martes, 10 de abril de 2018

DESMADRE JURÍDICO EN EUROPA


                        Si alguien no lo remedia (esperemos que sí) la decisión de un tribunal regional alemán de limitar al delito de malversación el procedimiento de entrega a España del prófugo Puigdemont para ser juzgado, que no condenado, exonerándole del presunto delito de rebelión, tal como pretende el Tribunal Supremo Español en coincidencia con la propia fiscalía territorial alemana, se pone de relieve, mírese como se mire, un monumental desmadre jurídico en Europa y muy especialmente en la UE, cuyos estados-miembros no pueden ni deben depender jurídicamente de las previas decisiones que tomen tribunales territoriales, ya sean de estados federados o de regiones autónomas, como si se tratara de últimas instancias judiciales a las que, por cierto, en todos los países cabe recurrir cuando las condenas no son aceptadas por las partes. Ya de entrada, si prevalece el criterio del tribunal territorial alemán, limitando sin posible recurso la euroorden de extradición, sobre la pretensión del Tribunal Supremo español de juzgar presuntos delitos de rebelión, se estaría atentando contra el mero sentido común (prioritario en todos los órdenes de la vida pero especialmente en el Derecho) y contra la lógica procedimental, siendo inaceptable que una instrucción judicial de varios meses en España por parte del Supremo, recabando todo tipo de pruebas y testimonios, se resuelva a efectos prácticos en un par de días en Alemania por parte de un tribunal de menor rango y por el mero detalle de una diferente percepción sobre la suficiencia o no del grado de violencia para poder ser equiparado el delito de “alta traición” alemán con el de “rebelión” español. ¿No sería lo más correcto y solvente, lo más razonable y más justo, que un juicio con todas las garantías procesales dilucidara y demostrara o no si dicho delito se ha cometido y procediera en consecuencia?
            Si alguien no lo remedia (esperemos que sí) con este desmadre jurídico europeo se puede dar la paradoja de que el jefe de la banda, el máximo responsable del presunto delito de rebelión, sólo sea juzgado por el presunto delito de malversación, quedando exonerado junto a otros colegas prófugos (si así lo decide Bélgica, Reino Unido o Suiza) del delito más grave, mientras sus subalternos no prófugos de la Justicia y en prisión preventiva pueden ser juzgados por rebelión y, en caso de ser condenados, apechugar con largos años de cárcel, muchos más de los que le caerían al jefe por la malversación (se estaría premiando al prófugo frente a quienes no huyen de la Justicia) y no precisamente porque no se haya podido demostrar la comisión del delito de rebelión por su parte, sino sencillamente porque un tribunal territorial alemán ha decidido que a él no se le juzgue, amparándose en una obsoleta y absurda euroorden, cuya interpretación quedaría en manos de insólitos tribunales territoriales ordinarios, omnipotentes y omniscientes, sin posibilidad de apelación alguna a un tribunal superior de ámbito europeo que entendiera de extradiciones entre países socios, aliados y amigos, supuestamente con homologados y homologables códigos penales y procedimientos procesales con todas las garantías.
            Si alguien no lo remedia (esperemos que sí) con este desmadre jurídico en Europa estamos generando una desconfianza absoluta entre los diversos Estados de la Unión Europea, cuando debiera ser todo lo contrario, atentando directamente contra la línea de flotación de una mayor cohesión europeísta de cara a un futuro incierto y preocupante, plagado de renovadas tendencias nacionalistas, incluso ultranacionalistas, que ya no sólo amenazan la existencia de la UE, buscada desde finales de la Segunda Guerra Mundial, sino también la pervivencia de muchos de los Estados miembros, configurados a lo largo de la Historia y, lo que es peor, la coexistencia pacífica y democrática entre ellos. 
            Si no somos capaces de aprender del pasado, apaga y vámonos. Este desmadre jurídico y político en la UE no se puede sostener y si hay que cambiar las legislaciones, cámbiense. La democracia y la libertad, imperante en todos los países de la Unión, es muy frágil y puede romperse en cualquier momento, echando por tierra todos los esfuerzos individuales y colectivos que hemos hecho para conseguirlas. Con mayor o menor violencia, con los matices perceptivos de unos u otros sobre la suficiencia o la calidad de la violencia en cada caso, con las diferentes sensibilidades que cada quien tenga sobre garantías y derechos individuales o colectivos, hechos como los protagonizados por los instigadores y promotores del “procés” no pueden permitirse ni deben quedar impunes; ni los daños políticos, sociales y económicos, tampoco. Los gobernantes en democracia tienen la suprema responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la legalidad democrática vigente; ni pueden, ni deben, actuar contra la norma establecida o al margen de ella, ni al margen de las competencias que tengan encomendadas, pues en sí mismo es pura violencia, al margen de las formas en que ésta se ejercite. Es lo que han hecho Puigdemont y compañía. Y, salvo que queramos convertir a diversos países de la UE o de Europa en verdaderos “paraísos judiciales” para los delincuentes, no podemos quedar indiferentes ante desmadres jurídicos como el que nos ocupa.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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