No
merece otro calificativo. Con la publicación de la Ley de Consultas, como
pretexto torticero para convocar el ilegal referéndum, y con la rúbrica solemne
del decreto de convocatoria del mismo para el 9-N, su deslealtad y traición al
Estado de Derecho y, en definitiva, al pueblo español, incluidos los catalanes,
queda más que probado. Una felonía pues, en toda regla, merecedora de la
repulsa pública que merecen los traidores. Pero además, una vez traspasada la
frontera de la amenaza, ejecutándola, Artur Mas, casi con toda probabilidad,
incurre en el grave delito de prevaricación, uno de los peores que pueden
cometer los funcionarios públicos, pues no es baladí faltar, a sabiendas o por
ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo. Y es obvio,
al margen de lo que explícitamente diga el Tribunal Constitucional en su
momento, que el Molt Honorable conoce, o tiene la obligación de conocer, que
ningún gobernante puede exceder su ámbito competencial ni sus funciones, es
decir, lo que tiene asignado legalmente y, como es público y notorio, sin
necesidad de ir a Salamanca, que dirían nuestros antepasados, ningún Presidente
autonómico, incluido él por supuesto, tiene competencia para convocar un
referéndum independentista, ni a nivel de toda España, ni, mucho menos, a nivel
de una autonomía (en este caso Cataluña), porque, además de excederse del
ámbito competencial, que “per se” lo convertiría en ilegal y delictivo,
añadiría la agravante de usurpar al pueblo español nada menos que su soberanía,
adjudicándosela de forma caprichosa a quienes arbitrariamente considera
oportuno (en este caso a los catalanes). Por tanto, una gravísima decisión por
parte de Mas, que, en térmicos político-jurídicos pudiera calificarse, sin
andar muy errado, como de Golpe de Estado en toda regla, pues, salvo el
requisito de violencia (de momento), es a lo que más se le parece. ¿Acaso no se
trata de tomar el poder político por parte de un grupo de poder, vulnerando la
legitimidad institucional establecida en un Estado? Pues, eso.
Con su conducta,
extremadamente irresponsable e indigna de cualquier gobernante democrático, Artur
Mas ha preferido ser leal a la promesa que hizo a Oriol Junqueras que a la que
hizo al Estado de Derecho cuando asumió el cargo de President de la Generalitat,
dejando el destino de Cataluña y, por tanto de España, en un callejón sin
salida, muy difícil de sortear. Pero es más grave aún que, al menos por sus
declaraciones públicas (y desde luego por las de su socio Junqueras), cuando
llegue el momento de ir a las urnas, aunque el mismísimo Tribunal Constitucional
desautorizara la consulta por estar convocada ilegalmente, desacatarán la
sentencia e impondrán su criterio totalitario. Ya, por si acaso, ante lo que
parece evidente, se ha desencadenado una campaña interesada de desprestigio
institucional, incluido el del TC, buscando todo tipo de triquiñuelas (que si
está al servicio del Gobierno, que si del PP, que si está politizado, que…)
para dejar de antemano desvalorizada su sentencia y poner a buena parte de la
población catalana contra el Gobierno que, obviamente, recurrirá al TC, con
pleno apoyo de PP y PSOE, para detener “ipso facto” esta locura antidemocrática
que, sin lugar a dudas, es el mayor ataque que ha sufrido el Estado de Derecho
tras aquel esperpéntico golpe frustrado del 23-F, que, junto al 9-N, pasarán,
sin duda alguna, a engrosar las páginas negras de la Historia de España. Así
pues, como entonces, y como siempre, la medicina no puede ser otra que aplicar
e imponer la Ley, pues sin Ley, sencillamente, no hay democracia.
En
fin, la felonía, cuando no algo incluso peor, de Artur Mas y su gobierno, no
sólo alienta la división intolerable entre catalanes y resto de españoles, sino
además la de catalanes entre sí mismos, dejando de cara al futuro una Cataluña
dividida, amenazada por movilizaciones callejeras de unos u otros. En
definitiva, amenazada de violencia. No en vano el propio Mas, tras consumar la
felonía, insta a los partidarios de la misma a que le apoyen, con un “espero
que ayudéis” y que “nadie se asuste porque se exprese la opinión en una urna”
(una manipulación más), que suena a incitación a la rebelión, al extremo que
los grupos soberanistas ya anuncian manifestaciones para defender la consulta
ilegal. Bien sabe Mas que nadie se asusta porque se exprese la opinión en las
urnas, ni siquiera, ¡faltaría más!, por lo que se decida en ellas; y bien sabe
que nadie tiene que ayudar para que las urnas hablen, pues, afortunadamente son
parte de nosotros y deciden nuestra convivencia desde hace ya treinta y seis
años. Lo que asusta es que algunos, como él, no respeten su veredicto y, por
tanto, la petición de ayuda debe ser para obligarles a respetarlo y a someterse
al mismo. ¿Qué se puede esperar de quienes sacralizando las urnas traicionan lo
que éstas han dicho anteriormente? ¿Quién puede asegurar que acatarán lo que
digan en el futuro? ¿Cómo te puedes fiar de gobernantes que actúan al margen de
la ley? Contesten las preguntas ustedes mismo.
Fdo. Jorge Cremades Sena