A
mi juicio se hace urgente, necesario e ineludible que, ante la opinión pública,
se clarifique, con todo lujo de detalles, el alcance y la naturaleza de la
sentencia inapelable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos favorable a la
etarra Inés del Río por habérsele aplicado la conocida como “doctrina Parot”,
alargando así de forma ilegal su estancia en prisión. Ante asunto tan
trascendental, que está poniendo en entredicho los mismísimos pilares de
nuestra renqueante democracia, o se actúa con absoluta responsabilidad ante la
ciudadanía o, en caso contrario, la escasa credibilidad que ésta tiene ya en
nuestros políticos acabará diluyéndose como un azucarillo en un vaso de agua. Y
es lo que está sucediendo.
En
un principio el pueblo llano y sencillo, es decir, el común de los mortales,
puede llegar a entender con todo el dolor de su alma y la rabia de sus
entrañas, que el TEDH (máxima autoridad judicial para la garantía de los
derechos humanos y libertades fundamentales en Europa) repare una errónea
aplicación de la legalidad vigente en España (la irretroactividad de la
“doctrina Parot”, surgida en 2006) para compensar la injusticia legal de unas
normas penales obsoletas, provenientes del franquismo y vigentes durante
décadas por pura negligencia del legislativo. Pero es ininteligible, como en
otros tantos asuntos, que, mientras se desarrolla un debate mediático de
marcado carácter especulativo y con versiones opuestas sobre la naturaleza de
la sentencia y su ejecución posterior, el Gobierno e incluso la oposición
mayoritaria no salgan a la palestra, ante asuntos tan graves que trascienden el
legítimo interés partidista, desmintiendo o avalando cualquiera de las
versiones que, al ser contradictorias, obviamente, una de ellas es falsa,
prefiriendo, en vez de difundir la verdad, acusarse unos a otros sobre quién es
el más o menos culpable de que este desmadre esté sucediendo.
Por
tanto, el desconcierto en la ciudadanía es cada vez mayor, en paralelo al
descrédito de políticos y jueces. Si en un principio, según el Fiscal General
del Estado, la sentencia sólo afectaba a Inés del Río y la Fiscalía estudiaría
de forma individualizada y pausada el resto de casos que solicitaran acogerse a
dicha jurisprudencia, la inmediata puesta en libertad de la directamente
afectada, más la de algunos otros sujetos, por parte de la Audiencia, echa por
tierra dicho argumento, al extremo de que, en pocos días, lo que debiera ser un
mero asunto jurídico se ha convertido en un mastodóntico problema político. Se
cuestiona casi todo, como la actuación del juez español en Estrasburgo López
Guerra, la “velocidad asombrosa” con que la Audiencia ha puesto en libertad a
la etarra, la actitud de la Fiscalía y, en definitiva, hasta el propio TEDH por
dictar una sentencia que se aparta de su propia jurisprudencia, ya que nunca ha
cubierto “las modalidades de cumplimiento de la pena” como es el caso. Y esto
lo hace nada menos que el ex magistrado en el TEDH Francisco J. Borrego, que
además desvela la existencia de mecanismos legales para retrasar la aplicación
de las sentencias de dicho tribunal, pidiéndole una interpretación de la
sentencia, e incluso para no cumplirlas, mediante la vía de “acatar pero
estudiar cómo” hacerla efectiva. Sin embargo, la Audiencia Nacional, advierte
que la sentencia sobre el caso Inés del Río es aplicable a otros presos en
situación semejante y que los jueces asumen la obligación de los estados de
acatar y ejecutar las resoluciones del TEDH. Imaginen las versiones contradictorias
de otros personajes y foros menos versados en el asunto.
¿En
qué quedamos? El gobierno tiene la última palabra para explicárnoslo y además
está obligado a hacerlo. ¿Quién tiene la razón jurídica la Fiscalía o la
Audiencia? ¿López Guerra o Borrego? ¿El Constitucional que avaló la aplicación
de la “doctrina Parot” o el TEDH que lo desautoriza? No es sólo cuestión de
expresar el “dolor e impotencia” del ministro del Interior o la resignación del
de Justicia ante “un cumplimiento doloroso” de la aplicación de la sentencia
por parte de los tribunales. Es cuestión de aclarar de una vez por todas si se
ha hecho todo lo legalmente posible, visto lo visto, para que la sentencia
hubiese ido en otro sentido y, en todo caso, si se está dispuesto a hacer,
visto lo visto, todo lo legalmente posible para que la ejecución de la misma sea
lo menos traumática para la ciudadanía y, muy especialmente, para las víctimas,
las únicas que, visto lo visto, están cargadas de razón al reclamar Justicia
con mayúsculas, ya que soportar encima este oscurantismo especulativo es una
manifiesta indignidad que no merecen. Menos aún, que nadie, con la suficiente
autoridad, aclare de una vez si sólo cabe la resignación o, como algunos
mantienen, hay margen para otras acciones legales más favorable a las víctimas,
que, si existen (como mantienen algunos y nadie desmiente con autoridad) y no
se aplican, vaya usted a saber por qué razones, supondrían una ignominia
intolerable contra ellas. ¿Es tan difícil, si es así, explicar con argumentos
que se hizo todo lo posible y se está dispuesto a seguir haciéndolo?
Y
es que, por parte de unos y otros, tal como dice Ángeles Pedraza desde la
presidencia de la AVT, “no hacer lo que se debe es tan malo como hacer lo que
no se debe” y, como mínimo, lo que no se debe es callar ante el confusionismo
público que está generando una simple sentencia judicial sobre una compleja
situación política. Me temo que, desgraciadamente, en el asunto que nos ocupa,
no sólo se hace lo que no se debe, sino que, además, no se hace lo que se debe.
Fdo.
Jorge Cremades Sena