como otras naciones del mundo”, lo que, teniendo en cuenta el inminente referéndum escocés, no deja duda alguna a qué se está refiriendo.
            Pues bien, al margen del éxito o no de los actos de la Diada que, como siempre, se cerrarán con valoraciones subjetivas y desproporcionadas por parte de unos y de otros, sólo con las anteriores pinceladas (si añadimos otros despropósitos hasta sería como para echar a correr), los promotores incurren en varias mentiras y contradicciones que para cualquier observador objetivo no pasan desapercibidas. De entrada, la implicación institucional preparatoria de la Diada y el enfervorizado éxito preconcebido de los asistentes, recuerda, a quienes no hayan perdido la memoria, los éxitos, vendidos luego como espontáneos (el clamor del pueblo), de aquellas famosas celebraciones del 18 de julio, la fecha histórica e inolvidable del franquismo, en que sus enfervorizados asistentes, brazo en alto y con cánticos patrióticos, exhibían banderas y símbolos de su trágica cruzada. Era la forma que tenía el régimen de celebrar su glorioso alzamiento de 1936, obviamente, al margen y contra la legalidad vigente que, por calamitosa que fuese la situación, suponía un clamoroso Golpe de Estado totalitario. Del resto, mejor olvidarnos. Una España dividida e irreconciliable que soportaba, entre otras cosas, el “clamor del pueblo” cada 18 de julio, cuyo éxito, como ahora, estaba previamente garantizado. ¡Faltaría más!
            Pero, aunque a estas alturas hablar de mentiras y contradicciones argumentales, permitidas y no combatidas fehacientemente por el Estado Español hasta hace poco, nada hará cambiar a los enfervorizados independentistas, al menos, debieran tener la decencia de admitir, al margen de proseguir o no con su enloquecido proyecto, que en esta Diada de 2014 (además de su carácter festivo o reivindicativo), se conmemora el tercer centenario de la caída de Barcelona en manos de Felipe de Borbón como consecuencia de una guerra en que, ni Barcelona, ni Cataluña, luchaban por ningún tipo de independencia, sino a favor del Archiduque Carlos, candidato como Felipe, a ocupar el trono vacante de España desde la muerte del rey Carlos II El Hechizado. Por tanto, no era una guerra de secesión, sino de sucesión, en que ambos bandos luchaban por España, su nación y su reino. Algo normal, teniendo en cuenta que Cataluña, como parte de la Corona de Aragón, ya pertenecía al Estado moderno de España desde su fusión con la Corona de Castilla en 1479 con los Reyes Católicos. Por tanto, la Guerra de Sucesión, un asunto interno de España. Y punto.   
            Curiosamente, unos años antes de la posteriormente tergiversada versión de la citada caída de Barcelona en 1714, precisamente en 1707, el Reino de Escocia, creado en 843, soberano e independiente (Cataluña nunca lo fue), se une al Reino de Inglaterra, igualmente soberano e independiente, formando el Reino de Gran Bretaña, mediante un Acta de Unión. Un acuerdo entre dos entes soberanos que, al igual que deciden unirse voluntariamente, conservan la potestad de separarse. Nada que ver con Cataluña que jamás fue un Estado soberano, ni un Reino, ya que de “iure” siempre formó parte de un Estado soberano, aunque de facto, que no “de iure”, durante algunos periodos del medievo el Reino de Francia, al que pertenecía, no pudiera ejercer el control y la autoridad sobre los condados catalanes. Por tanto para “ser tratados como otras naciones del mundo” el primer requisito exigible es ser nación o haberlo sido alguna vez a lo largo de la Historia, lo que podría avalar la recuperación perdida de su soberanía. Cataluña, guste o no, jamás la tuvo, salvo conatos más o menos violentos para conseguirla. Y si ahora es eso lo que pretende, que lo plantee de forma directa pero sin engañar a nadie.   
            Lo grave es que, tergiversando la realidad presente y pasada, a base de repetir mentiras o verdades a medias, sin que nadie le salga al quite, se ha creado desde las propias instituciones gubernamentales catalanas, que representan jurídicamente al Estado Español, un caldo de cultivo frentista y violento contra el mismo (algo insólito e inadmisible en cualquier Estado democrático), para justificar una reivindicación carente de base alguna ni jurídica, ni histórica, ni económica, ni social, tanto a nivel nacional como internacional. Este es el laberinto que desde la propia Generalitat se ha creado en Cataluña. La verdadera tragedia.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena