RESCATES A LA CARTA

            Al margen de eufemismos sobre la caótica realidad española y sus responsables, nadie duda ya que nuestra economía y nuestras finanzas están bajo mínimos, pues somos incapaces, no sólo de afrontar los compromisos de pago con nuestros acreedores, sino también de atender los gastos corrientes, es decir, los destinados a contratar recursos humanos y comprar bienes y servicios necesarios para desarrollar las funciones administrativas. Estamos en la ruina, es decir, en quiebra o bancarrota. Carecemos de capacidad para conseguir en los mercados una financiación adecuada para afrontar el futuro con cierto optimismo y evitar una suspensión de pagos que sería aún peor. Ya no es posible ocultar nuestra insolvencia; la realidad eclipsa cualquier estrategia de camuflaje, al extremo de que, al margen del variopinto paisaje político que gobierna nuestra variopinta estructura estatal, ni España, ni CCAA, ni corporaciones locales, niegan ya la urgencia de ser rescatadas, ayudadas o intervenidas. El nombre es lo de menos.

            Por eso, al margen de que los acreedores sean los más interesados en que se produzca el rescate para asegurarse el cobro y de que, entretanto, los especuladores magnifiquen intencionadamente nuestra insolvencia para conseguir pingües beneficios, casi todos los dirigentes políticos con responsabilidades gubernamentales en cualquier instancia son incapaces de aportar soluciones viables y creíbles sin el recurso a un rescate por parte de las instancias competentes. Sin embargo, ante esta incuestionable realidad, ninguno de ellos -desde Rajoy a Mas o Griñán, así como los demás presidentes autonómicos o alcaldes no afines políticamente al Gobierno- expone con claridad la ineludible necesidad del rescate y sus consecuencias. Instalados en la demagogia electoral que les caracteriza, prefieren buscar culpables ajenos eludiendo sus propias responsabilidades y, en todo caso, disfrazan la realidad con matices semánticos adjetivando el obligado rescate (parcial, suave…) o sustituyéndolo por sinónimos menos impactantes (ayuda, adelanto…). Se trata, en definitiva, de ocultar a la ciudadanía las inevitables condiciones que, en cualquier caso, conlleva ser rescatados, como si el común de los mortales no supiera que nadie da nada sin las contrapartidas correspondientes para satisfacer los intereses en juego desde un plano desigual a favor del rescatador. La sabiduría popular, ya que hablamos de dinero, lo sintetiza en “quien paga, manda”. Pero esta orgía demagógica pretende vendernos, como si fuéramos idiotas, una especie de “rescates a la carta” que, insólitamente, consisten en que el prestatario impone sus condiciones al prestamista o le exige que no le imponga ninguna, sustituyendo el sabio dicho popular por “quien paga, obedece”. Un pintoresco planteamiento por el que Rajoy, mientras decide solicitar el inevitable rescate, exigirá al BCE y al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, como pretende Rubalcaba, la exención de condiciones que supongan mayores sacrificios a los españoles, al igual que Mas o Griñán hacen lo propio con el Fondo de Liquidez Autonómico. Si Homs, el portavoz catalán, tras solicitar el rescate, anuncia que Cataluña “no aceptaría condiciones políticas” y Susana Díaz, consejera andaluza, tras exigir un anticipo antes de acogerse al FLA, dice que dicho fondo no puede estar condicionado a “limitar las competencias autonómicas”, Rajoy, obligado como ellos al rescate, debe hacer lo propio. Los rescatadores, obligados a obedecer, nos servirán en bandeja estos “rescates a la carta” y todo solucionado. Si no lo hacen, ellos serán los responsables de nuestro oscuro futuro. ¿Se imaginan estos planteamientos en el mundo privado? Las empresas, familias e individuos resolverían sus necesidades financieras con “préstamos bancarios a la carta” sin condiciones. Pero, desgraciadamente, las cosas no funcionan así, aunque, ya ven, nuestros políticos así nos lo pretendan vender.

            Salir de la demagogia y afrontar la realidad requiere explicar que nadie pone condiciones políticas o competenciales “per se”, sino condiciones económicas que garanticen el pago con un plan de viabilidad que, obviamente, condiciona la actuación política y competencial, sometida a supervisión. Si quieres lo tomas y si no lo dejas. Cada gobierno rescatado debe cumplir los objetivos de déficit marcados, elaborando presupuestos equilibrados a través del incremento de ingresos y reducción de gastos. Esas son las condiciones. Si no se cumplen, el respectivo supervisor tomará las medidas pertinentes, incluidas las competenciales. Cuestión distinta es cómo reduzca el gasto e incremente el ingreso cada uno de ellos. Ese es el debate político y la responsabilidad de cada gobierno en su respectiva demarcación territorial y competencial. Quien prefiera recortar gastos en servicios esenciales (hospitales, colegios…) en vez de gastos prescindibles (televisiones, embajadas…) para mantener intereses clientelares y no generales, es el único responsable. Nadie le exige hacerlo así. Quien niegue la necesidad de un rescate o exija que sea a la carta, debe presentar una alternativa viable, cuantificable y creíble que garantice como mínimo el dinero necesario para pagar las nóminas del próximo mes. Si además asegura el resto de gastos comprometidos, comenzará a ganarse un mínimo de credibilidad. Hace tiempo que perdimos la máquina de fabricar billetes y los “rescates a la carta” no existen.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena