domingo, 15 de julio de 2012

GAMBERRADAS Y DELITOS


            Un turista muerto y un camionero herido de consideración cuando circulaban en sus respectivos vehículos. Ante la cantidad de accidentes de circulación que se dan en nuestras carreteras, tales sucesos ni se considerarían como noticia extraordinaria, pues, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a ellos al aparecer en los medios de comunicación casi a diario. Sin embargo, en esta ocasión, no se trata de un accidente más, ni de la enésima colisión provocada por la imprudencia de uno de los conductores, ni de otro fatal y casuístico encuentro de dos vehículos en alguno de los puntos negros que todavía existen en nuestras carreteras. Es más, ni siquiera se trata de un accidente de circulación en que el turista y el camionero hayan estado implicados, sino de dos hechos lamentables, acaecidos en días distintos, cuyas consecuencias podrían haber sido mucho peores. Ambos provocados por la irracional forma de diversión de sendos grupos de adolescentes que, a falta de algo mejor que hacer, deciden pasar el tiempo tirando piedras a los vehículos que pasan por las autovías desde un paso elevado. Conductas de menores que, desgraciadamente, ni son aisladas ni puntuales, aunque, afortunadamente, no siempre desencadenen tan trágico desenlace. Para algunos, simples gamberradas de jóvenes; en realidad, faltas graves o delitos de los que alguien debe hacerse responsable y pagar por ello. Pero, si otras conductas delictivas más graves –asesinatos, violaciones-, protagonizadas por menores, han activado todas las alarmas sociales, dejando un sabor amargo en la sociedad por las sombras de impunidad que muchos entienden que la Ley del Menor concede a sus autores, poco se puede esperar de éstas y otras parecidas achacables a la imprudencia y no a la intencionalidad de delinquir.
            Ni es la primera vez, ni, lamentablemente, será la última, que escribo sobre la violencia protagonizada por menores. Mi contacto con ellos por razones profesionales me permite afirmar que, ante la comisión de la mayoría de los actos monstruosos que algunos protagonizan, hay una serie de precedentes violentos cotidianos que, desgraciadamente, nuestra legislación olvida, convirtiendo la Ley del Menor en un lamentable ejercicio de hipocresía social. Nada que objetar a su finalidad de regular la responsabilidad penal de los menores como sujetos susceptibles de una especial protección por razones de edad. Pero todas las objeciones a la carencia de medidas preventivas para evitar que los menores se conviertan en delincuentes habituales y, considerándose impunes, sigan progresando en su escalada delictiva a sabiendas de que, si llega el caso, su responsabilidad penal queda atenuada de forma tan considerable. Si ni la familia, ni la escuela, ni el entorno ha sido capaz de hacer entender a demasiados adolescentes que, entre otras conductas similares, apedrear a los coches puede acarrear consecuencias tan graves es obvio que la sociedad está fracasando estrepitosamente y por tanto es la responsable directa de semejantes fechorías. Y también su víctima.
            Si somos incapaces de entender que, salvo excepciones que confirman la regla, las conductas delictivas de los adolescentes están precedidas de una niñez permisiva y descontrolada, difícilmente resolveremos la preocupante violencia juvenil que genera tanta alarma social. Lamentablemente así es. Muchos niños, sin que nadie lo remedie, se desarrollan en un ambiente permisivo, sin ningún referente de autoridad y respeto, haciendo lo que les viene en gana. Pronto perciben que ni sus padres, ni sus maestros, ni cualquier otra autoridad tienen herramientas suficientes para reconducir su forma errada de proceder. Son intocables frente a quienes tienen su tutela y la responsabilidad de educarlos, quienes, desarmados e impotentes, prefieren sufrir el maltrato progresivo por parte de ellos ante el temor de que cualquier medida correctora les sitúe en el lado de los maltratadores. “¿Qué puedo hacer con mi hijo?” es la pregunta recurrente. La respuesta más apropiada, “nada, hágale entender que tiene que comportarse mejor”. Cualquier castigo o medida represiva es susceptible de considerarse como maltrato físico o sicológico. La consecuencia inmediata es el incremento de un maltrato en el ámbito familiar de los hijos hacia sus padres. El niño toma las riendas de su propio destino, amparado en una libertad que a su edad no le corresponde. Es lo políticamente correcto.  Pero además, es paradójico que, junto a este hipócrita proteccionismo frente a padres que quieren educar a sus hijos, se abandone y desproteja a otros muchos niños que padecen un absoluto abandono por parte de sus progenitores a quienes no se exige que cumplan su responsabilidad de educarlos. En tan desesperanzador contexto sólo cabe esperar que los menores rebasen socialmente los límites de lo razonablemente soportable y conviertan sus gamberradas en indiscutibles delitos. Entonces sí funciona la última trinchera de la hipocresía con la aplicación de la vulgarmente conocida Ley del Menor, que debiera llamarse Ley de protección de menores delincuentes. Proteger a los menores es otra cosa bien distinta. 
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

Reproduzco aquí otros artículos publicados en su día en algún periódico, pero anteriores a la creación de este blog:

VIOLENCIA EN LAS AULAS.
                                    Las recientes agresiones por parte de dos alumnos a sus respectivos profesores en Alicante, junto a otros muchos que acontecen a lo largo y ancho de la geografía española y que, por su mayor o menor relevancia, encuentran un determinado eco en los medios de comunicación, ponen en evidencia un ambiente de violencia progresiva en las aulas que es urgente erradicar si no queremos poner en grave peligro el futuro de nuestra tolerante sociedad así como la integridad física y moral de nuestros educadores y educandos. La lista, muchas veces callada, de miles de profesores y alumnos (incluso de otros miembros de la comunidad educativa) maltratados, vejados y ultrajados, física y moralmente, dentro de los centros de Educación, es demasiado larga, para seguir soportando que la autoridad legislativa, ejecutiva y judicial (coincidentes en la importancia de la Educación de nuestros jóvenes a nivel teórico) no ponga los medios necesarios para, al menos, invertir la tendencia, y que se limite sencillamente a administrar el caos. Si hay que cambiar la legislación, que se cambie; si hay que habilitar más medios, que se habiliten; y si hay que sancionar las irresponsabilidades con más dureza, que se sancionen. Para eso les pagamos y no para lo contrario.
          ¿Qué hace un joven de quince años sin matricular en un centro cuando por ley está obligado a estarlo? ¿Quién es el responsable de que dicho adolescente esté vagabundeando y, obviamente, haciendo fechorías durante el horario escolar? No es una excepción; muchos alumnos, incluso matriculados para cubrir el expediente, no asisten a clase con normalidad. Nadie hace nada para asegurar su derecho a una educación obligatoria y, mucho menos aún, para obligar a  sus padres a que se responsabilicen de garantizar su escolarización normalizada. Desde los centros educativos estamos hartos de enviar, año tras año, los listados de absentismo, para que, en el mejor supuesto y en casos excepcionales, la situación llegue a la fiscalía de menores y ésta comunique que, salvo casos muy extremos y por otras contingencias de mayor gravedad, no puede evitar tan lamentable situación. Ante esto, o cambiamos la ley, que impone una escolarización obligatoria hasta los dieciseis años, y, sin hipocresía, reconocemos que, desgraciadamente, son demasiados los padres que pasan de la responsabilidad de que sus hijos sean educados (sé que esto no es popular, pero es la verdad, que vivo cada día en mi profesión, y tengo que decirlo), o, sencillamente arbitramos los mecanismos coercitivos pertinentes para que estos padres cumplan con su obligación, incluso restringiendo sus derechos de patria potestad o tutela si fuera necesario.
            ¿Qué se hace con un alumno que sistemáticamente insulta, se burla e incluso agrede físicamente a otros compañeros o a sus profesores? No es otra excepción, ya que, desgraciadamente, son demasiados los que tienen tal actitud (sin incluir a los que simplemente desobedecen a los profesores, pues serían muchos más). La solución es agotar un cupo de “partes disciplinarios”, que se envían a los padres sin que nada cambie (o no pueden rectificar la desviada actitud de sus hijos -es lo que suelen decir-, o no quieren, -es lo que se intuye de los que no hacen ni caso-), para que, finalmente se inicie un expediente de sanción (con todas las garantías procesales: instructor, declaración, testigos…) que suele concluir con la expulsión temporal del centro (un periodo de “vacaciones” en casa) durante algunos días o algún mes y, en los casos más graves, con una expulsión definitiva del centro para que la Administración Educativa simplemente lo envíe al IES vecino. El problema queda solucionado.
            En estas circunstancias el profesorado, responsable no sólo del aula sino también de los pasillos, del patio de recreo, de la cantina y de otras dependencias del Centro, se la juega diariamente, sin ningún medio a su alcance, intentando evitar que la dramática situación acabe en tragedia y que algún alumno “sufridor”, opte, como ya ha sucedido, por el suicidio o por una respuesta desmesuradamente agresiva contra su “compañero” verdugo. ¿Dónde estaba el profesor? ¿Cómo no lo ha impedido? ¿Es qué no lo sabía?, son las preguntas en tales circunstancias; yo me pregunto ¿Cuáles son las respuestas?
El profesor recientemente agredido físicamente sencillamente intentaba cumplir con su obligación, tampoco es la excepción aunque por la gravedad de la agresión haya trascendido, muchos otros diariamente son igualmente agredidos con insultos, burlas y vejaciones (antesala de la violencia física) por cumplir, como él, con su responsabilidad. Algunos vecinos y conocidos me han preguntado que cómo se ha dejado pegar, no entendiendo que a ellos en el ejercicio de sus trabajos les pueda suceder algo así, yo simplemente he respondido que se trata de un alumno y además menor de edad (aun lo han entendido menos); para tranquilizarlos les he añadido que no se preocupen, que seguramente el joven agresor, si es que lo matriculan, será trasladado a otro centro y por lo tanto el citado profesor ya no sufrirá más agresiones. . . (obviamente de ese alumno).
(publicado en Información el 3-11-2006)

CON TODOS MIS RESPETOS, SEÑORÍA:
                        Un juez acaba de adoptar las primeras medidas (libertad vigilada) contra el agresor de un profesor (un exalumno de quince años) en su centro de trabajo, desestimando las medidas propuestas por la fiscalía de menores y el equipo técnico (ingreso en régimen semiabierto), que los jueces de menores suelen acatar. Sin entrar en qué medidas puedan ser las más adecuadas (el tiempo lo dirá), no sólo como elemento punitivo por los graves hechos cometidos, sino también como elemento rehabilitador del citado joven e, incluso, como elemento ejemplarizante para que otros jóvenes, con perfiles parecidos, reflexionen sobre las consecuencia de sus desviadas conductas, sí es necesario hacer una severa crítica a los argumentos que utiliza el citado juez para justificar su decisión, ya que, a todas luces, dichos argumentos deterioran la tarea educativa en España, alentando precisamente a aquellos que no cumplen con sus obligaciones educativas legales .
            En primer lugar, como otras tantas veces, se pone en duda la actuación del profesor, al argumentar que se desconocen las circunstancias de la agresión, cuando ésta se produce en un aula del centro educativo, donde el joven agresor, que no es alumno, no debe estar y el profesor, que tiene la obligación de controlarla e impedir actividades contrarias a la ley, intenta que se cumpla la normativa antitabaco en su centro. Salvo que el juez considere que el profesor no fue lo suficientemente cortés para invitar al joven a abandonar el recinto y por ello le impute responsabilidad en el inicio de la agresión, ésta es cometida por alguien, que obviamente está incumpliendo las normas, contra alguien que está velando porque las normas se cumplan y, en principio, ante la duda, parece más razonable que el iniciador del problema sea el joven al responder inadecuada y desproporcionadamente a los requerimientos. Es algo así como si al ladrón que sorprendes en tu domicilio y encima te pega (o tú le pegas) se le concede el beneficio de la duda de que por desconocer las circunstancias exactas del conflicto no es totalmente el responsable de iniciarlo, o, como ya sucedió en su día, no imputar a un presunto violador ya que la violada llevaba pantalones vaqueros, con lo que se desconocen las circunstancias de la agresión, que ella pudo consentir.
            En segundo lugar, se utilizan consideraciones tópicas (con las que, en principio, todos estamos de acuerdo) al argumentar que la repercusión social no debe influir y que debe primar el interés por recuperar al menor, dando a entender que las propuestas hechas por el fiscal de menores y el equipo técnico (formado por educadores y sicólogos), influidas por la repercusión social, no obedecen al interés de recuperar al menor y sí lo hacen las adoptadas por el juez, quien, al parecer, argumenta que dicho equipo técnico y la fiscalía no han tenido suficiente contacto con el joven. Salvo que dicho juez haya tenido más contacto con el joven y por ello su decisión sea la más adecuada en su beneficio, lo más razonable es dar más tiempo a fiscalía y al equipo técnico para que analicen con más profundidad su personalidad, calificada como “impulsiva al que le falta autocontrol”, y actúen en consecuencia con las medidas idóneas para reconducir su conducta y recuperarlo.
            En tercer lugar argumenta que el joven vive en una familia estructurada y que además el joven trabaja, olvidando que la familia, estructurada o no, está obligada por ley a tener al menor matriculado y es la responsable de su asistencia a las clases, y considerando como positivo a favor del menor que esté trabajando, circunstancia que tiene prohibida por ley. Salvo que el juez considere que los menores de dieciseis años deben ponerse a trabajar incumpliendo la ley (algunos padres lo practican con sus hijos) no se puede considerar el trabajo de un menor como algo loable ni para el menor ni para la familia que lo permite.
            En definitiva, al margen de las medidas que haya tomado, con todos mis respetos, Sr. Juez, tengo la sensación de que, con sus argumentos para justificarlas, no sólo ha perdido una oportunidad de ayuda a la mejora de la situación por la que atraviesa la Educación en España, sino que ha puesto una losa más para que la labor de los educadores sea sencillamente imposible. La sociedad le estaría más agradecida si hubiese argumentado que la familia tiene la obligación de matricular y envíar a sus hijos a clase en edad escolar obligatoria, que no se puede entrar sin autorización en las aulas al no ser alumno del centro, que no se puede fumar en las mismas, que no se puede pegar ni insultar a nadie (menos aún a un mayor o a un profesor), que no se puede perder el control cuando te indican que estás obrando mal, que, siendo menor, está prohibido trabajar. . . y que, por todo ello, el imputado debe permanecer en “libertad vigilada” porque lo considera mejor que el “ingreso en régimen semiabierto”.
(publicado en Información el 8-11-2006)



EL SANCTA SANCTORUM DE LA FARSA:


                            De nuevo una sentencia judicial levanta ampollas en esta sociedad sin rumbo que, carente en la práctica de sólidos principios de convivencia, se complace en sacralizar teóricamente dichos principios cometiendo en su nombre las mayores aberraciones y causando a las gentes graves perjuicios, que, en definitiva, hacen cada vez más difíciles, casi imposibles, las relaciones humanas y consolidan un futuro incierto y sin rumbo. En semejante escenario, no es extraño que un cachete puntual dado por una madre a su hijo con la intención de corregir su conducta equivocada, mezclado con la herida circunstancial al golpearse con el lavabo, convierta a esta madre en una delincuente (o delincuenta, para los amantes de la seudoigualdad) y, como tal, sea condenada a encarcelamiento y alejada de su hijo, al que, hipócritamente, con dichas medidas, se pretende proteger de tan peligrosa maltratadora.
          Acostumbrados a ver en libertad a los verdaderos delincuentes (violadores, pedófilos, terroristas, ladrones, matones y verdaderos maltratadores, entre otros), ya sea por errores de la Justicia o por la aplicación del sacrosanto principio de la reinserción (a los cuatro días en la calle para que sigan delinquiendo), resulta repugnante que la celda, que cualquiera de ellos debiera ocupar, sea adjudicada a esta pobre madre, equiparada a los mismos de la noche a la mañana, sin reparar en el verdadero daño que no sólo van a causarle a ella, sino también a su propio hijo y al resto de su familia. Más repugnante, si cabe, ya que, al parecer, la sentencia que nos ocupa es impecable desde el punto de vista jurídico, a diferencia de otras muchas que obedecen a verdaderos disparates jurídicos de algunos jueces pintorescos; y, más que repugnante, abominable, el celo de la Fiscalía, que, no conforme con la pena impuesta, recurre la sentencia apelando a una mayor condena (hay que aplicar la agravante de que los “malos tratos” se produjeron dentro del domicilio familiar) para que la protección del citado menor sea total y conseguir, de rebote, que su calvario dure el mayor tiempo posible. ¡Faltaría más, ante una sentencia jurídicamente perfecta, no debe escaparse el mínimo resquicio punitivo que el Código Penal contemple!
          Así las cosas, no seré yo quien, desde estas líneas, critique, en este caso, la actuación inmaculada del juez en cuestión, ni tampoco la del fiscal; aún menos seré yo quien sugiera que no se aplique escrupulosamente lo que está legislado al respecto (a mi juicio un disparate del Legislador, que hay que modificar urgentemente). Simplemente me causa repugnancia que verdaderas chapuzas jurídicas mantengan en libertad (con o sin fianza) a peligrosos delincuentes, mientras que modélicas sentencias sirvan para encarcelar a una pobre madre y ordenar su alejamiento del hijo por darle un cachete esporádico, con la “perversa” intención de corregir su conducta o repeler sus incipientes agresiones.
          Entretanto, los que trabajamos diariamente con menores, los profesores del sistema público de educación obligatoria, asistimos atónitos al incremento del absentismo escolar, que controlamos celosamente, sin que nadie lo remedie; sufrimos las agresiones verbales e incluso físicas de los alumnos o entre ellos mismos, para que, en los casos más graves, como máximo castigo, sean trasladados al IES vecino; y escuchamos estoicamente las manifestaciones de muchos padres sobre su impotencia para obligar a sus hijos simplemente a que asistan a clase, a que modifiquen sus conductas o, sencillamente, a que realicen sus tareas educativas, y, en algunos casos, sus lamentaciones ante las agresiones y amenazas que reciben de ellos, cada vez más frecuentemente. Todo ello sin que nadie haga nada por remediarlo; por lo visto, es la fórmula políticamente correcta de proteger al menor, aunque el resultado académico final, sea fatal y el resultado global, el caos. ¿Qué deben hacer padres y profesores ante semejantes actitudes de los menores? Nada, ya que puedes causar graves traumas al menor y corres el riesgo de convertirte en maltratador. ¿Qué medidas tiene la Administración para corregir las perniciosas conductas de forma preventiva? Ninguna, ya que proteger al menor es el máximo objetivo y para ello ya están los padres y profesores, que los educan, y la Fiscalía de Menores, que vela para que así sea. Y, por si todo falla, el Juzgado correspondiente, ya ven, se encargará de poner las cosas en su sitio.
          En este Sancta Santorum de la Farsa que hemos creado, en el que miles de niños y jóvenes, bajo el hipócrita paraguas de su pseudoprotección, pululan a su libre albedrío, sin asistir a las clases obligatorias, sin ningún tipo de respeto a nadie ni a nada, organizados muchas veces en pandillas violentas y delictivas, y caminando hacia un futuro dramático, cuando una pobre madre pretende sacar a uno de ellos, a su propio hijo, de tan trágico escenario y, ante su impotencia, con todo el dolor del mundo, le propina un cachete para que reaccione, queda convertida en una delincuente peligrosa, encarcelada y alejada del mismo, para que éste pueda seguir disfrutando del idílico escenario de protección que le hemos proporcionado. Todo políticamente correcto y, ¡como no!, jurídicamente perfecto. Lástima que socialmente sea trágico.
(publicado en Información el 17 de diciembre de 2008)





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