viernes, 14 de noviembre de 2014

ESTADO… ¿DE DERECHO O DE DESECHO?

                        Hace exactamente dos años, ante la deriva que iba tomando el quehacer diario de nuestros políticos y gobernantes y una cierta imprecisión que esgrimían algunos acerca de los conceptos de “democracia” y “libertad” y su engranaje dentro del “estado de derecho”, intenté modestamente y a modo de ejercicio pedagógico acotar dichos conceptos en sus justos términos, tal como establecen los politólogos, para que la ciudadanía contase al menos con un planteamiento objetivo y aséptico, desde el punto de vista democrático, frente a los planteamientos ideológicos subjetivos que, sin oposición alguna, se vertían por doquier con claros intereses partidarios que iban calando en la población (Ver “Estado de Derecho, democracia y libertad” en Blog Ojo crítico, http://jcremadesena.blogspot.com.es/, publicado el 10-11-12). Por desgracia, tras dos años, el asunto, en vez de mejorar, ha empeorado sustancialmente como demuestra, entre otras cuestiones, la celebración del 9-N y las reacciones posteriores de gran parte de nuestros líderes políticos, incapaces de delimitar con contundencia lo aceptable e inaceptable, lo admisible e inadmisible, dentro del marco del Estado de Derecho para cualquier ciudadano y, muy especialmente, para quien tiene asignadas responsabilidades gubernamentales del ámbito que sea. Asunto fácil de entender si consideramos que un Estado de Derecho (simplemente en su “acepción formal” o “débil” y a diferencia de dictaduras personales) es el que se rige “por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a una Constitución como fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta”. Si ya en esta acepción “formal”, que no excluye a estados autoritarios, “cualquier poder debe ser conferido por la ley y ejercido en las formas y procedimientos establecidos por ella”, es más fácil de entender aún su acepción “fuerte” o “substantiva” (como es el caso del supuestamente Estado de Derecho español en la actualidad) que además exige que “cualquier poder sea limitado por la ley, que condiciona no sólo sus formas sino también sus contenidos”, que, según los contenidos señalados, excluye obviamente a los estados de derecho autoritarios. En definitiva, al margen de más disquisiciones sobre el Estado de Derecho, la exigencia esencial es, en todo caso, el respeto ineludible al fundamental “principio de legalidad” por el que todo poder público debe ejercerse de acuerdo a la ley vigente y su jurisdicción en vez de a la voluntad de las personas.
            Cuando un Estado se atiene al principio de legalidad las actuaciones de sus poderes están sometidas a la Constitución o Imperio de la Ley, garantía de la seguridad jurídica para todos, condición necesaria para asegurar que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. Es obvio pues que lo acontecido en el 9-N y la actuación de los gobernantes independentistas en nada se ajusta a las del Estado de Derecho, ni en su acepción “formal”, ni en su acepción “substantiva”, pues se trata de una actuación gubernamental por parte de la Generalitat no acorde con la ley y conscientemente contra ella, jactándose incluso de tamaña forma de proceder. Por ello sorprende que los dirigentes de la mayoría de los partidos políticos, a excepción del PP y algún otro minoritario, no hayan hecho piña con el Presidente del Gobierno en la defensa nítida y contundente de los pilares del Estado de Derecho tan claramente vejados. Si, por un lado, hemos de descartar la existencia de un Estado de Dictadura Personal (al menos de momento), que tampoco es el caso, y, por otro, hemos de reconocer que buena parte de nuestros gobernantes actúan al margen del Estado de Derecho, sin que, contra tan agresiva forma de proceder, se levante un clamor unánime por parte de todos los líderes políticos del resto de partidos democráticos, no es descabellado afirmar que estamos ante un Estado de Desecho que amenaza con una inminente ruina a causa de la indefensión a que lo condenan quienes debieran ser sus principales valedores.
Tendrá que ser el pueblo quien al final ponga remedio a semejante situación en las elecciones pertinentes ya que, por encima de cualquier objetivo legítimo para cualquier líder o proyecto político, nada justifica esta conversión torticera de nuestro Estado de Derecho democrático, que tanto nos ha costado consolidar, en un lamentable Estado de Desecho a punto de derrumbarse que nos abocaría a todos los ciudadanos a un futuro lamentable en el que, sin lugar a dudas, resucitarían los viejos fantasmas de un pasado para olvidar salvo en lo que respecta a tenerlo presente como ejemplo de lo que jamás se puede volver a repetir. Sin Estado de Derecho en su acepción “substantiva” la democracia y la libertad son, en el mejor de los casos, una lamentable caricatura de lo que debieran ser, y, en el peor de los casos, una invitación infame al caos y la barbarie que ningún demócrata, al margen de su ideología, puede permitir por acción u omisión, como desgraciadamente está sucediendo en estos últimos tiempos. Y a la vista está que este Estado de Desecho tiene responsables directos e indirectos que, a mi juicio, han de ser desenmascarados para que paguen por ello. ¿O no? Júzguenlo ustedes.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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