viernes, 1 de junio de 2018

PACTO DIABÓLICO



                        Sólo la existencia de un secreto pacto diabólico tras un aquelarre misterioso puede explicar el inesperado triunfo de la moción de censura del socialista Pedro Sánchez al Gobierno popular de Mariano Rajoy a pesar de la hábil utilización por parte del proponente de la sentencia del “Caso Gürtell”, que asume toda la oposición, con corruptos o no en sus filas. Es obvio que ha habido bastante más que meros “contactos de cortesía” del líder socialista para alzarse, con sólo 84 diputados (Rajoy contaba con 137), no ya con el triunfo de la moción (objetivo asequible al arremeter en masa contra el Gobierno) sino también, y como consecuencia de lo anterior (las mociones de censura son constructivas y requieren un candidato y un proyecto alternativo), con la Presidencia del Gobierno sin exponer un proyecto gubernamental alternativo tal como está previsto en los debates de censura. Ese presunto pacto diabólico ha bastado para que, exponiendo en el hemiciclo cuatro ideas generales y otras tantas vagas intenciones (diálogo, progreso social, igualdad, derogación de algunas leyes, trabajo seguro y no precario…..) sus valedores hayan quedado satisfechos para darle el ansiado “sí”, cuando para tener la ansiada mayoría, además del PSOE, se necesitaba a IU-Podemos con sus mareas y confluencias, PNV, Bildu, ERC, PDeCat, Compromís y Nueva Canaria; en definitiva un amplio conglomerado de opciones políticas variopintas, tanto de derechas como de izquierdas, populistas, nacionalistas, independentistas o abertzales, que en su conjunto serían incapaces de hilvanar un mínimo proyecto común gubernamental, coherente y viable, no ya para gobernar España sino incluso para administrar la gestión de un bloque de viviendas. Por tanto, sólo un pacto diabólico puede explicar el éxito de la moción de censura en un ambiente preñado de traiciones, deslealtades, incoherencias, irresponsabilidades, mentiras, verdades a medias y falsas acusaciones en las que han participado todos, dando una pésima imagen a la ya deplorable credibilidad de los ciudadanos sobre esta política con minúsculas y a corto plazo con que sus señorías se conducen con demasiada frecuencia. Una moción de censura es para afrontar situaciones de ingobernabilidad calamitosas y pretende con su triunfo (ésta es la primera moción que triunfa) un claro cambio de rumbo a mejor para que los ciudadanos, mayoritariamente, perciban que el nuevo Gobierno surgido de la misma, sin pasar por unas elecciones, va a enderezar el errado rumbo hasta finalizar la correspondiente Legislatura. Sin embargo y a priori, siendo ya débil el Gobierno anterior con una mayoría insuficiente en la Cámara de 137 escaños, aunque con apoyos puntuales de otros, homogéneos ideológicamente, la alternativa surgida tras la moción para enderezar la situación es un gobierno más débil aún, apoyado sólo por 84 diputados y sin perspectivas de apoyos puntuales con cierta homogeneidad ideológica. En fin, una censura exitosa, gracias a ese presunto pacto diabólico, que, de momento, la única certidumbre que aporta es el futuro personal de su promotor, Pedro Sánchez, quien, tras pasar por Moncloa, aunque fuera brevemente, se garantiza el estatus vitalicio de ex Presidente del Gobierno con las pertinentes prebendas que conlleva el mismo. Enhorabuena pues a Pedro Sánchez por su éxito personal.
            Dicho lo anterior, surgen todas las incertidumbres, comenzando por la única propuesta alternativa concreta de Sánchez, cual es mantener los Presupuestos Generales del Estado, aún en tramitación en el Senado, aprobados por PP, Ciudadanos y PNV, a los que se opuso tajantemente hace cuatro días porque, según él (mejor ni mencionar lo que decían sus nuevos socios), “no son creíbles, atacan al Estado del Bienestar y no defienden ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a los parados, ni a los jóvenes”…. y además tiene la geta de engañar a la gente diciendo que los mantendrá por “responsabilidad”… ¿es responsable dejar indefensos a todos los que dice y cargarse el Estado del Bienestar?, ¿no será más bien que se los traga, y lo que haga falta, porque el PNV le exigía tal peaje para darle su imprescindible apoyo? Pero, ya ven, no importa, en el pacto diabólico, si no gustan unos principios, no pasa nada, se tienen otros.
Y con tales planteamientos, tras defender con razón el 155 en Cataluña, junto a PP y Ciudadanos, y decir que “Torra es el Le Pen español y el PSOE le va a hacer frente”, pidiendo “consecuencias penales” para las ilegalidades del “procés”, es fácil pasar ahora a hacer guiños al secesionismo diciendo que “hay territorios que se sienten nación” y ofreciendo “diálogo” (como si no lo hubieran habido) para resolver el “problema político” catalán ya que “hay soluciones políticas”…. Menos mal que, de momento, niega que en España haya “presos políticos” y afirma que el poder judicial español es independiente. Al final, tiene razón el portavoz del PNV (tras sacar tajada de unos y otros) diciendo que al dejarle como árbitro de la gobernabilidad, España tiene un problema, mientras otros sostienen que es indecente que a la Gürtell la hayan desalojado, entre otros, los EREs, Cursos de Formación, el famoso 3% de CDC (condenada por corrupción y camuflada hoy como PDeCat)…e intolerable que encima digan, sin sonrojarse, que lo hacen por ética política….pero, ya ven, el pacto diabólico lo soporta todo. Y mientras Sánchez dice, tras desalojarlo, que el PP “no es corrupto”, Iglesias ya le ofrece “ganar juntos” las próximas elecciones….. Sólo cabe desear pues lo que Rajoy ha dicho a Sánchez en su despedida, que, como él ha hecho, deje una España mejor que la que recibió.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 10 de abril de 2018

DESMADRE JURÍDICO EN EUROPA


                        Si alguien no lo remedia (esperemos que sí) la decisión de un tribunal regional alemán de limitar al delito de malversación el procedimiento de entrega a España del prófugo Puigdemont para ser juzgado, que no condenado, exonerándole del presunto delito de rebelión, tal como pretende el Tribunal Supremo Español en coincidencia con la propia fiscalía territorial alemana, se pone de relieve, mírese como se mire, un monumental desmadre jurídico en Europa y muy especialmente en la UE, cuyos estados-miembros no pueden ni deben depender jurídicamente de las previas decisiones que tomen tribunales territoriales, ya sean de estados federados o de regiones autónomas, como si se tratara de últimas instancias judiciales a las que, por cierto, en todos los países cabe recurrir cuando las condenas no son aceptadas por las partes. Ya de entrada, si prevalece el criterio del tribunal territorial alemán, limitando sin posible recurso la euroorden de extradición, sobre la pretensión del Tribunal Supremo español de juzgar presuntos delitos de rebelión, se estaría atentando contra el mero sentido común (prioritario en todos los órdenes de la vida pero especialmente en el Derecho) y contra la lógica procedimental, siendo inaceptable que una instrucción judicial de varios meses en España por parte del Supremo, recabando todo tipo de pruebas y testimonios, se resuelva a efectos prácticos en un par de días en Alemania por parte de un tribunal de menor rango y por el mero detalle de una diferente percepción sobre la suficiencia o no del grado de violencia para poder ser equiparado el delito de “alta traición” alemán con el de “rebelión” español. ¿No sería lo más correcto y solvente, lo más razonable y más justo, que un juicio con todas las garantías procesales dilucidara y demostrara o no si dicho delito se ha cometido y procediera en consecuencia?
            Si alguien no lo remedia (esperemos que sí) con este desmadre jurídico europeo se puede dar la paradoja de que el jefe de la banda, el máximo responsable del presunto delito de rebelión, sólo sea juzgado por el presunto delito de malversación, quedando exonerado junto a otros colegas prófugos (si así lo decide Bélgica, Reino Unido o Suiza) del delito más grave, mientras sus subalternos no prófugos de la Justicia y en prisión preventiva pueden ser juzgados por rebelión y, en caso de ser condenados, apechugar con largos años de cárcel, muchos más de los que le caerían al jefe por la malversación (se estaría premiando al prófugo frente a quienes no huyen de la Justicia) y no precisamente porque no se haya podido demostrar la comisión del delito de rebelión por su parte, sino sencillamente porque un tribunal territorial alemán ha decidido que a él no se le juzgue, amparándose en una obsoleta y absurda euroorden, cuya interpretación quedaría en manos de insólitos tribunales territoriales ordinarios, omnipotentes y omniscientes, sin posibilidad de apelación alguna a un tribunal superior de ámbito europeo que entendiera de extradiciones entre países socios, aliados y amigos, supuestamente con homologados y homologables códigos penales y procedimientos procesales con todas las garantías.
            Si alguien no lo remedia (esperemos que sí) con este desmadre jurídico en Europa estamos generando una desconfianza absoluta entre los diversos Estados de la Unión Europea, cuando debiera ser todo lo contrario, atentando directamente contra la línea de flotación de una mayor cohesión europeísta de cara a un futuro incierto y preocupante, plagado de renovadas tendencias nacionalistas, incluso ultranacionalistas, que ya no sólo amenazan la existencia de la UE, buscada desde finales de la Segunda Guerra Mundial, sino también la pervivencia de muchos de los Estados miembros, configurados a lo largo de la Historia y, lo que es peor, la coexistencia pacífica y democrática entre ellos. 
            Si no somos capaces de aprender del pasado, apaga y vámonos. Este desmadre jurídico y político en la UE no se puede sostener y si hay que cambiar las legislaciones, cámbiense. La democracia y la libertad, imperante en todos los países de la Unión, es muy frágil y puede romperse en cualquier momento, echando por tierra todos los esfuerzos individuales y colectivos que hemos hecho para conseguirlas. Con mayor o menor violencia, con los matices perceptivos de unos u otros sobre la suficiencia o la calidad de la violencia en cada caso, con las diferentes sensibilidades que cada quien tenga sobre garantías y derechos individuales o colectivos, hechos como los protagonizados por los instigadores y promotores del “procés” no pueden permitirse ni deben quedar impunes; ni los daños políticos, sociales y económicos, tampoco. Los gobernantes en democracia tienen la suprema responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la legalidad democrática vigente; ni pueden, ni deben, actuar contra la norma establecida o al margen de ella, ni al margen de las competencias que tengan encomendadas, pues en sí mismo es pura violencia, al margen de las formas en que ésta se ejercite. Es lo que han hecho Puigdemont y compañía. Y, salvo que queramos convertir a diversos países de la UE o de Europa en verdaderos “paraísos judiciales” para los delincuentes, no podemos quedar indiferentes ante desmadres jurídicos como el que nos ocupa.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

martes, 26 de diciembre de 2017

DELINCUENTES, NO PRESOS POLÍTICOS



                        Ahora más que nunca, tras las elecciones autonómicas en Cataluña, es necesario y urgente que los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, estén preparados para afrontar la serie de mentiras y manipulaciones que los líderes totalitarios del soberanismo unilateral, como es habitual en ellos, ya están utilizando para dar apariencia de verosimilitud a su ilegítimo e ilegal “procés” que, salvo ellos y sus fieles seguidores sectarios, ningún demócrata, español o extranjero, avala; entre otras cosas, porque el golpismo político repugna intrínsecamente a la democracia. Y es repugnante, desde el punto de vista democrático, que en plena campaña electoral hayan sembrado dudas sobre la limpieza del escrutinio para impugnarlo, si el soberanismo, que ha perdido votos y escaños, hubiera tenido resultados catastróficos; impresentable, que desnaturalicen ahora los comicios, presentándolos como plebiscitarios, cuando son simplemente autonómicos; indecente, que manipulen los resultados negándole al partido vencedor su indiscutible victoria (25´4% y 36 escaños de C´s, frente al 21´7% y 34 de JxC) y, por tanto, su condición de partido más votado en Cataluña por el mero hecho de que es constitucionalista; inadmisible, que nieguen además que la suma de votos a partidos soberanistas (2.046.710, el 47´5%) es menor que la de los no independentistas (2.190.461, el 52´5%), es decir, que nieguen la evidencia de que no hay una mayoría social independentista en Cataluña, agarrándose a que, gracias a la ley electoral, el soberanismo sume más escaños en el Parlament, 70, que el constitucionalismo, 65, lo que supone que hay una mayoría parlamentaria pero no social; y todos los “in” citados juntos (es decir, intolerable), que prostituyan la división de poderes argumentando que, tras unos comicios legislativos, deben ser exonerados de comparecer ante la Justicia para dar cuentas de sus presuntos delitos aquellos candidatos que hayan conseguido escaño, lo que convertiría a cualquier cámara legislativa en un verdadero refugio de presuntos delincuentes.
            Conviene pues dejar meridianamente claro que los comicios catalanes del 21-D, totalmente democráticos y libres (a diferencia de la chapuza del 1-O), son estrictamente autonómicos con el único objetivo de elegir el nuevo Parlament de Cataluña, que habrá de legislar dentro del marco legal diseñado en la Constitución y el Estatut y que habrá de elegir al nuevo Govern de Cataluña, que habrá de gobernar en su estricto ámbito territorial ajustándose al marco competencial establecido y bajo el estricto respeto a la Legalidad democrática vigente y, en todo caso, el acatamiento a las sentencias judiciales dictadas por los tribunales de Justicia pertinentes. Justo todo lo contrario de lo que han hecho el anterior Parlament presidido por Forcadell y el cesado Govern dirigido por Puigdemont, convirtiendo a buena parte de sus miembros en presuntos delincuentes. Por tanto, lo que toca ahora es constituir la citada territorial Cámara Legislativa con el objetivo esencial de conformar una mayoría parlamentaria suficiente para elegir un Govern, soberanista o no, dispuesto a regirse por los citados principios democráticos y a gobernar para todos los catalanes.
            Y sobre todo, es urgente y necesario, si no queremos repetir viejos errores, hacer pedagogía política para desenmascarar a estos profetas del totalitarismo político, quienes, engañando a las gentes, pretenden distorsionar la realidad al extremo de hacer pasar a presuntos delincuentes como “presos políticos”, cuando en realidad son políticos presos investigados judicialmente por la comisión de presuntos graves delitos como, entre otros, los de rebelión, sedición, prevaricación, malversación o desobediencia. Más grave aun cuando además pretenden acabar con la división de poderes defendiendo que aquellos presuntos delincuentes, que no “presos políticos”, elegidos como diputados en las urnas, sean exonerados de sus cuentas con la Justicia bajo el pretexto de permitirles desempeñar su labor parlamentaria o gubernamental, culpando al Estado y a su Gobierno de la situación, cuando son los partidos políticos los responsables de incluir en sus listas a candidatos imputados por presuntos delitos y, por tanto, susceptibles de ser condenados por los tribunales de Justicia o privados de determinadas libertades con arreglo a la ley, lo que, en todo caso, compete exclusivamente al Poder Judicial. Si determinados personajes, como Puigdemont, Junqueras y compañía tienen dificultades para moverse con absoluta libertad en el ejercicio de sus derechos (y obligaciones) los responsables son exclusivamente JxC y ERC que, sabiendo que estaban imputados judicialmente, decidieron presentarlos como candidatos en sus listas para que las urnas les liberasen del peso de la Ley, una clara perversión de la División de Poderes, principio sagrado de la Democracia. ¿Se imaginan que en vez de presuntos sediciosos, rebeldes o malversadores se tratara de presuntos violadores, asesinos o terroristas? ¿Se imaginan que incluidos en las listas de algún partido irresponsable fueran elegidos? ¿Apoyarían a dicho partido en su petición de dejarles en libertad? Con la respuesta sincera a estas preguntas queda patente lo que procede hacer con estos presuntos delincuentes a quienes sus valedores llaman “presos políticos”.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

sábado, 14 de octubre de 2017

PUIGDEMONT, LA ÚLTIMA PALABRA



                   Tras la insólita comparecencia de Puigdemont en el Parlament de Cataluña y su ambigua y confusa declaración de independencia, que aplaza y suspende segundos después, para, finalizada la sesión, sin votación alguna y sin replica siquiera a las intervenciones de los parlamentarios de la oposición, encerrarse en una sala del edificio y firmar junto al resto de diputados independentistas una atípica y extraoficial declaración de independencia y la consecuente proclamación de una supuesta República de Cataluña, provocando la pertinente convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario por parte de Rajoy para dar respuesta a tan incomprensible y antidemocrática situación, ha llegado definitivamente la hora de la verdad. En efecto, el Gobierno de España, con el apoyo mayoritario de la oposición en el Congreso (es decir, de PSOE y Ciudadanos, que con el PP suman más del 70% de la Cámara), emplaza a Puigdemont a que urgentemente aclare a las instituciones y a todos los españoles, incluidos los catalanes, si realmente ha proclamado la independencia unilateral de Cataluña y que lo haga con un escueto “sí” o “no” para saber a qué atenernos y despejar definitivamente las dudas y confusiones generadas al respecto con su rocambolesco comportamiento en el Parlament, que ni entienden propios ni extraños, y así, aclarada de forma transparente la situación, poder obrar en consecuencia con los instrumentos democráticos que tiene el Estado de Derecho para afrontar este tipo de situaciones kafkianas. Se acabaron pues las amenazas, los chantajes y las bravuconadas del Govern de la Generalitat hacia el Estado de Derecho, arropadas siempre con excesivas dosis de demagogias y mentiras para alimentar a su vez un victimismo embustero y el odio a todo lo que huela a español, como si los catalanes no fueran artífices y, por tanto, corresponsables, junto al resto de españoles, de la construcción durante siglos del actual Reino de España. Se acabaron definitivamente, o debieran acabarse, los juegos del escondite, la deslealtad y las triquiñuelas por parte del principal representante del Estado Español en Cataluña para burlarlo cuando su deber, como principal autoridad catalana, rango emanado y legitimado por la Constitución, es, o debiera ser, la transparencia, la lealtad, la defensa, el respeto y el acatamiento estricto a las normas de convivencia y a las leyes y procedimientos que entre todos los españoles, incluidos los catalanes, nos hemos dado y que están recogidos en la Constitución, en el Estatut de Autonomía y en el resto de instituciones, organismos y leyes emanadas de los mismos. Por todo ello Puigdemont tiene ahora la última palabra y obviamente la responsabilidad sobre las consecuencias que se deriven de su libre decisión, pues, al fin y al cabo, al margen de sus compañeros de viaje o de aventuras rocambolescas, él es el principal responsable de lo que suceda.
                   Ya no valen escusas o pretextos para eludir responsabilidades, ni demagogias, ni victimismos para justificar lo injustificable. El tortuoso camino del antidemocrático procés secesionista ya no da más de sí y ha desembocado en un precipicio muy peligroso. O retrocedes o te lanzas al vacío. No caben medias tintas. En definitiva, o Puigdemont regresa a la senda democrática (pero esta vez de verdad) o prosigue por los atajos totalitarios que le han llevado a tan lamentable situación; es tan sencillo y tan difícil a la vez como responder claramente si ha proclamado la independencia de Cataluña unilateralmente, como le exigen sus socios de ERC y CUP, o no lo ha hecho, como desean los demócratas del mundo (ya sean de izquierdas, derechas o mediopensionistas) pues sus compañeros del PDeCat (antigua Convergencia) andan divididos y estupefactos ante el declive de su formación desde que iniciara la aventura política independentista, apoyándose en los radicales de izquierda y los anticapitalistas.
                   Tampoco valen nuevas mentiras, aunque ya las andan diciendo los voceros irresponsables en algunos medios. Ni hay amenazas por parte del Estado de Derecho, ni pretendidas humillaciones al “pueblo catalán”, como dicen algunos; simplemente hay una previa advertencia de las consecuencias que puedan derivarse de aplicar la legalidad en caso de proseguir por el camino equivocado del totalitarismo, aunque en este desmadre ideológico independentista y en sectores populistas afines, se considere que aplicar la ley a cualquier ciudadano que la transgreda es una amenaza. Y Puigdemont la ha transgredido reiteradamente, como él y los que le empujan saben de sobra (y si no lo saben, debieran saberlo), actuando al margen de la Constitución, del Tribunal Constitucional, de las sentencias judiciales y del propio Estatut de Autonomía, así como del Parlament y sus reglamentos. ¿Se imaginan que cualquier presidente autonómico, socialista o popular, hubiera hecho la mitad de lo que ha hecho Puigdemont? ¿Dónde estaría? Seguro que lo saben. Y seguro que nadie diría que por ello se humillaba al pueblo que le eligió presidente autonómico. Puigdemont tiene pues la última palabra.   
                        Fdo. Jorge Cremades Sena

miércoles, 4 de octubre de 2017

INFINITA TRISTEZA



                        Estoy convencido de que a la inmensa mayoría de personas que como yo, por razones de edad, pasaron buena parte de sus vidas siendo súbditos y, por tanto, sometidos por la fuerza a la caprichosa autoridad de otros, teniendo que luchar peligrosamente y jugárselo todo para convertirse en ciudadanos libres y, por tanto, en sujetos con derechos políticos, miembros activos del Estado y sólo sometidos por voluntad propia a la autoridad del mismo y a sus leyes, que democrática y mayoritariamente se han dado, los graves acontecimientos que están sucediendo, especialmente en Cataluña (pero también en el resto de España), les están provocando, como a mí, una infinita tristeza y una inmensa preocupación. En efecto, si no hemos sido capaces de consolidar profundamente nuestro democrático Estado de Derecho, tras cuarenta años viviendo en libertad desde el éxito de aquel esfuerzo político positivo de la Transición, que supuso un giro copernicano frente a los cuarenta años precedentes de dictadura, hay razones más que suficientes para que estemos infinitamente tristes e inmensamente preocupados, pues creímos que nuestra ingente lucha de entonces trascendería el límite temporal de nuestras propias vidas y albergábamos la esperanza de que nuestros hijos y nietos, no sólo tuvieran una herencia política bien distinta a la que nosotros recibimos de nuestros padres y abuelos, sino que además sabrían conservarla e incluso mejorarla al partir de una situación tan diferente y ventajosa. Pero, a los hechos me remito, cuando ya estamos cerca del final de nuestro ciclo biológico (cada vez somos menos supervivientes de la Transición) y, por razones obvias, ya hemos dado el relevo político a nuestros descendientes, los recientes sucesos políticos apuntan a que éstos andan despilfarrando lo heredado, como si fuera luego fácil recuperar lo dilapidado. Seguramente no supimos transmitirles que la Democracia y la Libertad son bienes de inmenso valor y tan frágiles que cualquiera puede romperlos en cualquier momento por lo que quienes los disfrutamos debiéramos estar siempre alerta y dispuestos a defenderlos con uñas y dientes si fuera preciso, pues, una vez robados, es muy difícil su recuperación, que, a lo largo de la Historia, ha costado ríos de sangre, sudor y lágrimas. Y seguramente quienes siempre vivieron en Democracia y Libertad no sean conscientes del todo de lo que supone poner en riesgo tan esenciales valores para la dignidad y la convivencia humana, pues todos tendemos a infravalorar lo que tenemos, sobre todo si forma parte de nuestro patrimonio desde nuestro nacimiento y poco nos costó conseguirlo.
            Infinita tristeza e inmensa preocupación ante las miradas de odio de demasiados jóvenes, casi adolescentes, acosando a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para impedirles que hagan su trabajo, lanzándoles vallas y piedras, insultándoles gravemente, impidiéndoles salir a la calle o exigiéndoles que abandonen sus alojamientos en hoteles como si se tratara de apestados, cuando simplemente obedecen órdenes judiciales para defender la Legalidad democrática establecida que algunos pretenden saltarse a la torera.
            Infinita tristeza e inmensa preocupación ante la exigencia del máximo representantes del Estado de Derecho en uno de sus territorios de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo abandonen, alentando así a las masas contra las mismas, mientras el Gobierno territorial que preside se alza contra el orden constitucional del Estado, incluido el propio Estatuto que le legitima como autoridad, anunciando impunemente que independiza unilateralmente el susodicho territorio.
            Infinita tristeza e inmensa preocupación ante una ilegal y prohibida consulta, pretendidamente democrática, sin ninguna garantía, sin censo oficial, sin papeletas ni sobres, sin colegios electorales asignados, sin urnas adecuadas, sin representantes de los partidos en mesas presididas por voluntarios y sin control alguno del escrutinio.
            E infinita tristeza e inmensa preocupación ante la falta de acuerdo, unánime y sin fisuras, por parte de los partidos, llamados constitucionalistas y democráticos (del resto, mejor ni hablar), para arropar al Gobierno en su obligada lucha contra hechos intolerables que ponen en grave riesgo la pervivencia de nuestra Democracia, perdiéndose en matices y cálculos electorales, cuando ante un manifiesto Golpe de Estado totalitario lo esencial y urgente es desactivarlo cuanto antes, tal como sucediera en el anterior intento del famoso 23-F en 1981. Y para ello se requiere, como entonces, el consenso de todas las fuerzas políticas democráticas, de sindicatos y asociaciones cívicas decentes, de instituciones gubernamentales…y además del activo e indiscutible apoyo al Gobierno de turno en semejante trance por la inmensa mayoría de ciudadanos que desean seguir viviendo y conviviendo en paz y libertad.  
            Infinita tristeza e inmensa preocupación ante lo que sucede en Cataluña, mientras sus totalitarios promotores siguen impunemente actuando contra el Estado de Derecho, apoyados por sus huestes callejeras, y la respuesta democrática es esperar que Rajoy, Sánchez y Rivera se pongan o no de acuerdo sobre qué medidas adoptar para someter al totalitarismo, cuando lo aceptable sería su exigencia unánime de que los golpistas depusieran inmediatamente su actitud y, en caso contrario, que sobre ellos recayera sin paliativos todo el peso de la Ley.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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