CANAL NOU, DEBATE SOBRE LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS

                        El sorprendente cierre de RTVV por parte del Presidente Fabra ha generado en la Comunidad Valenciana un lógico debate político, no exento de las correspondientes contradicciones, que, a mi juicio, no debiera agotarse en sí mismo, ya que, aprovechando el inesperado evento, habría de generalizarse al resto de televisiones autonómicas que, con los matices que se quiera, atraviesan parecidas circunstancias a las que han motivado el cierre de Canal Nou. Si Fabra alega razones de inviabilidad económica para el cierre, al verse obligado a mantener el “statu quo” con la anulación del ERE por parte del TSJV, idéntica razón podrían esgrimir el resto de presidentes de CCAA (los 13 que cuentan con televisiones públicas autonómicas) para echar el cierre a las suyas; idénticos argumentos de crítica se esgrimirían por quienes en cada comunidad estuviera en la oposición e idénticas razones para el reajuste o cierre por parte de quien gobernase, pues, al margen de la mala gestión presente y pasada de los distintos gobiernos y sus diferentes colores políticos, la caótica situación de las teles autonómicas no es exclusiva de este o aquel lugar ni de este o aquel gobernante concreto sino que es generalizada, con los lógicos matices que se quiera en unos u otros casos. Baste con señalar que casi 900 millones de euros anuales salen de las arcas públicas para satisfacer a una audiencia que no llega al 9% de media, un derroche inadmisible, máxime si tenemos en cuenta que el papel de “servicio público”, que justificó su origen, hace mucho tiempo que se esfumó, convirtiéndose en instrumentos parciales de propaganda al “servicio privado” de los distintos gobernantes de turno en cada comunidad autónoma.

            Sin ser prolijo en datos concretos de cada tele autonómica y sin hacer un análisis pormenorizado y comparativo, que no es objeto de este espacio, baste citar que el déficit anual de las cadenas autonómicas es de unos 1.500 millones, que acumulan una deuda de casi 3.000 millones, que cuestan al Estado el triple que la corporación RTVE (que tampoco es paradigma de buena gestión), que cada año acumulan pérdidas insostenibles, que tienen plantillas sobredimensionadas (unos 11.000 trabajadores) frente a las racionalizadas plantillas del conjunto de las cadenas privadas, que algunos directivos o técnicos cualificados gozan de sueldos muy altos, que son nidos de clientelismo político (como otros tantos entes públicos) entorpeciendo la eficiencia de los grandes profesionales con que también cuentan… y, en definitiva, que son un pozo sin fondo insoportable, que sufragamos todos los ciudadanos con los escasos recursos que tenemos. Por tanto, se mire como se mire y al margen de demagogias, Fabra, como el resto de presidentes autonómicos, tiene sobradas razones para reajustar su TV autonómica, intentando hacerla viable, y si se lo impiden, como es el caso, para cerrarla. Una decisión política valiente y arriesgada ya que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, desencadena una feroz campaña por parte de la oposición (el PP haría lo propio si Susana Díaz cerrara Canal Sur), incluso incurriendo en determinadas incoherencias, pues tampoco está exenta de razones sobre la gran parte de responsabilidad, por acción u omisión, que tiene el Gobierno de turno y el partido que lo sostiene para haber provocado o, al menos, permitido llegar a esta caótica situación que no hay por dónde cogerla.

            Al final, lo lamentable es los casi 1.800 trabajadores que se quedan sin empleo, las verdaderas víctimas de un desastre que no provocaron, y, en sus justos términos, los verdaderos responsables son los distintos gobiernos que se sucedieron en la Comunidad Valenciana y, especialmente, los del PP que lleva décadas haciéndolo sin poner freno a la situación; todos, menos el de Fabra que, curiosamente, aunque le toque ahora bailar con la más fea, es quien ha decidido acabar con una situación insostenible. Pero también son responsables los sindicatos por no entender, como sí lo han hecho en otros sectores, que la viabilidad pasaba por un reajuste drástico del gasto (más bien despilfarro) que, lamentablemente, pasaba por un ERE, y, ¡cómo no!, los jueces que, con las razones jurídicas que no pongo en duda, no han querido o no han podido dar una alternativa salvo el mantenimiento de lo insostenible. Un aviso a navegantes ya que en otras CCAA, por ejemplo, en Madrid, la situación es parecida.

            Lo incomprensible es que la oposición que, con razón absoluta, ha venido cuestionando Canal Nou por su manifiesta parcialidad al servicio de los gobiernos populares, en asuntos tan turbios como los distintos casos de corrupción, se rasguen ahora las vestiduras por la desaparición de este instrumento propagandístico en manos de Fabra. Tan incomprensible como que éste renuncie al mismo. Ya no sabemos si cuando el PSPV anuncia que volverá a crear RTVV si ellos gobiernan, lo hace por motivos electoralistas o para tener en sus manos tan eficaz instrumento, que, según el PP, en Andalucía tan buenos resultados da a los gobiernos socialistas. Pienso que, salvo en el drama de los trabajadores, toda la oposición debería estar contenta por la renuncia que Fabra hace de Canal Nou de cara al futuro y que quien debería estar molesto es el PP que, por primera vez, no podrá contar con tan importante soporte propagandístico. ¿No era tan nefasto Canal Nou para la oposición? Yo lo he oído tantas veces que no lo dudo. ¡Mira que si al final Fabra, en un ataque de responsabilidad inusitada, ha hecho lo que tenía que hacer! Si así fuera, que todos los demás sigan su ejemplo.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

NO, CÁNDIDO; NO, TOXO. ¡NO!

                        Se veía venir. Como en otros tantos casos de corrupción, a medida que avanza la investigación judicial y el consabido “soy inocente” inicial de los afectados se desvanece, cada una de las noticias que van apareciendo, cada nuevo dato, va constatando no sólo la veracidad de los hechos protagonizados por los corruptos sino incluso sus malas artes a la hora de practicarlos. Tras señalar al mensajero como “culpable”, la excusa de siempre, por publicar falsedades, se pasa al “no todos somos corruptos”, el refugio indefinido, para salvarse cada uno de la quema. Dos falsedades descomunales que demuestran que el culpable, por acción u omisión, eres tú, especialmente si formas parte de la dirección de la institución u organización afectada, por no denunciar al mensajero, supuestamente calumniador, y por no actuar contra aquellos compañeros o colegas que tú mismo reconoces como corruptos implícitamente en tu máxima “no todos somos corruptos”. Es el prototipo de actuación en todos y cada uno de los casos de corrupción que se investigan en España. Y, obviamente, el caso de los EREs fraudulentos de Andalucía, con sus ramificaciones sindicales incluidas, no podía ser la excepción que confirma la regla. Es más, hasta su especial naturaleza fraudulenta le confiere aspectos que la hacen aún más despreciable.

            Desde que todo el mundo comienza a tener claro que el asunto de los EREs no era cuestión de “cuatro golfos”, como se dijo al principio, ni una especie de caza de brujas por parte de quién sabe quién, cada noticia publicada, cada acción-reacción de los afectados, ha ido engordando de forma descomunal e indecente la inmensa bola de basura que, descendiendo de lo más alto de la Junta, se precipita por todos los rincones de Andalucía hundiendo a los andaluces, especialmente a quienes más lo necesitan, no sólo en la miseria sino en el desamparo más absoluto. No en vano lo defraudado es dinero destinado a los más desfavorecidos, que no a los ricos, y los supuestos responsables del fraude e incluso beneficiarios del mismo, son quienes se auto titulan defensores ideológicos de las clases trabajadoras, un gobierno socialista, y luchadores por mejorar sus condiciones laborales, unos sindicatos de clase, especialmente los mayoritarios, UGT y CCOO. Y por si lo anterior fuese poco, tanto Cándido Méndez como Toxo, sus máximos dirigentes, tirando balones fuera.

            Ni las imputaciones de hechos delictivos a dirigentes sindicalistas, ni la imposición de fianzas millonarias, ni la detención y encarcelamiento de algunos de ellos, ni las evidencias manifiestas de haber participado, aprovechado en beneficio propio, de  amigos o familiares, en el chollo de los EREs fraudulentos que investiga la jueza Alaya, hacen caer del burro ni a Cándido ni a Toxo. A lo sumo, admiten un cierto “desorden”,  una “facturación manifiestamente mejorable”, presuntos “fallos”  y pequeñeces por el estilo que, eso sí, estarían dispuestos a resarcir y reparar las cantidades irregularmente utilizadas pues, ¡faltaría más!, su colaboración con la Justicia está fuera de toda duda. Uno y otro anuncian investigaciones internas para esclarecer los hechos, que nunca se esclarecen, mientras que lógicamente confían “en los dirigentes y militantes” de las distintas federaciones. Y como jamás se depuran internamente las responsabilidades, han de ser los hechos tozudos, que todo el mundo sabe en el entorno de los afectados, y la investigación judicial quienes al final echan por tierra esta ceguera congénita de los máximos dirigentes.  

            Ante semejante panorama, con un rosario de imputaciones in crescendo sobre dirigentes sindicales en Andalucía, que al final ha desembocado hasta en la dimisión en pleno de la Ejecutiva Provincial de UGT-Cádiz  ante la detención y posterior puesta en libertad con cargos de su Secretario General por parte de Alaya, a quien hace unos días insultaban y vejaban en las puertas del juzgado, tachándola de ser la “continuidad de los tribunales franquistas”, ni se puede mirar a otro lado, ni se puede hacer justificación alguna. Menos aún, como hace Cándido, eludir responsabilidades diciendo que "Quien debe agilizarse o agilizar los procesos es la Junta de Andalucía, es la que tiene la responsabilidad en la transferencia de estos programas públicos, que digan qué ha ocurrido", exculpando así a sus compañeros por el supuesto mal uso del dinero público. Ni siquiera vale si la intención fuera, como piensan algunos,  dar una especie de aviso a navegantes, en este caso a la Junta, que, por cierto, sigue manteniendo las subvenciones íntegras a dichos sindicatos a pesar de todo lo que se va conociendo sobre su fraudulento uso.

            No, Cándido; no, Toxo. Los millones de parados y los millones de trabajadores que conservan su trabajo, pueden aceptar que en muchas ocasiones, por razones claramente políticas, agitéis o no a la ciudadanía, movilizando o no a la gente por razones no estrictamente laborales. Pero les es totalmente inaceptable que además hagáis o permitáis un uso indebido del dinero destinado a mejorar su situación y, encima, les toméis el pelo negando la evidencia o desviándola hacia otra parte. No, Cándido; no, Toxo. ¡No!. Azí no vamos a ninguna parte.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

AMNESIA IDEOLÓGICA, MEMORIA HISTÉRICA

                        Es tal la amnesia ideológica del PSOE que ha bastado que Odón Elorza haya dado una vuelta de tuerca a la Ley de Memoria Histórica con el asunto de la exhumación de los cadáveres de Franco y José Antonio para que más de un dirigente socialista haya tenido un ataque de memoria histérica intolerable, confundiendo presente con pasado y realidad con irrealismo. Es lo que le ha debido suceder a Juan Pablo Durán, secretario general de Córdoba y miembro del Comité Federal, que, ante la imputación judicial de su compañera y alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo por varios delitos (contra la administración pública, fraude y falsedad documental), en vez de colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos y acabar con la corrupción política (tan extendida en Andalucía), se le ocurre arremeter contra los jueces y contra la derecha que, por cierto, no gobierna en Andalucía, manifestando, en presencia de la susodicha, que “la derecha ni hace prisioneros ni deja heridos, solamente sabe matar y si es posible, en las cunetas que es donde siempre nos han dejado a los socialistas”. Las dosis inoportunas de memoria histórica suelen provocar en determinados sujetos  alucinaciones histéricas. Es obvio que el histerismo de su memoria le jugó una mala pasada al continuar desvariando, entre aplausos (no era el único alucinado), sobre el “uso indebido de los cuerpos de seguridad del Estado y la maquinaria judicial al servicio de esta derecha” que “no entiende de democracia, no sabe convencer, sólo vencer” y “si no lo hace por la fuerza de las armas lo hace con las plumas estilográficas de los juzgados o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado” pues, según él, en eso “se ha convertido este estado de excepción que dirige el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy”. Y lo peor; aunque al final ha tenido que pedir disculpas por este discurso anacrónico y delictivo, el PSOE no ha tomado ninguna medida contra este orador cargado de argumentos racionales en su chabacano discurso, avalando así la huida al monte del dirigente cordobés.            

            Pero lo lamentable es que este impresentable episodio no es aislado, ni la excepción que confirma la regla, ya que junto a otros, de palabra u obra, viene a corroborar la deriva hacia ninguna parte de un PSOE desnortado y sin argumentos, que, amnésico de su pasado, es incapaz de recuperar su identidad de cara al futuro. Por ejemplo, ante una moción de “condena y repulsa” contra un terrorista, como ha sucedido en Tafalla contra Inés del Río, el PSOE no puede ausentarse, como hace Bildu, aunque sólo sea por los compañeros asesinados; ante una iniciativa parlamentaria de UPyD para ratificar el “derecho a decidir” de todos los españoles, puesto en cuestión por los nacionalismos independentistas, el PSOE no puede dividirse a la hora de votar a favor, menos aún si ya es reincidente en el desacierto… y así sucesivamente una serie de despropósitos lamentables que cada vez le alejan más de su tradicional vocación mayoritaria para gobernar, acercándole a posiciones radicales minoritarias de carácter testimonial. Tampoco se puede justificar semejantes despropósitos, como hace Soraya Rodríguez, portavoz en el Congreso, culpando a UPyD de intentar sacar rédito político al presentar la iniciativa, cuando, visto lo visto, quien debiera haberla presentado era el PSOE, arrastrando al resto de grupos, como ha hecho Rosa Díez, para que, de una vez por todas, se sepa de qué lado está cada uno. Desgraciadamente al PSOE, con la actitud del PSC, se le ha visto el plumero. Es lógico pues que la vieja guardia del PSOE, que no padece amnesia ideológica, como Alfonso Guerra y otros tantos, haya salido al paso para poner orden en la histeria colectiva de la actual cúpula dirigente socialista, liderada curiosamente por un miembro destacado de la vieja guardia, quien, arrastrado por la memoria histérica de algunos, olvidó la memoria histórica del partido que fue capaz de gobernar España y buena parte de sus CCAA y ayuntamientos hasta hace bien poco con su inestimable participación. Que el PSC no es socialista es obvio. Que el PSOE no puede dejar de presentarse en Cataluña, también es obvio. Quien opte por el nacionalismo socialista está en su perfecto derecho, pero eso no es el PSOE.

Por todo lo anterior, la “alternativa socialista”, que exige la vieja guardia para Cataluña, es urgente e imprescindible y, ya de paso, convendría recuperar dicha alternativa para el resto de España. Pues, además de lo referente al “derecho a decidir”, no se puede despachar lo de Tafalla con el pretexto de que UPN, autor de la moción, pretende sacar “tajada política”, ni con cualquier otro tipo de pretexto dejar de apoyar al gobierno en iniciativas como la Ley de Trasparencia, el problema de Gibraltar…, ni romper relaciones con el PP o con el gobierno siendo el primer partido de la oposición, ni, como tal, encabezar iniciativas frentepopulistas con la amalgama del resto de partidos minoritarios en aventuras reivindicativas que, alejadas de la realidad y carentes de alternativas creíbles, a la postre, favorecen a dichos partidos testimoniales y le alejan de la necesaria alternancia política de gobierno que, hasta hace bien poco, con mayor o menor acierto, ha funcionado satisfactoriamente.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

CLARIDAD SOBRE LA SENTENCIA DEL TEDH

                        A mi juicio se hace urgente, necesario e ineludible que, ante la opinión pública, se clarifique, con todo lujo de detalles, el alcance y la naturaleza de la sentencia inapelable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos favorable a la etarra Inés del Río por habérsele aplicado la conocida como “doctrina Parot”, alargando así de forma ilegal su estancia en prisión. Ante asunto tan trascendental, que está poniendo en entredicho los mismísimos pilares de nuestra renqueante democracia, o se actúa con absoluta responsabilidad ante la ciudadanía o, en caso contrario, la escasa credibilidad que ésta tiene ya en nuestros políticos acabará diluyéndose como un azucarillo en un vaso de agua. Y es lo que está sucediendo.

            En un principio el pueblo llano y sencillo, es decir, el común de los mortales, puede llegar a entender con todo el dolor de su alma y la rabia de sus entrañas, que el TEDH (máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en Europa) repare una errónea aplicación de la legalidad vigente en España (la irretroactividad de la “doctrina Parot”, surgida en 2006) para compensar la injusticia legal de unas normas penales obsoletas, provenientes del franquismo y vigentes durante décadas por pura negligencia del legislativo. Pero es ininteligible, como en otros tantos asuntos, que, mientras se desarrolla un debate mediático de marcado carácter especulativo y con versiones opuestas sobre la naturaleza de la sentencia y su ejecución posterior, el Gobierno e incluso la oposición mayoritaria no salgan a la palestra, ante asuntos tan graves que trascienden el legítimo interés partidista, desmintiendo o avalando cualquiera de las versiones que, al ser contradictorias, obviamente, una de ellas es falsa, prefiriendo, en vez de difundir la verdad, acusarse unos a otros sobre quién es el más o menos culpable de que este desmadre esté sucediendo.

            Por tanto, el desconcierto en la ciudadanía es cada vez mayor, en paralelo al descrédito de políticos y jueces. Si en un principio, según el Fiscal General del Estado, la sentencia sólo afectaba a Inés del Río y la Fiscalía estudiaría de forma individualizada y pausada el resto de casos que solicitaran acogerse a dicha jurisprudencia, la inmediata puesta en libertad de la directamente afectada, más la de algunos otros sujetos, por parte de la Audiencia, echa por tierra dicho argumento, al extremo de que, en pocos días, lo que debiera ser un mero asunto jurídico se ha convertido en un mastodóntico problema político. Se cuestiona casi todo, como la actuación del juez español en Estrasburgo López Guerra, la “velocidad asombrosa” con que la Audiencia ha puesto en libertad a la etarra, la actitud de la Fiscalía y, en definitiva, hasta el propio TEDH por dictar una sentencia que se aparta de su propia jurisprudencia, ya que nunca ha cubierto “las modalidades de cumplimiento de la pena” como es el caso. Y esto lo hace nada menos que el ex magistrado en el TEDH Francisco J. Borrego, que además desvela la existencia de mecanismos legales para retrasar la aplicación de las sentencias de dicho tribunal, pidiéndole una interpretación de la sentencia, e incluso para no cumplirlas, mediante la vía de “acatar pero estudiar cómo” hacerla efectiva. Sin embargo, la Audiencia Nacional, advierte que la sentencia sobre el caso Inés del Río es aplicable a otros presos en situación semejante y que los jueces asumen la obligación de los estados de acatar y ejecutar las resoluciones del TEDH. Imaginen las versiones contradictorias de otros personajes y foros menos versados en el asunto.

            ¿En qué quedamos? El gobierno tiene la última palabra para explicárnoslo y además está obligado a hacerlo. ¿Quién tiene la razón jurídica la Fiscalía o la Audiencia? ¿López Guerra o Borrego? ¿El Constitucional que avaló la aplicación de la “doctrina Parot” o el TEDH que lo desautoriza? No es sólo cuestión de expresar el “dolor e impotencia” del ministro del Interior o la resignación del de Justicia ante “un cumplimiento doloroso” de la aplicación de la sentencia por parte de los tribunales. Es cuestión de aclarar de una vez por todas si se ha hecho todo lo legalmente posible, visto lo visto, para que la sentencia hubiese ido en otro sentido y, en todo caso, si se está dispuesto a hacer, visto lo visto, todo lo legalmente posible para que la ejecución de la misma sea lo menos traumática para la ciudadanía y, muy especialmente, para las víctimas, las únicas que, visto lo visto, están cargadas de razón al reclamar Justicia con mayúsculas, ya que soportar encima este oscurantismo especulativo es una manifiesta indignidad que no merecen. Menos aún, que nadie, con la suficiente autoridad, aclare de una vez si sólo cabe la resignación o, como algunos mantienen, hay margen para otras acciones legales más favorable a las víctimas, que, si existen (como mantienen algunos y nadie desmiente con autoridad) y no se aplican, vaya usted a saber por qué razones, supondrían una ignominia intolerable contra ellas. ¿Es tan difícil, si es así, explicar con argumentos que se hizo todo lo posible y se está dispuesto a seguir haciéndolo?

            Y es que, por parte de unos y otros, tal como dice Ángeles Pedraza desde la presidencia de la AVT, “no hacer lo que se debe es tan malo como hacer lo que no se debe” y, como mínimo, lo que no se debe es callar ante el confusionismo público que está generando una simple sentencia judicial sobre una compleja situación política. Me temo que, desgraciadamente, en el asunto que nos ocupa, no sólo se hace lo que no se debe, sino que, además, no se hace lo que se debe.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

LA PREGUNTA DEL REFERÉNDUM CATALÁN

                        A medida que se acerca la fecha inaplazable (por parte de Junqueras) para convocar el referéndum independentista en Cataluña se pone de manifiesto, entre otros desacuerdos de mayor profundidad, algo tan elemental como una falta de consenso entre sus promotores sobre qué pregunta plantearán al pueblo catalán para que tome una decisión acertada e inequívoca al respecto. Supongo que esta falta de consenso obedece a las múltiples posibilidades que se encierran bajo el difuso y confuso eslogan del vago “derecho a decidir”, que ha servido de base para aglutinar a casi todas las opciones políticas (autonomistas, autonomistas con financiación singular, centralistas, federalistas simétricos o asimétricos, confederalistas, independentistas de España pero no de la UE, de España y de la UE, pancatalanistas… y vaya usted a saber cuántas más), pasando por alto que tal derecho sólo está reconocido internacionalmente en una serie de supuestos que no se dan en Cataluña, por lo que ejercerlo, imponiéndolo de forma unilateral, acarrea graves consecuencias para los propios catalanes. Pero, en fin, habiendo decidido ilegalmente el Parlament que, legal o ilegalmente, el pueblo ejercerá ese derecho inexistente, no se trata ahora de dispersar el voto con una pregunta con múltiples respuestas (tantas como las opciones citadas), que añadirían más confusión a la ya innecesariamente generada, ni tampoco se trata de simplificar genéricamente  el voto en “independencia, sí o no” que, según las últimas encuestas, daría un resultado muy igualado ante las consecuencias graves de una decisión desacertada a causa de la desinformación calculada al respecto.

            Por tanto, la pregunta escueta, sin más, de “¿Quiere la independencia de Cataluña?” con la escueta respuesta de Sí o No, genera tantas dudas que, obviamente, requiere una serie de aclaraciones o datos previos que la conviertan en realmente segura y atractiva para la inmensa mayoría de catalanes. Algo así como “¿Desea la independencia de Cataluña, si, aunque sea ilegal la decisión, el resto de españoles y sus socios europeos, ya que nosotros no perteneceríamos a la UE al no tener ningún tratado firmado, no mostraran hostilidad alguna ante nuestra unilateral decisión y, por tanto, si nos exoneraran del pago de la deuda que tenemos contraída cuando éramos España, que asumirá generosamente nuestra parte; si nos siguieran comprando productos catalanes en idéntica proporción que ahora (50% España y 30% la UE) sin establecer ningún arancel como hacen con el resto de países terceros; si aceptaran nuestra nueva moneda como propia de la eurozona; si nos garantizaran que las empresas multinacionales no se deslocalizarían de la Cataluña ajena a la UE; si nos siguieran prestando las ayudas comunitarias; si nos ayudaran a que nuestra banca y empresas emblemáticas siguieran manteniendo el mismo volumen de negocio que tienen ahora fuera de Cataluña para que no caiga el PIB catalán; si nos financiaran a pesar de la pésima calificación de nuestras cuentas públicas; y si, en caso de que el experimento no funcionase, a pesar de todos estos apoyos, o, simplemente, considerásemos que sería más rentable adherirnos a la UE como cuando éramos parte de España, nos garantizaran que nuestra solicitud sería recibida con los brazos abiertos, al extremo de modificar los tratados para agilizar los complejos procedimientos, incluso suprimiendo la actual unanimidad que se requiere para el ingreso de un nuevo miembro por si algún estado tiene la tentación de oponerse impidiendo nuestra entrada?”. Fácil decir sí o no a esta pregunta que, aunque un poco larga,  puede concitar un amplio respaldo o rechazo popular, según la credibilidad que merezca al electorado sus diferentes condicionantes.

Si además de todo lo anterior se garantizara que, en caso de que en alguna de las provincias o comarcas catalanas saliera un no rotundo a la independencia, les sería reconocido el “derecho a decidir” frente al resto de catalanes, al igual que ellos se lo reconocen a sí mismos frente al resto de españoles, la pregunta sería casi perfecta, para que los catalanes decidieran con total conocimiento de causa, sin correr riesgos innecesarios. Al margen de la credibilidad o no de los condicionantes de la pregunta, a los electores sólo les quedaría una mínima duda sobre el modelo del nuevo estado que, obviamente, sería una república, pues no cabe pensar en una monarquía,  si tenemos en cuenta que Cataluña jamás fue Reino independiente a lo largo de toda su historia, y, apelar a ésta, recurriendo a los viejos condados catalanes, sometidos a los Condes de Barcelona (cuyo titular actual es el rey de España), quedaría como muy anacrónico. Por tanto, la mejor opción sería una República, aunque con la duda que, aunque pequeña, tiene su importancia, de si se trataría de una República Liberal Occidental o de una República Popular Democrática, asunto que, en todo caso, dependería de la correlación de fuerzas políticas que hubiera en las elecciones constituyentes, porque supongo que, al menos, se celebrarían dichas elecciones. Es evidente que el Movimiento Nacional, promotor de la independencia, que aglutina a CiU, ERC, SI, CUP, ICV y compañía, una vez conseguida ésta, se rompería, apostando cada partido que lo integra por su modelo de estado favorito y más acorde con su ideología, ya que, en caso de no disolverse el resultado sería muchísimo peor. Sería la única incertidumbre que les quedaría a los catalanes a la hora de votar, que no es poco.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

DOCTRINA PAROT, PUNTO Y FINAL

                        La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como era previsible, ha anulado la conocida vulgarmente como Doctrina Parot, aplicada en España de forma irregular para alargar la estancia en la cárcel de presos que, según la aplicación general establecida, debían ser excarcelados por haber cumplido el periodo máximo de cárcel, según su condena, una vez aplicada la reducción de penas por beneficios penitenciarios sobre la pena máxima de cárcel establecida en España. En definitiva, un fallo inapelable, que, aunque de momento sólo es aplicable a la etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de cárcel, que debía haber sido excarcelada tras 18 años de prisión en 2008, afecta positivamente a más de sesenta terroristas y a una serie de asesinos y violadores peligrosos a quienes también se ha aplicado la sentencia 197/2006 del Tribunal Supremo (conocida como doctrina Parot en referencia al etarra que interpuso el recurso) en el sentido de que los beneficios penitenciarios se apliquen a cada una de las penas a las que es condenado y no sobre el límite máximo de 30 años (ahora son 40) de estancia en prisión. Loable propósito para evitar que, en el futuro, condenados a muchos años de cárcel por delitos monstruosos, salgan de la cárcel a los 18 años de prisión, como es el caso, tras descontarle los 12 años por beneficios penitenciarios, no de sus condenas sino de la máxima estancia carcelaria establecida en España. Sin embargo, en ningún caso, puede aplicarse con efecto retroactivo a condenados con anterioridad a la vigencia de la norma ya que vulneraría, además de otros derechos, el principio de seguridad jurídica, de donde, entre otros, deriva el de irretroactividad de la ley, por el que lo dispuesto en la misma no debe aplicarse hacia el pasado sobre hechos cometidos antes de su vigencia.

            Por tanto, el TEDH y su Gran Sala de Estrasburgo simplemente desautorizan la aplicación de la ley Parot a la etarra citada al no estar vigente dicha norma cuando cometió los actos delictivos  y fue condenada por ellos. Obviamente exige su puesta en libertad y la correspondiente indemnización por los daños que se le hayan causado. Y obviamente todos los presos, terroristas o no, que estén en similar situación, podrán acogerse a dicha jurisprudencia. La consecuencia puede ser la puesta en libertad de otros 54 etarras, siete de los GRAPO, uno vinculado al GAL, otro del Exército Guerrilleiro do Pobo Galego y unos 14 presos comunes, altamente peligrosos, condenados por violaciones y asesinatos. Una caterva de personajes, la mayoría sin muestras de arrepentimiento alguno y sin estar rehabilitados, que en cualquier otro país de la UE seguirían a buen recaudo en la cárcel y no provocaría la justificada alarma social que en España causará su excarcelación. Suelen hacer las cosas bastante mejor que nosotros y prever las consecuencias, también.

No obstante, a pesar de la alarma social, de la afrenta a las propias víctimas directas y a la sociedad en su conjunto, los demócratas debemos asumir los hechos con absoluta normalidad y serenidad suficiente para que situaciones similares no se vuelvan a repetir. El responsable no es el TEDH que restablece lo ajustado a derecho, sino la normativa legal que, cuando se cometieron los delitos, no contemplaba este supuesto de evitar la casi gratuidad penal por semejantes aberraciones, dejando una condena de más de 3.000 años de cárcel en 18 años en el peor de los supuestos y en 30 en el mejor de los mismos, estén o no arrepentidos o rehabilitados los condenados. Es lo que sucede cuando en el Código Penal se tasan en años las penas máximas de cárcel, por elevadas que estas sean, pues, antes o después, con aplicación de beneficios o no, se corre el riesgo de que personajes con amplia peligrosidad social reconocida y sin estar rehabilitados sean puestos en libertad por cumplimiento tasado de su condena, rompiendo entonces a su favor el derecho a su rehabilitación frente al derecho a la seguridad e integridad de la ciudadanía. Asunto que, como hacen en casi toda Europa, se resuelve con la figura de la prisión perpetua revisable, mucho más justa y equilibradora de derechos, tal como ya manifesté en otro artículo titulado “Cadena perpetua” (Ver en blog Ojo crítico, http://jcremadesena.blogspot.com.es/ del 4-9-12), con el que esta situación, incomprensible para la mayoría, se hubiera evitado.

            En todo caso, flaco favor se hace al Estado de Derecho con manifestaciones de alegría o tristeza, según del lado en que se esté, por una mera sentencia que restablece la aplicación de la legalidad, aunque los sentimientos así lo sugieran. Ni la euforia de los independentistas, ni la desolación de las víctimas, arreglarán el desaguisado que, paradójicamente restablece la legalidad. Se trata ahora de que una nueva legalidad evite estas situaciones en el futuro y, por supuesto, que, entretanto, se aplique la ley de forma tajante como garantía de fortaleza de nuestro Estado de Derecho. Mejorar las leyes adaptándolas a las necesidades sociales y aplicar las leyes vigentes con contundencia es básico en democracia. Desgraciadamente en España solemos pecar de no ser estrictos en ninguna de las dos cosas. Y luego nos quejamos de lo que pasa.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

POLÉMICA SENTENCIA EN EL CASO FAISÁN

                        Casi sin tiempo de recuperarnos de la polémica sentencia por el “caso Malaya” nos adentramos de nuevo en otra polémica sentencia, esta vez sobre el “caso Faisán”.  Dejando para los expertos el tránsito por todos los vericuetos que te llevan a la “verdad jurídica”, que no a la verdad real, por su gran trascendencia política y social, conviene hacer una reflexión pública, como en el caso anterior, sobre la sentencia al respecto que, sin poner en duda su correspondencia y ajuste con la “verdad jurídica”, no siempre se corresponde con lo que el común de los mortales entiende por hacer justicia. Justo o no, desde este prisma popular, la Audiencia sólo condena al ex jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector José María Ballesteros a una año y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación por el “chivatazo” dado a ETA que lo considera como un delito de descubrimiento y revelación de información obtenida a través de su cargo y que no debe ser divulgada  con grave daño para la causa pública, desestimando el delito de colaboración con organización terrorista que solicitaba tanto el fiscal como las acusaciones particulares.

            Calificada la sentencia como “infame” por parte de las víctimas del terrorismo y su argumentación como “exótica” por fuentes de la Fiscalía, lo más llamativo es el silencio con que ha sido recibida por parte de los dirigentes del PP y del PSOE, que tanto ruido armaron cuando el primero era oposición y el segundo gobernaba, aunque, desde que cambiaron las tornas, se impuso el silencio como estrategia de ambos. Y, al parecer, así va a seguir siendo. Atrás queda el supuesto hombre X y el Y, quienes, supuestamente, dieron las órdenes de que se avisara a ETA. Ni el PP se lamenta por los cabos sueltos que puedan haber quedado (sólo la abogada de Pamies mantiene que hay “muchas vías de investigación que no se han agotado, ni mucho menos”), ni el PSOE exige explicaciones al PP por su manifiesta incoherencia e inconsistencia de sus acusaciones que la sentencia pone en evidencia ahora. Y, por parte, del Gobierno el escueto y consabido “respeto” y “acatamiento” por la decisión judicial. Sólo el SUP considera que han sido víctimas de un “montaje” los inculpados, quienes, al no tener que ir a la cárcel por carecer de antecedentes penales, recurrirán al Supremo para evitar de momento la expulsión del cuerpo de policía que conlleva una sentencia firme de inhabilitación. Con todos estos ingredientes no es descabellado pensar que, teniendo en cuenta cómo se las gastan entre sí los socialistas y populares en otros asuntos, el caso Faisán se cierra con un pacto político entrambos. Y para ello lo mejor es correr un tupido velo sobre tan turbio asunto.

            Sólo Gil Lázaro, azote parlamentario de Rubalcaba en la anterior legislatura, ha salido al paso, pero sin levantar mucho la voz, aunque sólo sea para dar una cierta coherencia a su vehemente actuación acusatoria. Tras la sentencia mantiene que Rubalcaba se pasó tres años “mintiendo” al Congreso ya que la sentencia demuestra que las acusaciones “no eran infamias” como él decía, pues queda demostrado que el chivatazo “existió”, que tuvo “finalidad política” para no entorpecer el “mal llamado proceso de paz” y que causó  un “grave daño a la causa pública”. Cierto todo ello. Pero tan cierto como que la sentencia no señala a ningún responsable político, tal como el PP defendía con ahínco, por más que la lógica nos diga que es imposible que a dos mandos policiales se les ocurra la idea de delinquir, arriesgando sus carreras inmaculadas en la lucha antiterrorista, simplemente para no entorpecer las supuestas negociaciones entre ETA y el Gobierno español. En efecto, la sentencia mantiene que en pleno proceso de negociación, Pamies con la imprescindible colaboración de Ballesteros, “con el designio de no entorpecer la situación política abierta de diálogo, para acabar con la actividad de ETA, a estos efectos, desarrolló una actuación tendente a tal fin” y da por probado de que la intención de abortar esa operación contra ETA no era otra que no perjudicar al “proceso político”.

            Un delito con clara finalidad política, cometido espontáneamente por dos funcionarios bajo su única y estricta responsabilidad, sin ningún responsable político implicado, que, justo por su noble y única finalidad de no entorpecer el proceso de paz, se escapa de ser catalogado como colaboración con banda terrorista aunque la favorezca de momento para que alguno de sus miembros escape de la acción de la justicia, no deja de ser inquietante por muy ajustado que esté con la “verdad jurídica”, pues siembra sombras de duda sobre el básico principio de que el fin no justifica los medios, por loable que éste sea.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena