Con
demasiada frecuencia se suele recurrir a la Política como a una especie de
cajón de sastre en el que cabe todo y, muy especialmente, todo aquello que
tiene difícil encaje en los comportamientos de convivencia colectiva habituales.
Y no se está desencaminado si, al margen de las diversas acepciones, concluimos
que la “política” es la actividad que se ocupa de que una sociedad libre,
compuesta por hombres y mujeres libres, resuelva los problemas que le plantea
su convivencia colectiva. Por tanto, cualquier conflicto, cualquier choque de
intereses, cualquier litigio entre personas o instituciones es susceptible de
ser tratado como un problema político e inevitablemente así ha de tratarse.
Pero la Política, con mayúsculas y en su plena dimensión, requiere hombres y
mujeres libres, pues en caso contrario serían los gobernantes quienes
resolverían e impondrían a su antojo las soluciones a los problemas planteados
por la convivencia colectiva de sus súbditos, que no ciudadanos. Hombres y mujeres
libres, no en abstracto sino en concreto, ya que la libertad, como concepto
abstracto carece de sentido, y por ello ha de concretarse en una serie de
libertades, concretas y específicas, libremente acordadas por la mayoría de
ciudadanos que libremente se embarcan en la aventura de compartir un proyecto
común de convivencia colectiva, lo que supone obviamente una serie de derechos
y deberes, así como unas reglas de juego, que todos, absolutamente todos, han
de acatar y respetar, como garantía y seguridad de su convivencia colectiva en
libertad, necesariamente limitada. Y de esta necesidad de mantener la armonía
entre sus integrantes nace la Justicia, como el conjunto de pautas y criterios
que establecen un marco adecuado de relaciones entre personas e instituciones,
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la acción
recíproca ejercida por individuos e instituciones. Por tanto Política y
Justicia, con mayúsculas, forman parte indisoluble de la convivencia humana en
paz y en libertad, al extremo de que disociadas o por separado atentarían
gravemente contra la propia dignidad humana, menoscabando la esencia del hombre
como ser social y libre, con el grave riesgo de romper la armonía de la
convivencia humana colectiva.
En
“román paladino”, para que todos lo entiendan, sin Política no hay Justicia y
viceversa, en el más alto significado de ambos términos. Por ello es
incomprensible que, ante problemas complejos, como por ejemplo el reto
independentista de Artur Mas, Oriol Junqueras y compañía, algunos líderes
políticos no independentistas, rompiendo el indisoluble binomio
Política-Justicia, como si por separado tuvieran un sentido pleno, digan que el
asunto es un problema político y que como tal hay que tratarlo y resolverlo, al
margen del desafío a la Justicia que, para lograr su objetivo, plantean los
independentistas. Sería interesante en todo caso que quienes así actúan dijeran
qué tipo de diálogo exigen a las instancias gubernamentales y para qué lo
exigen, con personajes que, como Artur Mas, afirman que la legitimidad política
vale tanto como la legalidad, es decir, como la inexcusable observancia y
aplicación de la Justicia. ¿A qué legitimidad política se refiere disociada de
la Justicia? Fuera de la Justicia, no hay Política en el mejor sentido del
concepto y en toda su dimensión. Por tanto el juego perverso con claros
intereses particulares de disociar como realidades diferentes y contrapuestas
las partes de un todo, prostituye no sólo la esencia de dichas partes sino
también la esencia del conjunto como garante de la convivencia humana colectiva
en paz y en liberad.
No
vale pues, como dice Durán, esa “tercera vía” entre la “sumisión” y la
“secesión”, en sintonía con lo que defiende Pedro Sánchez, siendo legítimas sus
ofertas de “estado federal” u otros modelos como proyecto político. No se trata
de optar por uno de los dos términos de otro binomio infernal inexistente (sumisión
o secesión), al igual que sucede entre Política y Justicia, ya que la
aplicación de la Justicia no supone ninguna sumisión, sino todo lo contrario,
ya que se trata precisamente de la garantía de libertad dentro del marco
político libremente establecido. Sumisión sería someterse a los caprichos de
unos pocos o de muchos al margen de la Justicia. Y, en cuanto a la secesión
(una opción política como otra cualquiera) de lo que se trata es de si sus
promotores pretenden conseguirla al margen de la Política y, obviamente, de la
Justicia o, como cualquier otro proyecto, dentro de los cauces que la comunidad
colectiva, en este caso la española (incluidos los catalanes), decidió en su
momento como expresión libre de su proyecto común de convivencia. La tragedia
es justo que algunos pretendan romperlo por meros intereses bastardos y
argumenten, engañando a los ciudadanos, para salir del paso, que la solución ha
de ser política y no jurídica, cuando la primera opción requiere obligadamente
circunscribirse a la segunda. Dice Mas que “Cataluña no confía en el Estado”
cuando el problema es que ningún ciudadano realmente libre puede confiar en sus
planteamientos anti-políticos por injustos y al margen de la libertad y las
garantías democráticas.
Fdo. Jorge Cremades Sena
No hay comentarios:
Publicar un comentario