POLÍTICA Y JUSTICIA

                        Con demasiada frecuencia se suele recurrir a la Política como a una especie de cajón de sastre en el que cabe todo y, muy especialmente, todo aquello que tiene difícil encaje en los comportamientos de convivencia colectiva habituales. Y no se está desencaminado si, al margen de las diversas acepciones, concluimos que la “política” es la actividad que se ocupa de que una sociedad libre, compuesta por hombres y mujeres libres, resuelva los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Por tanto, cualquier conflicto, cualquier choque de intereses, cualquier litigio entre personas o instituciones es susceptible de ser tratado como un problema político e inevitablemente así ha de tratarse. Pero la Política, con mayúsculas y en su plena dimensión, requiere hombres y mujeres libres, pues en caso contrario serían los gobernantes quienes resolverían e impondrían a su antojo las soluciones a los problemas planteados por la convivencia colectiva de sus súbditos, que no ciudadanos. Hombres y mujeres libres, no en abstracto sino en concreto, ya que la libertad, como concepto abstracto carece de sentido, y por ello ha de concretarse en una serie de libertades, concretas y específicas, libremente acordadas por la mayoría de ciudadanos que libremente se embarcan en la aventura de compartir un proyecto común de convivencia colectiva, lo que supone obviamente una serie de derechos y deberes, así como unas reglas de juego, que todos, absolutamente todos, han de acatar y respetar, como garantía y seguridad de su convivencia colectiva en libertad, necesariamente limitada. Y de esta necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes nace la Justicia, como el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado de relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la acción recíproca ejercida por individuos e instituciones. Por tanto Política y Justicia, con mayúsculas, forman parte indisoluble de la convivencia humana en paz y en libertad, al extremo de que disociadas o por separado atentarían gravemente contra la propia dignidad humana, menoscabando la esencia del hombre como ser social y libre, con el grave riesgo de romper la armonía de la convivencia humana colectiva.

            En “román paladino”, para que todos lo entiendan, sin Política no hay Justicia y viceversa, en el más alto significado de ambos términos. Por ello es incomprensible que, ante problemas complejos, como por ejemplo el reto independentista de Artur Mas, Oriol Junqueras y compañía, algunos líderes políticos no independentistas, rompiendo el indisoluble binomio Política-Justicia, como si por separado tuvieran un sentido pleno, digan que el asunto es un problema político y que como tal hay que tratarlo y resolverlo, al margen del desafío a la Justicia que, para lograr su objetivo, plantean los independentistas. Sería interesante en todo caso que quienes así actúan dijeran qué tipo de diálogo exigen a las instancias gubernamentales y para qué lo exigen, con personajes que, como Artur Mas, afirman que la legitimidad política vale tanto como la legalidad, es decir, como la inexcusable observancia y aplicación de la Justicia. ¿A qué legitimidad política se refiere disociada de la Justicia? Fuera de la Justicia, no hay Política en el mejor sentido del concepto y en toda su dimensión. Por tanto el juego perverso con claros intereses particulares de disociar como realidades diferentes y contrapuestas las partes de un todo, prostituye no sólo la esencia de dichas partes sino también la esencia del conjunto como garante de la convivencia humana colectiva en paz y en liberad.

            No vale pues, como dice Durán, esa “tercera vía” entre la “sumisión” y la “secesión”, en sintonía con lo que defiende Pedro Sánchez, siendo legítimas sus ofertas de “estado federal” u otros modelos como proyecto político. No se trata de optar por uno de los dos términos de otro binomio infernal inexistente (sumisión o secesión), al igual que sucede entre Política y Justicia, ya que la aplicación de la Justicia no supone ninguna sumisión, sino todo lo contrario, ya que se trata precisamente de la garantía de libertad dentro del marco político libremente establecido. Sumisión sería someterse a los caprichos de unos pocos o de muchos al margen de la Justicia. Y, en cuanto a la secesión (una opción política como otra cualquiera) de lo que se trata es de si sus promotores pretenden conseguirla al margen de la Política y, obviamente, de la Justicia o, como cualquier otro proyecto, dentro de los cauces que la comunidad colectiva, en este caso la española (incluidos los catalanes), decidió en su momento como expresión libre de su proyecto común de convivencia. La tragedia es justo que algunos pretendan romperlo por meros intereses bastardos y argumenten, engañando a los ciudadanos, para salir del paso, que la solución ha de ser política y no jurídica, cuando la primera opción requiere obligadamente circunscribirse a la segunda. Dice Mas que “Cataluña no confía en el Estado” cuando el problema es que ningún ciudadano realmente libre puede confiar en sus planteamientos anti-políticos por injustos y al margen de la libertad y las garantías democráticas.

                             Fdo. Jorge Cremades Sena 

CORRUPCIÓN, UN CÍRCULO VICIOSO

                        La corrupción en España es un círculo vicioso, nunca mejor dicho, muy difícil de romper. Y el mejor ejemplo es el último debate al respecto en el Congreso de los Diputados. Una nueva ocasión perdida, la enésima, para romperlo de una vez por todas. A la gran mayoría de portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara no debiera dolerle prendas en reconocer, aceptar y admitir, como hizo en este caso el Presidente del Gobierno, “problemas serios” en asuntos de corrupción ya que es público y notorio. Todo el mundo ya ha perdido hasta la cuenta de los múltiples casos de corrupción que se reparten entre unos y otros, que unos y otros utilizan como armas arrojadizas para menoscabar al contrario, olvidando y ocultando los casos propios. Es la indecente e hipócrita estrategia coyuntural para que las cosas sigan como están, cuando la ciudadanía ya no tiene más tragaderas y sólo espera y desea que, de una vez por todas, todos, absolutamente todos, busquen la fórmula adecuada para acabar definitivamente con tan intolerable situación. Pero, aunque todos lo esperaban, no fue así. Unas setenta medidas anti-corrupción propuestas por el Gobierno, ni siquiera fueron tomadas en cuenta como algo positivo o negativo por parte de casi toda la oposición, rechazándolas con el desvergonzado e incoherente argumento de que el Presidente Rajoy carece de credibilidad para liderar la regeneración, y olvidando que, si de credibilidad se tratara, todos prácticamente deberían hacer las maletas y marcharse a casa, tal como manifiestan las encuestas. En definitiva, el círculo vicioso de la corrupción sigue indemne: como todos los partidos carecen de credibilidad, como todos tienen por qué callar, que ninguno de sus líderes proponga soluciones y si a alguno, como es el caso, se le ocurre hacerlo, por la razón u objetivo que sea, ni las valoramos, sino todo lo contrario, las rechazamos recurriendo al pecado original de su promotor. Por lo visto les es más rentable seguir poniendo en marcha, una vez más, el ventilador de la basura por perjudicial que sea para la ciudadanía en su conjunto y para el interés general. Es la triste realidad.

            Imaginen por un instante que nuestros representantes en el Parlamento estuviesen decididos a luchar contra la corrupción de verdad, sin trampas ni cartón. En ese caso, al margen de lo que opine cada uno de Rajoy o de sus razones para presentar dichas medidas anticorrupción, lo prioritario y sensato sería que se respaldaran las consideradas como positivas para convertirlas en leyes con amplio respaldo y se anunciara la predisposición a mejorarlas, vía enmiendas, en el posterior trámite parlamentario. Lo inexplicable es, como se ha hecho, rechazarlas de entrada porque su promotor no les merece crédito. Y quienes así actúan, al menos, debieran explicar a los ciudadanos, por qué no están de acuerdo y dificultan que se contemple en la ley que, entre otras cosas, se tipifique por primera vez la financiación ilegal como delito, se fije un plazo máximo en la instrucción de los macro-procesos judiciales, se prohíba el uso de tarjetas de crédito a los altos cargos, se exija que los militantes participen en la elección de los cargos de dirección, se extingan los partidos que no cumplan las normas, se haga mayor control de los viajes y gastos de los parlamentarios, se suspenda de militancia cuando se abra juicio oral, se prohíban las donaciones de personas jurídicas y se limiten las de las físicas hasta un máximo de 50.000 euros, se prohíba condonar o renegociar la deuda de los partidos por debajo de los mercados, se obligue a detallar su patrimonio a los cargos al llegar y al abandonar sus puestos….. ¿acaso estas medidas no dificultan las prácticas corruptas? ¿es mejor seguir con el “y tú más”? ¡Basta ya de tanta hipocresía e incoherencia!

            Si de veras queremos romper definitivamente este círculo vicioso de la corrupción, al margen de la ideología de cada uno, hemos de exigir que espectáculos como el protagonizado en el Congreso no se vuelvan a repetir. Precisamente es la institución que puede y debe cambiar el rumbo aprobando una legalidad más adecuada para combatir a los corruptos. Y los responsables de que no se haga tienen nombres y apellidos. En primer lugar el Gobierno que, con su mayoría absoluta, no puede permitirse el lujo de dejar pasar esta legislatura dejando las cosas como están. En segundo lugar la oposición, que no puede permitirse el lujo de dejar pasar la legislatura sin aportar una iniciativa global al respecto y rechazar además la que presenta el Gobierno. Cierto que Rajoy finalmente anunció que, en caso de que no haya consenso amplio, convertirá las propuestas en medidas legales con la mayoría absoluta que los ciudadanos le han otorgado. Es lo que, en todo caso, debe hacer y que cada cual aguante su vela. Lo intolerable es que finalice la legislatura y, entre unos y otros, quede la casa sin barrer. El pueblo en las próximas elecciones sabrá valorar lo actuado por unos y otros. O, al menos, así debiera hacerlo.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

NACIONALISMO Y POPULISMO EN EUROPA

                        La vertiginosa ascensión del fenómeno Podemos, su transformación en partido político y la proyección positiva que le dan las encuestas, situándolo como segunda o tercera fuerza política en España (e incluso como primera fuerza), ha zarandeado de tal forma la tranquila estrategia alternante del bipartidismo socialista-popular que, hoy por hoy, apenas se habla de otra cosa en las tertulias políticas, como si el fenómeno fuera exclusivo de España o como si fuera algo nuevo en la Historia europea. Pero, al no ser exclusivo de un país, en este caso el nuestro, ni históricamente novedoso, conviene situar el asunto en sus justos términos para entender la dimensión del problema y, obviamente, poder afrontarlo. En efecto, aunque no es cuestión de resignarse con el “mal de muchos, consuelo de tontos”, ni de infravalorar los riesgos que nacionalismos y populismos (dos caras de la misma moneda totalitaria) pueden acarrear en el futuro, sino justo de todo lo contrario, lo cierto es que dichos movimientos, que ya llegaron al mismísimo Parlamento Europeo en los años ochenta para defender ideas opuestas a la integración y que antes, en los años treinta, causaron una de las mayores tragedias de la Historia, preocupan hoy por su ascenso y generalización en toda Europa, convirtiendo el problema en global, no sólo para la UE sino también para el resto de países europeos, y, por lo tanto, su tratamiento requiere una respuesta global de las “democracias liberales” u occidentales, amenazadas conjuntamente. No en vano fueron los populismos nacionalistas quienes siempre estuvieron en el origen de la mayoría de las guerras contemporáneas en Europa y sólo una respuesta europea global y conjunta podrá afrontar con éxito esta nueva amenaza y evitar una nueva escalada bélica antes o después. O Europa sale solidaria y conjuntamente de la crisis, que no es sólo económica, pero sí el mejor caldo de cultivo para vender soluciones fáciles inexistentes para resolver problemas complejos reales, o, por separado, ningún país se libra de esta amenaza desestabilizadora antidemocrática.

            En todo caso, ni España es la excepción, ni las políticas socialistas o conservadoras son la causa. Las opciones totalitarias de extrema derecha o extrema izquierda proliferan con mayor o menor éxito en todos los países europeos al margen de quienes sean o hayan sido las ideologías democráticas que los gobiernan o los han gobernado. El radicalismo ideológico extremo que las inspira, sea de derechas o izquierdas, no busca una alternancia política dentro del sistema democrático establecido, sino la quiebra del mismo para sustituirlo por otro de corte autoritario. Así, desde Francia con el partido ultraderechista FN, primera fuerza política, hasta la tranquila Finlandia con el éxito del derechista Verdaderos Finlandeses (pasando por los variopintos Movimiento 5 Estrellas italiano,  Alternativa por Alemania, Demócratas de Suecia, UKIP británico, Jobbik en Hungría, …. y así sucesivamente), el fenómeno se extiende por doquier y, en algunos lugares, como en Grecia, con bastante éxito tanto para la opción de extrema derecha (Aurora Dorada) como de extrema izquierda (Syriza). En el fondo, con argumentos incluso bien contradictorios, está el rechazo a la UE (tanto si eres país miembro como si no) y la adhesión el totalitarismo frente a las democracias instituidas que consideran caducas, intentando derribarlas no con propuestas de solución viables sino con la negación y descrédito de las clases dirigentes a quienes responsabilizan, al margen de sus respetivas ideologías, de todos los males habidos y por haber, muchas veces, no exentos de razón, provocando algo que pudiera ser positivo como es el despertarlas del letargo que padecen desde hace tiempo, ante la disyuntiva de renovarse o morir por inanición. Y en este contexto de la crisis en Europa, no sólo económica, sino también política y social, en España surge Podemos, al igual que en otros lares, por idénticas razones, han surgido similares opciones. Por tanto, ningún fenómeno paranormal.

            No obstante, simplificar el fenómeno y reducirlo a una sola causa, por importante que sea, es un grave error. Que la militancia anti-UE sea una motivación y la crisis un caldo de cultivo, o que el deterioro del Estado de Bienestar, la soberanía nacional, la inmigración, el paro…o cualquier otro asunto sirva como banderín de enganche, no explican “per se” el fenómeno populista y/o nacionalista. Baste recordar que países como Noruega o Suiza (ajenos a la UE), como Austria (sin crisis y con pleno empleo), como Reino Unido (fuera de la eurozona) o como Finlandia (modelo de bienestar) sufren el fenómeno, con los matices que se quiera, como el resto de países europeos. Más convendría prestar atención, sin menoscabo de la prioridad política de salir de la crisis y generar empleo, a otras cuestiones bastante comunes en esta vieja Europa democrática, en la que los partidos tradicionales, instalados cómodamente en la alternancia, se preocupan sólo por mantener su situación privilegiada mediante estatutos a su favor, saqueo de fondos públicos, prebendas a familiares, amigos o afines ideológicos, incumplimiento de promesas electorales… y otra serie de cosas por el estilo, que provocan un hartazgo popular generalizado de un sistema más parecido a una partitocracia que a una democracia representativa. Y en esto, aunque no sea exclusivamente nuestro, sí que en España nos llevamos la palma, lo que, en parte, explica el vertiginoso ascenso de Podemos.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

CONVENIENCIA O PROCEDENCIA

                        Que las cosas pintan muy mal en España es una percepción realista y no pesimista al extremo de que se tiene la sensación de que las instituciones del Estado actúan más bien por intereses particulares que generales; en definitiva, que buscan lo que a cada uno le conviene al margen de lo que procede. El último espectáculo de esta penosa situación, la gota que colma el vaso, la protagonizan los fiscales con el asunto de la querella a Artur Mas por su actuación en el patético 9-N que, en sí mismo, merecería el repudio generalizado, no por el fondo del asunto (el objetivo soberanista es totalmente legítimo) sino por las formas en que se ha desarrollado (la legalidad debe ser indiscutible y prioritaria). Sin embargo, la dialéctica entre conveniencia política (para unos u otros) y procedencia legal (para todos, como ciudadanos de un Estado de Derecho), en definitiva, la dialéctica entre Política y Justicia, como si fueran elementos contrarios en vez de las dos caras de la misma moneda en un Estado de Derecho, nubla el presente y amenaza al futuro de forma alarmante, perdiendo la perspectiva de que, ni son conceptos contrapuestos, ni de que el ejercicio de los mismos tiene el mismo nivel de prevalencia, ya que sin la prioridad de la aplicación de la Justicia no cabe el ejercicio de la política desde planteamientos democráticos. La insólita discrepancia entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado (institución jerarquizada) como si de dos estados distintos (con marcos legales diferentes) se tratara, pone en evidencia la quiebra definitiva de nuestro modelo de Estado Autonómico e incluso rebasaría lo tolerable en cualquier Estado Federal, al extremo de que, cualquier desenlace del asunto, sea el que sea, supondrá ahora un paso más a favor de quienes se empeñan en liquidar nuestro sistema democrático.

            Las acusaciones recíprocas desde los aledaños del Gobierno de España y desde la Generalitat (así como las de los respectivos partidos que los sostienen) de estar presionando a sus respectivos fiscales, como si todos ellos no fuesen fiscales del Estado Español y defendiesen la misma legalidad, desamparan a los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, privándoles del principio de seguridad jurídica que, reconocido universalmente, se basa en la “certeza del derecho”. Las interesadas críticas del resto de partidos políticos, subiéndose al carro que más conviene a cada uno de ellos, en vez de posicionarse claramente por la prevalencia de la ley, pone en evidencia la miopía política que, en el mejor de los casos, les conduce al pan para hoy y hambre para mañana. La prevalencia de la Ley exige que, al menos, se abra una investigación sobre la actuación, como mínimo sospechosa, de las autoridades de la Generalitat por si fuesen constitutivas de algún tipo de delito que “a priori” parece más que probable. Por tanto, que técnicamente los fiscales catalanes o quien sea, se agarren para no querellarse contra Artur Mas a que el TC no le avisó personal y concretamente de que debía abstenerse de cualquier apoyo público o institucional al 9-N, desautorizado tanto en su versión real como en su sucedáneo, es tanto como admitir que nuestros gobernantes, en este caso Mas, son idiotas de remate y no saben lo que hacen (lo que, en todo caso, no les eximiría de responsabilidad) o que los idiotas somos todos los demás. Sólo así se puede intentar explicar que, tras la expresa desautorización de la farsa del 9-N, pública y notoria, se exima al president de responsabilidad penal porque el TC no le apercibiera de las responsabilidades legales en que incurriría en caso de no respetar la suspensión, que, en todo caso, afectaría sólo al delito de desobediencia y no a otros como malversación de fondos públicos,  prevaricación, usurpación de funciones…

            Someter la legalidad a la conveniencia política supone tal arbitrariedad que pone patas arriba no ya un Estado de Derecho, más o menos autoritario, sino que atenta directamente contra los principios básicos de cualquier sistema democrático. La cuestión por tanto no es que sea o no conveniente salvar a Artur Mas, como se dice en ciertos círculos, y que éste haya traicionado un pacto previo con el PP y el PSOE de “laisser faire, laisser passer” para minimizar la farsa del 9-N y posibilitar una salida airosa para unos u otros, que sería aún peor; la cuestión es que semejante atentado contra el Estado de Derecho, que el común de los mortales percibe sin lugar a dudas, no puede ni debe quedar impune. Y ello exige que la Justicia (con mayúsculas) funcione de una vez por todas. Pero difícilmente puede funcionar si los mecanismos que la ponen en marcha permiten discrepancias, no ya de matiz sino esenciales, no ya durante el desarrollo de un proceso, como a veces sucede, ni entre fiscal y juez en el alcance de los delitos imputados, sino incluso desde los supuestos preliminares para iniciar un proceso mediante la pertinente imputación de supuestos delitos entre los propios fiscales, quienes, se supone, han de velar por el cumplimiento de la legalidad que, obviamente, no puede obtenerse por dos caminos opuestos. Menos aún puede funcionar la Justicia si su indefinición jurídica permitiera, en cualquiera de sus instancias o de sus agentes, determinadas actuaciones y sus contrarias, al amparo de sombras concretas para actuar según la conveniencia en vez de la procedencia de la actuación.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

ESTADO… ¿DE DERECHO O DE DESECHO?

                        Hace exactamente dos años, ante la deriva que iba tomando el quehacer diario de nuestros políticos y gobernantes y una cierta imprecisión que esgrimían algunos acerca de los conceptos de “democracia” y “libertad” y su engranaje dentro del “estado de derecho”, intenté modestamente y a modo de ejercicio pedagógico acotar dichos conceptos en sus justos términos, tal como establecen los politólogos, para que la ciudadanía contase al menos con un planteamiento objetivo y aséptico, desde el punto de vista democrático, frente a los planteamientos ideológicos subjetivos que, sin oposición alguna, se vertían por doquier con claros intereses partidarios que iban calando en la población (Ver “Estado de Derecho, democracia y libertad” en Blog Ojo crítico, http://jcremadesena.blogspot.com.es/, publicado el 10-11-12). Por desgracia, tras dos años, el asunto, en vez de mejorar, ha empeorado sustancialmente como demuestra, entre otras cuestiones, la celebración del 9-N y las reacciones posteriores de gran parte de nuestros líderes políticos, incapaces de delimitar con contundencia lo aceptable e inaceptable, lo admisible e inadmisible, dentro del marco del Estado de Derecho para cualquier ciudadano y, muy especialmente, para quien tiene asignadas responsabilidades gubernamentales del ámbito que sea. Asunto fácil de entender si consideramos que un Estado de Derecho (simplemente en su “acepción formal” o “débil” y a diferencia de dictaduras personales) es el que se rige “por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a una Constitución como fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta”. Si ya en esta acepción “formal”, que no excluye a estados autoritarios, “cualquier poder debe ser conferido por la ley y ejercido en las formas y procedimientos establecidos por ella”, es más fácil de entender aún su acepción “fuerte” o “substantiva” (como es el caso del supuestamente Estado de Derecho español en la actualidad) que además exige que “cualquier poder sea limitado por la ley, que condiciona no sólo sus formas sino también sus contenidos”, que, según los contenidos señalados, excluye obviamente a los estados de derecho autoritarios. En definitiva, al margen de más disquisiciones sobre el Estado de Derecho, la exigencia esencial es, en todo caso, el respeto ineludible al fundamental “principio de legalidad” por el que todo poder público debe ejercerse de acuerdo a la ley vigente y su jurisdicción en vez de a la voluntad de las personas.

            Cuando un Estado se atiene al principio de legalidad las actuaciones de sus poderes están sometidas a la Constitución o Imperio de la Ley, garantía de la seguridad jurídica para todos, condición necesaria para asegurar que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. Es obvio pues que lo acontecido en el 9-N y la actuación de los gobernantes independentistas en nada se ajusta a las del Estado de Derecho, ni en su acepción “formal”, ni en su acepción “substantiva”, pues se trata de una actuación gubernamental por parte de la Generalitat no acorde con la ley y conscientemente contra ella, jactándose incluso de tamaña forma de proceder. Por ello sorprende que los dirigentes de la mayoría de los partidos políticos, a excepción del PP y algún otro minoritario, no hayan hecho piña con el Presidente del Gobierno en la defensa nítida y contundente de los pilares del Estado de Derecho tan claramente vejados. Si, por un lado, hemos de descartar la existencia de un Estado de Dictadura Personal (al menos de momento), que tampoco es el caso, y, por otro, hemos de reconocer que buena parte de nuestros gobernantes actúan al margen del Estado de Derecho, sin que, contra tan agresiva forma de proceder, se levante un clamor unánime por parte de todos los líderes políticos del resto de partidos democráticos, no es descabellado afirmar que estamos ante un Estado de Desecho que amenaza con una inminente ruina a causa de la indefensión a que lo condenan quienes debieran ser sus principales valedores.

Tendrá que ser el pueblo quien al final ponga remedio a semejante situación en las elecciones pertinentes ya que, por encima de cualquier objetivo legítimo para cualquier líder o proyecto político, nada justifica esta conversión torticera de nuestro Estado de Derecho democrático, que tanto nos ha costado consolidar, en un lamentable Estado de Desecho a punto de derrumbarse que nos abocaría a todos los ciudadanos a un futuro lamentable en el que, sin lugar a dudas, resucitarían los viejos fantasmas de un pasado para olvidar salvo en lo que respecta a tenerlo presente como ejemplo de lo que jamás se puede volver a repetir. Sin Estado de Derecho en su acepción “substantiva” la democracia y la libertad son, en el mejor de los casos, una lamentable caricatura de lo que debieran ser, y, en el peor de los casos, una invitación infame al caos y la barbarie que ningún demócrata, al margen de su ideología, puede permitir por acción u omisión, como desgraciadamente está sucediendo en estos últimos tiempos. Y a la vista está que este Estado de Desecho tiene responsables directos e indirectos que, a mi juicio, han de ser desenmascarados para que paguen por ello. ¿O no? Júzguenlo ustedes.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

LA DEMOCRACIA NO SE NEGOCIA, SE EJERCE

                        Sin lugar a dudas hoy es un día muy triste para España (incluida Cataluña obviamente) pues la farsa del 9-N es el más evidente de los síntomas que desde hace tiempo diagnostican la grave dolencia que sufre la democracia española. Pero, siendo grave lo anterior, lo es mucho más el hecho de que nadie haga nada por remediarlo y, muy especialmente, quienes supuestamente tienen el deber de hacerlo, que ni siquiera se atreven a diagnosticarlo de forma clara y concisa. Entre otras cuestiones, no procede pues que Rajoy diga que “mientras sea Presidente nadie romperá la unidad de España”, asunto que, en todo caso, sólo dependería del conjunto de los españoles y no de él. Lo procedente es que, como la integridad del territorio español y su hipotética modificación está regulada democráticamente en la Constitución y en la legalidad vigente que emana de ella, Rajoy, como Presidente del Gobierno, garantice a todos los españoles, incluidos los catalanes, que, mientras sea Presidente, nadie lo hará por cauces distintos a los establecidos democráticamente. Esa es su ineludible obligación, no sólo de palabra sino de obra. Por tanto, tampoco procede que reste trascendencia a la votación ilegal de hoy, diciendo que “ni es un referéndum, ni es una consulta, ni produce efecto alguno” (¡faltaría más!) cuando, teniéndolo prohibido por el Tribunal Constitucional, Artur Mas se burla y desafía al Estado de Derecho, incluso con chulería, afirmando “si la Fiscalía busca un responsable, soy yo”, mientras su socio Junqueras, alardeando del más siniestro nacionalismo totalitario, remata diciendo que “la independencia no se negocia, se ejerce”, que es lo que realmente viene sucediendo “de facto” en Cataluña desde hace tiempo, al desacatar la ley desde la propia Generalitat incluso cuando, ante la duda planteada, ha sido dictada por sentencias judiciales de los tribunales competentes democráticamente instituidos.

            No es la independencia, sino la democracia la que no se negocia, se ejerce. El problema es por tanto que, cuando en un Estado, que disfruta de democracia, como es el caso, ésta no se ejerce, mientras debiera ejercerse con todo rigor, ya nada hay que negociar pues al final, se ejerce no sólo el independentismo, como dice Junqueras, sino el caos, como ratifica la Historia. Un caos que llega al extremo de que Artur Mas, ante una hipotética aplicación estricta de la legalidad vigente para impedir ilegales conductas durante la votación, avisa de que cualquier actuación fuera de lugar sería “un ataque a la democracia”, siendo él quien está fuera de lugar y quien ataca a la democracia descaradamente, incluso de forma ilegal, casi desde que, amparándose en la legalidad vigente que ahora desobedece, fuera investido como President de la Generalitat. Es paradójico que quien probablemente, como dice UPyD en su querella, delinque gravemente (prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones, malversación, delito electoral…) se permita incluso el lujo de acusar de antidemocráticos a quienes intentan, eso sí, tímidamente (ese es el error y de alguna forma lo que pudiera dar cierta verosimilitud a la acusación que les hace Mas), que se respete el orden democrático que obviamente pasa por el respeto y el acatamiento a la ley, como bien sabe el President. Y es paradójico que Rajoy inste a Mas a “recuperar la cordura” para el día después de la afrenta al Estado, hiriendo la inteligencia de todos los españoles, incluidos los catalanes, al calificarla y prácticamente venderla como un “proceso participativo” popular y espontáneo. Como si fuéramos idiotas. Y, por supuesto, es lamentable que otros dirigentes políticos crean aún que los gnomos existen.

            Me parece muy bien que la Fiscalía Superior de Cataluña pregunte a la Generalitat si “ordenó utilizar centros públicos para realizar la consulta”, que pida a Unipost el origen de los listados usados en el buzoneo de propaganda y que haga lo que proceda para estudiar si se incumple la Ley. Pero sería lamentable y peligroso que, al final, todos los demócratas tuviéramos que aceptar pulpo como animal de compañía. No decenas, sino cientos de testimonios (declaraciones, actuaciones impropias,  mentiras y agravios, improperios, amenazas…), ponen en evidencia la gravedad de los hechos y el daño irreparable que se está causando a España, incluida Cataluña. Averiguaciones, las que procedan; contemplaciones o consideraciones improcedentes, las mínimas. Ya se han tenido bastantes. No es cuestión de que Mas y su gobierno recupere o no la cordura; es cuestión de que responda por todas las locuras que ha cometido y sigue cometiendo hasta la fecha, indignas todas ellas de un gobernante democrático, cuya obligación principal es respetar y hacer respetar la legalidad vigente. Mas, como persona e incluso como político, tiene todo el derecho, ¡faltaría más!, a actuar en pro de que Cataluña pueda convertirse, aunque nunca lo haya sido, en un Estado independiente, pero como gobernante está obligado a actuar con honestidad y lealtad al Estado al que representa sin transgredir su marco jurídico vigente. El Estado, por su parte, no sólo ha de exigirle la observancia de dicha conducta, sino además las responsabilidades pertinentes en caso contrario. En eso consiste ejercer la democracia, que en ningún caso se negocia.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

BARÓMETRO DEL CIS, NI TANTO NI TAN CALVO

                        Acostumbrados ya en España a tratar los asuntos con un dramatismo inadecuado y subjetivo en vez de con una preocupación adecuada y objetiva que, en todo caso, facilite la búsqueda de soluciones en vez de generar alarmas, que en nada favorecen análisis objetivos, es casi normal que la publicación de los resultados del barómetro del CIS haya levantado ampollas, cuando ni causa excesiva sorpresa, desde que apareciera el fenómeno Podemos (entonces sí), ni augura fenómenos apocalípticos, ni nada por el estilo. Conviene por tanto hacer un análisis tranquilo de los datos y del progreso de los mismos para entender que, salvo la consolidación de Podemos como otro partido más dentro del sistema (por importante que sea su peso político e inesperada su irrupción en el escenario electoral) y a la espera de lo que pueda ser su programa político de gobierno, ningún cataclismo futuro se avecina y, pasado el tsunami, las aguas volverán a su cauce, aunque los partidos tradicionales tengan que bañarse en ellas con muchas más precauciones de las que estaban habituados. Por tanto, ante los exabruptos sobre el último barómetro del CIS, ni tanto ni tan calvo como unos u otros lo quieren presentar de forma indecentemente interesada. Aprovechando la confusión entre “intención de voto directo” (que da como más votado a Podemos con el 17´6%, seguido de PSOE con el 14´3% y PP con el 11%) y “estimación de voto” (que da como más votado al PP con el 27´5%, seguido del PSOE con el 23´9% y Podemos con el 22´5%) cabe todo tipo de conclusiones especulativas, que tanto gustan en las tertulias televisivas tendenciosas en cualquier dirección con moderadores que, llevando el ascua a su sardina, apenas dejan hablar a los que no opinan como ellos, siempre minoritarios, y participan descaradamente en el debate a favor de los suyos prevaliéndose de su privilegiada situación.

            Ni tanto, ni tan calvo, cuando, a lo sumo, la única conclusión medianamente válida es que, en caso de que el resultado del barómetro se aproxime al electoral en su momento y a más de un año vista, ningún partido obtendría una mayoría holgada para gobernar en solitario, obligando a posteriores acuerdos de gobernabilidad. Algo, por otra parte, bastante habitual en la mayoría de países de la UE. Conclusión lógica teniendo en cuenta la situación de crisis política, ética, económica, social e institucional por la que estamos atravesando, en la que tiene sentido el desapego a los partidos tradicionales que más responsabilidades tuvieron y especialmente al que gobierna, así como la ascensión de opciones populistas virginales que basan su oferta en soluciones fáciles inexistentes para los problemas complejos. Por tanto, normal el descenso del PP, no tanto el del PSOE, aunque por fin acerca distancias con Pedro Sánchez, así como el batacazo de IU y UPyD ante la lógica ascensión de Podemos. Basta echar un vistazo a Grecia, Italia, Francia e incluso Alemania, entre el resto de países europeos, para entender que nada extraordinario sucede en España, salvo ese plus de preocupación para hacer, si es posible, las cosas mucho mejor.

            La mejor forma de entender la cuestión es comparar el barómetro del CIS de hace justo un año, con el de julio de 2014 en que aparece Podemos, tras su éxito en las Europeas, y con el que se acaba de publicar, que tanta alarma ha generado. Con datos sobre “estimación de voto” más fiable que el del cabreo momentáneo de “intención de voto directo”, los resultados sucesivos en % de votos de los principales partidos de ámbito nacional han sido: PP, 34, 30 y 27´5 (clara tendencia a la baja); PSOE, 26´8, 21´2 y 23´9 (recuperación tras la debacle); Podemos, 15´3 y 22´5 (ascenso vertiginoso, en octubre de 2013 ni existía); IU, 11´3, 8´2 y 4´8 (caída en picado tras aparecer Podemos); y UPyD, 7´7, 5´9 y 4´1 (deterioro progresivo tras aparecer Podemos y Ciutadans). A partir de dichos datos objetivos se pueden hacer las combinaciones que se quieran, pero la realidad es que, perdida desde hace un año la mayoría absoluta del PP (44´63% de votos en 2011), que hoy seguiría ganando las elecciones, ningún otro partido supera a día de hoy sus porcentajes obtenidos en las últimas generales (PSOE, 28´76%; IU, 6´92%; y UPyD, 4´7%), abortando cualquier alternativa de gobierno tranquila, máxime cuando Podemos, el partido emergente que con su vertiginoso ascenso ha cortado de cuajo el previsible aumento de los tradicionales partidos de la izquierda democrática, está bastante lejos de ganar por mayoría absoluta y manifiesta abiertamente su objetivo antisistema, que dificulta, salvo que se conviertan en suicidas, un acuerdo sensato con buena parte de los partidos de la oposición, a quienes califica sin escrúpulos como instrumentos de la ”casta” al servicio del capitalismo universal.

            Salvo este mazazo a la izquierda por parte de Podemos, que sus líderes definen como desideologizado, ni de izquierdas ni de derechas, términos superados según ellos (sólo les falta decir como antaño que no hay que hacer política), nada catastrófico, salvo los aprietos postelectorales que algunos tendrán que pasar, aunque siempre cabe decantarse porque nos jubilemos a los sesenta años, tengamos una paga por el mero hecho de ser españoles, nos quedemos libres de la deuda pública, encontremos todos un trabajo digno y bien remunerado, vivienda a precio de saldo y, en definitiva, seamos tan felices como en esa hipotética Cataluña independiente que promete Artur Mas. ¡Qué más Podemos pedir!

                                   

Fdo. Jorge Cremades Sena