JUSTICIA COMO ARMA POLÍTICA

                        La coincidencia temporal de sentencias judiciales sobre varios casos de corrupción relevantes (“Gürtel”, “Nóos”, “Tarjetas black”), que en estos días han dictado los respectivos tribunales, pone de relieve el torticero uso de la Justicia como arma política arrojadiza sin reparar, tanto los medios de comunicación como los políticos, en el daño que semejantes comportamientos hacen a nuestro Estado de Derecho, pues una cosa es hacer crítica jurídica a las sentencias que no nos gusten o a las leyes en que se sustenten, ¡faltaría más!, y otra bien distinta es arremeter gratuitamente cuando conviene, sin argumento jurídico alguno, contra tribunales, jueces y fiscales como si formaran parte de un sistema de justicia ideologizada y sometida al poder ejecutivo y, por tanto, carente de independencia (requisito básico de cualquier sistema democrático moderno) y al servicio de los poderosos. Un panorama siniestro alejado de la realidad que algunos, demasiados quizá, dibujan y venden mediáticamente a la sociedad, para obtener particulares beneficios políticos o de audiencia, a través de politicastros de pacotilla o de tertulianos de piñón fijo y a sueldo, que, con verdades a medias, cuando no mentiras, engañan a los televidentes para conseguir sus espurios objetivos a base de desprestigiar malintencionadamente a la Justicia que, en España, mejorable como casi todo en esta vida y como en el resto de países, aunque tarde, funciona y, prueba de ello, son las condenas dictadas, entre otras, a los líderes de los casos citados, sean quienes sean, contradiciendo a los agoreros que, desde el inicio de la investigación y durante el proceso, intoxicaban diciendo lo contrario y, no conformes con ello, ahora siguen intoxicando contra las sentencias dictadas, con tal de deteriorar nuestro Estado de Derecho. Una cosa es hacer crítica jurídica, otra informar y otra opinar basándose en falsedades sobre la actuación de tribunales y aplicación de procedimientos legales, atribuyéndoles maliciosamente arbitrariedades inexistentes o intencionalidades perversas cuando simplemente aplican la ley según lo establecido y, en base a ello, dictan sentencias según su mejor o peor entendimiento, siempre con la garantía de que instancias superiores dictarán el veredicto definitivo. ¿Dónde está el problema, pues?

            Decir, como dicen algunos públicamente, que Urdangarín se va “de rositas”, cuando, de momento, acaba de ser condenado a seis años de cárcel, sabiendo que, como el resto de ciudadanos, tiene derecho a recurrir a instancias superiores hasta que la sentencia sea firme y ejecutable, es simplemente mentir. Y añadir que en España hay una justicia para “exduques” o poderosos, porque no dictan prisión provisional, y otra para los demás, sabiendo que los jueces suelen aplicar la norma general de libertad con cargos cuando no hay riesgo de fuga (supuesto obviamente subjetivo, pero que en Urdangarín no cabe duda al tener escolta), es simplemente una majadería contra los jueces que así lo han acordado. Si se pretende que las condenas se ejecuten antes de ser definitivas, que se elimine entretanto la libertad con cargos o que la aplicación de ésta deje de ser a criterio razonado de los jueces sobre el peligro de fuga, dígase. Y si se considera conveniente socialmente, cámbiese la legislación. Lo inaceptable es arremeter contra los jueces según convenga política o mediáticamente cuando aplican lo establecido y menoscabar su actuación según la condición de los personajes en que recae en vez de los hechos y circunstancias juzgados.

            Arremeter, como arremeten algunos, contra la Infanta Cristina para dañar la imagen de la Monarquía o Jefatura de Estado que democráticamente nos hemos dado los españoles, porque está contenta tras haber sido absuelta de los delitos que se le imputaban y por vivir su vida normal, sabiendo que actúa, como cualquier otro ciudadano en situación similar, es simplemente una hipocresía. Y añadir que la han absuelto por ser quien es, habiendo dicho en principio que ni la iban a sentar en el banquillo, sabiendo que durante el juicio, como no puede ser de otra forma, se han observado todas las garantías procesales y se han amparado todos los derechos de unos y otros, incluido el del recurso, es simplemente una majadería contra la Justicia en España, una de las más garantistas que existen, pero, obviamente para todos y como a todos, incluida la Infanta. Si se pretende realmente una Justicia igual para todos y, cuando así se aplica, lo que realmente se desea es una justicia más represiva y distinta para “exduques” y poderosos que para el común de los mortales, dígase. Ni la Infanta es la única que ha sido absuelta, ni Urdangarín el único condenado, por más que algunos pretendan venderlo así ante la opinión pública. Ni la Infanta, entre los absueltos, es la única que está contenta y vive su vida con normalidad, ni Urdangarín, entre los condenados, es el único que queda en libertad a la espera de la decisión definitiva de la Justicia. Esa es la realidad, pese a quien pese.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

CANDIDATURA DE PATXI LÓPEZ, UN FRAUDE

                        Aunque se rumoreaba y, ya se sabe, “cuando el río suena, agua lleva”, Patxi López es el primero en lanzar su candidatura a la Secretaría General del PSOE, seguramente por aquello de que “quien da primero, da dos veces” y, curiosamente, sin que nadie le pida explicaciones avala su decisión diciendo que no va a “participar en un apaño” y que llegará “hasta el final”, que se ve el único candidato “capaz de tender puentes con todos”, que “la abstención en la investidura fue un error”, que se presenta “para defender un proyecto y no para luchar contra nadie”, que le gustaría “sumar a Pedro Sánchez” en su “proyecto”, que “no son tiempos de cálculos de poder sino de hacer propuestas claras a los militantes”, que su “prioridad” será recuperar la unidad entendida no como “uniformidad” sino desde “la lealtad, el compañerismo y la fraternidad”, y que no siente haber traicionado a Sánchez ya que siempre ha sido leal a su “secretario general, a todos” y ahora lo es  al proyecto en el que cree de “una izquierda exigente”, es decir, al proyecto de Pedro Sánchez. Bonitas palabras que cualquier candidato, limpio de polvo y paja, podría asumir como propias, pero que, lamentablemente, en boca de Patxi López, dada su trayectoria, no sólo suenan a deslealtad, engaño y traición hacia Pedro Sánchez y la camarilla que, como él mismo, le animaron en su errática trayectoria, sino que además suponen un fraude a los militantes que, adoctrinados por ellos, se erigieron en baluarte inexpugnable del absurdo “no es no”, la absurda “izquierda exigente” e inútil de que habla López, que les conducía hacia el abismo, la inoperancia y la irresponsabilidad más absoluta.

            Un fraude a las bases, que, animadas por el “sanchismo” defendido por Patxi López, confiaron, erradas o no, en la promesa de que lo ideal para el PSOE y para España era llevar “hasta el final” y con todas las consecuencias el “no es no” a la investidura de Rajoy e incluso a dialogar con la derecha, para que muchos cuadros, entre ellos Patxi, abandonaran el barco absteniéndose frente a unos pocos que se mantuvieran fieles al ex secretario general, quien, animado por los suyos, entre ellos López, renunciaba al escaño para no desobedecer las directrices oficiales y mantener legitimidad plena para presentarse después como candidato a la Secretaría General con su proyecto. Pero ahora, ¡oh sorpresa!, antes de que Sánchez confirme públicamente su candidatura y tras ser abandonado por sus propios cuadros territoriales, que no por las bases, aparece Patxi López y, tras hablarlo con ellos, que no con las bases, se le anticipa pretendiendo liderar el proyecto sanchista y, sin reparo alguno, publica que fue un error abstenerse (aunque él se abstuvo), que lo acertado era desobedecer al Comité Federal (aunque él lo obedeció) y que invita a Sánchez a que le apoye en su candidatura, cuando lo razonable sería que él apoyara a Sánchez de nuevo o se sumara a las tesis oficialistas definitivamente. ¿Quién cree ahora que llegará “hasta el final” y no se trata de un “apaño” para minar las opciones del sanchismo en las primarias? ¿Por qué él sí como líder, y Sánchez no, del proyecto pedrista frente al tradicional modelo socialista que, supuestamente, defiende Susana Díaz? No en vano la palabra “traición” se oye cada vez más en el ambiente.

            Un fraude en toda regla ya que, tras la manifiesta ruptura del PSOE en dos modelos antagónicos, tanto ideológicos como organizativos, puesta de manifiesto de forma abrupta públicamente, sólo cabe despejar, sin paños calientes y con todas las consecuencias, cuál de los dos modelos es mayoritario entre la militancia socialista, pues, ya no se trata sólo, aunque también, como en ocasiones anteriores, de la indecente y tradicional lucha por el poder personal entre las diversas “familias”, que tanto daño ha hecho al PSOE, sino de algo mucho más grave y trascendental como es decidir si el modelo de partido socialista futuro seguirá siendo homologable con la socialdemocracia europea o con los modelos populistas de izquierda emergentes en Europa, por lo que no cabe esa “tercera vía” que oferta Patxi López y, si cupiera, difícilmente podría ser pivotada por alguien que tanto se ha decantado y tan fervientemente ha apostado por uno de los dos modelos antagónicos en litigio, lo que le inhabilita como elemento de concordia. Con razón Pedro Sánchez, al conocer la decisión de su ex colaborador, manifiesta que, frente a las supuestas candidaturas de Susana y de él mismo, “no tiene sentido que haya tres candidaturas”, pues son dos modelos los que están en juego y cada uno de ellos ya tiene a sus respectivos líderes… Un tercero huele inevitablemente a fraude, bien para que nada cambie, bien para favorecer en definitiva de forma desleal a cualquiera de los dos verdaderos contendientes.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

ATAQUE A LA DEMOCRACIA

                        Son de tal envergadura las dosis de cinismo, manipulación y demagogia del totalitarismo independentista catalán que, después de atacar reiteradamente al Estado de Derecho, desobedeciendo una y otra vez las reglas de juego institucional y constitucionalmente establecidas, se permiten calificar las investigaciones y sentencias judiciales por hechos y conductas flagrantemente delictivas como un “ataque a la democracia” cuando son precisamente sus reiterados desacatos a la legalidad vigente establecida los que constituyen no ya un ataque sino un peligroso e intolerable atentado contra la democracia, lo que indudablemente les sería vedado tajantemente en cualquier otro país democrático y desarrollado de nuestro entorno. En efecto, si hace unos días la desafiante respuesta del investigado Homs a la sentencia del Tribunal Constitucional, contraria a la ilegal hoja de ruta del ilegal referéndum, advirtiendo sobre la susceptible responsabilidad penal de sus promotores, era que “sí o sí habrá urnas, sí o sí habrá colegios abiertos y no van a mandar ni tanques ni matones”, el procesamiento de Forcadell y su pertinente comparecencia ante el TC se convierte en otro desafío al Estado de Derecho en el que consejeros, alcaldes y dirigentes independentistas, atribuyéndose la representación de Cataluña, cuando representan al Estado de Derecho Español en las instituciones autonómicas catalanas, sostienen en comandita ante las mismísimas puertas del Tribunal que el procesamiento de la Presidenta del Parlament, por desacatar una sentencia expresa y concreta del mismo, es un ataque a la democracia, mientras ella niega haber desobedecido al Constitucional y, tergiversando la propia sentencia, sostiene que el Parlament debatirá la independencia, asunto que el TC no ha prohibido, en tanto que Puigdemont aprovecha la sentencia para dar carpetazo al diálogo ofertado por el Gobierno de España sobre todo, excepto, obviamente, sobre la ilegal consulta, único asunto que a los independentistas totalitarios les interesa.

            Ni el TC ha prohibido debatir en el Parlament sobre la independencia (en las asambleas legislativas, ¡faltaría más!, se permite debatir sobre cualquier asunto), ni nadie amenaza con enviar a Cataluña tanques y matones (salvo que, obviamente, los totalitarios independentistas dieran un paso más y se alzaran en armas), pues basta sencillamente con aplicar la ley y ejecutar las penas firmes que, en última instancia y con todas las garantías procesales, dictaminen las sentencias de los tribunales a los condenados como sucede con cualquier otro delincuente. Ha de quedar bien claro, aunque ellos lo tergiversen, que, tanto Homs como Forcadell y compañía, no son investigados por defender la independencia de Cataluña, que pueden seguir haciéndolo si así lo consideran, sino por cometer presuntos delitos para conseguirla al margen de la ley, lo que, como a cualquier otro ciudadano que actúa al margen de la legalidad establecida, les convierte de entrada en presuntos delincuentes hasta que pueda ser probado en los tribunales en cuyo caso tendrían que apechugar, como cualquier hijo de vecino, con las penas que se les imponga, ya sean multas, inhabilitaciones o penas de cárcel. Y, obviamente, en caso de negarse a cumplirlas, convirtiéndose en prófugos, les serían aplicadas las medidas coercitivas legales de búsqueda y captura, democráticamente establecidas, con que cuenta el Estado de Derecho. Es así de sencillo de entender. Ni tanques, ni matones, cuando, de momento, quienes utilizan el matonismo político, el chantaje y la amenaza son ellos.

            Convocar la cumbre de la consulta ilegal para abordar la ilegal “hoja de ruta de la autodeterminación”, como hace Puigdemont, desobedecer a la Audiencia Nacional no acudiendo a su citación ante el juez al no reconocer “la autoridad de ningún tribunal”, como hace el cupista edil Juan Coma, tramitar la ilegal consulta media hora después de la denuncia del TC porque “hice lo que correspondía y lo volvería a hacer”, como hace Forcadell, desobedecer la orden judicial y alardear de ello rompiendo el auto en las puertas del Ayuntamiento porque “ningún juez impedirá que ejerzamos nuestro derecho a la representación política”, como hace el concejal Téllez, y tantos y tantos hechos por el estilo, cuya lista sería interminable, encierran tal gravedad que para entender sus perniciosas consecuencias bastaría preguntarnos qué sucedería si todos los ciudadanos, normales y corrientes, actuáramos de idéntica forma chulesca y totalitaria, pues sencillamente la convivencia pacífica civilizada saltaría por los aires que, por lo visto, es lo que semejantes sujetos pretenden salvo que todos los españoles, incluidos los catalanes, nos sometamos a sus ilegales y caprichosos designios. Quebrar el principio de legalidad o permitírselo a quienes lo hacen mirando hacia otro lado es la ideal senda hacia el caos, la anarquía o el totalitarismo.

Son de tal envergadura las dosis de cinismo, manipulación y demagogia de los totalitarios gobernantes independentistas catalanes que, en un democrático Estado de Derecho, como es el caso, cuya esencia es el respeto escrupuloso a la ley y a las sentencias judiciales, sostienen sin rubor alguno que lo democrático es justo lo contrario ya que aplicar la ley, según ellos, supone atacar a la democracia.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

TOTALITARIOS Y MALEDUCADOS

                        La solemne apertura de las Cortes por el Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, con un impecable discurso democrático apelando al diálogo, a la regeneración política e institucional, a la generosidad y altura de miras como método para afrontar los grandes retos que España tiene planteados debiera editarse en video y emitirse frecuentemente para que todos los ciudadanos percibiesen directamente la abismal diferencia entre comportamientos democráticos educados cívicamente, protagonizados por la inmensa mayoría de la Cámara, y comportamientos totalitarios y maleducados, protagonizados por Unidos Podemos, al margen de las ausencias de ERC y Bildu, que se descalifican en sí mismas. Habla por sí misma (y valga la redundancia) la imagen del contraste en un Hemiciclo abarrotado (350 diputados y 266 senadores) puestos en píe tras el discurso real y aplaudiéndolo sonora y largamente (salvo peneuvistas y convergentes, que, en pie como los demás, no aplaudieron) con el de una minoría podemita y variopinta (71 diputados y un senador), sentada en sus escaños de forma irreverente (sin aplaudir, por supuesto) y haciendo gala de todo tipo de gestos, impropios del momento y del lugar, contra la Jefatura de Estado elegida por los españoles, como es la exhibición de una bandera republicana con la inscripción de “III República”, la camiseta de Cañamero con la inscripción de “Yo no voté a ningún Rey” o la de unos podemitas sentados y otros de pie mientras sonaba el Himno… etc etc, evidenciando el abismo entre entendimiento e intransigencia, tolerancia e intolerancia, política y barbarie y, en definitiva, entre totalitarismo y democracia. Instalados en la algarada callejera, en la irreverencia y en la demagogia supina que les caracteriza los totalitarios y maleducados diputados podemitas se olvidaron intencionadamente de que se les paga para hacer política y que, desde que decidieron libremente ser diputados, representan a todos los españoles y no a unos cuantos y han de respetar, les guste o no, el entramado institucional que los españoles, democráticamente, nos hemos dado. Es lo que hace o debe hacer cualquier demócrata al margen de las preferencias ideológicas que tenga. Si constituyendo semejante clarísima minoría en el Parlamento se muestran tan despóticamente intolerantes, ¿se imaginan su comportamiento si alguna vez fuesen mayoría?

            Ni siquiera atenúa semejantes conductas totalitarias y maleducadas que su líder, Pablo Iglesias, que encabezó el impresentable comportamiento global de su grupo, achacara las esperpénticas exhibiciones de bandera republicana o camiseta propagandística antimonárquica a iniciativas individuales, pues se desenmascara al decir que “algunos son Jefes de Estado porque son hijos de una dinastía” y “a nosotros nos vota la gente”, en clara sintonía con el asalta fincas y supermercados Cañamero y su “yo no voté a ningún Rey”. Miente descaradamente deslegitimando al Rey como Jefe del Estado y descalifica indecentemente a democracias de sobrada solvencia (como la inglesa, sueca, danesa, noruega….) que, como España, por decisión democrática de sus respectivos pueblos optaron por el modelo de Estado de Monarquía Constitucional, tan legítimo y democrático como la de otros pueblos que optan por el de República. Que Cañamero no votara a ningún Rey (seguramente porque no quiso o porque eligió votar en contra de la Constitución y quedó en minoría, pues ya es mayorcito) o que los ya nacidos en democracia no tengan que hacerlo, salvo que en algún momento se ponga mayoritariamente en cuestión la forma de Estado en España (y la experiencia histórica aconseja todo lo contrario), es irrelevante y en ningún caso le exime, como representante de todos los españoles, de acatar y respetar lo instituido, al margen de las preferencias ideológicas que se tengan. Tampoco es argumento el que “a nosotros nos vota la gente” pues obviamente la gente también vota al resto de la Cámara que, mayoritariamente, opta por nuestro modelo de Estado democrático y por el respeto y buena educación ante sus instituciones democráticas; y menos aún que Carolina Bescansa equipare demagógicamente a su hijo con las hijas de Felipe VI, que, siendo equiparable a nivel personal y humano, a nivel institucional son totalmente desiguales, como la propia Bescansa es desigual institucionalmente a la mayoría de los españoles que no somos parlamentarios.

            Aprovechar la apertura solemne de la Legislatura con un desplante al Rey para cuestionar la legitimidad de la Corona y hacer apología de la República en un acto institucional tan importante, democráticamente hablando, es una majadería política más y una burla intolerable al pueblo español representado en las Cortes que, siendo soberano incluso para concederles legitimidad y autoridad a semejantes personajes se ve amenazado por ellos con tamaños comportamientos totalitarios y desvergonzados. Quebrantar la normalidad y el protocolo durante el discurso del Rey, burlarse de las instituciones democráticas actuando cada quien como le viene en gana, atacar no sólo el fondo sino las formas de la democracia con el fin de menospreciar su imagen, es la antesala del totalitarismo y la desvergüenza, que sólo se puede combatir con un amplio programa de pedagogía política democrática. La exhibición del video de la apertura solemne de la XII Legislatura podría ser el inicio.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

  

EL PISITO DE ESPINAR

                        La cúpula podemita anda bastante revuelta desde que salió a la palestra la golfería de uno de sus miembros, Ramón Espinar, senador de Unidos Podemos, haciendo negocio personal con un piso de protección oficial en Alcobendas. Obviamente los hechos no son actuales pues solo hubiese faltado que se le hubiera adjudicado a dedo un piso protegido, como es el caso, con el sueldazo que disfruta hoy; los hechos se remontan a hace un lustro cuando el joven Espinar, sin recursos (salvo una beca de menos de 480 euros) y gracias a los “préstamos familiares” para la aportación previa (unos 60.000 euros), accede a un piso no por el turno de sorteo entre los solicitantes de vivienda protegida (el 85% del total del edificio) sino por el cupo digitalizador que se reserva la cooperativa promotora. Hasta aquí, nada que objetar, a pesar de coincidir que el padre de Espinar (uno de los investigados por el caso de las “tarjetas black) compartiera sillón en el Consejo de Cajamadrid con el alcalde que cedió los terrenos a dicha cooperativa y, por tanto, perteneciera a la “casta” capitalista, que su hijo, comprometido con movimientos de izquierda, criticaba rabiosamente al igual que al “régimen del 78” que tan benévolamente le trataba. En fin, coincidencias y cosas de la vida que a veces suceden. Sólo cabe objetar que a los pocos meses el actual senador, que ni siquiera llegó a habitar el pisito conseguido donde ni siquiera residía, lo pusiese a la venta porque no lo podía pagar consiguiendo una plusvalía de 30.000 euros (20.000 si descontamos los impuestos), cuando lo honesto y procedente en estos casos es la renuncia al mismo, previa devolución de lo aportado, para que dicha vivienda se le adjudique a otro joven necesitado como él que sí pudiera afrontar los pagos, en vez de venderla por 30.000 euros más cara, aunque, como dice hoy su comprador “yo hubiera hecho lo mismo” pues además la mayoría “pedía un montón de dinero en negro”… ¡Menos mal que la golfería del sistema no llegó a tanto en la venta del pisito de Espinar que como mucho quedó en oscuro y no llegó a negro! Siempre es de agradecer entre los buscadores de vivienda.

            Hasta aquí someramente el turbio asunto del dichoso pisito, uno más entre tantas operaciones poco éticas con viviendas de protección oficial, que, aunque legales, obviamente hay que erradicar. Así lo entiende el mismísimo senador Espinar quien, seguramente por su mala conciencia, dice ahora que “hay que pasar del concebir vivienda como inversión-pelotazo a pensarla como derecho” y lleva toda la razón, más aún cuando se trata de viviendas subvencionadas con los impuestos que pagamos todos. Sin embargo el senador, al hacerse pública la compra-venta de su dichoso pisito, sostiene que el trámite fue “perfectamente legal y ético” lo que, de entrada, avala comprar una vivienda social o protegida, sin concurso alguno y donde no se reside, para venderla al año con beneficio sustancial para el comprador, tal como él mismo hizo, en vez de reconocer ante la opinión pública su pecadillo de juventud y zanjar dicho asunto. Y al querer justificar lo injustificable es cuando se mete en el fango, siendo avalado en tromba por toda la cúpula de Unidos Podemos en su empeño de aparecer ante el mundo como ángeles inmaculados salvadores venidos del cielo en vez de seres humanos imperfectos como el resto de los mortales.

            Ahora resulta que Espinar, sumándose a la larga lista de cargos populistas implicados en conductas reprobables que condenan para los demás pero justifican para sí mismos, no es un especulador sino una víctima pues, según él, “esta información está en los medios” porque “quien la ha sacado no quiere que yo sea secretario general de Podemos en Madrid”; que no obtuvo plusvalía pues “no hay beneficio, lo que hay es una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta”; y que el feo asunto de su pisito “no es una cosa que le sea ajena a cualquier persona” pues “le ha pasado a mucha gente en este país, que no ha podido hacerse cargo de la compra de un piso y lo ha tenido que vender”. En fin, sin más detalles.

Aunque no sabemos cuántos jóvenes se sacan un beneficio de 20.000 euros (perdón, no es beneficio, sino diferencia entre precio de compra y de venta) por compra-venta de un piso de protección oficial en pocos meses, ni cuantos tienen la suerte de serle adjudicada la vivienda a dedo fuera del pertinente sorteo entre los solicitantes, sí sabemos que lo del pisito de Espinar, aunque pueda ser legal, para nada es ético, y también sabemos que si lo hubiera hecho cualquier otro senador del PP, PSOE o Ciudadanos, Espinar y los suyos se pondrían al frente de la comitiva hasta llevarlo a la hoguera política. 

                        Fdo. Jorge Cremades Sena