martes, 26 de diciembre de 2017

DELINCUENTES, NO PRESOS POLÍTICOS



                        Ahora más que nunca, tras las elecciones autonómicas en Cataluña, es necesario y urgente que los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, estén preparados para afrontar la serie de mentiras y manipulaciones que los líderes totalitarios del soberanismo unilateral, como es habitual en ellos, ya están utilizando para dar apariencia de verosimilitud a su ilegítimo e ilegal “procés” que, salvo ellos y sus fieles seguidores sectarios, ningún demócrata, español o extranjero, avala; entre otras cosas, porque el golpismo político repugna intrínsecamente a la democracia. Y es repugnante, desde el punto de vista democrático, que en plena campaña electoral hayan sembrado dudas sobre la limpieza del escrutinio para impugnarlo, si el soberanismo, que ha perdido votos y escaños, hubiera tenido resultados catastróficos; impresentable, que desnaturalicen ahora los comicios, presentándolos como plebiscitarios, cuando son simplemente autonómicos; indecente, que manipulen los resultados negándole al partido vencedor su indiscutible victoria (25´4% y 36 escaños de C´s, frente al 21´7% y 34 de JxC) y, por tanto, su condición de partido más votado en Cataluña por el mero hecho de que es constitucionalista; inadmisible, que nieguen además que la suma de votos a partidos soberanistas (2.046.710, el 47´5%) es menor que la de los no independentistas (2.190.461, el 52´5%), es decir, que nieguen la evidencia de que no hay una mayoría social independentista en Cataluña, agarrándose a que, gracias a la ley electoral, el soberanismo sume más escaños en el Parlament, 70, que el constitucionalismo, 65, lo que supone que hay una mayoría parlamentaria pero no social; y todos los “in” citados juntos (es decir, intolerable), que prostituyan la división de poderes argumentando que, tras unos comicios legislativos, deben ser exonerados de comparecer ante la Justicia para dar cuentas de sus presuntos delitos aquellos candidatos que hayan conseguido escaño, lo que convertiría a cualquier cámara legislativa en un verdadero refugio de presuntos delincuentes.
            Conviene pues dejar meridianamente claro que los comicios catalanes del 21-D, totalmente democráticos y libres (a diferencia de la chapuza del 1-O), son estrictamente autonómicos con el único objetivo de elegir el nuevo Parlament de Cataluña, que habrá de legislar dentro del marco legal diseñado en la Constitución y el Estatut y que habrá de elegir al nuevo Govern de Cataluña, que habrá de gobernar en su estricto ámbito territorial ajustándose al marco competencial establecido y bajo el estricto respeto a la Legalidad democrática vigente y, en todo caso, el acatamiento a las sentencias judiciales dictadas por los tribunales de Justicia pertinentes. Justo todo lo contrario de lo que han hecho el anterior Parlament presidido por Forcadell y el cesado Govern dirigido por Puigdemont, convirtiendo a buena parte de sus miembros en presuntos delincuentes. Por tanto, lo que toca ahora es constituir la citada territorial Cámara Legislativa con el objetivo esencial de conformar una mayoría parlamentaria suficiente para elegir un Govern, soberanista o no, dispuesto a regirse por los citados principios democráticos y a gobernar para todos los catalanes.
            Y sobre todo, es urgente y necesario, si no queremos repetir viejos errores, hacer pedagogía política para desenmascarar a estos profetas del totalitarismo político, quienes, engañando a las gentes, pretenden distorsionar la realidad al extremo de hacer pasar a presuntos delincuentes como “presos políticos”, cuando en realidad son políticos presos investigados judicialmente por la comisión de presuntos graves delitos como, entre otros, los de rebelión, sedición, prevaricación, malversación o desobediencia. Más grave aun cuando además pretenden acabar con la división de poderes defendiendo que aquellos presuntos delincuentes, que no “presos políticos”, elegidos como diputados en las urnas, sean exonerados de sus cuentas con la Justicia bajo el pretexto de permitirles desempeñar su labor parlamentaria o gubernamental, culpando al Estado y a su Gobierno de la situación, cuando son los partidos políticos los responsables de incluir en sus listas a candidatos imputados por presuntos delitos y, por tanto, susceptibles de ser condenados por los tribunales de Justicia o privados de determinadas libertades con arreglo a la ley, lo que, en todo caso, compete exclusivamente al Poder Judicial. Si determinados personajes, como Puigdemont, Junqueras y compañía tienen dificultades para moverse con absoluta libertad en el ejercicio de sus derechos (y obligaciones) los responsables son exclusivamente JxC y ERC que, sabiendo que estaban imputados judicialmente, decidieron presentarlos como candidatos en sus listas para que las urnas les liberasen del peso de la Ley, una clara perversión de la División de Poderes, principio sagrado de la Democracia. ¿Se imaginan que en vez de presuntos sediciosos, rebeldes o malversadores se tratara de presuntos violadores, asesinos o terroristas? ¿Se imaginan que incluidos en las listas de algún partido irresponsable fueran elegidos? ¿Apoyarían a dicho partido en su petición de dejarles en libertad? Con la respuesta sincera a estas preguntas queda patente lo que procede hacer con estos presuntos delincuentes a quienes sus valedores llaman “presos políticos”.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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