Menudo
lío se ha formado con el ya famoso ático de Ignacio González, sin duda el ático
de la discordia, que, al final, le ha costado al Presidente de la Comunidad de
Madrid la candidatura a la misma, en favor de Cristina Cifuentes. Si, en principio,
Rajoy acierta sin duda, las informaciones aparecidas al respecto demuestran que
se ha quedado corto al descartar a González de la candidatura, debiera haberlo
acompañado con una petición pública de dimisión inmediata. No en vano, el caso
del ático de la discordia y todo lo que le rodea, al margen del recorrido
judicial que tenga, es paradigmático de conductas reprobables en cualquier
gobernante que, como otros anteriores demasiado abundantes y de cualquier color
político, han causado daños irreparables en la credibilidad de los ciudadanos
en la Política y en la Democracia, viendo cómo, siendo elegidos para gestionar
los recursos públicos, se lucran y enriquecen impunemente con el mayor descaro
a costa de los mismos. Rajoy ha perdido pues una gran oportunidad para
demostrar que va en serio su anunciado objetivo anticorrupción, pues no basta
con que el Ministro Fernández Díaz afirme que las grabaciones de la
conversación de González sobre su ático con dos comisarios en la madrileña cafetería
La Mallorquina son parte de una investigación irregular, hecha al margen de los
protocolos establecidos, ni que (aunque también) es el juez quien debe pedir
explicaciones y las grabaciones, pues, justo por todo ello y además de ello,
corresponde políticamente al Ministro explicar a la opinión pública esas
prácticas policiales irregulares, aclarar el desorbitado patrimonio empresarial
del comisario Villarejo y, por supuesto, esclarecer la génesis, bastante
rocambolesca e irregular, cuando no ilegal, de la compra del ático por parte de
Ignacio González.
En
efecto, tanto el proceso de adquisición del ático, como la investigación del
mismo y las circunstancias que lo rodean generan demasiadas incertidumbres que
alguien debe aclarar de una vez por todas. El asunto se destapa cuando los
abogados de un político del PP, el partido de González, acusado por cobrar del
pelotazo de Arganda (uno de tantos pelotazos a lo largo y ancho de toda España)
reconoce ante la policía que su cliente ha cobrado pero que González se ha
embolsado dos millones del pelotazo, parte en metálico y parte en un piso en la
Costa del Sol. Y, ya se sabe, tirando del hilo, se llega al ovillo. En efecto,
González y su esposa disfrutaban de un lujoso ático en Estepona, a nombre de
una sociedad extranjera, aunque los vecinos de la urbanización, dicen que “es
del político”, que “él dice que está de alquiler, pero es suyo” y que “lo sabe
toda la urbanización”. Al final resulta que el ático se vendió a una sociedad
misteriosa, que no a González, ubicada curiosamente en Delaware, un paraíso
fiscal, a la que González dice que paga un alquiler, una ganga sospechosa
(2.000 euros cuando sólo el gasto de comunidad es de 600 euros mensuales),
hasta que la policía descubre que el dueño oficial es un americano, amigo de
Enrique Cerezo, que lo había comprado a través de una sociedad de Panamá… En
fin, toda una historia rocambolesca para algo tan sencillo como alquilar o
comprar un piso, por lujoso que sea, obviamente si se tiene el dinero o el crédito
necesario para adquirirlo, declararlo y pagar los impuestos correspondientes.
Y
con estos datos se produce el pintoresco encuentro de González con los
comisarios, quienes, grabadora oculta en mano, prosiguen una investigación tan
rocambolesca como los hechos investigados. Le dicen estar tras el ático porque
un investigado por la Gürtel lo ha contado; le dan algunos detalles de los
arriba mencionados. González lo niega, aunque, cuando le ofrecen arreglar el
asunto para que no trascienda con la aportación de un recibo de luz o pago de
alquiler, que en ningún caso aporta, se deduce de la conversación cierto
reconocimiento y preocupación, afirmando, entre otras cosas, que “el tema es
que si sale…y eso es lo que yo no quiero”. ¿Por qué si todo es normal? Acaba la
reunión sin aclarar nada; luego poco más
descubre la policía. Ni denuncias de chantaje, ni nada de nada, hasta que la
prensa publica que se investiga sobre el ático. Ruido mediático. González reconoce que compra el ático. Dimite Aguirre
y asciende a la Presidencia de la Comunidad. Todo parece zanjado. Pero, su posterior
y reciente estrategia agresiva, incluyendo acusaciones de chantaje por parte de
la policía, se vuelve contra él. Nunca mencionó la reunión en La Mallorquina y
cuando pide que se aporten todos los documentos para demostrar que le investigan
ilegalmente, la policía entrega incluso la nota que refleja la reunión secreta…
y se filtran las grabaciones. Demasiadas conductas sorprendentes de unos y
otros, que requieren algo más que el descarte de la candidatura de González.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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