sábado, 12 de abril de 2014

CRISIS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

                        Se mire como se mire y por más que unos y otros se empeñen en negarlo, aunque ya todos lo reconozcan, la grave crisis en el gobierno de coalición PSOE-IU de la Junta de Andalucía es un hecho indiscutible, tanto en el fondo como en la forma. En el fondo porque pone de relieve las profundas diferencias ideológicas de sendos socios, que se disputan un electorado de izquierdas en sentido genérico (aunque IU, tanto en campaña como generalmente, tache al PSOE como un partido de derechas casi homologable con el PP), y del modo de entender la legalidad. En la forma porque ante un asunto tan sensible como los desalojos y realojos de viviendas han sido incapaces de adoptar acuerdos internos, previos a las decisiones (una cosa es la teoría genérica y otra la práctica concreta), adoptando la estrategia de los hechos consumados, que provoca una crisis prácticamente irreversible, al menos, para la credibilidad ciudadana en el futuro. Bien PSOE, bien IU, según se resuelva la crisis, saldrá bastante tocado si se mantiene la alianza gubernamental tras este pulso político. Uno u otro va a quedar desacreditado ante la opinión pública.
            Los hechos hablan por sí solos. En el entorno del 15-M y de los movimientos anti-desahucios y “okupa” surge en Sevilla la Corrala La Utopía (más que acertado el nombre) tras ocupar varias familias un edificio vacío, propiedad de Ibercaja, no como protesta sino como alojo definitivo. Dicha “okupación”, como tantas otras, apoyada por movimientos antisistema, cuenta asimismo con el apoyo político de IU y, obviamente, de la Consejería de Fomento y Vivienda que, gracias al pacto de Gobierno, está en manos de dicho partido, por lo que la Consejera, que no distingue entre la idílica utopía y la trágica realidad, confiere a la Corrala Utopía un respaldo institucional sin precedentes. Pero, como era más que previsible, incluso para la Consejera, llega el momento del desalojo de los okupas por orden judicial (como en cualquier estado configurado social, política y económicamente como el nuestro, regido por el imperio de la ley y no por la arbitrariedad). Entonces, los desalojados deciden acampar a las puertas del Ayuntamiento y Elena Cortés, que así se llama la titular de Fomento y Vivienda, los realoja en las pocas viviendas disponibles que tiene La Junta y en viviendas de alquiler, saltándose a la torera la gigantesca lista de espera de solicitantes que, desde hace tiempo, están en circunstancias similares o incluso peores que la de los “okupas”.
            Ante semejante arbitrariedad, Susana Díaz, presidenta de La Junta, decide retirarle por decreto las competencias en materia de adjudicación de viviendas a su Consejera de Fomento (IU) para transferirlas a la de Hacienda y Administración (PSOE). “Tengo a 12.000 familias en Sevilla y a otros miles en el resto de Andalucía esperando una vivienda, que no pueden ver que tengan más derechos los que ocupan una vivienda que quienes esperan pacientemente en una lista por muy mal que lo estén pasando” es su razonada justificación. La gresca está servida entre IU y PSOE, su matrimonio de conveniencias amenazado y más que justificada la lógica protesta de los inscritos en la lista de espera tan arbitrariamente relegados, pues, como añade Susana Díaz hay que “respetar el principio de igualdad, que tiene que ser compatible con el listado de personas que esperan una vivienda y con la legalidad”. Justo lo que no ha tenido en cuenta su Consejera de IU. Si hace unos días en el Congreso Rubalcaba decía que la legalidad es la principal arma que tienen los  pobres, hoy Cayo Lara apoya el comportamiento de la Consejera considerándolo una “decisión política, valiente y comprometida con la gente” en un alarde demagógico magistral que los pobres del listado seguro que han percibido….y los “okupas” de La Utopía también. Ante la imposibilidad de satisfacer las necesidades de todos, nada mejor, según IU, que la arbitraria decisión gubernamental satisfaciendo a unos y perjudicando a otros, sin previa garantía de equidad y a su mero antojo.
            Ahora, en un mar de especulaciones sobre el interés de Susana Díaz por un adelanto electoral, cabe preguntar ¿por qué IU insta a Díaz a rectificar el decreto pero no le da un ultimátum e insiste sin embargo en que no hay peligro de ruptura del pacto de gobierno? ¿Por qué Díaz se limita a retirar las competencias a la Consejera y no la cesa, avalando los hechos consumados? Por qué, en definitiva, si el coordinador general de IU-CA, Antonio Maillo, dice que “ha sido la presidenta la que ha abierto una crisis” y no la Consejera cuya gestión “ha sido impecable”, ni hay ceses ni hay rupturas del pacto gubernamental. Unos y otros sabrán. Lo cierto es que, tras esta crisis, las cosas no pueden continuar como si nada hubiese pasado. Susana Díaz, que ha actuado en este asunto de forma impecable, no puede ahora, como pretende IU, echar marcha atrás, teniendo la excusa perfecta para adelantar las elecciones, si ello le interesa, y desprenderse del demagógico proceder de IU que se vende hipócritamente como el único valedor de las causas de los más necesitados, sin reparar en que, de ser así, ¿qué hacían las 12.000 familias esperando una vivienda sin que la Consejera adjudicara las disponibles según criterios establecidos? Y, en todo caso, qué intereses defiende adjudicándoselas ahora por vía de urgencia a los “okupas”, cuyas actuaciones ilegales ha apoyado desde el inicio, negándoselas a quienes se han ajustado a una legalidad establecida por la institución que la propia Consejera representa. Y, finalmente, si Susana se mantiene en sus trece, ¿qué intereses defiende IU apoyando su gobierno tras la flagrante desautorización pública a su gestión en el mismo?

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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