DELINQUIR SALE BARATO

                        La sentencia que acaba de dictar la Audiencia Provincial de Málaga sobre el “caso Malaya” confirma, una vez más, que delinquir en España sale barato. No es la primera vez, ni será la última, que me pronuncio al respecto en dicho sentido. Coincido con la percepción generalizada de la ciudadanía. Basta preguntar para saberlo. No obstante, dicho lo anterior, todos mis respetos a la sentencia, que no pongo en duda que estará ajustada a Derecho, aunque supongo que en su vertiente más benevolente ya que, según el fiscal, defensor de los intereses generales, y la acusación particular, los delincuentes podían haber salido bastante peor parados. No extraña que el cabeza de la trama y principal acusado, Juan Antonio Roca, visiblemente relajado, regalara sonrisas por doquier, tanto a abogados como a compañeros de banquillo, mientras esperaba el veredicto del tribunal. Seguramente su intuición no le engañaba. De los 30 años de prisión y casi 811 millones de multa que pedía la Fiscalía, se le condena a 11 años de prisión y 240 millones de multa. Supongo que la petición del fiscal, de haberse convertido en condena o haberse aproximado a ella, estaría tan ajustada a Derecho como la propia sentencia. Y estoy seguro de que se ajusta mucho más a la condena que de estos asuntos hace toda la ciudadanía que, obviamente, desconoce, como yo, gran parte de las dificultades para esclarecer determinado tipo de delitos. En todo caso Roca, el cerebro que, de la nada, consigue acumular una desorbitada fortuna, que, entre otras cosas, le permite acumular obras de arte hasta en el retrete, poniendo en evidencia no sólo su sinvergonzonería sino también su mal gusto, hoy es feliz.

            Y como él, el resto de los 52 condenados, muchos más que los del famoso cuento de “Alí Babá y los cuarenta ladrones”, además de los, casi otros tantos imputados, que han quedado absueltos, supongo que porque no se ha podido probar el alcance de su participación en los hechos o su carácter delictivo. El resultado global final, 125 años de cárcel de los 500 solicitados por fiscalía y 581 millones de multas en total que, visto así, puede incluso parecer demasiado, pero, si tenemos en cuenta de qué estamos hablando, la sentencia es demasiado decepcionante. Hablamos nada más y nada menos que de la mayor trama de corrupción municipal, del expolio de Marbella, arruinada y endeudada hasta las cejas por culpa de estos sinvergüenzas que, mientras la administraban, se lo llevaban crudo, del desmantelamiento y disolución de su Ayuntamiento, de su mala imagen por semejantes hechos y, además, de una estafa de unos 2.400 millones que, de acuerdo con las penas impuestas, supondría una pena de menos de nueve horas y media de cárcel por persona y millón estafado. Cierto que pasar por la cárcel debe ser muy duro para la gente honrada, aunque algunos se muevan allí como Pedro por su casa, pero nueve horas de cárcel por un millón de euros es demasiado benévolo y tentador, teniendo en cuenta que la mayoría de los mortales han de pasarse toda la vida trabajando sin llegar a ganar ni la mitad de dicha cantidad y pasando grandes dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, si de algo carece la sentencia es de efecto disuasorio ante la delincuencia de guante blanco.

            Pero, si a ello añadimos el desfile mediático de muchos de estos delincuentes mientras estaban siendo juzgados, llenando los platós de televisión con sus repugnantes presencias a cambio de sustanciosas cantidades de dinero, exhibiendo en ellos su poderío económico y el de sus familiares, producto de lo que trincaron en Marbella, que encima les sirve como plataforma para ganar fama y más dinero, contando sus fechorías y sus miserias privadas en la tele, sus deplorables conductas, tan levemente castigadas en los tribunales, causan indignación en la ciudadanía, además de un total desapego y desconfianza en nuestro sistema democrático que, siendo tan duro con el resto de la ciudadanía, agobiada por la crisis y ahogada por los impuestos, es tan blando con estos sinvergüenzas.

            No obstante, el juez plantea que el pago de las multas sirva para pagar la deuda de Marbella. Cabría saber qué pasará si no las pagan. ¿Seguirán en la cárcel hasta que lo hagan? ¿Irán a la cárcel si no pagan quienes no han de hacerlo por sus leves penas? Algunos, entre los que me incluyo, piensan que es básico que en este tipo de delitos las penas se vinculen sólidamente con la reparación del daño causado. Pero, aunque, en este caso, entre todos los condenados abonaran los 581 millones de multas, que saldarían los 500 millones saqueados durante la administración del GIL (aunque algunos la cifran en muchos más), ¿dónde están los 2.400 millones supuestamente estafados? Es obvio que, aun pagando las multas impuestas, que habrá que verlo, algunos han hecho con Marbella el gran negocio del siglo y, tras la salida de sus cortas estancias en la cárcel, podrán disfrutar el resto de sus vidas en la mayor de las opulencias y, si les apetece, seguir incrementando sus ilegales fortunas contándolo todo en televisión. ¿Sale barato delinquir en España? Ustedes tienen la respuesta.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena