viernes, 19 de septiembre de 2014

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY


                    Supongo que cualquier demócrata convendrá conmigo que cualquier ciudadano en cualquier Estado de Derecho, democráticamente constituido, está obligado a cumplir la ley y a acatar el veredicto del tribunal competente, asumiendo las consecuencias derivadas. Supongo además que también convendrá que cualquier gobernante democrático de cualquiera de los Estados citados, además de cumplir la ley como el resto de ciudadanos, está obligado a hacerla cumplir (como suele expresarse en el acto de toma de posesión del cargo), a través de los procedimientos, instrumentos e instituciones democráticamente establecidas dentro del marco constitucional. Y, finalmente, supongo que también convendrá conmigo que los partidos políticos democráticos, tanto sus dirigentes como sus militantes, siendo instrumentos básicos de participación política y encauzamiento de la diversidad ideológica ciudadana, han de ser la vanguardia y el baluarte en “cumplir y hacer cumplir la ley” como principio básico y esencial de la convivencia en libertad y en democracia, frente a liberticidas, individuales o colectivos, que precisamente intentan eliminarlo para imponer su santa voluntad  totalitaria y antidemocrática.
            Pues bien, visto lo visto, en España o hay pocos demócratas o hay que hacer un mastodóntico esfuerzo pedagógico para que, al margen de las ideologías que se dicen democráticas, se mejore el comportamiento democrático, individual y colectivo, tanto de palabra como de obra. El esencial principio democrático citado, no puede estar sometido a discusión, ni a la conveniencia o interés de unos u otros, ni a ninguna circunstancia temporal de cada momento político, ni a las estrategias particulares, ni a la legítima confrontación ideológico-programática… Cumplir y hacer cumplir la ley es el principio sustancial de la democracia, pues sin él, simplemente, la democracia no existe. Por ello ha de estar muy arraigado en la ciudadanía y por encima de todo lo demás y, por ello, ha de ser defendido a ultranza por cualquier demócrata. Es la garantía de la democracia y la única forma, no hay otra, de que una sociedad viva en libertad, paz, orden, seguridad e igualdad, al extremo de que no aplicar el cumplimiento de la ley nos lleva al caos y aplicarlo de forma laxa o arbitraria nos lleva a un deterioro progresivo del Estado de Derecho. Por tanto, dicho principio esencial, debiera ser el principal contenido pedagógico desde la educación más temprana; y su defensa, el principal objetivo de los medios de comunicación y de las personas con relevancia pública, generadoras de opinión. Una defensa nítida y contundente, sin titubeos ni incertidumbres, que sitúe claramente ante la opinión pública a los demócratas frente a quienes no lo son sin ningún tipo de dudas, pues estos, los totalitarios, del tipo que sean, son los únicos y verdaderos enemigos de la democracia.
            Por todo ello es incomprensible y preocupante que el Ministro Margallo, preguntado por el peliagudo e ilegal proceso catalán, haya generado un descomunal revuelo mediático y público al contestar que el Gobierno “sólo puede utilizar la ley, pero toda la ley para evitar una consulta que es contraria a la legalidad y que produciría unos efectos pésimos para Cataluña, para España y para la Unión Europea” y por añadir, ante la pregunta de si se incluiría la aplicación del art. 155 de la Constitución, que posibilita hasta la suspensión de la Autonomía, que “incluido lo que haya que incluir”. Declaraciones de un Ministro, que en cualquier otro Estado de Derecho hubiesen sido aplaudidas unánimemente por los demócratas y criticadas sólo por quienes actúan o pretenden actuar al margen de la ley, los únicos que se debieran sentir amenazados, provocan aquí una controversia casi generalizada con todo tipo de descalificaciones. Desde el PSOE, Sánchez  las considera un “error”, Hernando le pide que “no eche más leña al fuego” y Pradas las ve “fuera de lugar”; desde C´s, Rivera le insta a “no matar moscas a cañonazos”; desde Amaiur, Urbina le acusa de “cerrazón” y de posición “antidemocrática”; desde CiU, Mas las considera como “amenaza” y Macías como una más de sus “ocurrencia”; desde ERC, Bosch le tacha de “incendiario” y de actuar con “intransigencia y fanatismo”; desde ICV, Coscubiela las califica de “amenazadoras” instándole a “mucho dialogo, prudencia y poca bravuconería”; y desde el PNV, Esteban le pregunta si prevé “el envío de tanques”. Aparte del lógico apoyo del PP al Ministro, sólo UPyD ha estado a la altura de las circunstancias, manifestando Rosa Diez que el Estado “no puede permitir que nadie incumpla las leyes, ni un ciudadano ni un gobernante y, por tanto, esta es la única línea roja que nadie puede traspasar, tampoco Cataluña”.
            ¿Es una amenaza decir que hay que cumplir la ley? ¿es error, ocurrencia o bravuconería? ¿es echar más leña al fuego o matar moscas a cañonazos? ¿es antidemocrático, incendiario, intransigente o fanático? Bueno y lo de los tanques, mejor ni comentarlo, el propio Ministro ha dicho que no le “parece que esté en la Constitución”.  Que haya esta reacción insólita de comprensión, cuando no de apoyo, a quienes, desafiando el Estado de Derecho de forma permanente amenazan, bravuconean…y todo lo anterior, adjudicándole al ministro dichos comportamientos por decir que hay que cumplir la ley y el Gobierno, como es su obligación, la hará cumplir, es muy alarmante y denota lo deteriorada que está nuestra democracia. Con semejantes declaraciones siempre ganan los intransigentes, fanáticos, bravucones e incendiarios, y pierde el pueblo y su Gobierno de turno hasta que un día gobiernen ellos y conviertan el drama en tragedia.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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