EL DISCURSO DEL REY

                        Felipe VI se estrena con el tradicional discurso navideño, un discurso pleno de aciertos en el fondo y en la forma, al extremo de que así lo reconocen hasta quienes son propensos a buscar cualquier tipo de excusa para criticar algún que otro detalle del mismo. Basado en los tres problemas que más preocupan a la sociedad española, el paro, la corrupción y el separatismo, el Rey expone de forma exquisita, sin herir ningún tipo de sensibilidad pero con toda energía, lo que a su juicio debiera hacerse ya que él, como es sabido, carece de cualquier tipo de capacidad ejecutiva, legislativa o judicial. Así, denuncia la corrupción, defiende el Estado de Bienestar y la unidad de todos los españoles de forma contundente. Apelando a que “debemos cortar la corrupción de raíz y sin contemplaciones y regenerar nuestra vida pública”, a que “la economía esté al servicio de las personas” y a que “millones de españoles llevamos a Cataluña en el corazón”, resume con tres frases lapidarias los objetivos que debieran ser prioritarios en el quehacer político de quienes tienen realmente la posibilidad de cambiar el rumbo del país. Un breve, pero indiscutible, catálogo de prioridades políticas para nuestros gobernantes. Y, rematando con que “un cargo público no puede ser un medio para enriquecerse”, con que la “gran mayoría de los servidores públicos” son honrados y con que “los responsables de conductas irregulares ya están respondiendo de ellas” en los tribunales, hace un canto a la esperanza frente al catastrofismo o pesimismo que, lamentablemente, se ha instalado en nuestra sociedad y que algunos pretenden utilizar como único argumento de propaganda política. Denuncia de los problemas esenciales y reivindicación de un impulso moral colectivo para una regeneración de la sociedad, urgente y necesario, son los pilares de un discurso importante en boca de un Jefe de Estado que, por decisión de los españoles, ni debe ni puede ir más allá.

            Por todo lo anterior, es indecente que algunos pretendan sembrar sombras de dudas manifestando que no hizo mención alguna al caso de la Infanta. Ni era el momento, ni es su deber. Tampoco mencionó otros casos de deplorable impacto social. Todos, incluido el “caso Nóos”, quedan incluidos en su lapidaria frase pidiendo que hay que cortarlos de raíz y sin ningún tipo de contemplaciones; es decir, de forma tajante y caiga quien caiga. Habría que hacer una interpretación torticera para achacar el mínimo resquicio de intención en el Rey de pretender pasar por alto la situación de su hermana y su cuñado. Injusto e intolerable por tanto cualquier intento de ponerle el más mínimo borrón a la conducta de Felipe VI al respecto. Como bien ha dicho, quienes son responsables de conductas irregulares, incluida su hermana y su cuñado, ya están respondiendo en los tribunales… Cuestión distinta es que la Justicia no funcione en España con la celeridad y contundencia que todos desearíamos. Pero esto, ni es responsabilidad del Rey, ni depende de él, por lo que cualquier crítica al respecto, debiera recaer en otras instancias.

            Con este ejemplar discurso, un paso más, por tanto, en la exquisita trayectoria, hasta el momento, de esa Monarquía renovada para un tiempo nuevo que el propio Monarca anunciara hace medio año con motivo de su Coronación.

                                   Jorge Cremades Sena

PABLO IGLESIAS EN BARCELONA

                        Sería de necios, como pretenden algunos, ignorar o minimizar el éxito de Pablo Iglesias en su mitin del pabellón deportivo de la Vall d`Hebrón de Barcelona ante unas tres mil personas, que abarrotaban el recinto, y con varios cientos que se concentraban en las puertas por la limitación del aforo. Perfecto escenario y, como debe ser, eufórico auditorio para escuchar al líder de Podemos en su primer mitin tras su elección como Secretario General, así como a Gemma Ubasart, cabeza del partido en Catalunya, que se estrena con “Zapatero nos falló”, dejando claro que los votantes del PSOE son su principal objetivo, y rematando con que toda aquella esperanza puesta en el “no nos falles”, que ZP acogió con tanto entusiasmo, “se vino abajo con una llamada de Berlín” para reiterar el ya conocido euroescepticismo de Podemos. Un éxito no sólo por la habilidad dialéctica de Iglesias, que también, sino por la habilidad estratégica, al elegir como escenario el mayor caladero de votos socialistas en Cataluña, conocido como el cinturón rojo por ser feudo tradicional del voto socialista, justo cuando el PSOE-PSC está desacreditado para liderar y atraer con éxito al electorado de izquierdas, justo cuando han hundido ya prácticamente a IU y justo cuando ambos andan enredados en una paranoica indefinición ideológica con el tema independentista y están siendo sobrepasados por las esquizofrénicas políticas de CiU-ERC, CUP y compañía. Tras ella, remata Iglesias añadiendo, con toda razón, que “Hablar de Cataluña es hablar de recortes sanitarios récord entre 2010 y 2014” para dejar en evidencia a los partidos de izquierdas catalanes que se olvidaron de cuál debe ser su mensaje primordial al preferir pescar votos en el turbulento mar del soberanismo. Y, haciendo un guiño a Cataluña, asegura “Yo soy de Vallecas y me siento en mi casa cuando estoy en Cornellá, L´Hospitalet o Nous Barris”, antes de afrontar su postura respecto al independentismo.

            Con esta casi perfecta puesta en escena, Pablo Iglesias esboza su proyecto teórico y en abstracto. “No he venido a Catalunya a prometer nada a nadie, eso sí, os prometo que a mí no me veréis dándome un abrazo con Rajoy ni con Mas”, lo que, al margen de desdecirse a sí mismo (sí vino a prometer algo), supone un ataque directo a las políticas de izquierdas que no tienen reparo alguno en apoyar las políticas de derechas, tanto a nivel español como catalán. Y sin más se declara contrario a la independencia de Catalunya, “¿Quiero que Cataluña se independice? No, pero sé que la casta española ha insultado a los catalanes”, aunque, como ven, sin renunciar a la incitación al rechazo al resto de España, eso sí, restringido a la “casta”, y se declara favorable al manido “derecho a decidir” pero genéricamente y “sobre todas las cosas” como fórmula perfecta para avalar su proyecto antisistema alegando que “para que haya soberanía y que se pueda decidir sobre todas las cosas hace falta abrir un proceso constituyente que abra los candados”. Es decir, borrón y cuenta nueva a lo establecido democráticamente, como si el sistema democrático actual no existiera, retrotrayéndonos al antiguo debate tras la muerte de Franco, ruptura o reforma, que los españoles zanjaron de forma abrumadora apostando por lo segundo. Así, nada de reformas; ruptura y punto. Un proceso constituyente que, con toda certeza, no obtendría mucho más de la mitad de apoyos que los de la actual Constitución y, con toda probabilidad, supondría, como ha sido tradicional en la historia constitucional española, la imposición de un modelo por parte de la mitad de los españoles a la otra mitad, provocando una muy difícil alternancia política que, como antaño, habría de resolverse mediante episodios más o menos violentos nada deseables. Esta fue la tragedia de la Historia más reciente de España hasta 1978.

            Como ven, todo su discurso basado en el qué, pero ninguna referencia al cómo. No se fía “de los políticos que hacen promesas”, pero hay que fiarse, aunque no diga cómo, de su promesa de acabar con la “casta” de este “régimen corrupto”, en el que cuando surgen brotes verdes de prácticas corruptas entre sus propios colegas de partido, incluido él mismo, no son reales, sino producto de la “campaña de difamación que se estaba produciendo en su contra”. Y, por ello, cuando desde la “casta” política alguien le llama “Don Limpio”, pero que no pasa la prueba del algodón, es un insulto intolerable, mientras que cuando él llama “caniche rabioso”, no a un contrincante político, sino a un periodista, es un piropo ocurrente y, por supuesto, sobradamente merecido. Sólo falta que en esta estrategia nihilista se pretenda evitar que en el futuro haya que decir “Pablo Iglesias nos falló”, como diría Gemma Ubasart, y no precisamente porque “una llamada de Berlín” echara abajo el proyecto, como el de ZP, sino precisamente porque, al no haber proyecto alguno, Pablo Iglesias y compañía no pueden fallar jamás.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

HASTA LOS SANTOS SE EQUIVOCAN

                        Hace unos días la internacionalmente conocida Montserrat Caballé, al preguntarle por las andanzas y asuntos del ex Molt Honorable President de Catalunya, Jordi Pujol, contestó tajante que “Hasta los santos se han equivocado”, lo que genera cierta confusión al no saber si lo que quiere decir la catalana es que Pujol es un santo y como tal se equivoca; que, siendo un demonio, cómo no va a equivocarse si lo hacen los santos; o que, como cualquier mortal, es susceptible de equivocarse. Pero, dejando al margen la consideración personal que Caballé tenga del personaje en cuestión, en todo caso, lo que si queda meridianamente claro e inequívoco es que ella considera como un simple error la conducta del ex President. Una equivocación o error, sin más, por el que, junto a su familia, está siendo investigado e imputado por la Justicia, pero que, curiosamente, le ha proporcionado una descomunal fortuna, oculta a Hacienda en paraísos fiscales y de dudosa procedencia. Asimismo, determinados tertulianos televisivos, incluso muy conocidos, algunos incluso furibundos atacantes de casos de corrupción ajenos, que no propios (me refiero a opciones políticas), como, por ejemplo María Antonia Trujillo, Ministra con el Gobierno de ZP, ahora califican también de “errores” las conductas, por ejemplo, de Tania Sánchez de IU o de algunos dirigentes de Podemos, que todos conocemos. Errores que, por supuesto, les han proporcionado, directamente o a sus familiares, determinadas ventajas como adjudicaciones de pisos, ayudas y subvenciones públicas, sueldos incumpliendo el contrato de trabajo, ocultación de ingresos, pagos y cobros en B, empresas camufladas como asociaciones sin ánimo de lucro… tal como esgrimen, incluso con la documentación pertinente, quienes consideran que se trata de algo más que simples errores o irregularidades. Y cuando éstos tertulianos, más bien pocos, que actúan al margen de santos o demonios preconcebidos, equiparan estos “errores” con los sobradamente conocidos casos de corrupción en el seno del PP o del PSOE (los del “y tú más”), los conversos se sacan argumentos pintorescos, como el de Caballé, para que determinados personajes y sus respectivas opciones políticas, salgan limpios del basurero como si se tratara de ángeles tocados por la mano de Dios.

            Por lo tanto, basta seguir las diversas tertulias televisivas (las de un lado y las del otro), para constatar esta perversa estrategia, que supera incluso la anterior del “y tú más”, consistente en que, indiscutidas las malévolas intenciones del PP contra los ciudadanos y las benévolas pero ineficaces del PSOE, ambos partidos, como protagonistas del pernicioso bipartidismo, que tantas miserias económicas y atentados sociales ha traído a esta España democrática (anteriormente idílica), han de ser estigmatizados como los exclusivos depositarios de la corrupción, dejando al margen de la misma al resto de partidos. Desplazada así la estrategia del “y tú más” por la del “tú sí y yo no”, si entre los autoproclamados baluartes de la pureza inmaculada aparece algún caso similar al de los anteriores, se pasa al capítulo de errores, con lo que, por ejemplo, forrarse con una empresa camuflada como asociación “sin ánimo de lucro” puede ser terrorífico e intolerable para Urdangarín, que lo es, y simplemente un error para Pablo Iglesias. Y si se insiste en que la figura delictiva es idéntica en ambos casos, entonces se recurre a la antigua estrategia del “y tú más” alegando que las cuantías camufladas por uno u otro son incomparables. Obviamente, con estos argumentos, uno se queda estupefacto, cuando algunos tertulianos de tercera generación, hasta defienden la supuesta financiación ilegal de Podemos, frente a la del PP, por ejemplo, porque al ser un partido tan joven aún no tiene financiación pública y, por tanto, está más que justificada su financiación irregular.

            Y con estos planteamientos de moda, no es lo mismo que la concejal de Rivas Tania Sánchez favorezca con su voto presencial a familiares directos, que si lo hace cualquier otro concejal del PP o del PSOE; ni es lo mismo que los Pujol oculten sus ingresos, teniendo que hacer declaraciones complementarias cuando les pillan, a que lo haga el mismísimo Pablo Iglesias, olvidando que, además de su sueldo como eurodiputado, ingresaba 2.000 euros al mes como presentador. Y así podríamos seguir con otros tantos ejemplos por el estilo. ¿A quién no se le olvidan 2.000 euros más de ingresos al mes? ¿a quién, toda una fortuna patrimonial? Hombre, desde luego a la casi totalidad de trabajadores de este país no se les puede olvidar ni una ni otra cifra, pues la inmensa mayoría de ellos está muy por debajo de esas cuantías salariales y de ese nivel de riqueza. Cabe pensar que semejantes olvidos o errores, sean exclusivos de la “casta”, pero, teniendo en cuenta que entre los olvidadizos está Pablo Iglesias, que se autoproclama como “anti casta”, tampoco es válida dicha conclusión. En fin, mejor dejarlo como está, es decir, que sean errores o delitos según cada caso y cada protagonista, pues, al final, como dice Caballé, si “hasta los santos se han equivocado”, al existir demasiadas personas devotas de santos tan diversos (los hay para todos los gustos), el dilema lo seguiremos teniendo sólo los agnósticos, pues los creyentes lo tienen bien claro y en asuntos de fe utilizar argumentos racionales no deja de ser un ejercicio vano.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

POLÍTICA Y JUSTICIA

                        Con demasiada frecuencia se suele recurrir a la Política como a una especie de cajón de sastre en el que cabe todo y, muy especialmente, todo aquello que tiene difícil encaje en los comportamientos de convivencia colectiva habituales. Y no se está desencaminado si, al margen de las diversas acepciones, concluimos que la “política” es la actividad que se ocupa de que una sociedad libre, compuesta por hombres y mujeres libres, resuelva los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Por tanto, cualquier conflicto, cualquier choque de intereses, cualquier litigio entre personas o instituciones es susceptible de ser tratado como un problema político e inevitablemente así ha de tratarse. Pero la Política, con mayúsculas y en su plena dimensión, requiere hombres y mujeres libres, pues en caso contrario serían los gobernantes quienes resolverían e impondrían a su antojo las soluciones a los problemas planteados por la convivencia colectiva de sus súbditos, que no ciudadanos. Hombres y mujeres libres, no en abstracto sino en concreto, ya que la libertad, como concepto abstracto carece de sentido, y por ello ha de concretarse en una serie de libertades, concretas y específicas, libremente acordadas por la mayoría de ciudadanos que libremente se embarcan en la aventura de compartir un proyecto común de convivencia colectiva, lo que supone obviamente una serie de derechos y deberes, así como unas reglas de juego, que todos, absolutamente todos, han de acatar y respetar, como garantía y seguridad de su convivencia colectiva en libertad, necesariamente limitada. Y de esta necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes nace la Justicia, como el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado de relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la acción recíproca ejercida por individuos e instituciones. Por tanto Política y Justicia, con mayúsculas, forman parte indisoluble de la convivencia humana en paz y en libertad, al extremo de que disociadas o por separado atentarían gravemente contra la propia dignidad humana, menoscabando la esencia del hombre como ser social y libre, con el grave riesgo de romper la armonía de la convivencia humana colectiva.

            En “román paladino”, para que todos lo entiendan, sin Política no hay Justicia y viceversa, en el más alto significado de ambos términos. Por ello es incomprensible que, ante problemas complejos, como por ejemplo el reto independentista de Artur Mas, Oriol Junqueras y compañía, algunos líderes políticos no independentistas, rompiendo el indisoluble binomio Política-Justicia, como si por separado tuvieran un sentido pleno, digan que el asunto es un problema político y que como tal hay que tratarlo y resolverlo, al margen del desafío a la Justicia que, para lograr su objetivo, plantean los independentistas. Sería interesante en todo caso que quienes así actúan dijeran qué tipo de diálogo exigen a las instancias gubernamentales y para qué lo exigen, con personajes que, como Artur Mas, afirman que la legitimidad política vale tanto como la legalidad, es decir, como la inexcusable observancia y aplicación de la Justicia. ¿A qué legitimidad política se refiere disociada de la Justicia? Fuera de la Justicia, no hay Política en el mejor sentido del concepto y en toda su dimensión. Por tanto el juego perverso con claros intereses particulares de disociar como realidades diferentes y contrapuestas las partes de un todo, prostituye no sólo la esencia de dichas partes sino también la esencia del conjunto como garante de la convivencia humana colectiva en paz y en liberad.

            No vale pues, como dice Durán, esa “tercera vía” entre la “sumisión” y la “secesión”, en sintonía con lo que defiende Pedro Sánchez, siendo legítimas sus ofertas de “estado federal” u otros modelos como proyecto político. No se trata de optar por uno de los dos términos de otro binomio infernal inexistente (sumisión o secesión), al igual que sucede entre Política y Justicia, ya que la aplicación de la Justicia no supone ninguna sumisión, sino todo lo contrario, ya que se trata precisamente de la garantía de libertad dentro del marco político libremente establecido. Sumisión sería someterse a los caprichos de unos pocos o de muchos al margen de la Justicia. Y, en cuanto a la secesión (una opción política como otra cualquiera) de lo que se trata es de si sus promotores pretenden conseguirla al margen de la Política y, obviamente, de la Justicia o, como cualquier otro proyecto, dentro de los cauces que la comunidad colectiva, en este caso la española (incluidos los catalanes), decidió en su momento como expresión libre de su proyecto común de convivencia. La tragedia es justo que algunos pretendan romperlo por meros intereses bastardos y argumenten, engañando a los ciudadanos, para salir del paso, que la solución ha de ser política y no jurídica, cuando la primera opción requiere obligadamente circunscribirse a la segunda. Dice Mas que “Cataluña no confía en el Estado” cuando el problema es que ningún ciudadano realmente libre puede confiar en sus planteamientos anti-políticos por injustos y al margen de la libertad y las garantías democráticas.

                             Fdo. Jorge Cremades Sena 

CORRUPCIÓN, UN CÍRCULO VICIOSO

                        La corrupción en España es un círculo vicioso, nunca mejor dicho, muy difícil de romper. Y el mejor ejemplo es el último debate al respecto en el Congreso de los Diputados. Una nueva ocasión perdida, la enésima, para romperlo de una vez por todas. A la gran mayoría de portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara no debiera dolerle prendas en reconocer, aceptar y admitir, como hizo en este caso el Presidente del Gobierno, “problemas serios” en asuntos de corrupción ya que es público y notorio. Todo el mundo ya ha perdido hasta la cuenta de los múltiples casos de corrupción que se reparten entre unos y otros, que unos y otros utilizan como armas arrojadizas para menoscabar al contrario, olvidando y ocultando los casos propios. Es la indecente e hipócrita estrategia coyuntural para que las cosas sigan como están, cuando la ciudadanía ya no tiene más tragaderas y sólo espera y desea que, de una vez por todas, todos, absolutamente todos, busquen la fórmula adecuada para acabar definitivamente con tan intolerable situación. Pero, aunque todos lo esperaban, no fue así. Unas setenta medidas anti-corrupción propuestas por el Gobierno, ni siquiera fueron tomadas en cuenta como algo positivo o negativo por parte de casi toda la oposición, rechazándolas con el desvergonzado e incoherente argumento de que el Presidente Rajoy carece de credibilidad para liderar la regeneración, y olvidando que, si de credibilidad se tratara, todos prácticamente deberían hacer las maletas y marcharse a casa, tal como manifiestan las encuestas. En definitiva, el círculo vicioso de la corrupción sigue indemne: como todos los partidos carecen de credibilidad, como todos tienen por qué callar, que ninguno de sus líderes proponga soluciones y si a alguno, como es el caso, se le ocurre hacerlo, por la razón u objetivo que sea, ni las valoramos, sino todo lo contrario, las rechazamos recurriendo al pecado original de su promotor. Por lo visto les es más rentable seguir poniendo en marcha, una vez más, el ventilador de la basura por perjudicial que sea para la ciudadanía en su conjunto y para el interés general. Es la triste realidad.

            Imaginen por un instante que nuestros representantes en el Parlamento estuviesen decididos a luchar contra la corrupción de verdad, sin trampas ni cartón. En ese caso, al margen de lo que opine cada uno de Rajoy o de sus razones para presentar dichas medidas anticorrupción, lo prioritario y sensato sería que se respaldaran las consideradas como positivas para convertirlas en leyes con amplio respaldo y se anunciara la predisposición a mejorarlas, vía enmiendas, en el posterior trámite parlamentario. Lo inexplicable es, como se ha hecho, rechazarlas de entrada porque su promotor no les merece crédito. Y quienes así actúan, al menos, debieran explicar a los ciudadanos, por qué no están de acuerdo y dificultan que se contemple en la ley que, entre otras cosas, se tipifique por primera vez la financiación ilegal como delito, se fije un plazo máximo en la instrucción de los macro-procesos judiciales, se prohíba el uso de tarjetas de crédito a los altos cargos, se exija que los militantes participen en la elección de los cargos de dirección, se extingan los partidos que no cumplan las normas, se haga mayor control de los viajes y gastos de los parlamentarios, se suspenda de militancia cuando se abra juicio oral, se prohíban las donaciones de personas jurídicas y se limiten las de las físicas hasta un máximo de 50.000 euros, se prohíba condonar o renegociar la deuda de los partidos por debajo de los mercados, se obligue a detallar su patrimonio a los cargos al llegar y al abandonar sus puestos….. ¿acaso estas medidas no dificultan las prácticas corruptas? ¿es mejor seguir con el “y tú más”? ¡Basta ya de tanta hipocresía e incoherencia!

            Si de veras queremos romper definitivamente este círculo vicioso de la corrupción, al margen de la ideología de cada uno, hemos de exigir que espectáculos como el protagonizado en el Congreso no se vuelvan a repetir. Precisamente es la institución que puede y debe cambiar el rumbo aprobando una legalidad más adecuada para combatir a los corruptos. Y los responsables de que no se haga tienen nombres y apellidos. En primer lugar el Gobierno que, con su mayoría absoluta, no puede permitirse el lujo de dejar pasar esta legislatura dejando las cosas como están. En segundo lugar la oposición, que no puede permitirse el lujo de dejar pasar la legislatura sin aportar una iniciativa global al respecto y rechazar además la que presenta el Gobierno. Cierto que Rajoy finalmente anunció que, en caso de que no haya consenso amplio, convertirá las propuestas en medidas legales con la mayoría absoluta que los ciudadanos le han otorgado. Es lo que, en todo caso, debe hacer y que cada cual aguante su vela. Lo intolerable es que finalice la legislatura y, entre unos y otros, quede la casa sin barrer. El pueblo en las próximas elecciones sabrá valorar lo actuado por unos y otros. O, al menos, así debiera hacerlo.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

NACIONALISMO Y POPULISMO EN EUROPA

                        La vertiginosa ascensión del fenómeno Podemos, su transformación en partido político y la proyección positiva que le dan las encuestas, situándolo como segunda o tercera fuerza política en España (e incluso como primera fuerza), ha zarandeado de tal forma la tranquila estrategia alternante del bipartidismo socialista-popular que, hoy por hoy, apenas se habla de otra cosa en las tertulias políticas, como si el fenómeno fuera exclusivo de España o como si fuera algo nuevo en la Historia europea. Pero, al no ser exclusivo de un país, en este caso el nuestro, ni históricamente novedoso, conviene situar el asunto en sus justos términos para entender la dimensión del problema y, obviamente, poder afrontarlo. En efecto, aunque no es cuestión de resignarse con el “mal de muchos, consuelo de tontos”, ni de infravalorar los riesgos que nacionalismos y populismos (dos caras de la misma moneda totalitaria) pueden acarrear en el futuro, sino justo de todo lo contrario, lo cierto es que dichos movimientos, que ya llegaron al mismísimo Parlamento Europeo en los años ochenta para defender ideas opuestas a la integración y que antes, en los años treinta, causaron una de las mayores tragedias de la Historia, preocupan hoy por su ascenso y generalización en toda Europa, convirtiendo el problema en global, no sólo para la UE sino también para el resto de países europeos, y, por lo tanto, su tratamiento requiere una respuesta global de las “democracias liberales” u occidentales, amenazadas conjuntamente. No en vano fueron los populismos nacionalistas quienes siempre estuvieron en el origen de la mayoría de las guerras contemporáneas en Europa y sólo una respuesta europea global y conjunta podrá afrontar con éxito esta nueva amenaza y evitar una nueva escalada bélica antes o después. O Europa sale solidaria y conjuntamente de la crisis, que no es sólo económica, pero sí el mejor caldo de cultivo para vender soluciones fáciles inexistentes para resolver problemas complejos reales, o, por separado, ningún país se libra de esta amenaza desestabilizadora antidemocrática.

            En todo caso, ni España es la excepción, ni las políticas socialistas o conservadoras son la causa. Las opciones totalitarias de extrema derecha o extrema izquierda proliferan con mayor o menor éxito en todos los países europeos al margen de quienes sean o hayan sido las ideologías democráticas que los gobiernan o los han gobernado. El radicalismo ideológico extremo que las inspira, sea de derechas o izquierdas, no busca una alternancia política dentro del sistema democrático establecido, sino la quiebra del mismo para sustituirlo por otro de corte autoritario. Así, desde Francia con el partido ultraderechista FN, primera fuerza política, hasta la tranquila Finlandia con el éxito del derechista Verdaderos Finlandeses (pasando por los variopintos Movimiento 5 Estrellas italiano,  Alternativa por Alemania, Demócratas de Suecia, UKIP británico, Jobbik en Hungría, …. y así sucesivamente), el fenómeno se extiende por doquier y, en algunos lugares, como en Grecia, con bastante éxito tanto para la opción de extrema derecha (Aurora Dorada) como de extrema izquierda (Syriza). En el fondo, con argumentos incluso bien contradictorios, está el rechazo a la UE (tanto si eres país miembro como si no) y la adhesión el totalitarismo frente a las democracias instituidas que consideran caducas, intentando derribarlas no con propuestas de solución viables sino con la negación y descrédito de las clases dirigentes a quienes responsabilizan, al margen de sus respetivas ideologías, de todos los males habidos y por haber, muchas veces, no exentos de razón, provocando algo que pudiera ser positivo como es el despertarlas del letargo que padecen desde hace tiempo, ante la disyuntiva de renovarse o morir por inanición. Y en este contexto de la crisis en Europa, no sólo económica, sino también política y social, en España surge Podemos, al igual que en otros lares, por idénticas razones, han surgido similares opciones. Por tanto, ningún fenómeno paranormal.

            No obstante, simplificar el fenómeno y reducirlo a una sola causa, por importante que sea, es un grave error. Que la militancia anti-UE sea una motivación y la crisis un caldo de cultivo, o que el deterioro del Estado de Bienestar, la soberanía nacional, la inmigración, el paro…o cualquier otro asunto sirva como banderín de enganche, no explican “per se” el fenómeno populista y/o nacionalista. Baste recordar que países como Noruega o Suiza (ajenos a la UE), como Austria (sin crisis y con pleno empleo), como Reino Unido (fuera de la eurozona) o como Finlandia (modelo de bienestar) sufren el fenómeno, con los matices que se quiera, como el resto de países europeos. Más convendría prestar atención, sin menoscabo de la prioridad política de salir de la crisis y generar empleo, a otras cuestiones bastante comunes en esta vieja Europa democrática, en la que los partidos tradicionales, instalados cómodamente en la alternancia, se preocupan sólo por mantener su situación privilegiada mediante estatutos a su favor, saqueo de fondos públicos, prebendas a familiares, amigos o afines ideológicos, incumplimiento de promesas electorales… y otra serie de cosas por el estilo, que provocan un hartazgo popular generalizado de un sistema más parecido a una partitocracia que a una democracia representativa. Y en esto, aunque no sea exclusivamente nuestro, sí que en España nos llevamos la palma, lo que, en parte, explica el vertiginoso ascenso de Podemos.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

CONVENIENCIA O PROCEDENCIA

                        Que las cosas pintan muy mal en España es una percepción realista y no pesimista al extremo de que se tiene la sensación de que las instituciones del Estado actúan más bien por intereses particulares que generales; en definitiva, que buscan lo que a cada uno le conviene al margen de lo que procede. El último espectáculo de esta penosa situación, la gota que colma el vaso, la protagonizan los fiscales con el asunto de la querella a Artur Mas por su actuación en el patético 9-N que, en sí mismo, merecería el repudio generalizado, no por el fondo del asunto (el objetivo soberanista es totalmente legítimo) sino por las formas en que se ha desarrollado (la legalidad debe ser indiscutible y prioritaria). Sin embargo, la dialéctica entre conveniencia política (para unos u otros) y procedencia legal (para todos, como ciudadanos de un Estado de Derecho), en definitiva, la dialéctica entre Política y Justicia, como si fueran elementos contrarios en vez de las dos caras de la misma moneda en un Estado de Derecho, nubla el presente y amenaza al futuro de forma alarmante, perdiendo la perspectiva de que, ni son conceptos contrapuestos, ni de que el ejercicio de los mismos tiene el mismo nivel de prevalencia, ya que sin la prioridad de la aplicación de la Justicia no cabe el ejercicio de la política desde planteamientos democráticos. La insólita discrepancia entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado (institución jerarquizada) como si de dos estados distintos (con marcos legales diferentes) se tratara, pone en evidencia la quiebra definitiva de nuestro modelo de Estado Autonómico e incluso rebasaría lo tolerable en cualquier Estado Federal, al extremo de que, cualquier desenlace del asunto, sea el que sea, supondrá ahora un paso más a favor de quienes se empeñan en liquidar nuestro sistema democrático.

            Las acusaciones recíprocas desde los aledaños del Gobierno de España y desde la Generalitat (así como las de los respectivos partidos que los sostienen) de estar presionando a sus respectivos fiscales, como si todos ellos no fuesen fiscales del Estado Español y defendiesen la misma legalidad, desamparan a los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, privándoles del principio de seguridad jurídica que, reconocido universalmente, se basa en la “certeza del derecho”. Las interesadas críticas del resto de partidos políticos, subiéndose al carro que más conviene a cada uno de ellos, en vez de posicionarse claramente por la prevalencia de la ley, pone en evidencia la miopía política que, en el mejor de los casos, les conduce al pan para hoy y hambre para mañana. La prevalencia de la Ley exige que, al menos, se abra una investigación sobre la actuación, como mínimo sospechosa, de las autoridades de la Generalitat por si fuesen constitutivas de algún tipo de delito que “a priori” parece más que probable. Por tanto, que técnicamente los fiscales catalanes o quien sea, se agarren para no querellarse contra Artur Mas a que el TC no le avisó personal y concretamente de que debía abstenerse de cualquier apoyo público o institucional al 9-N, desautorizado tanto en su versión real como en su sucedáneo, es tanto como admitir que nuestros gobernantes, en este caso Mas, son idiotas de remate y no saben lo que hacen (lo que, en todo caso, no les eximiría de responsabilidad) o que los idiotas somos todos los demás. Sólo así se puede intentar explicar que, tras la expresa desautorización de la farsa del 9-N, pública y notoria, se exima al president de responsabilidad penal porque el TC no le apercibiera de las responsabilidades legales en que incurriría en caso de no respetar la suspensión, que, en todo caso, afectaría sólo al delito de desobediencia y no a otros como malversación de fondos públicos,  prevaricación, usurpación de funciones…

            Someter la legalidad a la conveniencia política supone tal arbitrariedad que pone patas arriba no ya un Estado de Derecho, más o menos autoritario, sino que atenta directamente contra los principios básicos de cualquier sistema democrático. La cuestión por tanto no es que sea o no conveniente salvar a Artur Mas, como se dice en ciertos círculos, y que éste haya traicionado un pacto previo con el PP y el PSOE de “laisser faire, laisser passer” para minimizar la farsa del 9-N y posibilitar una salida airosa para unos u otros, que sería aún peor; la cuestión es que semejante atentado contra el Estado de Derecho, que el común de los mortales percibe sin lugar a dudas, no puede ni debe quedar impune. Y ello exige que la Justicia (con mayúsculas) funcione de una vez por todas. Pero difícilmente puede funcionar si los mecanismos que la ponen en marcha permiten discrepancias, no ya de matiz sino esenciales, no ya durante el desarrollo de un proceso, como a veces sucede, ni entre fiscal y juez en el alcance de los delitos imputados, sino incluso desde los supuestos preliminares para iniciar un proceso mediante la pertinente imputación de supuestos delitos entre los propios fiscales, quienes, se supone, han de velar por el cumplimiento de la legalidad que, obviamente, no puede obtenerse por dos caminos opuestos. Menos aún puede funcionar la Justicia si su indefinición jurídica permitiera, en cualquiera de sus instancias o de sus agentes, determinadas actuaciones y sus contrarias, al amparo de sombras concretas para actuar según la conveniencia en vez de la procedencia de la actuación.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

ESTADO… ¿DE DERECHO O DE DESECHO?

                        Hace exactamente dos años, ante la deriva que iba tomando el quehacer diario de nuestros políticos y gobernantes y una cierta imprecisión que esgrimían algunos acerca de los conceptos de “democracia” y “libertad” y su engranaje dentro del “estado de derecho”, intenté modestamente y a modo de ejercicio pedagógico acotar dichos conceptos en sus justos términos, tal como establecen los politólogos, para que la ciudadanía contase al menos con un planteamiento objetivo y aséptico, desde el punto de vista democrático, frente a los planteamientos ideológicos subjetivos que, sin oposición alguna, se vertían por doquier con claros intereses partidarios que iban calando en la población (Ver “Estado de Derecho, democracia y libertad” en Blog Ojo crítico, http://jcremadesena.blogspot.com.es/, publicado el 10-11-12). Por desgracia, tras dos años, el asunto, en vez de mejorar, ha empeorado sustancialmente como demuestra, entre otras cuestiones, la celebración del 9-N y las reacciones posteriores de gran parte de nuestros líderes políticos, incapaces de delimitar con contundencia lo aceptable e inaceptable, lo admisible e inadmisible, dentro del marco del Estado de Derecho para cualquier ciudadano y, muy especialmente, para quien tiene asignadas responsabilidades gubernamentales del ámbito que sea. Asunto fácil de entender si consideramos que un Estado de Derecho (simplemente en su “acepción formal” o “débil” y a diferencia de dictaduras personales) es el que se rige “por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a una Constitución como fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta”. Si ya en esta acepción “formal”, que no excluye a estados autoritarios, “cualquier poder debe ser conferido por la ley y ejercido en las formas y procedimientos establecidos por ella”, es más fácil de entender aún su acepción “fuerte” o “substantiva” (como es el caso del supuestamente Estado de Derecho español en la actualidad) que además exige que “cualquier poder sea limitado por la ley, que condiciona no sólo sus formas sino también sus contenidos”, que, según los contenidos señalados, excluye obviamente a los estados de derecho autoritarios. En definitiva, al margen de más disquisiciones sobre el Estado de Derecho, la exigencia esencial es, en todo caso, el respeto ineludible al fundamental “principio de legalidad” por el que todo poder público debe ejercerse de acuerdo a la ley vigente y su jurisdicción en vez de a la voluntad de las personas.

            Cuando un Estado se atiene al principio de legalidad las actuaciones de sus poderes están sometidas a la Constitución o Imperio de la Ley, garantía de la seguridad jurídica para todos, condición necesaria para asegurar que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. Es obvio pues que lo acontecido en el 9-N y la actuación de los gobernantes independentistas en nada se ajusta a las del Estado de Derecho, ni en su acepción “formal”, ni en su acepción “substantiva”, pues se trata de una actuación gubernamental por parte de la Generalitat no acorde con la ley y conscientemente contra ella, jactándose incluso de tamaña forma de proceder. Por ello sorprende que los dirigentes de la mayoría de los partidos políticos, a excepción del PP y algún otro minoritario, no hayan hecho piña con el Presidente del Gobierno en la defensa nítida y contundente de los pilares del Estado de Derecho tan claramente vejados. Si, por un lado, hemos de descartar la existencia de un Estado de Dictadura Personal (al menos de momento), que tampoco es el caso, y, por otro, hemos de reconocer que buena parte de nuestros gobernantes actúan al margen del Estado de Derecho, sin que, contra tan agresiva forma de proceder, se levante un clamor unánime por parte de todos los líderes políticos del resto de partidos democráticos, no es descabellado afirmar que estamos ante un Estado de Desecho que amenaza con una inminente ruina a causa de la indefensión a que lo condenan quienes debieran ser sus principales valedores.

Tendrá que ser el pueblo quien al final ponga remedio a semejante situación en las elecciones pertinentes ya que, por encima de cualquier objetivo legítimo para cualquier líder o proyecto político, nada justifica esta conversión torticera de nuestro Estado de Derecho democrático, que tanto nos ha costado consolidar, en un lamentable Estado de Desecho a punto de derrumbarse que nos abocaría a todos los ciudadanos a un futuro lamentable en el que, sin lugar a dudas, resucitarían los viejos fantasmas de un pasado para olvidar salvo en lo que respecta a tenerlo presente como ejemplo de lo que jamás se puede volver a repetir. Sin Estado de Derecho en su acepción “substantiva” la democracia y la libertad son, en el mejor de los casos, una lamentable caricatura de lo que debieran ser, y, en el peor de los casos, una invitación infame al caos y la barbarie que ningún demócrata, al margen de su ideología, puede permitir por acción u omisión, como desgraciadamente está sucediendo en estos últimos tiempos. Y a la vista está que este Estado de Desecho tiene responsables directos e indirectos que, a mi juicio, han de ser desenmascarados para que paguen por ello. ¿O no? Júzguenlo ustedes.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

LA DEMOCRACIA NO SE NEGOCIA, SE EJERCE

                        Sin lugar a dudas hoy es un día muy triste para España (incluida Cataluña obviamente) pues la farsa del 9-N es el más evidente de los síntomas que desde hace tiempo diagnostican la grave dolencia que sufre la democracia española. Pero, siendo grave lo anterior, lo es mucho más el hecho de que nadie haga nada por remediarlo y, muy especialmente, quienes supuestamente tienen el deber de hacerlo, que ni siquiera se atreven a diagnosticarlo de forma clara y concisa. Entre otras cuestiones, no procede pues que Rajoy diga que “mientras sea Presidente nadie romperá la unidad de España”, asunto que, en todo caso, sólo dependería del conjunto de los españoles y no de él. Lo procedente es que, como la integridad del territorio español y su hipotética modificación está regulada democráticamente en la Constitución y en la legalidad vigente que emana de ella, Rajoy, como Presidente del Gobierno, garantice a todos los españoles, incluidos los catalanes, que, mientras sea Presidente, nadie lo hará por cauces distintos a los establecidos democráticamente. Esa es su ineludible obligación, no sólo de palabra sino de obra. Por tanto, tampoco procede que reste trascendencia a la votación ilegal de hoy, diciendo que “ni es un referéndum, ni es una consulta, ni produce efecto alguno” (¡faltaría más!) cuando, teniéndolo prohibido por el Tribunal Constitucional, Artur Mas se burla y desafía al Estado de Derecho, incluso con chulería, afirmando “si la Fiscalía busca un responsable, soy yo”, mientras su socio Junqueras, alardeando del más siniestro nacionalismo totalitario, remata diciendo que “la independencia no se negocia, se ejerce”, que es lo que realmente viene sucediendo “de facto” en Cataluña desde hace tiempo, al desacatar la ley desde la propia Generalitat incluso cuando, ante la duda planteada, ha sido dictada por sentencias judiciales de los tribunales competentes democráticamente instituidos.

            No es la independencia, sino la democracia la que no se negocia, se ejerce. El problema es por tanto que, cuando en un Estado, que disfruta de democracia, como es el caso, ésta no se ejerce, mientras debiera ejercerse con todo rigor, ya nada hay que negociar pues al final, se ejerce no sólo el independentismo, como dice Junqueras, sino el caos, como ratifica la Historia. Un caos que llega al extremo de que Artur Mas, ante una hipotética aplicación estricta de la legalidad vigente para impedir ilegales conductas durante la votación, avisa de que cualquier actuación fuera de lugar sería “un ataque a la democracia”, siendo él quien está fuera de lugar y quien ataca a la democracia descaradamente, incluso de forma ilegal, casi desde que, amparándose en la legalidad vigente que ahora desobedece, fuera investido como President de la Generalitat. Es paradójico que quien probablemente, como dice UPyD en su querella, delinque gravemente (prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones, malversación, delito electoral…) se permita incluso el lujo de acusar de antidemocráticos a quienes intentan, eso sí, tímidamente (ese es el error y de alguna forma lo que pudiera dar cierta verosimilitud a la acusación que les hace Mas), que se respete el orden democrático que obviamente pasa por el respeto y el acatamiento a la ley, como bien sabe el President. Y es paradójico que Rajoy inste a Mas a “recuperar la cordura” para el día después de la afrenta al Estado, hiriendo la inteligencia de todos los españoles, incluidos los catalanes, al calificarla y prácticamente venderla como un “proceso participativo” popular y espontáneo. Como si fuéramos idiotas. Y, por supuesto, es lamentable que otros dirigentes políticos crean aún que los gnomos existen.

            Me parece muy bien que la Fiscalía Superior de Cataluña pregunte a la Generalitat si “ordenó utilizar centros públicos para realizar la consulta”, que pida a Unipost el origen de los listados usados en el buzoneo de propaganda y que haga lo que proceda para estudiar si se incumple la Ley. Pero sería lamentable y peligroso que, al final, todos los demócratas tuviéramos que aceptar pulpo como animal de compañía. No decenas, sino cientos de testimonios (declaraciones, actuaciones impropias,  mentiras y agravios, improperios, amenazas…), ponen en evidencia la gravedad de los hechos y el daño irreparable que se está causando a España, incluida Cataluña. Averiguaciones, las que procedan; contemplaciones o consideraciones improcedentes, las mínimas. Ya se han tenido bastantes. No es cuestión de que Mas y su gobierno recupere o no la cordura; es cuestión de que responda por todas las locuras que ha cometido y sigue cometiendo hasta la fecha, indignas todas ellas de un gobernante democrático, cuya obligación principal es respetar y hacer respetar la legalidad vigente. Mas, como persona e incluso como político, tiene todo el derecho, ¡faltaría más!, a actuar en pro de que Cataluña pueda convertirse, aunque nunca lo haya sido, en un Estado independiente, pero como gobernante está obligado a actuar con honestidad y lealtad al Estado al que representa sin transgredir su marco jurídico vigente. El Estado, por su parte, no sólo ha de exigirle la observancia de dicha conducta, sino además las responsabilidades pertinentes en caso contrario. En eso consiste ejercer la democracia, que en ningún caso se negocia.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

BARÓMETRO DEL CIS, NI TANTO NI TAN CALVO

                        Acostumbrados ya en España a tratar los asuntos con un dramatismo inadecuado y subjetivo en vez de con una preocupación adecuada y objetiva que, en todo caso, facilite la búsqueda de soluciones en vez de generar alarmas, que en nada favorecen análisis objetivos, es casi normal que la publicación de los resultados del barómetro del CIS haya levantado ampollas, cuando ni causa excesiva sorpresa, desde que apareciera el fenómeno Podemos (entonces sí), ni augura fenómenos apocalípticos, ni nada por el estilo. Conviene por tanto hacer un análisis tranquilo de los datos y del progreso de los mismos para entender que, salvo la consolidación de Podemos como otro partido más dentro del sistema (por importante que sea su peso político e inesperada su irrupción en el escenario electoral) y a la espera de lo que pueda ser su programa político de gobierno, ningún cataclismo futuro se avecina y, pasado el tsunami, las aguas volverán a su cauce, aunque los partidos tradicionales tengan que bañarse en ellas con muchas más precauciones de las que estaban habituados. Por tanto, ante los exabruptos sobre el último barómetro del CIS, ni tanto ni tan calvo como unos u otros lo quieren presentar de forma indecentemente interesada. Aprovechando la confusión entre “intención de voto directo” (que da como más votado a Podemos con el 17´6%, seguido de PSOE con el 14´3% y PP con el 11%) y “estimación de voto” (que da como más votado al PP con el 27´5%, seguido del PSOE con el 23´9% y Podemos con el 22´5%) cabe todo tipo de conclusiones especulativas, que tanto gustan en las tertulias televisivas tendenciosas en cualquier dirección con moderadores que, llevando el ascua a su sardina, apenas dejan hablar a los que no opinan como ellos, siempre minoritarios, y participan descaradamente en el debate a favor de los suyos prevaliéndose de su privilegiada situación.

            Ni tanto, ni tan calvo, cuando, a lo sumo, la única conclusión medianamente válida es que, en caso de que el resultado del barómetro se aproxime al electoral en su momento y a más de un año vista, ningún partido obtendría una mayoría holgada para gobernar en solitario, obligando a posteriores acuerdos de gobernabilidad. Algo, por otra parte, bastante habitual en la mayoría de países de la UE. Conclusión lógica teniendo en cuenta la situación de crisis política, ética, económica, social e institucional por la que estamos atravesando, en la que tiene sentido el desapego a los partidos tradicionales que más responsabilidades tuvieron y especialmente al que gobierna, así como la ascensión de opciones populistas virginales que basan su oferta en soluciones fáciles inexistentes para los problemas complejos. Por tanto, normal el descenso del PP, no tanto el del PSOE, aunque por fin acerca distancias con Pedro Sánchez, así como el batacazo de IU y UPyD ante la lógica ascensión de Podemos. Basta echar un vistazo a Grecia, Italia, Francia e incluso Alemania, entre el resto de países europeos, para entender que nada extraordinario sucede en España, salvo ese plus de preocupación para hacer, si es posible, las cosas mucho mejor.

            La mejor forma de entender la cuestión es comparar el barómetro del CIS de hace justo un año, con el de julio de 2014 en que aparece Podemos, tras su éxito en las Europeas, y con el que se acaba de publicar, que tanta alarma ha generado. Con datos sobre “estimación de voto” más fiable que el del cabreo momentáneo de “intención de voto directo”, los resultados sucesivos en % de votos de los principales partidos de ámbito nacional han sido: PP, 34, 30 y 27´5 (clara tendencia a la baja); PSOE, 26´8, 21´2 y 23´9 (recuperación tras la debacle); Podemos, 15´3 y 22´5 (ascenso vertiginoso, en octubre de 2013 ni existía); IU, 11´3, 8´2 y 4´8 (caída en picado tras aparecer Podemos); y UPyD, 7´7, 5´9 y 4´1 (deterioro progresivo tras aparecer Podemos y Ciutadans). A partir de dichos datos objetivos se pueden hacer las combinaciones que se quieran, pero la realidad es que, perdida desde hace un año la mayoría absoluta del PP (44´63% de votos en 2011), que hoy seguiría ganando las elecciones, ningún otro partido supera a día de hoy sus porcentajes obtenidos en las últimas generales (PSOE, 28´76%; IU, 6´92%; y UPyD, 4´7%), abortando cualquier alternativa de gobierno tranquila, máxime cuando Podemos, el partido emergente que con su vertiginoso ascenso ha cortado de cuajo el previsible aumento de los tradicionales partidos de la izquierda democrática, está bastante lejos de ganar por mayoría absoluta y manifiesta abiertamente su objetivo antisistema, que dificulta, salvo que se conviertan en suicidas, un acuerdo sensato con buena parte de los partidos de la oposición, a quienes califica sin escrúpulos como instrumentos de la ”casta” al servicio del capitalismo universal.

            Salvo este mazazo a la izquierda por parte de Podemos, que sus líderes definen como desideologizado, ni de izquierdas ni de derechas, términos superados según ellos (sólo les falta decir como antaño que no hay que hacer política), nada catastrófico, salvo los aprietos postelectorales que algunos tendrán que pasar, aunque siempre cabe decantarse porque nos jubilemos a los sesenta años, tengamos una paga por el mero hecho de ser españoles, nos quedemos libres de la deuda pública, encontremos todos un trabajo digno y bien remunerado, vivienda a precio de saldo y, en definitiva, seamos tan felices como en esa hipotética Cataluña independiente que promete Artur Mas. ¡Qué más Podemos pedir!

                                   

Fdo. Jorge Cremades Sena

ESPAÑA, UNA POCILGA POLÍTICA

                        Es imposible soportar un minuto más el hedor putrefacto que se respira en España, convertida en una descomunal pocilga política que rebosa inmundicias de todo tipo por todas partes. Ya no cabe más basura política por kilómetro cuadrado, al extremo de que se tiene la sensación de que sólo los cerdos pueden vivir a gusto en tan repugnante escenario. Han sido tantos años echando todo tipo de porquerías impunemente por todos los rincones que, al final, nuestro país se ha convertido en un inmenso basurero en el que ya no cabe ni un centímetro más de mierda por más que algunos pretendan comprimir los estratos anteriores de todo tipo de porquerías. Ni siquiera así cabe la posibilidad de hacer un pequeño hueco para que quepa un poquito más. Ahora, inevitablemente, o se sanea de arriba abajo la pocilga sin ningún miramiento ni contemplación y, sacando de cuajo a los cerdos de la misma, se transforma urgente y radicalmente en un lugar habitable, o, por el contrario, serán las alimañas carroñeras quienes se encarguen de ocupar su lugar en el futuro a costa de los despojos que queden de tamaña podredumbre. Quienes desde hace bastante tiempo venimos advirtiendo que, o la democracia acaba con la corrupción política o ésta acabará con la democracia, cada mañana quedamos atónitos ante el nuevo caso de corrupción de turno que, como los anteriores, se sigue tratando de forma parcial y maniquea por voceros partidistas (militantes o no), como si la corrupción tuviese color político, mientras los líderes de los partidos, en el mejor de los casos, se enredan en la oratoria, para quedar bien ante la audiencia, en vez de hacer propuestas y tomar medidas legales concretas encaminadas a extirpar este corrosivo cáncer.

            La última macrorredada dentro de la “operación Púnica” con 51 imputados por una supuesta trama delictiva, formada por políticos y empresarios corruptos, es la gota que colma el vaso de la paciencia de los ciudadanos honrados, quienes, sin recuperarse aún por el escándalo de las “tarjetas opacas”, el del clan Pujol o el del Alcalde de Barcelona (por no citar el resto de “casos” anteriores, que no cabrían en este espacio), están hasta las narices de seguir manteniendo con sus impuestos a tantos y tantos sinvergüenzas, que, como Paco Granados o Jordi Pujol (por citar sólo los últimos), hasta se permiten el lujo de darnos clases de ética y moral en las tertulias o comparecencias televisivas, negando cínicamente conductas evidentes que, antes o después, salen a la luz inevitablemente, aunque muchos nos preguntemos que para qué, pues en el peor de los casos para ellos, se saldan con unas leves penas de cárcel, una multa y forrados para el resto de sus vidas y las de los suyos. Esa es la sensación colectiva al respecto. Y, llegados a este punto, lo que menos importa ya es si, en este último escándalo, el enésimo (ni el más grave, ni el más indecente, pues todos lo son por igual), el principal imputado, Francisco Granados, ex secretario del PP en Madrid, pertenece al PP o a cualquier otro partido, o si el alcalde de Parla (entre los otros seis detenidos) es del PSOE o no… pues, definitivamente, ya no tiene sentido la estrategia del “Y tú más” como fórmula de escurrir el bulto. Es tanta la mierda, que extenderla simplemente la hace más insoportable todavía. El deterioro causado entre todos, por acción u omisión, al sistema democrático es tal que, en la parte que toque a cada uno de los partidos, o entre todos dan un giro radical a la situación o todos sufrirán las consecuencias por sus conductas irresponsables. Y, por supuesto, todos nosotros.

            Ya es insuficiente que Rajoy pida “perdón” en el Senado por poner a personas “en puestos para los que no eran dignas” e hipócrita que desde los escaños socialistas le respondan por ello con gritos de “dimisión”, teniendo en cuenta que Griñán, que ocupa uno de ellos (y Chaves, otro en el Congreso), aunque sea insuficiente, debieran hacer como Rajoy por su manifiesta torpeza a la hora de elegir a las personas idóneas para cargos de responsabilidad, añadiendo así buenas dosis de porquería al vertedero. Ni es suficiente con entender el “hartazgo” de la gente, como dice el Presidente, ni sentirse “absolutamente desolado” como dice Gómez por la conducta del alcalde de Parla a quien considera como “hermano” o tener “un sentimiento de profunda vergüenza” como dice Esperanza Aguirre por la de Paco Granados que era su mano derecha. No es un problema de entendimientos ni de sentimientos, sino de la toma de medidas urgentes y radicales que de forma objetiva fijen, meridianamente claro, los límites, no sólo jurídicos sino también políticos, que jamás pueden rebasar quienes voluntariamente deciden dedicarse a la Política para servir a los ciudadanos en vez de engañarles y aprovecharse de ellos y de su buena voluntad. O lo hacen por consenso, o tendrá que hacerlo urgentemente el PP en solitario con la mayoría absoluta que en estos momentos disfruta. No caben demoras, ni excusas que, visto lo visto, son tomaduras de pelo inaceptables. De no hacerlo ahora, puede que después sea demasiado tarde.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

PARAÍSOS VULNERABLES

                        Los distintos grupos humanos, al menos desde la Revolución Neolítica, se han empeñado a lo largo de los siglos en crear en sus respectivos territorios de asentamiento verdaderos paraísos terrenales que, en permanente conflicto entre ellos (no todos consiguen el mismo nivel de bienestar), siempre fueron vulnerables, máxime cuando las relaciones organizativas de cada grupo, basadas en la obtención de riqueza y la apropiación o control de la misma, lo jerarquizan al extremo que muchos de sus miembros en vez de disfrutar del supuesto paraíso viven un verdadero infierno dentro del mismo. El trasfondo del asunto, con las variables y matices que se quiera, es la generación de riqueza y el control o apropiación de los excedentes con el objetivo de obtener un mayor grado de bienestar social que, obviamente, no alcanza a todos por igual, ni a nivel interno del grupo, ni entre unos grupos y otros, generando frecuentes conflictos internos y externos, muchas veces violentos, que demuestran la doble vulnerabilidad de dichos paraísos, sucesivamente finiquitados y reemplazados por otros con idéntica propensión a la vulnerabilidad. Es el inevitable proceso de las relaciones humanas, basadas en el poder, que en cada momento histórico ha propiciado un diferente mapa geopolítico con distintos grupos hegemónicos (los paraísos deseados de cada momento histórico), que, basados en determinadas prácticas de convivencia, interna y con el exterior, supuestamente garantizan la nueva era, hasta que, inevitablemente, llega su decadencia y vuelta a empezar al quedar el modelo obsoleto. Basta echar un vistazo a la génesis y ocaso de los Imperios de la Antigüedad, de los Reinos Medievales o de los Estados Modernos y su evolución hasta nuestros días para constatarlo. Una dinámica diabólica que demuestra la inexistencia de paraísos invulnerables.

            Por tanto, esencialmente, nada nuevo bajo el Sol en cuanto a la dinámica histórica que nos ha traído a la situación actual. Hoy, el paraíso vulnerable, ni es único, como antaño, ni es distinto a los anteriores; lo conforman todos los países del llamado Primer Mundo, Mundo Desarrollado, Civilización Occidental o como prefieran denominarlo (Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y algún que otro país del resto de Europa, Australia, Nueva Zelanda y poco más), que, como siempre, es lógico objeto de deseo, especialmente para los infiernos que conforman el Tercer Mundo. Lo distinto, lo que ha cambiado respecto a los paraísos anteriores, es su repercusión global en un mundo globalizado e interdependiente (antes era posible explorar territorialmente nuevos horizontes económicos, sociales, ideológicos o religiosos para determinados ámbitos concretos, sin afectar demasiado al resto), abocando prácticamente a toda la Humanidad (no sólo a un área concreta por amplia que sea) a una división dual, cada vez más insostenible, entre un único modelo de paraíso, el del desarrollo, cada vez más vulnerable, y un único infierno, el del subdesarrollo (no sólo el exterior sino también el interno), cada vez más insostenible, dejando entre ellos un espacio, una especie de purgatorios en transición (los países emergentes) hacia ese modelo de paraíso, paradigmático de las mayores cotas de bienestar, en el que, tal como está concebido hoy, ya no cabe nadie más, pues los recursos no son ilimitados. Esta situación injusta y contradictoria nos lleva a pensar que estamos en la antesala de un final de ciclo imprevisible a escala mundial, con la agravante de que, demostrado el fracaso de otros modelos de paraísos (auspiciados por el comunismo), surgidos en el momento de crear el actual orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera se vislumbra un modelo alternativo u opcional que sustituya el más que evidente agotamiento del paraíso que disfruta una tercera parte de la población mundial en estos momentos. Entretanto, las amenazas violentas del terror, como siempre, cada vez son más evidentes.

            El informe anual sobre la actividad económica global del FMI pone en evidencia este más que previsible cambio radical del panorama económico en el mundo y sus pertinentes cambios sociales y políticos. Las economías occidentales, es decir, las del paraíso desarrollado, empeoran a un ritmo más rápido que el esperado, mientras el ascenso de los países emergentes es un hecho indiscutible, pero en base a estructuras de bienestar bien distintas. Por tanto, mientras el paraíso se derrumba, los que llaman a su puerta no tienen cabida al no ser posible extender más tan alto nivel de bienestar, en tanto que, no transitar hacia ese utópico objetivo, supone aproximarse al fondo del infierno olvidado del subdesarrollo. La conclusión es obvia, o a nivel internacional, ya que esta es la dimensión del problema, se hace una redistribución más justa de la riqueza, que conlleva una cierta rebaja del bienestar en el paraíso en favor de una rebaja sustancial del malestar en los infiernos, tanto en los exteriores como en los interiores, para generar al menos una cierta esperanza, o, por el contrario, estallará violentamente la ya más que activada bomba de relojería que hará saltar por los aires tan injusta situación. ¿Estamos dispuestos a hacerlo quienes habitamos el paraíso? Me temo que no.   

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

PODEMOS, LA HORA DE LA VERDAD

                        Durante este fin de semana celebra Podemos su Congreso Constituyente como partido político, llegándole así la hora de la verdad al tener que definir claramente ante la ciudadanía en qué consiste su proyecto político, como el resto de formaciones políticas, y cuál será su modelo de partido. Aunque el resultado final no se conocerá hasta dentro de siete días, plazo dado a las bases para que voten por internet las propuestas de esta asamblea, que reúne en Madrid a unos siete mil seguidores, genera gran interés conocer a fondo ese genuino modelo, vendido como representativo indiscutible de las esencias más democráticas y sustancialmente distinto del que tienen los partidos clásicos, a los que Pablo Iglesias tilda como decadentes y representantes de la “casta”. Así sabremos si, como dicen sus líderes autoproclamados, estamos ante un proyecto novedoso, que pretende revolucionar la forma clásica de hacer política en democracia y libertad, o, por el contrario, como decimos algunos, asistimos a un proyecto ideológico más dentro del sistema que, obviamente con total legitimidad, pretende abrirse camino entre el electorado, como ya hicieron, con mayor o menor fortuna, todos y cada uno de los surgidos hasta la fecha, con promesas programáticas, más o menos atractivas y, sobre todo, más o menos creíbles, viables o utópicas. Si de momento, sólo sabemos que su objetivo es participar dentro del sistema, no para mejorarlo, sino para destruirlo (también otros lo pretenden), aunque, obviamente, disfrutando entretanto de las ventajas que les aporta (entre ellas los sueldazos de los escasos cargos públicos que hasta ahora detentan), a partir de ahora, conoceremos con todo lujo de detalles su verdadero rostro. Es justo esto lo más positivo para nuestro panorama político.

            Ya de entrada, desde el comienzo del Congreso Constituyente, sabemos que sobre la mesa hay dos cuestiones sustanciales en discusión, el modelo de organización y el plan de acudir o no a las municipales. De un lado Pablo Iglesias y su círculo más íntimo (Errejón, Monedero, Alegre, Bescansa…), partidarios de no acudir con sus siglas a las municipales sino camuflados, defienden un modelo unipersonal, es decir, un líder (secretario general) y una cúpula “para asegurar coherencia y unidad”, en definitiva, un liderazgo fuerte ejercido por un Secretario General y rodeado de otros portavoces. De otro lado Pablo Echenique, sus compañeras en el Parlamento Europeo, Teresa Rodríguez y Lola Sánchez, así como Izquierda Anticapitalista, partidarios de comparecer en las municipales, defienden un modelo de dirección colegiado, una especie de triunvirato con capacidad ejecutiva, para defender “la pluralidad de puntos de vista a todos los niveles”. En el fondo, de lo que se trata es de diseñar el control político de Podemos y la mejor forma de hacerlo operativo y eficaz como partido político. En definitiva, con los maquillajes que se quiera, por lo mismo que se lucha en el resto de partidos, generando obviamente una lucha por el poder, aunque ya sabemos que en los demás partidos sería una indecente lucha por el poder y en Podemos un loable debate enriquecedor y plural.

            Pablo Iglesias, cuyo modelo es más parecido al de los demás partidos que el de Echenique con su “triunvirato”, ha dejado bien claro que, si su propuesta “integral” de modelo y equipo para consolidarlo no logra el respaldo necesario, “sería lógico” que el proyecto lo encabezaran los responsables del modelo ganador. Y lleva razón. Ya Felipe González, hizo lo propio con el asunto del “marxismo” frente a quienes pretendían imponerle su modelo para que él lo liderara. Como los socialistas en aquel histórico Congreso extraordinario, los podemistas (desconocemos su ideología, que ocultan intencionadamente) tendrán que mojarse ahora al respecto. Luis Alegre lo tiene bien claro: “si no nos apoyan, tendrá que liderar Podemos otro”. La última palabra, al igual que los delegados socialistas en aquel congreso extraordinario, la tienen los 130.000 simpatizantes que se han inscrito para votar hasta el día 27 a través de las redes sociales (novedad sin duda esta votación tecnologizada y no instantánea y directa en una democracia asamblearia, aunque Artur Mas haga lo propio pero con cajas de cartón).

Como ven, salvo estas innovaciones procedimentales, nada nuevo bajo el Sol. Bueno, sí, aparte de los eufemismos para que los conceptos desprestigiados suenen mejor y parezcan otra cosa, es novedosa la apoteósica entrada de Pablo Iglesias al Congreso Constituyente (perdón, según su lenguaje, el primer encuentro presencial de la Asamblea Ciudadana Sí Se Puede), acompañado de seis guardaespaldas (el jefe, aunque no sea “casta”, es jefe), para proclamar ante los miles de militantes (mejor asistentes o simpatizantes), enfervorizados, que es el único líder capaz de ganar las elecciones al PP y al PSOE (de los demás, ni mu, se ve que ya los da por derrotados) y, parafraseando a Carlos Marx, afirmar rotundo que “el cielo no se toma por consenso, sino por asalto”. Es obvio que España ya cuenta con un salvador capaz de sacar del infierno a todos los españoles para llevarnos al paraíso. Esperemos que los daños colaterales en el asalto al mismo sean los menos posibles.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

PATÉTICO Y ESPERPÉNTICO ARTUR MAS

                        Tras la tensa reunión con sus socios soberanistas, que acaba como el rosario de la aurora al admitir el president por primera vez que no podrá organizar una votación sobre la soberanía de Cataluña ante la falta de garantías legales y constitucionales (¡cómo si lo acabara de descubrir!), un patético y esperpéntico Artur Mas ha comparecido en rueda de prensa para explicar lo inexplicable. Ante una lógica expectación mediática por el ya conocido giro copernicano inevitable dado en la reunión, Artur Mas, genio y figura hasta la sepultura (política, obviamente), en vez de exhibir un mínimo rasgo de honradez política ante la opinión pública, admitiendo su error y, a mi juicio, anunciando su dimisión irrevocable por haber conducido al abismo a los catalanes y al resto de españoles, aunque asume (no le queda más remedio) que no se puede celebrar su ilegal consulta del 9-N, se empeña sin embargo de forma absurda, como toda su acción política gubernamental, en sustituirla por una especie de esperpéntica y patética ficción, que ni sus socios aprueban a estas alturas. “Tras la reunión de ayer, seguimos adelante”, es su carta de presentación, pues “El Govern está decidido a ir adelante, a hacer la consulta y que sea el 9-N” y, dejando perplejo al auditorio, afirma rotundo que ese día “habrá puntos de votación, urnas y papeletas”, aunque matizando que “la consulta no se podrá celebrar según el decreto firmado por la suspensión del TC”. En definitiva, ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Un nuevo paripé indecente consistente en movilizar “más de 20.000 voluntarios”, contando “con el apoyo de los más de 900 ayuntamientos” por el que “se podrá contestar la pregunta pactada y acordada”, lo que, según él, supone seguir adelante, pese a quienes digan que tienen “noticias excelentes” (en clara alusión a Rajoy, que así se manifestó tras el desenlace de la reunión de ayer), no faltándole razón en esto último ya que nada puede ser excelente con Artur Mas como gobernante; a la vista está que todo es patético y esperpéntico. Y se queda tan pancho.

            Para mayor desvergüenza, su manifiesta soledad al haber engañado a sus socios (ERC, ICV y CUP) y a sus compañeros de CiU, diciéndoles que iría hasta el final en su ilegal proceso soberanista, no le impide intentar venderles de nuevo la burra, así como a todos los catalanes, de que su “determinación para celebrar la consulta sigue siendo firme” y que el eslabón más débil ahora es la unidad de los partidos que “se encuentra desencajada, pero no rota” siendo ahora “misión de los partidos que no se rompa del todo”. Y con una jeta impresionante asegura que “la consulta definitiva, con plenas y total garantías, sólo se puede hacer a través de elecciones que los partidos, no el Govern, transformen en un referéndum de facto”, para continuar con los falsos tópicos de siempre, que ya nadie cree, de que “el adversario real no está en Cataluña” pues “el adversario real y poderoso es el Estado español”, concluyendo que “la consulta del 9-N es la anticipada de la definitiva”. Y no se le cae la cara de vergüenza. Como era de esperar la reacción de sus socios en la aventura ha sido de frustración y de rabia, al extremo de que algunos, como IU, le instan a que deje “de jugar como trilero” vendiendo ahora este paripé para “salvar su cara política”. En cuanto a los partidos opuestos a su loca estrategia, imagínenselo ustedes.

            El patético y esperpéntico Artur Mas se hunde cada vez más y, disconforme con batir el record de hundir gratuitamente su mayoritaria formación política de forma vertiginosa, propiciando el ascenso de su minoritario contrincante ideológico, busca una salida política personal absurda de forma desesperada ahondando en los mismos argumentos que le han llevado a la ruina política, en vez de rectificarlos. Sigue sin entender que su adversario no es el Estado Español, sino el Estado de Derecho, del que Cataluña, por voluntad propia forma parte y disfruta de todas las libertades y derechos que éste garantiza; sigue sin entender que, como gobernante de una parte del mismo, le está vedado atentar contra él, convirtiéndose en su enemigo, que no al revés, en caso de hacerlo tal como queda demostrado; sigue sin entender que en su juego ambiguo como gobernante favorece precisamente a quienes sin reparo alguno son sus verdaderos enemigos, no ya por ser contrincantes ideológicos, sino porque su proyecto totalitario atenta directamente a lo que él como gobernante democrático representa; y sigue sin entender que los gobernantes democráticos, por mucha mayoría que les respalde, que además no es su caso, carecen de poder absoluto, tal como ha quedado demostrado con su ilegal proceso. Obviamente siempre cabe la posibilidad de un golpe de Estado, pero, incluso para ello, si fuera posible, tal como está el patio, su situación política sería patética y esperpéntica. Otros, dispuestos a proclamar unilateralmente la independencia lo situarían “ipso facto” en su justo lugar. Y, ya ven, si su renuncia obligada del 9-N nos hacía pensar en la recuperación de su cordura, su mascarada alternativa, que ni a tirios ni a troyanos satisface, reafirma el grado de su demencia. 

                             Fdo. Jorge Cremades Sena 

SANIDAD, DE ÓPTIMA A PÉSIMA

                        Vaya por delante que Ana Mato no es santa de mi devoción, que su comparecencia fue deplorable (cada uno tiene sus limitaciones) y que, a mi juicio, no debiera ocupar la cartera de Sanidad, ni ninguna otra, pero no por la crisis del ébola, sino por asuntos que la relacionan con presuntos casos familiares de corrupción que, tal como está el patio, requieren tolerancia cero al menor indicio, aunque sólo sea por razones de ejemplaridad, pues los gobernantes no sólo han de ser honestos y honrados sino además parecerlo. Pero al no caberme en la cabeza que nuestra Sanidad pueda pasar en tres días de ser óptima a pésima a causa del ébola, ni que, incluso si así fuera, la responsable sea la ministra, porque la Sanidad está totalmente transferida a las CCAA y ella ni siquiera nombra a los consejeros autonómicos (ya es hora de que cada cual asuma sus responsabilidades y responda por ellas), no voy a sumarme a la petición de dimisión de la ministra con el único objetivo de sacar ventaja política de tan delicado incidente, distorsionando negativamente la imagen de nuestro sistema sanitario sin reparar en los perjuicios de todo tipo que pueda acarrear semejante irresponsabilidad. Me sumo por tanto a quienes, exigiendo toda la verdad sobre el desgraciado contagio de ébola en el Carlos III de una auxiliar de enfermería, buscan las verdaderas causas y las circunstancias del incidente para, una vez averiguadas, intentar evitarlas en el futuro, sin perjuicio de que se exijan las pertinentes responsabilidades concretas si las hubiere.

            Así pues, dicho lo anterior, ante las barbaridades que estamos escuchando en estos días, ante las descalificaciones gratuitas, especulaciones interesadas, mentiras o verdades a medias, acusaciones infundadas y, sobre todo, ante la estrategia de elevar lo anecdótico a categórico, desprestigiando así de forma irresponsable nuestro sistema de salud, reconocido hasta ayer como uno de los más prestigiosos y de mayor calidad, conviene, sin hacer ningún juicio de intenciones, que, al menos, se contesten con claridad meridiana a algunas preguntas, para que, los inexpertos en la materia, como yo, sepamos a qué atenernos. ¿Cabe la posibilidad de errores técnicos o prácticos puntuales y anecdóticos? ¿Estaban homologados los protocolos utilizados por la UE y la OMS? ¿Son los que se utilizan en otros países? ¿Se modifican ahora a instancia de dichos organismos internacionales al detectar carencias? ¿…? De las respuestas a estas cuestiones genéricas sabremos si somos o no una “rara avis” tal como algunos nos quieren hacer ver. Pero además, sobre el tema concreto del contagio de Teresa Romero, aunque sólo sea para conocer el caso en profundidad y evitar otros similares en el futuro, habría que contestar a otra serie de preguntas. ¿En qué momento pudo darse el contagio? ¿Cómo se produjo? ¿Sólo se contagió Teresa o alguien más de quienes atendió a los enfermos? ¿Se está averiguando esto? ¿Cometió algún error Teresa en el uso del traje protector o es que éste estaba defectuoso? ¿Fue consciente de ello o no? ¿En qué momento pudo serlo? ¿Se le aplicó en todo momento el protocolo homologado por las autoridades sanitarias y reconocido como válido? ¿Informó la auxiliar a la doctora que le diagnosticó gripe de que había estado en contacto con enfermos terminales de ébola? ¿Pudieron los antitérmicos recetados bajarle la fiebre y retrasar el síntoma que el protocolo marca para hacer la prueba de ébola? ¿…? Con la respuesta a estas cuestiones, sin que ello suponga culpabilizar a nadie y mucho menos a Teresa, se sabrá no sólo la causa del contagio sino además los riesgos posteriores a que se sometieron terceras personas, así como el alcance de las presuntas responsabilidades en cada uno de ellos.

            Es algo tan simple y sencillo, pero imprescindible para aclarar los hechos y exigir entonces, que no antes, las responsabilidades a quien corresponda, que nadie, con dos dedos de frente, entiende que se demonice de antemano a quienes se interesan por ello, prefiriendo arremeter en uno u otro sentido, según la respuesta subjetiva que cada uno se haga a las preguntas, lo que pone en evidencia lo poco que a algunos les importa la verdad hasta sus últimas consecuencias y lo que realmente les importa es su particular verdad preconcebida y adaptada a sus irresponsables intereses. Y como me niego a que nuestra Sanidad pase de la noche a la mañana de óptima a pésima, entre otras cosas porque es imposible, prefiero apostar a que todo se debe a “un desgraciado error humano, un accidente”, que es lo que suele suceder en estos casos. Por tanto, situando el asunto en su real dimensión, de lo que se trata es, en primer lugar de intentar salvar a Teresa de su trágica situación, de averiguar si alguien más está contagiado, de mejorar los protocolos haciéndolos más estrictos y de tranquilizar a los ciudadanos, ya que la anécdota, por trágica que sea, no es la categoría. Ya habrá momento para, si las hubiere, exigir las correspondientes responsabilidades. No me cabe en la cabeza que, ni siquiera por supuestas indicaciones perversas de las autoridades políticas sanitarias (como algunos insinúan), los magníficos profesionales de la sanidad que hay en España se plegaran a aceptar la caótica situación sanitaria que determinados agoreros pretenden proyectar en estos difíciles días. Bien saben que no es la realidad.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

Y DE LA REGENERACIÓN POLÍTICA… ¿QUÉ?

                        Seguramente uno de los asuntos más urgentes en nuestro país sea el esperado paquete de medidas concretas sobre regeneración política que ponga freno al progresivo deterioro democrático que, “in crescendo”, venimos sufriendo en los últimos tiempos de forma injusta y peligrosa. Justo hace algo más de un mes el Gobierno de Rajoy convocó de forma oficial a todas las fuerzas políticas a un pacto por la regeneración política, pretendiendo cerrar el asunto en un par de meses. Pasado el ecuador de dicho plazo, algunos, con bastante inquietud, nos preguntamos qué hay del tema, pues se tiene la sensación de que a las primeras dificultades para llegar a un consenso, siempre preferible, se va quedando olvidado en el baúl de los recuerdos. Justo lo peor que puede suceder. Perfecto pues que el Gobierno, éste o el que fuera, pretendiera, como decía, “impulsar un gran acuerdo”, pero pésimo si, ante la imposibilidad de conseguirlo, deja las cosas como están ya que no podemos estar peor. La lucha por la trasparencia y contra la corrupción no puede esperar más. Es el objetivo prioritario en estos momentos y trasciende cualquier otro de carácter partidario; por tanto, todas aquellas medidas vigentes que sirven como excusa legal para dificultarlo han de ser derogadas o, al menos, modificadas al extremo de que no sirvan para tan perversa finalidad de forma clara y contundente. Por ejemplo, ¿es tan complejo limitar el  aforamiento, unificar criterios sobre el momento procesal penal en que un responsable ha de abandonar su cargo o ser excluido de las candidaturas electorales o limitar los gastos de las campañas electorales? Yo creo que no, siempre que haya voluntad de hacerlo que es, lo que a mi juicio, falta.

            Si en su momento, la excusa para conseguir el acuerdo era el empeño del Gobierno de incluir la modificación de elección de alcaldes, que la oposición rechazaba a pesar de que algunos la llevaran en sus programas electorales, y la exigencia de la oposición de retirar la reforma de la ley del aborto, ¿cuál es ahora la excusa una vez sacado del paquete el asunto de los alcaldes -aunque Ayllón, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, mantenga que no descarta retomarlo-, y retirada la reforma de Gallardón, incluida la dimisión del ministro?. Ahora la excusa, para no hacer nada, no puede ser que el PP no consigue un pacto porque lo que busca es pasar el rodillo de su mayoría parlamentaria, tal como esgrimen algunos tras una reciente toma de contacto para negociar, entre otras medidas, la ley de trasparencia, el estatuto de los cargos públicos, la reducción de los aforamientos o la limitación de los indultos. Ni puede ser excusa para el Gobierno y el PP, ni para los partidos de la oposición. Si como dice Alonso, el portavoz popular, el PP quiere aprobar sus medidas de regeneración democrática “sí o sí en esta legislatura” (a la que cada vez le queda menos), aunque asume que “tendrán más valor si se hacen con un gran acuerdo”, lo inaceptable es que dichas medidas no salgan adelante porque esto último no se logre y que no se logre, tal como dice, entre otros, Olaia Fernández Dávila del BNG, porque “si no hay consenso, la terminarán haciendo ellos”, razón de más, si así es, para no levantarse de la mesa negociadora hasta llegar al acuerdo que mejore las propuestas individuales de unos u otros.

            No vale pues que la Izquierda plural (IU, ICV y Chunta) se escude en que el PP no está legitimado para hablar de “regeneración democrática”, mientras ninguno explique en el Congreso el caso Bárcenas (por esa regla de tres, sólo con el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, tendríamos que cerrar el chiringuito y desacreditar a todos), ni que ERC o BNG vean el asunto “difícil” por la diferencia entre extremos ideológicos (como si la corrupción o la trasparencia tuviese colores políticos), ni que todos los partidos minoritarios se escuden en el bipartidismo y lo rechacen porque “lo primero que busca el PP, y es normal, es el consenso con el PSOE”. Menos vale aún que PP y PSOE, por meros egoísmos partidarios o cualquier otra razón, sean incapaces de ponerse de acuerdo en tan trascendental asunto. Sólo vale zanjar, de una vez por todas, esta situación insostenible e intolerable que infecta la convivencia y contamina la democracia. Hay que recordar que, en el peor de los casos, cabe la posibilidad de hacerlo, precisamente por esa mayoría absoluta que los españoles concedieron al actual Gobierno, pues, como dice Rajoy, ha llegado la hora final de las mayorías y hay que pactar, con lo que, visto lo visto, si se dejan las cosas como están, en el futuro hasta pueden empeorar, aunque en estos momentos parezca ya imposible. Si a los partidos de la oposición, incluido el PSOE, les queda poco margen para justificar la no participación activa en un acuerdo global de regeneración política y democrática, al PP no le queda margen ninguno, pues tiene la mayoría suficiente para, si los demás no quieren, afrontarlo en solitario.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

STOP AL 9-N… ¿Y AHORA, QUÉ?

                        Liquidado por el Tribunal Constitucional el proceso soberanista que, según sus promotores, desembocaría en el referéndum del 9-N, tras la campaña institucional de la Generalitat a favor del mismo, muchos se preguntan ahora qué hacer de cara al futuro, teniendo en cuenta que el Govern de Cataluña, aunque suspende la campaña por imperativo legal, mantiene que “el proceso continúa”, engañando, una vez más, a la ciudadanía. En efecto, lo que continúa, ¡faltaría más!, es el proyecto o proceso voluntarioso, por parte de quienes lo consideren oportuno, de promover y proponer “autodeterminarse políticamente”, que, obviamente no está prohibido en la Constitución; pero lo que no continúa, ni puede ni debe continuar, es el proceso concreto, auspiciado desde las instituciones del Estado, entre ellas la Generalitat, y con dinero público, de seguir atentando contra el Estado de Derecho, garantía de convivencia para todos los españoles, incluidos los catalanes. Miente por tanto Mas al decir que el proceso continúa pues, al margen de lo que individualmente considere y al margen de su voluntad personal, al igual que a la de cualquier otro ciudadano, como Presidente de la Generalitat, junto al resto de autoridades del Estado, tendrá que cumplir y hacer cumplir estrictamente la Ley y, muy especialmente, las sentencias al respecto de los tribunales competentes.

            Por tanto, la respuesta a la pregunta ¿y ahora qué? es bien sencilla. Sin menoscabo del amparo a cualquier iniciativa política o reivindicación popular, dentro de los cauces y procedimientos establecidos, la respuesta es y debe ser imponer el Estado de Derecho de forma contundente, como se hace en cualquier país decente, lo que, lamentablemente, aquí no se ha hecho casi desde el inicio de nuestra democracia, siendo la causa esencial del berenjenal en que estamos metidos ahora; aunque más vale tarde que nunca si realmente queremos salir del atolladero. Es la última oportunidad de supervivencia para nuestra deteriorada democracia. Si somos incapaces de aprender que la nefasta experiencia de ceder ante los chantajes, de mirar a otro lado ante flagrantes incumplimientos de sentencias judiciales, de canjear competencias inaceptables por gobernabilidad, de ser pasivos frente a cotidianas bravuconadas, insultos, acosos, mentiras, amenazas y demagogias (entre otros despropósitos) por parte de los independentistas totalitarios, con la absurda esperanza, supongo, de tener la fiesta en paz, es lo que ha enfangado la estabilidad territorial del Estado al extremo de estar muchísimo peor el asunto que durante la Transición democrática o los primeros años de vida de la misma; si, en definitiva, no somos capaces de aprenderlo tras esta intolerable afrenta del 9-N, impensable hace unos años, es que los españoles no nos merecemos vivir en paz y en libertad. Por tanto, tolerancia cero a cualquier resquicio de ilegalidad (más aun al desacato a sentencias judiciales o incitación al mismo), tanto de palabra u obra, en cualquier autoridad del Estado (ya sea a nivel nacional, autonómico o local) y en cualquier ámbito de actuación (político, funcionarial, sindical, empresarial o asociativo), lo que supone, caiga quien caiga y sean los que sean, que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos y con todas las consecuencias. Lo contrario es nefasto. A la vista está.

            De entrada no basta que la Generalitat, con Mas a la cabeza, decida acatar sólo la suspensión de la ilegal campaña institucional del 9-N, que, por cierto, se mantiene en la calle a instancias de colectivos subvencionados con dinero público, sino que además, como President, ha de velar para que todos la acaten, en vez de escudarse en que lo hace para no poner a los funcionarios en aprietos y alentar a la ciudadanía diciéndole que el proceso continúa ya que esa es su voluntad. Lo que debiera hacer Mas es dejar de mentir a los ciudadanos y explicarles, como bien sabe, que quienes, como él, quieren la independencia de Cataluña están en su perfecto derecho pero ajustándose al art. 168 de la Constitución (respaldo de dos tercios en el Congreso y el Senado y posterior referéndum en España), tal como decidieron los españoles, incluidos los catalanes. Y, ya de paso, avisarles que no hacerlo así es antidemocrático y totalitario, lo que puede acarrearles graves consecuencias. Si además quiere quedar medio bien debiera pedirles perdón por incitarles a ello y presentar su dimisión por tan grave error (una mentira más no importaría) pues si públicamente no lo considerara como error sería mucho peor. Pero me temo que Artur Mas hará todo lo contrario. Está tan acostumbrado a saltarse a la torera “las leyes españolas”, como dicen los independentistas, que, salvo que, de una vez por todas, el Estado de Derecho haga lo que hay que hacer, no va a claudicar de sus planteamientos totalitarios. Menos aún si, incomprensiblemente, siempre hay ingenuos, por no calificarlos de otra manera, dispuestos a afrontar su órdago con compensaciones inaceptables que en el fondo o la forma le sirvan para salir airoso del pozo en el que él solito se ha metido. En el mejor de los casos para el Estado de Derecho, pan para hoy y hambre para mañana. La historia nunca miente, por más que algunos pretendan tergiversarla.

                                               Fdo. Jorge Cremades Sena