sábado, 21 de noviembre de 2015

SECURITÉ



                        Desde hace algún tiempo y especialmente desde los últimos atentados terroristas en París se ha generado en toda Europa un debate sobre la seguridad que, por razones obvias, está liderando Francia, tocándole a un gobierno socialista afrontar con crudeza semejante necesidad. En efecto el país de la “liberté, egalité et fraternité” se ve obligado, por el bien de su ciudadanía, que lo respalda de forma sustancialmente mayoritaria, a añadir el concepto de “securité”. La Asamblea Nacional francesa casi unánimemente prolonga, por razones de seguridad, hasta tres meses el Estado de Emergencia decretado por el Presidente Hollande tras los sangrientos atentados en la capital, requisito indispensable para validar en dicho país la prolongación de la emergencia más allá de doce días. Además en el texto aprobado hay una serie de medidas modernizadoras de la ley de “estado de emergencia” para adaptarla a las necesidades y nuevos retos actuales. En definitiva, por razones de seguridad, quedan suspendidas determinadas libertades, dotando de determinadas competencias al Ejecutivo, totalmente legales y democráticas, para prevenir y perseguir más eficazmente el terrorismo. Por tanto, mientras dure el estado de emergencia, que todos los Estados Democráticos contemplan en su marco legal para situaciones de excepcionalidad, en el país de la “liberté, egalité et fraternité”, pero también de la “securité” (sin ésta, las demás no existen), podrá haber, entre otras medidas, registros domiciliarios sin necesidad de orden judicial, arrestos domiciliarios de quienes se consideren una amenaza a la seguridad, quitar pasaporte a ciudadanos “peligrosos” con doble nacionalidad, declarar ilegales determinadas concentraciones públicas, restringir la circulación de personas y vehículos en cualquier zona ante una amenaza, bloquear desde el Ejecutivo páginas web o redes sociales apologéticas del terrorismo, poner brazaletes electrónicos a quienes hayan cumplido condenas por terrorismo, copiar datos domiciliarios durante los registros policiales a domicilios…… Medidas, todas ellas, que, salvo las lógicas molestias y errores, si se aplican en su justa y razonable medida (en caso contrario hay que tener presente que el Ejecutivo habrá de responder de su responsabilidad), sólo han de temer quienes tienen algo que ocultar. Así lo entiende la inmensa mayoría de ciudadanos que, obviamente, son honrados.
            El Estado de Emergencia es una medida democrática que pueden adoptar los gobiernos en circunstancias o situaciones excepcionales como la perturbación de la paz o del orden interno de un Estado, por razones de origen diverso, que afectan e impiden la vida normal de un país, región o comunidad, por lo que, durante su vigencia, el gobierno se reserva el derecho de poder restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos, al extremo de que, si fuera necesario, hasta las fuerzas armadas del país podrían asumir, con absoluta legalidad democrática (no hay que olvidar el importante papel de validación de las pertinentes asambleas legislativas que representan la soberanía popular), el control de orden interno. Por tanto, ante las tentaciones de tergiversarlo todo por parte de algunos y como aviso a navegantes (la amenaza terrorista no es sólo a Francia) conviene tener bien claro que, en todo caso, el estado de emergencia es una figura perfectamente democrática que, por ejemplo, en España está recogida en sus diversas variables en el art. 116 de la Constitución. ¡Menos mal que no ha sido España quien ha tenido que inaugurar la puesta en marcha del estado de emergencia, pues seguro que, conociendo el paño, la reacción de nuestros políticos no sería equiparable a la madurez y sensatez con la que los políticos franceses han afrontado el asunto!
            Por tanto en este estéril debate entre seguridad y libertad (ambos principios forman o deben formar parte indisoluble de un todo en dosis de equilibrio renovado, renovable y adaptable, según las circunstancias), adobado malintencionadamente con maniqueos planteamientos ideológicos para deteriorar al gobierno de turno al que le toca plantear el estado de emergencia, majadería que, ya ven, en Francia no se ha hecho, sólo debiera limitarse, para no incurrir en irresponsabilidad política, a si las circunstancias de excepcionalidad, perturbadoras de la vida normal, son lo suficientemente graves como para avalar tan excepcional medida, apreciación que, en todo caso, pertenece al ámbito de la subjetividad y que en Francia se ha considerado suficiente la gravedad para que el gobierno tome dicha medida y, si alguna opción política, no lo considerase, debiera, al menos, apechugar con las consecuencias de todo tipo que pudieran derivarse de su posicionamiento más permisivo y menos agresivo contra los hipotéticos terroristas, posición tan democrática como la del gobierno. Lo intolerable, lo absurdo y lo irresponsable es acusar a quienes son más cautelosos a la hora de prevenir nuevos atentados de antidemocráticos y violentos, como algunos suelen hacer con el torticero objetivo de ventajas electorales. Hay que tener en cuenta que el enemigo de los ciudadanos no es el gobierno democrático, sino quienes practican los atentados y la violencia, generando una inseguridad que hace imposible la convivencia en paz y libertad.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 14 de noviembre de 2015

EMERGENCIA EN FRANCIA, ALERTA EN EUROPA



                        Que el yihadismo ha declarado la guerra a Europa es ya indiscutible y quien prefiera llevarse a engaño que apechugue después con las consecuencias que, al final, pagaremos todos. La llamada cultura occidental, nuestra forma de ver la vida y de vivir, nuestro sistema democrático, nuestras libertades, nuestro sentido de la igualdad entre hombres y mujeres, así como de la no discriminación por razón de raza, nacimiento, creencia o cualquier otra diferencia, nuestro sistema político-económico y nuestras relaciones socio-laborales y productivas, así como tantos otros aspectos de la llamada cultura occidental, la que ha generado mayores cotas de progreso económico, paz, bienestar y libertad en todo el Planeta está amenazada de muerte. Y la última batalla de esta declarada guerra sangrienta e irracional, si es que alguna guerra puede llamarse racional, se acaba de librar en París, la capital francesa, con un saldo de más de ciento veinte muertos inocentes y el doble de heridos, algunos de ellos de extrema gravedad, mientras disfrutaban de sus horas de asueto en varios lugares de diversión del centro de la ciudad. Una cadena de atentados, protagonizados por menos de una decena de kamikaces, dispuestos a inmolarse al grito de “Alá es grande” (supongo que al mismísimo Alá se le helará la sangre al contemplar tan horrendos comportamientos) siembra de cadáveres y heridos el centro de París a tiro limpio y con explosivos, incluso adosados a sus cuerpos, desencadenando el terror más sangriento entre los parisinos y la repulsa internacional de los ciudadanos bien nacidos en cualquier lugar del mundo. Incluso el mismísimo Hollande ha tenido que ser evacuado de un estadio de fútbol, después de varias explosiones cerca del mismo, para reunir a su gabinete de crisis y decretar el estado de emergencia en Francia, desplegar al Ejército y cerrar las fronteras del país, mientras España, amenazada igualmente por los yihadistas, como el resto de Europa, ya en alerta, incluso estudia hoy mismo subir el nivel de la misma y decretar la “alerta máxima” al menos en determinados supuestos. Hollande llama a la sociedad a “mantener la grandeza de Francia para derrotar al terrorismo” mientras se hace urgente que el resto de mandatarios europeos hagan idéntica llamada a sus respectivas sociedades y entre todos ellos, incluidos los estados extra-europeos que forman parte de la llamada “civilización occidental”, inciten a sus pueblos a defenderla con uñas y dientes de la sangrienta agresión que está sufriendo, cultivada impunemente incluso dentro de sus propios territorios. Es un grave asunto de mera supervivencia.
            Y mientras Washington afirma que un misil, durante un ataque de EEUU y Reino Unido contra el corazón del yihadismo, ha pulverizado el coche en el que viajaba el principal verdugo del Estado Islámico, quien, por cierto ha reivindicado la autoría del atentado de Paris y ha reiterado las amenazas directas a varios países europeos, en esta Europa en alerta Ángela Merkel se encuentra asediada por sus socios a causa de la política de refugiados. Asimismo, en esta Europa en alerta, los soberanistas catalanes llaman a la desobediencia en la calle, mientras que, según el CIS catalán, independentistas y radicales ganan terreno en Cataluña (encuesta realizada antes del Golpe de Estado diseñado por el Parlament), aunque los no independentistas siguen ganando por la mínima, lo que demuestra, una vez más, la fractura social de la sociedad catalana. Y en esta Europa en alerta la improvisación de Carmena, la alcaldesa de Madrid, al prohibir aparcar en el centro de la ciudad, cuyas restricciones al tráfico logran reducir en un 80% los aparcamientos, desata el caos entre los madrileños que aprenden a vivir contra la contaminación atmosférica, otra amenaza que sufren las grandes ciudades de Europa.  
            Si hoy todos los demócratas europeos nos sentimos franceses y nos solidarizamos con ellos en el dolor, mientras esperamos qué otro pueblo será el siguiente en sufrir directamente los efectos de esta amenaza, que es a todos nosotros, ni hoy ni mañana nos podemos permitir el lujo de olvidar que esta Europa en plena crisis de valores y, precisamente por ello, en plena efervescencia de extremismos religiosos, radicalismos y populismos políticos, totalitarismos nacionalistas y amenazas medioambientales preocupantes, en definitiva, esta vieja Europa decadente, se conduce inevitablemente en esta guerra contra tantos enemigos, salvo que entre todos seamos capaces de cambiar el rumbo, de derrota en derrota, como la de hoy en París, hasta la victoria final. El problema, el verdadero problema es que, si no reaccionamos a tiempo, las soluciones por generación espontánea no existen, ni pueden por tanto cambiar el rumbo de este devenir histórico tan poco esperanzador.
Jorge Cremades Sena

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

martes, 10 de noviembre de 2015

CATALUÑA, YA NO CABEN MEDIAS TINTAS



                        Lo sucedido en el Parlament de Cataluña es de tamaña gravedad que ya no caben medias tintas a la hora de posicionarse: o estás a favor del golpe de Estado de los independentistas catalanes o estás a favor del Estado de Derecho. Si desde hace tiempo se veía venir tan caótica situación y nadie hacía lo suficiente para evitarlo (entre todos la mataron y ella sola se murió), ahora, ya no caben reproches, ni golpes de pecho, ni amaños impresentables, ni equidistancias intolerables, ni razonamientos lógicos, ni concesiones estúpidas para tener la fiesta en paz, ni tolerar lo intolerable en actos ilegales de tono menor, ni cálculos políticos electorales, ni promesas sobre encajes territoriales… ni nada de nada. Ahora sólo cabe permitir que se imponga la razón de la fuerza, apoyando el totalitario planteamiento de Romeva, que dice “esto ya no se puede parar”, o luchar para que triunfe la fuerza de la razón, apoyando el democrático planteamiento de Rajoy, que dice “el Gobierno no permitirá que esto continúe”; en definitiva, que se imponga el totalitarismo o que se consolide la democracia, que triunfen los liberticidas o los demócratas. España, como en otros muchos episodios a lo largo de su larga historia, enfrenta un nuevo reto fascista (en sentido amplio del término), ya que un grupo de personas, al margen de la ley, pretende, sí o sí, imponer su santa voluntad a la inmensa mayoría de españoles que, civilizadamente, respetando la legalidad vigente, esperan que sus derechos y libertades no sean vilmente atropellados como en otros momentos históricos de infausto recuerdo. Y para salir de semejante atolladero se requiere un apoyo unánime y sin fisuras por parte de todos los partidos democráticos e instituciones políticas y sociales al Presidente del Gobierno, cuando dice, de forma exquisita, “utilizaremos sólo la Ley, pero toda la Ley; sólo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho; sólo la Democracia, pero toda la fuerza de la Democracia”. El intolerable desafío de los independentistas totalitarios no es ni al Gobierno español de turno, ni a este o aquel partido político, ni a esta o aquella ideología (prueba de ello es la amalgama ideológica, desde la derecha a la izquierda radical, incluyendo a los antisistema, que fervorosamente ha aprobado el ilegal secesionismo unilateral en el Parlament), sino que es un desafío a España, incluida Cataluña, y a todos los españoles, incluidos los catalanes. Y somos todos, con el Gobierno a la cabeza, quienes hemos de evitar y derrotar tan repugnante desafío.
            Por tanto todo el mundo, al margen de la ideología democrática que tenga, debe tener presente que la advertencia del Presidente del Gobierno de utilizar sólo la Ley, el Estado de Derecho y la Democracia, límites que, a diferencia de lo que hacen los totalitarios, jamás se han de rebasar, pero utilizadas en toda su dimensión, requiere, a diferencia de lo que viene pasando, desembarazarse de todo tipo de complejos, ya que, precisamente para protegerse de los liberticidas, la democracia dota al Estado de Derecho de mecanismos legales suficientes, incluida la fuerza y el uso de las armas si fuese preciso, para someter a quienes tienen como objetivo y actúan al efecto para subvertir el orden constitucional como es el caso. Todo ello en consonancia  progresiva y proporcional al nivel de desacato y desobediencia que en cada momento utilicen los rebeldes. En definitiva, al Gobierno no debe temblarle el pulso a la hora de tomar duras decisiones contra los independentistas totalitarios, sobre quienes ha de recaer todo el peso de la Ley, que, sí o sí, han de cumplir como el resto de ciudadanos y, en caso contrario, si se negaran a ello, apechugar a rajatabla con las pertinentes sanciones que les impongan los pertinentes tribunales. Y la mejor fórmula para que a ningún gobierno le tiemble la mano en trance tan grave es contar con el respaldo de toda la ciudadanía para afrontar dicho asunto.
            Que habrá que coordinar con la oposición las medidas a tomar en cada momento, sin duda. Que habrá que informar de ellas de forma fluida a la ciudadanía, por supuesto. Y que habrá que hacer una labor de pedagogía política para que todo el mundo las entienda, frente al victimismo y acusaciones demagógicas que utilizarán los rebeldes, desde luego. Pero nada, absolutamente nada, debe desviar la atención a la hora de apoyar, por dura que sea, cualquier medida legal en favor del mantenimiento de las libertades y los derechos que los españoles nos hemos dado para convivir en paz. No en vano si, como dice Rajoy, la resolución del Parlament es una “inaceptable vía de hecho que dinamita la Constitución”, evitar semejante atentado al edificio constitucional requiere aplicar con contundencia una “urgente vía de derecho sin contemplación alguna”, que diría cualquier demócrata que se precie.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 3 de noviembre de 2015

SEGUNDOS PACTOS DE LA MONCLOA



                        En 1977, en plena Transición, tan denostada por algunos últimamente, se firmaron en el Palacio de La Moncloa dos acuerdos, uno económico y otro político-jurídico, conocidos como “Pactos de La Moncloa”, entre el Gobierno de España en la Legislatura Constituyente, presidido por Adolfo Suárez, y los principales partidos políticos con representación parlamentaria, con el apoyo de las asociaciones empresariales y el sindicato CCOO (salvo algunas de sus secciones sindicales) y el rechazo de CNT y UGT, aunque éste último finalmente acabó firmándolos. Eran tiempos duros y difíciles en que España no sólo estaba sumida en la ruina económica, sino además amenazada seriamente por fuerzas totalitarias que se resistían al proceso democratizador que deseaba la inmensa mayoría de los españoles. El objetivo (además de contener la ruina económica) era simplemente, y nada menos a la vez, que afianzar la estabilización de un difícil proceso de transición al sistema democrático. Hoy, casi cuarenta años después en los que los españoles hemos vivido el mejor periodo histórico de una España positivamente transformada en todos los sentidos gracias a aquel acierto histórico, España, también en plena crisis económica, de la que intentamos salir con grandes sacrificios, se encuentra de nuevo seriamente amenazada por fuerzas totalitarias con idéntico objetivo liberticida; entonces, para impedir la consolidación de la democracia, hoy, ya consolidada, para acabar con ella, burlando la legalidad constitucional que, en vano, intentaron abortar para que los españoles siguiéramos siendo súbditos en vez de ciudadanos. Si entonces los liberticidas, minoría de españoles por poderosos y ruidosos que fueran, quedaron al margen del proceso democratizador, tengo la certeza de que hoy la inmensa mayoría de españoles apuesta decididamente por conservar y afianzar el sistema democrático, garantía de convivencia en paz y libertad, por lo que, ante las serias amenazas liberticidas, se requiere una especie de Segundos Pactos de La Moncloa que disipen, de una vez por todas, como entonces, la materialización de cualquier tentación minoritaria de imponer el totalitarismo como práctica política para consolidar cualquier proyecto de futuro. La Constitución surgida entonces gracias a aquel consenso democrático es inevitablemente la línea roja que nadie puede traspasar, por lo que actuar al margen de la legalidad democrática emanada de ella supone un verdadero golpe de Estado y requiere que toda la ciudadanía, al igual que entonces y posteriormente en el fallido golpe de Tejero en 1981, cierre filas sin fisura alguna, exigiendo a las autoridades pertinentes y apoyándolas para que obliguen de forma contundente el cumplimiento de la legalidad y hagan recaer todo el peso de la misma en quienes no lo hicieren.
            Este y no otro es el objetivo de la ronda de consultas, precisamente en La Moncloa, del Presidente del Gobierno con los líderes de los diversos partidos políticos para cerrar filas, sin fisuras, contra el golpe de Estado que pretenden ya formalmente los independentistas catalanes, imponiendo desde el mismísimo gobierno autónomo (asunto doblemente de inmensa gravedad) la independencia unilateral de Cataluña mediante la usurpación de la soberanía al conjunto del pueblo español y, obviamente, al margen de la legalidad constitucional. Se trata, en definitiva, de la búsqueda de un “pacto por España”, como propone Albert Rivera y está dispuesto a suscribir Rajoy, en defensa como mínimo de lo “sustancial” como es la unidad de España, la soberanía nacional y la obligación de cumplir las leyes. Un pacto que, como garantía de futuro, además “prohíba” gobernar con el apoyo de “quienes quieren romper” el país. Unos acuerdos que, como una especie de Segundos Pactos de la Moncloa, que hoy España necesita, firmados ante luz y taquígrafos, destierren cualquier atisbo de duda de colaboración o condescendencia con los totalitarismos del signo que sean, objetivo que ha de estar siempre por encima de cualquier legítimo interés partidario electoralista.
            Pero si pactos de esta índole requieren, como en el 77, gran altura de miras y una enorme talla política en los líderes políticos, como sucedió entonces, me temo que estamos bien lejos de consolidar aquel mágico consenso. De entrada, Pedro Sánchez, que coincide con Rivera y Rajoy “en la defensa de la Constitución y las leyes democráticas” (¡faltaría más!), no cree necesario rubricar el “Pacto por España” que propone Rivera. Y Pablo Iglesias directamente se autoexcluye de cualquier acuerdo respondiendo a la propuesta de Rajoy que “no estamos de acuerdo en casi nada”, instándole a convocar dos referéndums (uno en Cataluña y otro en el resto de España) y calificando el intento de consenso en defensa de la democracia como “un búnker antisecesionista”. Ya ven, con semejantes mimbres el cesto de la democracia española seguirá derramándose por todas partes. De firmar un pacto, nada de nada. De prohibir transfuguismos y pactos políticos antinatura, menos aún. A lo sumo, y no por parte de todos, una defensa de la Constitución, pero sólo de palabra…. Y, ya saben, las palabras se las lleva el viento.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena