GUERRAS MALAS Y BUENAS

            Cualquier persona medianamente sensata y honesta entiende y defiende que la guerra, cualquier guerra, es intrínsecamente perversa pues supone el fracaso del entendimiento con la intención de imponer el triunfo de la fuerza sobre la razón, de la violencia sobre la paz y de la opresión sobre la libertad. Sólo desde la insensatez y la deshonestidad, junto a una buena dosis de hipocresía, se puede defender la existencia de guerras malas y buenas para justificar el rechazo o apoyo a las mismas y la participación o no en ellas. Máxime si dicha justificación, en uno u otro sentido, la hacen personas dedicadas a la política y de forma oportunista, según estén gobernando o en la oposición, lo que añade un plus de incoherencia e irresponsabilidad. Ni los españoles tenemos que estar avergonzados por participar en la guerra de Irak, ni orgullosos por hacerlo en la de Libia; dos conflictos con bastantes similitudes. Lo que sí ha de preocuparnos es que algunos dirigentes políticos así nos lo quieran hacer ver entre el aplauso incomprensible o el indecente silencio de sus seguidores de piñón fijo. Dirigentes y seguidores que, bajo el grito de “no a la guerra”, tacharon de asesino a Aznar por intervenir en Irak y ahora aplauden a Zapatero por hacerlo en Libia cambiando cínicamente su ingenuo o falso discurso pacifista que ningún gobernante con los pies en el suelo puede sostener a ultranza en un mundo globalizado y dominado por intereses económicos. Es más honesto reconocer que, desgraciadamente, las guerras existen y, a veces, es inevitable participar en ellas por diversas cuestiones (seguridad, solidaridad con tus aliados, defensa de derechos humanos, intereses económicos, etc) sin que ello te convierta en un peligroso asesino.

            Desde esta perspectiva cabe preguntarse ¿por qué fue perverso intervenir en Irak y benéfico hacerlo en Libia? ¿No han masacrado a sus respectivos pueblos sus respectivos dictadores? ¿Es que la vida de un iraquí vale menos que la de un libio o es el petróleo el que tiene distinto valor? Es indecente utilizar dos varas diferentes de medir para valorar actuaciones similares y justificarlo por razones simplemente formales. Es hipócrita ocultar a la opinión pública los verdaderos motivos que, en uno y otro caso, sustentan la intervención. Tanto monta, monta tanto Gadafi como Sadam. Ambos tienen un historial abominable de terror a sus espaldas; ambos, en distintos periodos, fueron denostados o apoyados por la “democrática” civilización occidental y por las distintas organizaciones internacionales; ambos se saltaron a la torera diferentes resoluciones de la ONU mientras los gobernantes que la integran miraban hacia otro lado; y ambos tienen grandes cantidades de petróleo que necesitan los países desarrollados, entre ellos, el nuestro. En definitiva, ambos son un producto consolidado a imagen y semejanza de nuestros intereses económicos y estratégicos. Basarse en la resolución de la ONU –que jamás se opuso a la intervención en Irak y la apoyó “a posteriori”- para dar visos de legalidad a la intervención en Libia y justificar la no intervención en Irak es sencillamente deplorable. No existen guerras legales o ilegales; menos aún si el certificado de la garantía de legalidad ha de emitirlo una trasnochada organización, antidemocrática e inoperante, que está al servicio de los intereses de las potencias mundiales con derecho a veto, cuyos aliados, como nosotros, somos simples marionetas movidas a su antojo. Esta es la triste realidad que deja lo que debiera ser el fondo de la cuestión –la defensa de los derechos humanos- como una mera receta estética para que algunos incluso puedan lavar sus podridas conciencias.

            A pesar de todo y así las cosas, guste o no, bienvenida sea la intervención –tanto en Libia como en Irak- si con ello, de momento, se pone freno a la barbarie que sufren ambos pueblos –y otros muchos en los que jamás se interviene- a manos de aquellos que, hasta hace bien poco, eran amigos de quienes ahora les condenan y atacan. Bienvenida la intervención aunque la liberación de dichos pueblos no sea el motor que les mueve a intervenir. Las fotos de las Azores y las de los distintos gobernantes democráticos con estos dictadores son, al fin y al cabo, las dos caras de una misma moneda, ambas forman parte de la misma farsa. La ilusionada imagen del pueblo libio en la plaza de Bengasi, acosado por las armas de Gadafi –compradas a sus ahora enemigos- mientras cómodamente los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU discutían la concesión o no del certificado de calidad de la intervención, es el patético reflejo de cómo se ven las cosas desde ambas orillas. Desde la nuestra incluso algunos podrán permitirse el lujo de seguir declarándose pacifistas. ¡Qué bien, la guerra es legal! La coartada es perfecta. También es legal comerciar con el déspota Gadafi, seguir llenando sus arcas para que pueda seguir comprando nuestras armas –y nosotros su petróleo-, incluso mientras bombardeamos su territorio. No hay que descuidar el negocio ni un solo instante. “La pela es la pela” que diría un catalán. Sin embargo ¿cómo verán nuestra actuación, tanto libios como iraquíes, desde la otra orilla? ¿La verán como buena y legal o como mala e ilegal? No me refería a la intervención en las respectivas guerras sino a mirar para otro lado y colaborar con el opresor de turno durante tanto tiempo. Los españoles –al menos los de cierta edad- tenemos la respuesta fácil, sólo hemos de responder a una pregunta más fácil todavía: ¿cómo lo vimos nosotros cuando estuvimos en la otra orilla?

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

MALAYA, GÜRTEL, ERES. . .LA VERGÜENZA NACIONAL

            En plena proclamación de listas de candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales salta a la opinión pública el escándalo de corrupción de los EREs en Andalucía que, junto a los casos Malaya y Gürtel –y a otros muchos de menor trascendencia- conforman la mayor vergüenza nacional, la corrupción política. Sólo con los citados casos quedan implicadas las principales opciones políticas –independientes, populares y socialistas- que, en breve, nos pedirán el voto. Después, cada uno a lo suyo. Cuatro años más en las poltronas sin que los partidos que los auparon hagan nada para erradicar sus sinvergonzonerías. ¿Cómo van a fiarse de ellos fuera de nuestras fronteras? ¿Cómo vamos a fiarnos y votarlos? Un verdadero problema de credibilidad como país para nuestros vecinos y un auténtico problemón de higiene democrática para nuestras instituciones que quedan bajo sospecha. En estas condiciones se hace muy difícil –si no imposible- cambiar el necesario rumbo para resolver el resto de graves problemas que padecemos los españoles, cuya solución requiere, entre otras cosas, grandes dosis de confianza en la capacidad de los gobernantes, en su inmaculada honradez y en su coherencia a la hora de cumplir lo que prometieron en las respectivas campañas electorales. O su dimisión “ipso facto” en caso contrario.

            Lo improcedente es justificar tamañas fechorías refugiándose políticamente en la presunción de inocencia, minimizándolas según su alcance, suavizándolas según la mayor gravedad de las que cometen los contrarios o escondiéndolas bajo el disfraz del desconocimiento. Es lo que hacen todos cuando las fechorías salen a la luz. Para poner fin a esta lacra lo procedente es la tolerancia cero por parte de los partidos políticos que, urgentemente, deben tomar medidas internas y hacer propuestas en el ámbito jurídico, para que inmediatamente sean expulsados de la política quienes cometan el más mínimo acto de corrupción y apartados del cargo partidario o institucional, por incompetentes, quienes aleguen desconocimiento sobre las actuaciones perniciosas de aquellos que nombraron para gestionar el correspondiente departamento que dirigen. Por ello, no es de recibo que Chavez reste importancia al caso EREs diciendo que “sólo hay cuatro o cinco” implicados del PSOE, ya que no tenía que haber ninguno; que diga “nosotros colaboramos con la justicia, lo que no hace el PP”, ya que no vale que los otros sean aún peores; o que se abstenga de opinar sobre la negativa de la Junta a crear una comisión de investigación porque “no soy ya presidente de la Junta” ya que detenta un alto cargo como vicepresidente del gobierno y como tal debiera opinar al respecto. No es de recibo que minimice los hechos diciendo que las políticas públicas de la Junta sirvieron para “salvar más de 25.000 puestos de trabajo” -¡faltaría más!, para eso estaban los fondos y no para lucrar a quienes no habían trabajado-  y que concluya, sin hacer mención a las responsabilidades políticas, diciendo “Y si alguien ha cometido una irregularidad, que la Justicia caiga sobre ellos” –, sólo faltaba que no lo hiciera. Seguramente le consuela que hasta ahora, según él, “no hay ningún consejero implicado” y de los altos cargos “sólo hay un ex-director general”. ¡Qué lástima que los consejeros, nombrados por él, no se enteraban de lo que estaba pasando! Él, y su sucesor, Griñán, por lo visto, tampoco.

            Entretanto aparecen noticias como “Un ex-militante socialista cobró 112.000 euros sin haber trabajado jamás en Mercasevilla”, “dos cuñados de Antonio Rivas, ex-delegado de empleo en Sevilla están prejubilados en las empresas Intersur y Surcolor, en las que nunca trabajaron” o “el ex-consejero de empleo de Andalucía aprobó un ERE en la empresa en que trabajaba, una ayuda extra de 17 millones de euros, que incluye una póliza de casi 400.000 euros a su nombre”. ¡Menos mal que este último, al menos, trabajaba!. Así vamos conociendo que los EREs irregulares –denominados por la Junta como “presunta discordancia”-, incluyen de momento unos 70 presuntos prejubilados falsos, en un país con un grave problema de desempleo en el que, los que encuentran trabajo, necesitan cotizar más de treinta años para alcanzar una pensión medianamente decente. Anteriormente hemos tenido que soportar indignados otro sinfín de noticias vergonzosas sobre Roldán, Ibercorp, Filesa, Afinsa, Gescartera, Malaya, Gürtel, Pretoria, Palma Arena… Una vergüenza nacional que algunos valoran –según las memorias de la Fiscalía Anticorrupción y otros procedimientos abiertos- en un fraude de más de 4.000 millones de euros sólo en 28 casos y en los últimos diez años. ¿Merecen los españoles ser gobernados por semejantes sinvergüenzas o incompetentes? Esta es la cuestión.

            Lo más triste de todo es que, como la corrupción afecta a todos los partidos en mayor o menor grado, sus dirigentes políticos quedan invalidados, aunque lo hagan, para exigir honradez a los contrarios. Sus respectivas peticiones de dimisión son un sarcasmo, cuando no les importa obligarnos, con todo descaro, a tener que elegir candidatos presuntamente corruptos por acción u omisión, amparándose en este laberinto democrático en el que nos han metido. Una actitud intolerable. El botín escondido en el palacio del depuesto dictador tunecino, Ben Alí, es aún peor; pero ello no puede llevarnos a la resignación, en otros países hay ministros que dimiten, aunque sea con reticencias, por haber plagiado su tesis doctoral. Es la otra posibilidad, pero tendremos que esforzarnos para exigirla; por ejemplo, votando masivamente a un nuevo partido que en su programa sea valiente para hacer propuestas en dicha dirección. Los de “piñón fijo” de los ya existentes, sin duda, son minoritarios.

                             Fdo. Jorge Cremades Sena

OCURRENCIAS Y DESPROPÓSITOS

Algunos dirigentes políticos, cuando carecen de argumentos para avalar sus políticas pintorescas o para defenderse de las críticas de los contrarios, suelen despacharse con una serie de ocurrencias y despropósitos que ponen en evidencia sus propias carencias para desempeñar el cargo que ocupan. A veces, cuando son cesados del citado cargo, se les recompensa con otro, de parecida o mayor responsabilidad, haciéndose cómplice de la incompetencia al partido político en que militan. Lo triste es que tales ocurrencias, que ni siquiera valen para escribir un libro de chascarrillos por su falta de ingenio, son la defensa de muchas normativas que padecemos después los ciudadanos. Magdalena Álvarez, siendo ministra de Fomento, ya reconocía que “Hay determinadas cuestiones que aun conociéndolas, no las conozco”, lo que justifica su respuesta a la crítica por falta de previsión a los efectos de un temporal: “Si la borrasca cambió de forma impredecible, no la pueden predecir, y si no la predicen quienes la tienen que predecir ¿cómo quieren ustedes que lo vamos a predecir aquellos que estamos esperando la predicción?”. Su posterior cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones quedó justificado mucho después cuando Leire Pajín, sobre los nombramientos argumentó que “Sólo faltaría que la ministra no pueda nombrar a quien le salga de los cojones” ante la crítica por uno que ella hizo en el ministerio de Sanidad que dirige. Por fin supimos qué méritos deben tener los cargos políticos de este país tocado por la varita mágica de su anunciado “acontecimiento planetario”.

            Con argumentos tan convincentes y planteamientos tan razonables se justifica que los jóvenes, en unos talleres de dos horas, impartidos por una tienda de artículos eróticos llamada “Los placeres de Lola”, aprendan una sexualidad responsable, gracias a la campaña “El placer está en tus manos” de la Junta de Extremadura, que puede ser complementada, en caso de dudas, con el “Mapa de inervación y excitación sexual en clítoris y labios menores, aplicación en genitoplastia”, muy útil para la masturbación femenina. Seguramente ayudará a reducir embarazos no deseados y abortos, a los que, en todo caso, incluso jóvenes menores de edad podrán recurrir sin autorización de sus padres ya que, según Bibiana Aido son comparables a “ponerse tetas” pues “un feto de 13 semanas es un ser vivo, claro, pero no podemos hablar de ser humano porque no tiene ninguna base científica”. Menos mal que, al menos, reconoce que es un ser vivo. Sin embargo no aclara a los padres –y madres- qué tipo de ser han engendrado y, ante la incertidumbre, lo mejor es no procrear, como sostiene una diputada socialista gallega al decir que “Tener hijos es de ultraderecha y rancio”.

            En otro orden de cosas, hemos de felicitarnos por la reforma de las pensiones ya que, según Isabel López i Chamosa, representante socialista en el pacto de Toledo, “si el Gobierno no hiciera unas propuestas ambiciosas ¿qué acordamos, lo que ya tenemos? ¿Cuándo uno cambia de marío por qué lo hace? Pa mejorar…y tener mejor vida, pues esto es un acuerdo en la misma dirección”. Ya ven, tan sano como cambiar de marido.

            Más difícil resulta asumir el nuevo lenguaje de la igualdad, inaugurado por los “miembros y miembras” de Bibiana Aído, quien, junto a Leire Pajín, achaca todos los males de éste país al machismo. La propuesta de Bibiana de hacer bibliotecas “para y por mujeres” mejorará sin duda nuestro nivel cultural. La de Pajín para cambiar el sexo del PIB mejorará nuestra economía, pues afirmó que “el PIB es masculino, es claramente masculino, y por tanto el cambio estará en el momento en que las decisiones importantes estén tomadas también por las mujeres”. No aclara si sólo hay que cambiar el artículo –la PIB- o todo el concepto –la Producta Interiora Bruta-, creando, en todo caso, un problema lingüístico. Menos mal que la secretaria de organización del PSOE andaluz nos ha dado pistas cuando, al presentar las candidaturas, dice que son “los mejores y las mejoras candidatos y candidatas”. Seguramente los Agentes de Igualdad creados por la Diputación de Granada se encargarán, entre sus amplias competencias, de ilustrarnos sobre estas cuestiones. La Junta de Andalucía va más allá y se encarga de erradicar el machismo desde sus orígenes al eliminar de los libros de texto la frase “No llores como una mujer lo que no defendiste como hombre”, que la madre de Boabdil dijo a su hijo cuando perdió Granada. ¡Qué osadía de la sultana Aixa! Así nos va ahora.

            Con estas ocurrencias –y otras muchas que no caben en este espacio- se diseña un país mucho mejor para vivir. Un país en el que con pasos de peatones pintados con figuras de cocodrilos o perros se mejorará la seguridad vial; en el que, ni por exigencias del guión, los actores podrán fumar, para proteger a ultranza la salud; en el que, para no maltratar a los animales, no habrá corridas de toros pero sí festejos de “correbous” en sus diferentes versiones –fuego, soga, agua y encierros- ya que “los correbous no terminan con la muerte del toro” y por tanto el animal no sufre; en el que, cuando se pregunta a una ministra, Leire Pajín, porqué acumula varios sueldos, responde que no los acumula sino que los políticos “acumulamos responsabilidades”.

¡Claro que la ministra puede nombrar a quien le salga “de los cojones”! ¿Acaso Zapatero no hizo lo propio cuando la nombró a ella? Entra dentro de sus respectivas competencias. Pero, ya puestos así, hubiese sido más adecuado que dijera “de las pelotas” que, al ser femenino, al menos disimularía algo su lapsus lingüístico de marcado carácter machista. Aunque no pasa nada; un error así lo comete cualquiera. Lo malo es que las críticas que recibe, según ella, es porque es “mujer, joven y socialista”. Está más que justificado que, así las cosas, en este país hay que cambiarlo casi todo.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

23F. . .¡YA HACE TREINTA AÑOS!

            Era una tarde normal, si desde la perspectiva actual se puede considerar como normales aquellos días; era la tarde del día 23 de febrero de 1981. Sin embargo un acto político de primera magnitud tenía expectantes a todos los españoles. Adolfo Suárez, primer presidente de nuestra recién estrenada democracia, había sido fagocitado por sus propios compañeros de partido, la UCD, y, para evitar un adelanto electoral, se iba a votar en el Congreso la investidura de otro correligionario, Calvo Sotelo, para presidir el gobierno el tiempo restante de la primera legislatura. No era la mejor forma de echar a andar en libertad bajo el marco constitucional que acabábamos de darnos gracias al esfuerzo de un ejemplar consenso político mayoritario. Sectores minoritarios de extrema derecha y de extrema izquierda –o simplemente asesinos- se empeñaban en romper la incipiente concordia sembrando el terror con frecuentes atentados terroristas. Una grave crisis económica amenazaba la esperanza de la ciudadanía hacia una pronta mejora de su lamentable situación personal. Un tenso debate constitucional sobre el desarrollo del título octavo, cogido con pinzas, provocaba un ácido enfrentamiento entre fuerzas centrífugas y centrípetas sobre el futuro diseño de la estructura del estado. Elementos que, en su conjunto, generaban un caldo de cultivo para que los poderes fácticos, especialmente el ejército, abonaran una serie de justificaciones, las de siempre, para presentarse como los salvadores de la patria. Por todo ello, como muchos ciudadanos, decidí seguir la votación nominal con cierta preocupación. ¿Sería capaz Calvo Sotelo de liderar el proyecto en el que Suárez había fracasado? ¿Qué cualidades le avalaban frente a las de Adolfo? La preocupación no era baladí.

            Como militante de la izquierda ya había sufrido los efectos nefastos de los intransigentes que habían quemado una librería de mi propiedad. Como miembro de la asamblea preautonómica valenciana había experimentado un episodio violento en la que una considerable multitud de ciudadanos nos impidieron durante varias horas en Valencia salir del Palau; era su forma agresiva de convencernos de su particular visión del naciente Estatut. Como secretario de formación de la ejecutiva del PSPV dirigida por Lerma había celebrado, meses antes, un curso de formación socialista en Polop con varias decenas de compañeros en la que desde Valencia me alertaban sobre  movimientos sospechosos de los militares de Bétera; era uno más de los rumores que venían sucediéndose sobre un posible levantamiento militar. Así eran los días normales de aquellos tiempos a los que con frecuencia se añadía la triste noticia de una nueva víctima mortal. Por ello no descartaba que saltara la noticia de un levantamiento cuartelero esporádico o de un atentado terrorista en cualquier momento; no me hubiera sorprendido que se suspendiera la retrasmisión momentáneamente para anunciarlo. Sin embargo, sucedió lo peor, dejando en mi memoria para siempre un nombre, el de mi compañero Núñez Encabo, y su casi imperceptible voz, ahogada por la barbarie, para manifestar su voto negativo a la investidura. Unos gritos indecentes, mezclados con el sórdido ruido de unos disparos, llenaron el hemiciclo de oscuridad y silencio. Un matón, vestido con el uniforme de la guardia civil y acompañado de otros de semejante calaña, profanaba el altar de la libertad y, pistola en mano, se subía a la tribuna dando órdenes a diestro y siniestro, mientras sus colegas zarandeaban al anciano general y vicepresidente del gobierno Gutiérrez Mellado, que les ordenaba, como superior en el escalafón militar, que depusieran su abominable actitud. Después, la noche, la incertidumbre y el temor a un baño de sangre. También la tristeza y la desilusión de comprobar que algunos, envalentonados por los acontecimientos, mostraban su rostro verdadero sin reprimir sus gestos de alegría –cuando todo era tristeza- e incluso sus comentarios amenazantes –cuando todo era impotencia. Al día siguiente, la vuelta a la normalidad. El esperpento liberticida quedaba definitivamente abortado aunque con una serie de incógnitas sobre su origen y su final. Las grandes manifestaciones por la libertad, celebradas luego en todas las ciudades, recompensaron a la ciudadanía de los sinsabores de semejante espectáculo. Mi partido me dio un plus de satisfacción al encargarme de coordinar, junto a los representantes de los demás partidos democráticos, la celebrada en Alicante. Fue un éxito. De nuevo me sentí muy feliz.

¡Por fin la normalidad que deseábamos! Al año siguiente, tras el triunfo electoral socialista en octubre, se confirmaba la solidez democrática con la alternancia política. Algunos de los que en la fatídica noche del 23-F dejaron ver su verdadero rostro, reconociendo por fin su derrota, apostaron por ella e incluso engrosaron las filas socialistas, necesitadas de refuerzos para afrontar la tarea que los ciudadanos nos habían encomendado. Apostando a caballo ganador, pronto, muchos de ellos, se auparon a determinados puestos de responsabilidad, tanto política como administrativa, olvidando para siempre dónde estaban o qué hacían aquella tarde “normal” de febrero que, en gran medida, supuso un antes y un después para muchos españoles. Algunos ya sabíamos dónde estábamos y qué teníamos que hacer. Afortunadamente ya han pasado treinta años de aquello. Pero conviene no olvidarlo.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena

CORRUPCIÓN POLÍTICA, PESADILLA INFERNAL

            Que la corrupción está instalada en nuestra sociedad es obvio. Se percibe en amplios sectores sociales y en todos los territorios con más o menos intensidad, convirtiéndonos en un país de tramposos. Baste echar un vistazo a la economía sumergida, las facturas sin IVA, los falseos del IRPF y otras tantas triquiñuelas de nuestra vida cotidiana en que la tradicional picaresca juega un papel relevante. Siendo esto muy grave, pues menoscaba el interés general, es una minucia comparada con la corrupción política –es decir, con el abuso del poder público para beneficio personal-, manifestada de forma generalizada en sus múltiples facetas. Corrupción que comienza precisamente desde el instante en que, pudiendo hacerlo, no se persigue de forma contundente la citada picaresca para que aflore, en beneficio de todos, el dinero defraudado. ¿Tan difícil es conseguirlo? Bastaría con penas mucho más duras para todos los tramposos y con una inspección más eficaz. Y, por supuesto, con dar ejemplo de honradez para erradicar culturalmente esta lacra. A la vista está que nuestros políticos no están dispuestos a hacer ninguna de las dos cosas. A los hechos me remito.

            Nuestros dirigentes se empeñan en emborronar nuestra reciente historia, la más acertada de todas, salpicando el mapa de España con demasiados casos de corrupción, que dejan como simples aprendices a verdaderos maestros en la materia de épocas pasadas. No sorprende en absoluto que la clase política se haya convertido hoy en una de las principales preocupaciones de los españoles. Demasiados pueblos y ciudades, diputaciones y autonomías están afectados por casos de corrupción; demasiados altos cargos ministeriales, autonómicos, provinciales y locales están condenados, imputados o investigados por los mismos. La ciudadanía, impotente, se resigna a observar como cambiaron sus vidas y fortunas, así como la de familiares y amigos, tras su llegada a la política, actividad que raramente abandonan para regresar a su anterior trabajo, si es que tenían alguno. Una pesadilla infernal que pone en muy difícil situación a los políticos honrados, que también los hay, quienes suelen ser relegados de los cargos de decisión al quedar al margen de las redes de clientelismo e influencia social surgidas del entramado corrupto. El corrupto necesita ser emprendedor, es su propia esencia ya que cuanto más dinero maneje más posibilidades tiene de detraer una parte del mismo para sus fines ilícitos. Por ello, al margen de la legalidad y la decencia, desde su cargo, emprende un proceso de transformación vertiginosa, necesaria o no, en el entorno que dirige –recalificaciones, servicios, dotaciones, infraestructuras, etc-, sabedor de que su actuación tendrá, de momento, una alta aceptación ciudadana por las expectativas generadoras de actividad laboral y de mejora medioambiental. Su ideología es el enriquecimiento personal y necesita dicho proceso transformador para conseguir sus fines ya que ello le garantiza disponer de ingentes cantidades de dinero público y privado; su posición privilegiada le permite manejarlas a su antojo. Cualquier partida presupuestaria, proyecto, obra, dotación o servicio es susceptible de convertirse en un suculento botín del que detraer una importante tajada para fines ilícitos. En el peor de los casos para él, un lento y largo proceso judicial puede condenarle, pero sabe que, en todo caso, no le obligará a reponer todo lo malversado o apropiado; así, la ley juega a favor de su objetivo final, el enriquecimiento, que queda más que garantizado y a buen recaudo en paraísos fiscales, sociedades anónimas o a nombre de terceros. Entretanto la presunción de inocencia le permite seguir en activo en la política para continuar ejerciendo sus fechorías, por lo que borra de su diccionario la palabra dimisión y no tiene reparos en popularizar otras con significado delictivo -cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, financiación indebida, malversación, etc-, generando una alarma social, una pesadilla que atenta directamente contra el sistema democrático.

            Inmersos en esta escalada degradante, centrada principalmente en casos de corrupción urbanística y político-financiera, los políticos corruptos no ponen freno a su voracidad. Se sienten impunes. El último episodio de corrupción, los famosos ERE irregulares de la Junta de Andalucía, es el colmo de esta degradación desvergonzada. Si se confirma que parte de los fondos destinados a los parados –de momento, unos 700 millones de euros- se ha utilizado para indemnizaciones suculentas por prejubilación –y concesión indebida de pensión- a familiares, amigos y sindicalistas –o a otras personas- que ni siquiera trabajaban en la empresa afectada por el ERE y, por ende, sin ninguno de los dos derechos, y si además se cobraban comisiones a los falsos trabajadores para colocarlos como prejubilados, estamos ante el más degradante espectáculo de corrupción por su baja catadura moral. Quien es capaz de utilizar como botín el dinero destinado a los más desfavorecidos no sólo merece ser repudiado como político sino también como persona. La organización que mantiene a semejantes sujetos en sus filas e incluso los presenta como candidatos merece el rechazo generalizado de la ciudadanía. Es la única fórmula de recuperar la decencia política. Es decir, la verdadera democracia. El pueblo tiene la última palabra.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena