miércoles, 22 de febrero de 2012

REINVENTAR LA DEMOCRACIA


            No sé si será la crisis, la cercanía del fin del mundo anunciada por los mayas, el gélido invierno inesperado, el final de la constelación planetaria Zapatero-Obama de Pajín, el próximo bicentenario de “La Pepa” o, vaya usted a saber qué otro fenómeno, lo que está provocando en algunos una epidemia de revisionismo democrático al descubrir de la noche a la mañana, después de treinta y tantos años, que la tan elogiada transición española, modelo incluso para otros países del mundo, fue una chapuza. Como tal, su resultado final, es decir, nuestra Constitución y su entramado institucional, que nos iguala al resto de países democráticos, ya no sirve para seguir viviendo en paz y libertad. Nadie explica por qué, pero así es. Nadie, salvo que recurra al pecado original de la transición, entiende que nuestras reglas de juego democrático, similares a las de nuestros socios en la UE, sean tan perversas para nosotros y tan benéficas para ellos. Nadie, salvo que se trate de reinventar la democracia occidental en nuestro país para después exportarla al resto del mundo. En este caso, al menos, deberían explicarnos el innovador proyecto, supongo que democrático, el proceso para conseguirlo de forma pacífica y las ventajas que aportará a la ciudadanía frente al que tenemos.
            El caso es que, de pronto, nuestro Sistema Judicial no es democrático y, por ende, nuestro sistema de convivencia, tampoco. El Tribunal Supremo, su máximo órgano jurisdiccional, así como tribunal superior en todos los órdenes –civil, penal, social y contencioso-administrativo-, resulta ahora que es fascista y, como tal, arbitrario y corrupto. Así las cosas, qué decir del resto de tribunales, jerárquicamente inferiores, con jurados populares o no, si, al final, por la vía del recurso sus sentencias acaban en lo que decida el fascista y corrupto TS. Ni siquiera quedan al margen de tanta perversidad los juicios con jurado popular, tan reivindicado por el pueblo, pues resulta ahora que, por puro cálculo estadístico de probabilidades, según la mayoría político-social de la circunscripción correspondiente, está contaminado de izquierdismo o derechismo, amén de que, al no ser profesionales del derecho, están abocados al error. Todo esto es lo que se deduce de las declaraciones que estos revisionistas de última hora vienen haciendo últimamente cuando las sentencias de los tribunales no se ajustan a sus expectativas, que proclaman públicamente durante el proceso para que todo el mundo, incluido el tribunal, conozca su predeterminado y justo veredicto. Así las cosas, no se entiende muy bien que, cuando se trata de tribunales inferiores, se utilice la vía del recurso para dejar la última palabra a tan perverso TS. En todo caso, prefieren que el “pueblo” se reúna en el ágora como en la Grecia clásica –pero convocados de forma misteriosa- para que proclame inocentes a los declarados culpables por los tribunales y culpables a los declarados inocentes. Obviamente como, por razón de espacio, todos los españoles no cabemos en el ágora, basta que acudan a ella unos cuantos para dar por válidos tan razonados veredictos, elevándolos a la categoría de democráticos, es decir, de lo que quiere el pueblo. Es la mejor garantía para restaurar la democracia y acabar con el totalitarismo que denuncian, finiquitando esta justicia al revés que, según ellos, condena a los inocentes y libera a los culpables. El “pueblo”, bien entendido, siempre tiene razón.
            Hay que dejar constancia de que este innovador revisionismo democrático no lo protagonizan, aunque lo parezca, movimientos anti-sistema, existentes en los demás países como en el nuestro, pues entre sus voceros destacan personajes que han ejercido o ejercen como miembros de diversas instituciones del Estado, algunos desde hace varios lustros y con aspiración de jubilarse en ellas, sin reparar hasta ahora en su perversidad, que ahora descubren, a la que, en todo caso, como miembros activos han colaborado de forma inapelable, tanto mientras gobernaba el PSOE como el PP. Nadie, con sentido común, entiende, por ejemplo, que un parlamentario, elegido en listas de un partido democrático, pudiendo debatir en el parlamento o en asambleas territoriales las iniciativas que quiera plantear con arreglo a la normativa vigente, recurra al insulto callejero, que no a la crítica razonada, para denigrar sin argumentos la propia esencia de las instituciones que él mismo ha colaborado a instituir de acuerdo a la fuerza representativa que el pueblo haya dado en cada momento a su opción política. Nadie, que lo haga un magistrado que forma o ha formado parte de este sistema judicial que ahora tilda de fascista. Nadie, que lo haga un líder sindical que disfruta de todas y cada una de las ventajas que le otorga nuestro sistema democrático, como debe ser. Nadie, que todo esto suceda únicamente en nuestro país. Está claro que, en efecto, hay comportamientos fascistas y totalitarios en España. El problema es averiguar exactamente dónde se practican y quiénes los protagonizan. Esperemos que estos revisionistas, reinventando la democracia, sean capaces de detectarlo lo antes posible. Aunque es probable que el pueblo, no el del ágora sino el de las urnas, aplicando simplemente el sentido común, ya lo haya detectado. O ¿es que éste se equivoca?. Sería lamentable si así fuera.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

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