miércoles, 19 de noviembre de 2014

CONVENIENCIA O PROCEDENCIA

                        Que las cosas pintan muy mal en España es una percepción realista y no pesimista al extremo de que se tiene la sensación de que las instituciones del Estado actúan más bien por intereses particulares que generales; en definitiva, que buscan lo que a cada uno le conviene al margen de lo que procede. El último espectáculo de esta penosa situación, la gota que colma el vaso, la protagonizan los fiscales con el asunto de la querella a Artur Mas por su actuación en el patético 9-N que, en sí mismo, merecería el repudio generalizado, no por el fondo del asunto (el objetivo soberanista es totalmente legítimo) sino por las formas en que se ha desarrollado (la legalidad debe ser indiscutible y prioritaria). Sin embargo, la dialéctica entre conveniencia política (para unos u otros) y procedencia legal (para todos, como ciudadanos de un Estado de Derecho), en definitiva, la dialéctica entre Política y Justicia, como si fueran elementos contrarios en vez de las dos caras de la misma moneda en un Estado de Derecho, nubla el presente y amenaza al futuro de forma alarmante, perdiendo la perspectiva de que, ni son conceptos contrapuestos, ni de que el ejercicio de los mismos tiene el mismo nivel de prevalencia, ya que sin la prioridad de la aplicación de la Justicia no cabe el ejercicio de la política desde planteamientos democráticos. La insólita discrepancia entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado (institución jerarquizada) como si de dos estados distintos (con marcos legales diferentes) se tratara, pone en evidencia la quiebra definitiva de nuestro modelo de Estado Autonómico e incluso rebasaría lo tolerable en cualquier Estado Federal, al extremo de que, cualquier desenlace del asunto, sea el que sea, supondrá ahora un paso más a favor de quienes se empeñan en liquidar nuestro sistema democrático.
            Las acusaciones recíprocas desde los aledaños del Gobierno de España y desde la Generalitat (así como las de los respectivos partidos que los sostienen) de estar presionando a sus respectivos fiscales, como si todos ellos no fuesen fiscales del Estado Español y defendiesen la misma legalidad, desamparan a los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, privándoles del principio de seguridad jurídica que, reconocido universalmente, se basa en la “certeza del derecho”. Las interesadas críticas del resto de partidos políticos, subiéndose al carro que más conviene a cada uno de ellos, en vez de posicionarse claramente por la prevalencia de la ley, pone en evidencia la miopía política que, en el mejor de los casos, les conduce al pan para hoy y hambre para mañana. La prevalencia de la Ley exige que, al menos, se abra una investigación sobre la actuación, como mínimo sospechosa, de las autoridades de la Generalitat por si fuesen constitutivas de algún tipo de delito que “a priori” parece más que probable. Por tanto, que técnicamente los fiscales catalanes o quien sea, se agarren para no querellarse contra Artur Mas a que el TC no le avisó personal y concretamente de que debía abstenerse de cualquier apoyo público o institucional al 9-N, desautorizado tanto en su versión real como en su sucedáneo, es tanto como admitir que nuestros gobernantes, en este caso Mas, son idiotas de remate y no saben lo que hacen (lo que, en todo caso, no les eximiría de responsabilidad) o que los idiotas somos todos los demás. Sólo así se puede intentar explicar que, tras la expresa desautorización de la farsa del 9-N, pública y notoria, se exima al president de responsabilidad penal porque el TC no le apercibiera de las responsabilidades legales en que incurriría en caso de no respetar la suspensión, que, en todo caso, afectaría sólo al delito de desobediencia y no a otros como malversación de fondos públicos,  prevaricación, usurpación de funciones…
            Someter la legalidad a la conveniencia política supone tal arbitrariedad que pone patas arriba no ya un Estado de Derecho, más o menos autoritario, sino que atenta directamente contra los principios básicos de cualquier sistema democrático. La cuestión por tanto no es que sea o no conveniente salvar a Artur Mas, como se dice en ciertos círculos, y que éste haya traicionado un pacto previo con el PP y el PSOE de “laisser faire, laisser passer” para minimizar la farsa del 9-N y posibilitar una salida airosa para unos u otros, que sería aún peor; la cuestión es que semejante atentado contra el Estado de Derecho, que el común de los mortales percibe sin lugar a dudas, no puede ni debe quedar impune. Y ello exige que la Justicia (con mayúsculas) funcione de una vez por todas. Pero difícilmente puede funcionar si los mecanismos que la ponen en marcha permiten discrepancias, no ya de matiz sino esenciales, no ya durante el desarrollo de un proceso, como a veces sucede, ni entre fiscal y juez en el alcance de los delitos imputados, sino incluso desde los supuestos preliminares para iniciar un proceso mediante la pertinente imputación de supuestos delitos entre los propios fiscales, quienes, se supone, han de velar por el cumplimiento de la legalidad que, obviamente, no puede obtenerse por dos caminos opuestos. Menos aún puede funcionar la Justicia si su indefinición jurídica permitiera, en cualquiera de sus instancias o de sus agentes, determinadas actuaciones y sus contrarias, al amparo de sombras concretas para actuar según la conveniencia en vez de la procedencia de la actuación.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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