EL DISCURSO DEL REY

                        Felipe VI se estrena con el tradicional discurso navideño, un discurso pleno de aciertos en el fondo y en la forma, al extremo de que así lo reconocen hasta quienes son propensos a buscar cualquier tipo de excusa para criticar algún que otro detalle del mismo. Basado en los tres problemas que más preocupan a la sociedad española, el paro, la corrupción y el separatismo, el Rey expone de forma exquisita, sin herir ningún tipo de sensibilidad pero con toda energía, lo que a su juicio debiera hacerse ya que él, como es sabido, carece de cualquier tipo de capacidad ejecutiva, legislativa o judicial. Así, denuncia la corrupción, defiende el Estado de Bienestar y la unidad de todos los españoles de forma contundente. Apelando a que “debemos cortar la corrupción de raíz y sin contemplaciones y regenerar nuestra vida pública”, a que “la economía esté al servicio de las personas” y a que “millones de españoles llevamos a Cataluña en el corazón”, resume con tres frases lapidarias los objetivos que debieran ser prioritarios en el quehacer político de quienes tienen realmente la posibilidad de cambiar el rumbo del país. Un breve, pero indiscutible, catálogo de prioridades políticas para nuestros gobernantes. Y, rematando con que “un cargo público no puede ser un medio para enriquecerse”, con que la “gran mayoría de los servidores públicos” son honrados y con que “los responsables de conductas irregulares ya están respondiendo de ellas” en los tribunales, hace un canto a la esperanza frente al catastrofismo o pesimismo que, lamentablemente, se ha instalado en nuestra sociedad y que algunos pretenden utilizar como único argumento de propaganda política. Denuncia de los problemas esenciales y reivindicación de un impulso moral colectivo para una regeneración de la sociedad, urgente y necesario, son los pilares de un discurso importante en boca de un Jefe de Estado que, por decisión de los españoles, ni debe ni puede ir más allá.

            Por todo lo anterior, es indecente que algunos pretendan sembrar sombras de dudas manifestando que no hizo mención alguna al caso de la Infanta. Ni era el momento, ni es su deber. Tampoco mencionó otros casos de deplorable impacto social. Todos, incluido el “caso Nóos”, quedan incluidos en su lapidaria frase pidiendo que hay que cortarlos de raíz y sin ningún tipo de contemplaciones; es decir, de forma tajante y caiga quien caiga. Habría que hacer una interpretación torticera para achacar el mínimo resquicio de intención en el Rey de pretender pasar por alto la situación de su hermana y su cuñado. Injusto e intolerable por tanto cualquier intento de ponerle el más mínimo borrón a la conducta de Felipe VI al respecto. Como bien ha dicho, quienes son responsables de conductas irregulares, incluida su hermana y su cuñado, ya están respondiendo en los tribunales… Cuestión distinta es que la Justicia no funcione en España con la celeridad y contundencia que todos desearíamos. Pero esto, ni es responsabilidad del Rey, ni depende de él, por lo que cualquier crítica al respecto, debiera recaer en otras instancias.

            Con este ejemplar discurso, un paso más, por tanto, en la exquisita trayectoria, hasta el momento, de esa Monarquía renovada para un tiempo nuevo que el propio Monarca anunciara hace medio año con motivo de su Coronación.

                                   Jorge Cremades Sena

PABLO IGLESIAS EN BARCELONA

                        Sería de necios, como pretenden algunos, ignorar o minimizar el éxito de Pablo Iglesias en su mitin del pabellón deportivo de la Vall d`Hebrón de Barcelona ante unas tres mil personas, que abarrotaban el recinto, y con varios cientos que se concentraban en las puertas por la limitación del aforo. Perfecto escenario y, como debe ser, eufórico auditorio para escuchar al líder de Podemos en su primer mitin tras su elección como Secretario General, así como a Gemma Ubasart, cabeza del partido en Catalunya, que se estrena con “Zapatero nos falló”, dejando claro que los votantes del PSOE son su principal objetivo, y rematando con que toda aquella esperanza puesta en el “no nos falles”, que ZP acogió con tanto entusiasmo, “se vino abajo con una llamada de Berlín” para reiterar el ya conocido euroescepticismo de Podemos. Un éxito no sólo por la habilidad dialéctica de Iglesias, que también, sino por la habilidad estratégica, al elegir como escenario el mayor caladero de votos socialistas en Cataluña, conocido como el cinturón rojo por ser feudo tradicional del voto socialista, justo cuando el PSOE-PSC está desacreditado para liderar y atraer con éxito al electorado de izquierdas, justo cuando han hundido ya prácticamente a IU y justo cuando ambos andan enredados en una paranoica indefinición ideológica con el tema independentista y están siendo sobrepasados por las esquizofrénicas políticas de CiU-ERC, CUP y compañía. Tras ella, remata Iglesias añadiendo, con toda razón, que “Hablar de Cataluña es hablar de recortes sanitarios récord entre 2010 y 2014” para dejar en evidencia a los partidos de izquierdas catalanes que se olvidaron de cuál debe ser su mensaje primordial al preferir pescar votos en el turbulento mar del soberanismo. Y, haciendo un guiño a Cataluña, asegura “Yo soy de Vallecas y me siento en mi casa cuando estoy en Cornellá, L´Hospitalet o Nous Barris”, antes de afrontar su postura respecto al independentismo.

            Con esta casi perfecta puesta en escena, Pablo Iglesias esboza su proyecto teórico y en abstracto. “No he venido a Catalunya a prometer nada a nadie, eso sí, os prometo que a mí no me veréis dándome un abrazo con Rajoy ni con Mas”, lo que, al margen de desdecirse a sí mismo (sí vino a prometer algo), supone un ataque directo a las políticas de izquierdas que no tienen reparo alguno en apoyar las políticas de derechas, tanto a nivel español como catalán. Y sin más se declara contrario a la independencia de Catalunya, “¿Quiero que Cataluña se independice? No, pero sé que la casta española ha insultado a los catalanes”, aunque, como ven, sin renunciar a la incitación al rechazo al resto de España, eso sí, restringido a la “casta”, y se declara favorable al manido “derecho a decidir” pero genéricamente y “sobre todas las cosas” como fórmula perfecta para avalar su proyecto antisistema alegando que “para que haya soberanía y que se pueda decidir sobre todas las cosas hace falta abrir un proceso constituyente que abra los candados”. Es decir, borrón y cuenta nueva a lo establecido democráticamente, como si el sistema democrático actual no existiera, retrotrayéndonos al antiguo debate tras la muerte de Franco, ruptura o reforma, que los españoles zanjaron de forma abrumadora apostando por lo segundo. Así, nada de reformas; ruptura y punto. Un proceso constituyente que, con toda certeza, no obtendría mucho más de la mitad de apoyos que los de la actual Constitución y, con toda probabilidad, supondría, como ha sido tradicional en la historia constitucional española, la imposición de un modelo por parte de la mitad de los españoles a la otra mitad, provocando una muy difícil alternancia política que, como antaño, habría de resolverse mediante episodios más o menos violentos nada deseables. Esta fue la tragedia de la Historia más reciente de España hasta 1978.

            Como ven, todo su discurso basado en el qué, pero ninguna referencia al cómo. No se fía “de los políticos que hacen promesas”, pero hay que fiarse, aunque no diga cómo, de su promesa de acabar con la “casta” de este “régimen corrupto”, en el que cuando surgen brotes verdes de prácticas corruptas entre sus propios colegas de partido, incluido él mismo, no son reales, sino producto de la “campaña de difamación que se estaba produciendo en su contra”. Y, por ello, cuando desde la “casta” política alguien le llama “Don Limpio”, pero que no pasa la prueba del algodón, es un insulto intolerable, mientras que cuando él llama “caniche rabioso”, no a un contrincante político, sino a un periodista, es un piropo ocurrente y, por supuesto, sobradamente merecido. Sólo falta que en esta estrategia nihilista se pretenda evitar que en el futuro haya que decir “Pablo Iglesias nos falló”, como diría Gemma Ubasart, y no precisamente porque “una llamada de Berlín” echara abajo el proyecto, como el de ZP, sino precisamente porque, al no haber proyecto alguno, Pablo Iglesias y compañía no pueden fallar jamás.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

HASTA LOS SANTOS SE EQUIVOCAN

                        Hace unos días la internacionalmente conocida Montserrat Caballé, al preguntarle por las andanzas y asuntos del ex Molt Honorable President de Catalunya, Jordi Pujol, contestó tajante que “Hasta los santos se han equivocado”, lo que genera cierta confusión al no saber si lo que quiere decir la catalana es que Pujol es un santo y como tal se equivoca; que, siendo un demonio, cómo no va a equivocarse si lo hacen los santos; o que, como cualquier mortal, es susceptible de equivocarse. Pero, dejando al margen la consideración personal que Caballé tenga del personaje en cuestión, en todo caso, lo que si queda meridianamente claro e inequívoco es que ella considera como un simple error la conducta del ex President. Una equivocación o error, sin más, por el que, junto a su familia, está siendo investigado e imputado por la Justicia, pero que, curiosamente, le ha proporcionado una descomunal fortuna, oculta a Hacienda en paraísos fiscales y de dudosa procedencia. Asimismo, determinados tertulianos televisivos, incluso muy conocidos, algunos incluso furibundos atacantes de casos de corrupción ajenos, que no propios (me refiero a opciones políticas), como, por ejemplo María Antonia Trujillo, Ministra con el Gobierno de ZP, ahora califican también de “errores” las conductas, por ejemplo, de Tania Sánchez de IU o de algunos dirigentes de Podemos, que todos conocemos. Errores que, por supuesto, les han proporcionado, directamente o a sus familiares, determinadas ventajas como adjudicaciones de pisos, ayudas y subvenciones públicas, sueldos incumpliendo el contrato de trabajo, ocultación de ingresos, pagos y cobros en B, empresas camufladas como asociaciones sin ánimo de lucro… tal como esgrimen, incluso con la documentación pertinente, quienes consideran que se trata de algo más que simples errores o irregularidades. Y cuando éstos tertulianos, más bien pocos, que actúan al margen de santos o demonios preconcebidos, equiparan estos “errores” con los sobradamente conocidos casos de corrupción en el seno del PP o del PSOE (los del “y tú más”), los conversos se sacan argumentos pintorescos, como el de Caballé, para que determinados personajes y sus respectivas opciones políticas, salgan limpios del basurero como si se tratara de ángeles tocados por la mano de Dios.

            Por lo tanto, basta seguir las diversas tertulias televisivas (las de un lado y las del otro), para constatar esta perversa estrategia, que supera incluso la anterior del “y tú más”, consistente en que, indiscutidas las malévolas intenciones del PP contra los ciudadanos y las benévolas pero ineficaces del PSOE, ambos partidos, como protagonistas del pernicioso bipartidismo, que tantas miserias económicas y atentados sociales ha traído a esta España democrática (anteriormente idílica), han de ser estigmatizados como los exclusivos depositarios de la corrupción, dejando al margen de la misma al resto de partidos. Desplazada así la estrategia del “y tú más” por la del “tú sí y yo no”, si entre los autoproclamados baluartes de la pureza inmaculada aparece algún caso similar al de los anteriores, se pasa al capítulo de errores, con lo que, por ejemplo, forrarse con una empresa camuflada como asociación “sin ánimo de lucro” puede ser terrorífico e intolerable para Urdangarín, que lo es, y simplemente un error para Pablo Iglesias. Y si se insiste en que la figura delictiva es idéntica en ambos casos, entonces se recurre a la antigua estrategia del “y tú más” alegando que las cuantías camufladas por uno u otro son incomparables. Obviamente, con estos argumentos, uno se queda estupefacto, cuando algunos tertulianos de tercera generación, hasta defienden la supuesta financiación ilegal de Podemos, frente a la del PP, por ejemplo, porque al ser un partido tan joven aún no tiene financiación pública y, por tanto, está más que justificada su financiación irregular.

            Y con estos planteamientos de moda, no es lo mismo que la concejal de Rivas Tania Sánchez favorezca con su voto presencial a familiares directos, que si lo hace cualquier otro concejal del PP o del PSOE; ni es lo mismo que los Pujol oculten sus ingresos, teniendo que hacer declaraciones complementarias cuando les pillan, a que lo haga el mismísimo Pablo Iglesias, olvidando que, además de su sueldo como eurodiputado, ingresaba 2.000 euros al mes como presentador. Y así podríamos seguir con otros tantos ejemplos por el estilo. ¿A quién no se le olvidan 2.000 euros más de ingresos al mes? ¿a quién, toda una fortuna patrimonial? Hombre, desde luego a la casi totalidad de trabajadores de este país no se les puede olvidar ni una ni otra cifra, pues la inmensa mayoría de ellos está muy por debajo de esas cuantías salariales y de ese nivel de riqueza. Cabe pensar que semejantes olvidos o errores, sean exclusivos de la “casta”, pero, teniendo en cuenta que entre los olvidadizos está Pablo Iglesias, que se autoproclama como “anti casta”, tampoco es válida dicha conclusión. En fin, mejor dejarlo como está, es decir, que sean errores o delitos según cada caso y cada protagonista, pues, al final, como dice Caballé, si “hasta los santos se han equivocado”, al existir demasiadas personas devotas de santos tan diversos (los hay para todos los gustos), el dilema lo seguiremos teniendo sólo los agnósticos, pues los creyentes lo tienen bien claro y en asuntos de fe utilizar argumentos racionales no deja de ser un ejercicio vano.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

POLÍTICA Y JUSTICIA

                        Con demasiada frecuencia se suele recurrir a la Política como a una especie de cajón de sastre en el que cabe todo y, muy especialmente, todo aquello que tiene difícil encaje en los comportamientos de convivencia colectiva habituales. Y no se está desencaminado si, al margen de las diversas acepciones, concluimos que la “política” es la actividad que se ocupa de que una sociedad libre, compuesta por hombres y mujeres libres, resuelva los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Por tanto, cualquier conflicto, cualquier choque de intereses, cualquier litigio entre personas o instituciones es susceptible de ser tratado como un problema político e inevitablemente así ha de tratarse. Pero la Política, con mayúsculas y en su plena dimensión, requiere hombres y mujeres libres, pues en caso contrario serían los gobernantes quienes resolverían e impondrían a su antojo las soluciones a los problemas planteados por la convivencia colectiva de sus súbditos, que no ciudadanos. Hombres y mujeres libres, no en abstracto sino en concreto, ya que la libertad, como concepto abstracto carece de sentido, y por ello ha de concretarse en una serie de libertades, concretas y específicas, libremente acordadas por la mayoría de ciudadanos que libremente se embarcan en la aventura de compartir un proyecto común de convivencia colectiva, lo que supone obviamente una serie de derechos y deberes, así como unas reglas de juego, que todos, absolutamente todos, han de acatar y respetar, como garantía y seguridad de su convivencia colectiva en libertad, necesariamente limitada. Y de esta necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes nace la Justicia, como el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado de relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la acción recíproca ejercida por individuos e instituciones. Por tanto Política y Justicia, con mayúsculas, forman parte indisoluble de la convivencia humana en paz y en libertad, al extremo de que disociadas o por separado atentarían gravemente contra la propia dignidad humana, menoscabando la esencia del hombre como ser social y libre, con el grave riesgo de romper la armonía de la convivencia humana colectiva.

            En “román paladino”, para que todos lo entiendan, sin Política no hay Justicia y viceversa, en el más alto significado de ambos términos. Por ello es incomprensible que, ante problemas complejos, como por ejemplo el reto independentista de Artur Mas, Oriol Junqueras y compañía, algunos líderes políticos no independentistas, rompiendo el indisoluble binomio Política-Justicia, como si por separado tuvieran un sentido pleno, digan que el asunto es un problema político y que como tal hay que tratarlo y resolverlo, al margen del desafío a la Justicia que, para lograr su objetivo, plantean los independentistas. Sería interesante en todo caso que quienes así actúan dijeran qué tipo de diálogo exigen a las instancias gubernamentales y para qué lo exigen, con personajes que, como Artur Mas, afirman que la legitimidad política vale tanto como la legalidad, es decir, como la inexcusable observancia y aplicación de la Justicia. ¿A qué legitimidad política se refiere disociada de la Justicia? Fuera de la Justicia, no hay Política en el mejor sentido del concepto y en toda su dimensión. Por tanto el juego perverso con claros intereses particulares de disociar como realidades diferentes y contrapuestas las partes de un todo, prostituye no sólo la esencia de dichas partes sino también la esencia del conjunto como garante de la convivencia humana colectiva en paz y en liberad.

            No vale pues, como dice Durán, esa “tercera vía” entre la “sumisión” y la “secesión”, en sintonía con lo que defiende Pedro Sánchez, siendo legítimas sus ofertas de “estado federal” u otros modelos como proyecto político. No se trata de optar por uno de los dos términos de otro binomio infernal inexistente (sumisión o secesión), al igual que sucede entre Política y Justicia, ya que la aplicación de la Justicia no supone ninguna sumisión, sino todo lo contrario, ya que se trata precisamente de la garantía de libertad dentro del marco político libremente establecido. Sumisión sería someterse a los caprichos de unos pocos o de muchos al margen de la Justicia. Y, en cuanto a la secesión (una opción política como otra cualquiera) de lo que se trata es de si sus promotores pretenden conseguirla al margen de la Política y, obviamente, de la Justicia o, como cualquier otro proyecto, dentro de los cauces que la comunidad colectiva, en este caso la española (incluidos los catalanes), decidió en su momento como expresión libre de su proyecto común de convivencia. La tragedia es justo que algunos pretendan romperlo por meros intereses bastardos y argumenten, engañando a los ciudadanos, para salir del paso, que la solución ha de ser política y no jurídica, cuando la primera opción requiere obligadamente circunscribirse a la segunda. Dice Mas que “Cataluña no confía en el Estado” cuando el problema es que ningún ciudadano realmente libre puede confiar en sus planteamientos anti-políticos por injustos y al margen de la libertad y las garantías democráticas.

                             Fdo. Jorge Cremades Sena 

CORRUPCIÓN, UN CÍRCULO VICIOSO

                        La corrupción en España es un círculo vicioso, nunca mejor dicho, muy difícil de romper. Y el mejor ejemplo es el último debate al respecto en el Congreso de los Diputados. Una nueva ocasión perdida, la enésima, para romperlo de una vez por todas. A la gran mayoría de portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara no debiera dolerle prendas en reconocer, aceptar y admitir, como hizo en este caso el Presidente del Gobierno, “problemas serios” en asuntos de corrupción ya que es público y notorio. Todo el mundo ya ha perdido hasta la cuenta de los múltiples casos de corrupción que se reparten entre unos y otros, que unos y otros utilizan como armas arrojadizas para menoscabar al contrario, olvidando y ocultando los casos propios. Es la indecente e hipócrita estrategia coyuntural para que las cosas sigan como están, cuando la ciudadanía ya no tiene más tragaderas y sólo espera y desea que, de una vez por todas, todos, absolutamente todos, busquen la fórmula adecuada para acabar definitivamente con tan intolerable situación. Pero, aunque todos lo esperaban, no fue así. Unas setenta medidas anti-corrupción propuestas por el Gobierno, ni siquiera fueron tomadas en cuenta como algo positivo o negativo por parte de casi toda la oposición, rechazándolas con el desvergonzado e incoherente argumento de que el Presidente Rajoy carece de credibilidad para liderar la regeneración, y olvidando que, si de credibilidad se tratara, todos prácticamente deberían hacer las maletas y marcharse a casa, tal como manifiestan las encuestas. En definitiva, el círculo vicioso de la corrupción sigue indemne: como todos los partidos carecen de credibilidad, como todos tienen por qué callar, que ninguno de sus líderes proponga soluciones y si a alguno, como es el caso, se le ocurre hacerlo, por la razón u objetivo que sea, ni las valoramos, sino todo lo contrario, las rechazamos recurriendo al pecado original de su promotor. Por lo visto les es más rentable seguir poniendo en marcha, una vez más, el ventilador de la basura por perjudicial que sea para la ciudadanía en su conjunto y para el interés general. Es la triste realidad.

            Imaginen por un instante que nuestros representantes en el Parlamento estuviesen decididos a luchar contra la corrupción de verdad, sin trampas ni cartón. En ese caso, al margen de lo que opine cada uno de Rajoy o de sus razones para presentar dichas medidas anticorrupción, lo prioritario y sensato sería que se respaldaran las consideradas como positivas para convertirlas en leyes con amplio respaldo y se anunciara la predisposición a mejorarlas, vía enmiendas, en el posterior trámite parlamentario. Lo inexplicable es, como se ha hecho, rechazarlas de entrada porque su promotor no les merece crédito. Y quienes así actúan, al menos, debieran explicar a los ciudadanos, por qué no están de acuerdo y dificultan que se contemple en la ley que, entre otras cosas, se tipifique por primera vez la financiación ilegal como delito, se fije un plazo máximo en la instrucción de los macro-procesos judiciales, se prohíba el uso de tarjetas de crédito a los altos cargos, se exija que los militantes participen en la elección de los cargos de dirección, se extingan los partidos que no cumplan las normas, se haga mayor control de los viajes y gastos de los parlamentarios, se suspenda de militancia cuando se abra juicio oral, se prohíban las donaciones de personas jurídicas y se limiten las de las físicas hasta un máximo de 50.000 euros, se prohíba condonar o renegociar la deuda de los partidos por debajo de los mercados, se obligue a detallar su patrimonio a los cargos al llegar y al abandonar sus puestos….. ¿acaso estas medidas no dificultan las prácticas corruptas? ¿es mejor seguir con el “y tú más”? ¡Basta ya de tanta hipocresía e incoherencia!

            Si de veras queremos romper definitivamente este círculo vicioso de la corrupción, al margen de la ideología de cada uno, hemos de exigir que espectáculos como el protagonizado en el Congreso no se vuelvan a repetir. Precisamente es la institución que puede y debe cambiar el rumbo aprobando una legalidad más adecuada para combatir a los corruptos. Y los responsables de que no se haga tienen nombres y apellidos. En primer lugar el Gobierno que, con su mayoría absoluta, no puede permitirse el lujo de dejar pasar esta legislatura dejando las cosas como están. En segundo lugar la oposición, que no puede permitirse el lujo de dejar pasar la legislatura sin aportar una iniciativa global al respecto y rechazar además la que presenta el Gobierno. Cierto que Rajoy finalmente anunció que, en caso de que no haya consenso amplio, convertirá las propuestas en medidas legales con la mayoría absoluta que los ciudadanos le han otorgado. Es lo que, en todo caso, debe hacer y que cada cual aguante su vela. Lo intolerable es que finalice la legislatura y, entre unos y otros, quede la casa sin barrer. El pueblo en las próximas elecciones sabrá valorar lo actuado por unos y otros. O, al menos, así debiera hacerlo.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

NACIONALISMO Y POPULISMO EN EUROPA

                        La vertiginosa ascensión del fenómeno Podemos, su transformación en partido político y la proyección positiva que le dan las encuestas, situándolo como segunda o tercera fuerza política en España (e incluso como primera fuerza), ha zarandeado de tal forma la tranquila estrategia alternante del bipartidismo socialista-popular que, hoy por hoy, apenas se habla de otra cosa en las tertulias políticas, como si el fenómeno fuera exclusivo de España o como si fuera algo nuevo en la Historia europea. Pero, al no ser exclusivo de un país, en este caso el nuestro, ni históricamente novedoso, conviene situar el asunto en sus justos términos para entender la dimensión del problema y, obviamente, poder afrontarlo. En efecto, aunque no es cuestión de resignarse con el “mal de muchos, consuelo de tontos”, ni de infravalorar los riesgos que nacionalismos y populismos (dos caras de la misma moneda totalitaria) pueden acarrear en el futuro, sino justo de todo lo contrario, lo cierto es que dichos movimientos, que ya llegaron al mismísimo Parlamento Europeo en los años ochenta para defender ideas opuestas a la integración y que antes, en los años treinta, causaron una de las mayores tragedias de la Historia, preocupan hoy por su ascenso y generalización en toda Europa, convirtiendo el problema en global, no sólo para la UE sino también para el resto de países europeos, y, por lo tanto, su tratamiento requiere una respuesta global de las “democracias liberales” u occidentales, amenazadas conjuntamente. No en vano fueron los populismos nacionalistas quienes siempre estuvieron en el origen de la mayoría de las guerras contemporáneas en Europa y sólo una respuesta europea global y conjunta podrá afrontar con éxito esta nueva amenaza y evitar una nueva escalada bélica antes o después. O Europa sale solidaria y conjuntamente de la crisis, que no es sólo económica, pero sí el mejor caldo de cultivo para vender soluciones fáciles inexistentes para resolver problemas complejos reales, o, por separado, ningún país se libra de esta amenaza desestabilizadora antidemocrática.

            En todo caso, ni España es la excepción, ni las políticas socialistas o conservadoras son la causa. Las opciones totalitarias de extrema derecha o extrema izquierda proliferan con mayor o menor éxito en todos los países europeos al margen de quienes sean o hayan sido las ideologías democráticas que los gobiernan o los han gobernado. El radicalismo ideológico extremo que las inspira, sea de derechas o izquierdas, no busca una alternancia política dentro del sistema democrático establecido, sino la quiebra del mismo para sustituirlo por otro de corte autoritario. Así, desde Francia con el partido ultraderechista FN, primera fuerza política, hasta la tranquila Finlandia con el éxito del derechista Verdaderos Finlandeses (pasando por los variopintos Movimiento 5 Estrellas italiano,  Alternativa por Alemania, Demócratas de Suecia, UKIP británico, Jobbik en Hungría, …. y así sucesivamente), el fenómeno se extiende por doquier y, en algunos lugares, como en Grecia, con bastante éxito tanto para la opción de extrema derecha (Aurora Dorada) como de extrema izquierda (Syriza). En el fondo, con argumentos incluso bien contradictorios, está el rechazo a la UE (tanto si eres país miembro como si no) y la adhesión el totalitarismo frente a las democracias instituidas que consideran caducas, intentando derribarlas no con propuestas de solución viables sino con la negación y descrédito de las clases dirigentes a quienes responsabilizan, al margen de sus respetivas ideologías, de todos los males habidos y por haber, muchas veces, no exentos de razón, provocando algo que pudiera ser positivo como es el despertarlas del letargo que padecen desde hace tiempo, ante la disyuntiva de renovarse o morir por inanición. Y en este contexto de la crisis en Europa, no sólo económica, sino también política y social, en España surge Podemos, al igual que en otros lares, por idénticas razones, han surgido similares opciones. Por tanto, ningún fenómeno paranormal.

            No obstante, simplificar el fenómeno y reducirlo a una sola causa, por importante que sea, es un grave error. Que la militancia anti-UE sea una motivación y la crisis un caldo de cultivo, o que el deterioro del Estado de Bienestar, la soberanía nacional, la inmigración, el paro…o cualquier otro asunto sirva como banderín de enganche, no explican “per se” el fenómeno populista y/o nacionalista. Baste recordar que países como Noruega o Suiza (ajenos a la UE), como Austria (sin crisis y con pleno empleo), como Reino Unido (fuera de la eurozona) o como Finlandia (modelo de bienestar) sufren el fenómeno, con los matices que se quiera, como el resto de países europeos. Más convendría prestar atención, sin menoscabo de la prioridad política de salir de la crisis y generar empleo, a otras cuestiones bastante comunes en esta vieja Europa democrática, en la que los partidos tradicionales, instalados cómodamente en la alternancia, se preocupan sólo por mantener su situación privilegiada mediante estatutos a su favor, saqueo de fondos públicos, prebendas a familiares, amigos o afines ideológicos, incumplimiento de promesas electorales… y otra serie de cosas por el estilo, que provocan un hartazgo popular generalizado de un sistema más parecido a una partitocracia que a una democracia representativa. Y en esto, aunque no sea exclusivamente nuestro, sí que en España nos llevamos la palma, lo que, en parte, explica el vertiginoso ascenso de Podemos.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

CONVENIENCIA O PROCEDENCIA

                        Que las cosas pintan muy mal en España es una percepción realista y no pesimista al extremo de que se tiene la sensación de que las instituciones del Estado actúan más bien por intereses particulares que generales; en definitiva, que buscan lo que a cada uno le conviene al margen de lo que procede. El último espectáculo de esta penosa situación, la gota que colma el vaso, la protagonizan los fiscales con el asunto de la querella a Artur Mas por su actuación en el patético 9-N que, en sí mismo, merecería el repudio generalizado, no por el fondo del asunto (el objetivo soberanista es totalmente legítimo) sino por las formas en que se ha desarrollado (la legalidad debe ser indiscutible y prioritaria). Sin embargo, la dialéctica entre conveniencia política (para unos u otros) y procedencia legal (para todos, como ciudadanos de un Estado de Derecho), en definitiva, la dialéctica entre Política y Justicia, como si fueran elementos contrarios en vez de las dos caras de la misma moneda en un Estado de Derecho, nubla el presente y amenaza al futuro de forma alarmante, perdiendo la perspectiva de que, ni son conceptos contrapuestos, ni de que el ejercicio de los mismos tiene el mismo nivel de prevalencia, ya que sin la prioridad de la aplicación de la Justicia no cabe el ejercicio de la política desde planteamientos democráticos. La insólita discrepancia entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado (institución jerarquizada) como si de dos estados distintos (con marcos legales diferentes) se tratara, pone en evidencia la quiebra definitiva de nuestro modelo de Estado Autonómico e incluso rebasaría lo tolerable en cualquier Estado Federal, al extremo de que, cualquier desenlace del asunto, sea el que sea, supondrá ahora un paso más a favor de quienes se empeñan en liquidar nuestro sistema democrático.

            Las acusaciones recíprocas desde los aledaños del Gobierno de España y desde la Generalitat (así como las de los respectivos partidos que los sostienen) de estar presionando a sus respectivos fiscales, como si todos ellos no fuesen fiscales del Estado Español y defendiesen la misma legalidad, desamparan a los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, privándoles del principio de seguridad jurídica que, reconocido universalmente, se basa en la “certeza del derecho”. Las interesadas críticas del resto de partidos políticos, subiéndose al carro que más conviene a cada uno de ellos, en vez de posicionarse claramente por la prevalencia de la ley, pone en evidencia la miopía política que, en el mejor de los casos, les conduce al pan para hoy y hambre para mañana. La prevalencia de la Ley exige que, al menos, se abra una investigación sobre la actuación, como mínimo sospechosa, de las autoridades de la Generalitat por si fuesen constitutivas de algún tipo de delito que “a priori” parece más que probable. Por tanto, que técnicamente los fiscales catalanes o quien sea, se agarren para no querellarse contra Artur Mas a que el TC no le avisó personal y concretamente de que debía abstenerse de cualquier apoyo público o institucional al 9-N, desautorizado tanto en su versión real como en su sucedáneo, es tanto como admitir que nuestros gobernantes, en este caso Mas, son idiotas de remate y no saben lo que hacen (lo que, en todo caso, no les eximiría de responsabilidad) o que los idiotas somos todos los demás. Sólo así se puede intentar explicar que, tras la expresa desautorización de la farsa del 9-N, pública y notoria, se exima al president de responsabilidad penal porque el TC no le apercibiera de las responsabilidades legales en que incurriría en caso de no respetar la suspensión, que, en todo caso, afectaría sólo al delito de desobediencia y no a otros como malversación de fondos públicos,  prevaricación, usurpación de funciones…

            Someter la legalidad a la conveniencia política supone tal arbitrariedad que pone patas arriba no ya un Estado de Derecho, más o menos autoritario, sino que atenta directamente contra los principios básicos de cualquier sistema democrático. La cuestión por tanto no es que sea o no conveniente salvar a Artur Mas, como se dice en ciertos círculos, y que éste haya traicionado un pacto previo con el PP y el PSOE de “laisser faire, laisser passer” para minimizar la farsa del 9-N y posibilitar una salida airosa para unos u otros, que sería aún peor; la cuestión es que semejante atentado contra el Estado de Derecho, que el común de los mortales percibe sin lugar a dudas, no puede ni debe quedar impune. Y ello exige que la Justicia (con mayúsculas) funcione de una vez por todas. Pero difícilmente puede funcionar si los mecanismos que la ponen en marcha permiten discrepancias, no ya de matiz sino esenciales, no ya durante el desarrollo de un proceso, como a veces sucede, ni entre fiscal y juez en el alcance de los delitos imputados, sino incluso desde los supuestos preliminares para iniciar un proceso mediante la pertinente imputación de supuestos delitos entre los propios fiscales, quienes, se supone, han de velar por el cumplimiento de la legalidad que, obviamente, no puede obtenerse por dos caminos opuestos. Menos aún puede funcionar la Justicia si su indefinición jurídica permitiera, en cualquiera de sus instancias o de sus agentes, determinadas actuaciones y sus contrarias, al amparo de sombras concretas para actuar según la conveniencia en vez de la procedencia de la actuación.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena