Ahora
más que nunca, tras las elecciones autonómicas en Cataluña, es necesario y
urgente que los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, estén preparados
para afrontar la serie de mentiras y manipulaciones que los líderes
totalitarios del soberanismo unilateral, como es habitual en ellos, ya están
utilizando para dar apariencia de verosimilitud a su ilegítimo e ilegal
“procés” que, salvo ellos y sus fieles seguidores sectarios, ningún demócrata,
español o extranjero, avala; entre otras cosas, porque el golpismo político
repugna intrínsecamente a la democracia. Y es repugnante, desde el punto de
vista democrático, que en plena campaña electoral hayan sembrado dudas sobre la
limpieza del escrutinio para impugnarlo, si el soberanismo, que ha perdido
votos y escaños, hubiera tenido resultados catastróficos; impresentable, que
desnaturalicen ahora los comicios, presentándolos como plebiscitarios, cuando
son simplemente autonómicos; indecente, que manipulen los resultados negándole
al partido vencedor su indiscutible victoria (25´4% y 36 escaños de C´s, frente
al 21´7% y 34 de JxC) y, por tanto, su condición de partido más votado en
Cataluña por el mero hecho de que es constitucionalista; inadmisible, que
nieguen además que la suma de votos a partidos soberanistas (2.046.710, el
47´5%) es menor que la de los no independentistas (2.190.461, el 52´5%), es
decir, que nieguen la evidencia de que no hay una mayoría social
independentista en Cataluña, agarrándose a que, gracias a la ley electoral, el
soberanismo sume más escaños en el Parlament, 70, que el constitucionalismo,
65, lo que supone que hay una mayoría parlamentaria pero no social; y todos los
“in” citados juntos (es decir, intolerable), que prostituyan la división de
poderes argumentando que, tras unos comicios legislativos, deben ser exonerados
de comparecer ante la Justicia para dar cuentas de sus presuntos delitos
aquellos candidatos que hayan conseguido escaño, lo que convertiría a cualquier
cámara legislativa en un verdadero refugio de presuntos delincuentes.
Conviene
pues dejar meridianamente claro que los comicios catalanes del 21-D, totalmente
democráticos y libres (a diferencia de la chapuza del 1-O), son estrictamente
autonómicos con el único objetivo de elegir el nuevo Parlament de Cataluña, que
habrá de legislar dentro del marco legal diseñado en la Constitución y el
Estatut y que habrá de elegir al nuevo Govern de Cataluña, que habrá de
gobernar en su estricto ámbito territorial ajustándose al marco competencial
establecido y bajo el estricto respeto a la Legalidad democrática vigente y, en
todo caso, el acatamiento a las sentencias judiciales dictadas por los
tribunales de Justicia pertinentes. Justo todo lo contrario de lo que han hecho
el anterior Parlament presidido por Forcadell y el cesado Govern dirigido por
Puigdemont, convirtiendo a buena parte de sus miembros en presuntos
delincuentes. Por tanto, lo que toca ahora es constituir la citada territorial
Cámara Legislativa con el objetivo esencial de conformar una mayoría
parlamentaria suficiente para elegir un Govern, soberanista o no, dispuesto a
regirse por los citados principios democráticos y a gobernar para todos los catalanes.
Y
sobre todo, es urgente y necesario, si no queremos repetir viejos errores,
hacer pedagogía política para desenmascarar a estos profetas del totalitarismo
político, quienes, engañando a las gentes, pretenden distorsionar la realidad
al extremo de hacer pasar a presuntos delincuentes como “presos políticos”,
cuando en realidad son políticos presos investigados judicialmente por la
comisión de presuntos graves delitos como, entre otros, los de rebelión,
sedición, prevaricación, malversación o desobediencia. Más grave aun cuando
además pretenden acabar con la división de poderes defendiendo que aquellos
presuntos delincuentes, que no “presos políticos”, elegidos como diputados en
las urnas, sean exonerados de sus cuentas con la Justicia bajo el pretexto de
permitirles desempeñar su labor parlamentaria o gubernamental, culpando al
Estado y a su Gobierno de la situación, cuando son los partidos políticos los
responsables de incluir en sus listas a candidatos imputados por presuntos
delitos y, por tanto, susceptibles de ser condenados por los tribunales de
Justicia o privados de determinadas libertades con arreglo a la ley, lo que, en
todo caso, compete exclusivamente al Poder Judicial. Si determinados
personajes, como Puigdemont, Junqueras y compañía tienen dificultades para
moverse con absoluta libertad en el ejercicio de sus derechos (y obligaciones)
los responsables son exclusivamente JxC y ERC que, sabiendo que estaban
imputados judicialmente, decidieron presentarlos como candidatos en sus listas
para que las urnas les liberasen del peso de la Ley, una clara perversión de la
División de Poderes, principio sagrado de la Democracia. ¿Se imaginan que en
vez de presuntos sediciosos, rebeldes o malversadores se tratara de presuntos
violadores, asesinos o terroristas? ¿Se imaginan que incluidos en las listas de
algún partido irresponsable fueran elegidos? ¿Apoyarían a dicho partido en su
petición de dejarles en libertad? Con la respuesta sincera a estas preguntas
queda patente lo que procede hacer con estos presuntos delincuentes a quienes
sus valedores llaman “presos políticos”.
Fdo.
Jorge Cremades Sena