jueves, 2 de octubre de 2014

STOP AL 9-N… ¿Y AHORA, QUÉ?

                        Liquidado por el Tribunal Constitucional el proceso soberanista que, según sus promotores, desembocaría en el referéndum del 9-N, tras la campaña institucional de la Generalitat a favor del mismo, muchos se preguntan ahora qué hacer de cara al futuro, teniendo en cuenta que el Govern de Cataluña, aunque suspende la campaña por imperativo legal, mantiene que “el proceso continúa”, engañando, una vez más, a la ciudadanía. En efecto, lo que continúa, ¡faltaría más!, es el proyecto o proceso voluntarioso, por parte de quienes lo consideren oportuno, de promover y proponer “autodeterminarse políticamente”, que, obviamente no está prohibido en la Constitución; pero lo que no continúa, ni puede ni debe continuar, es el proceso concreto, auspiciado desde las instituciones del Estado, entre ellas la Generalitat, y con dinero público, de seguir atentando contra el Estado de Derecho, garantía de convivencia para todos los españoles, incluidos los catalanes. Miente por tanto Mas al decir que el proceso continúa pues, al margen de lo que individualmente considere y al margen de su voluntad personal, al igual que a la de cualquier otro ciudadano, como Presidente de la Generalitat, junto al resto de autoridades del Estado, tendrá que cumplir y hacer cumplir estrictamente la Ley y, muy especialmente, las sentencias al respecto de los tribunales competentes.
            Por tanto, la respuesta a la pregunta ¿y ahora qué? es bien sencilla. Sin menoscabo del amparo a cualquier iniciativa política o reivindicación popular, dentro de los cauces y procedimientos establecidos, la respuesta es y debe ser imponer el Estado de Derecho de forma contundente, como se hace en cualquier país decente, lo que, lamentablemente, aquí no se ha hecho casi desde el inicio de nuestra democracia, siendo la causa esencial del berenjenal en que estamos metidos ahora; aunque más vale tarde que nunca si realmente queremos salir del atolladero. Es la última oportunidad de supervivencia para nuestra deteriorada democracia. Si somos incapaces de aprender que la nefasta experiencia de ceder ante los chantajes, de mirar a otro lado ante flagrantes incumplimientos de sentencias judiciales, de canjear competencias inaceptables por gobernabilidad, de ser pasivos frente a cotidianas bravuconadas, insultos, acosos, mentiras, amenazas y demagogias (entre otros despropósitos) por parte de los independentistas totalitarios, con la absurda esperanza, supongo, de tener la fiesta en paz, es lo que ha enfangado la estabilidad territorial del Estado al extremo de estar muchísimo peor el asunto que durante la Transición democrática o los primeros años de vida de la misma; si, en definitiva, no somos capaces de aprenderlo tras esta intolerable afrenta del 9-N, impensable hace unos años, es que los españoles no nos merecemos vivir en paz y en libertad. Por tanto, tolerancia cero a cualquier resquicio de ilegalidad (más aun al desacato a sentencias judiciales o incitación al mismo), tanto de palabra u obra, en cualquier autoridad del Estado (ya sea a nivel nacional, autonómico o local) y en cualquier ámbito de actuación (político, funcionarial, sindical, empresarial o asociativo), lo que supone, caiga quien caiga y sean los que sean, que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos y con todas las consecuencias. Lo contrario es nefasto. A la vista está.
            De entrada no basta que la Generalitat, con Mas a la cabeza, decida acatar sólo la suspensión de la ilegal campaña institucional del 9-N, que, por cierto, se mantiene en la calle a instancias de colectivos subvencionados con dinero público, sino que además, como President, ha de velar para que todos la acaten, en vez de escudarse en que lo hace para no poner a los funcionarios en aprietos y alentar a la ciudadanía diciéndole que el proceso continúa ya que esa es su voluntad. Lo que debiera hacer Mas es dejar de mentir a los ciudadanos y explicarles, como bien sabe, que quienes, como él, quieren la independencia de Cataluña están en su perfecto derecho pero ajustándose al art. 168 de la Constitución (respaldo de dos tercios en el Congreso y el Senado y posterior referéndum en España), tal como decidieron los españoles, incluidos los catalanes. Y, ya de paso, avisarles que no hacerlo así es antidemocrático y totalitario, lo que puede acarrearles graves consecuencias. Si además quiere quedar medio bien debiera pedirles perdón por incitarles a ello y presentar su dimisión por tan grave error (una mentira más no importaría) pues si públicamente no lo considerara como error sería mucho peor. Pero me temo que Artur Mas hará todo lo contrario. Está tan acostumbrado a saltarse a la torera “las leyes españolas”, como dicen los independentistas, que, salvo que, de una vez por todas, el Estado de Derecho haga lo que hay que hacer, no va a claudicar de sus planteamientos totalitarios. Menos aún si, incomprensiblemente, siempre hay ingenuos, por no calificarlos de otra manera, dispuestos a afrontar su órdago con compensaciones inaceptables que en el fondo o la forma le sirvan para salir airoso del pozo en el que él solito se ha metido. En el mejor de los casos para el Estado de Derecho, pan para hoy y hambre para mañana. La historia nunca miente, por más que algunos pretendan tergiversarla.

                                               Fdo. Jorge Cremades Sena

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