Dice
el refrán que “quien juega con fuego se quema” y eso es lo que le está pasando
a España desde hace tiempo con el ilegal “procés” secesionista de Cataluña, al
extremo de que estamos a punto de quemarnos, si es que no nos hemos quemado ya.
Ni los sucesivos gobiernos que ha habido en España, ni los respectivos partidos
que los han sostenido, han estado a la altura de las circunstancias y, más
pendientes de las estabilidades gubernamentales o de los réditos electorales que
de la consolidación democrática, han ido alimentando la bicha nacionalista, hoy
convertida en monstruo independentista, a base de concesiones intolerables a su
insaciable voracidad competencial y a base de mirar para otro lado cuando,
rebasando dichas competencias, los gobiernos autónomos han ido saltándose,
intolerable e indecentemente, la legalidad vigente, actuado descaradamente al
margen de la Ley y socavando peligrosamente el Estado de Derecho. Al final, de
aquellos polvos, estos lodos, y hoy estamos abocados a afrontar un difícil
desafío totalitario, consolidado y plagado de demagogias, mentiras y verdades a
medias, que han ido calando impunemente en algunos sectores de la ciudadanía
gracias además a las interesadas ambigüedades sobre determinados conceptos y a
las equidistancias calculadas con los independentistas por parte de
determinados partidos democráticos, que, en vez de posicionarse clara y
contundentemente del lado de la democracia y la legalidad sin fisura alguna ni
resquicio para otorgar la más mínima credibilidad a los totalitarismos
secesionistas, prefieren anteponer sus intereses particulares al esencial
interés democrático general. Es inaplazable pues desenmascarar de una vez por
todas a quienes están firmemente del lado del Estado de Derecho y a quienes,
jugando al despiste, siguen alimentando el monstruo del independentismo
totalitario con inexactitudes demagógicas sobre procesos y conceptos básicos
que, planteados de forma genérica interesada, se presentan de forma engañosa a
la ciudadanía.
De
entrada hay que aclarar que en democracia, en cualquier Estado de Derecho,
nadie está por encima de la Ley, democráticamente establecida, ni de los
procedimientos acordados para modificarla, por lo que ningún gobernante o
institución democrática puede actuar de manera absolutista sobre competencias
que no le corresponden. Por tanto, al margen de la bondad o maldad de las
pretensiones que se tengan, ni Rajoy ni Puigdemont, ni el Gobierno Español ni
la Generalitat de Cataluña, pueden pactar un “referéndum independentista” no
contemplado en nuestro marco legal; ni el Parlament tiene potestad para
instarlo, pues sólo las Cortes Generales, sede de la soberanía nacional,
estarían capacitadas competencialmente para, previa modificación de la ley,
permitirlo o no en el futuro. Y Puigdemont se niega a exponer su proyecto en el
Congreso, tal como le indica Rajoy, actuando no sólo al margen de la ley, sino
además instando a que lo haga el Presidente del Gobierno.
Y,
por si lo anterior no fuera suficiente para oponerse al “procés”, los
independentistas engañan a la ciudadanía jugando con conceptos genéricos e
imprecisos como el “derecho a decidir”, inexistente en la legalidad
internacional y en el derecho constitucional, sin precisar qué decidir y cómo
decidirlo, lo que, mezclado con conceptos resbaladizos y ambivalentes, como
“nación” o “pueblo”, se convierte en una verdadera bomba antidemocrática en
manos de los totalitarismos. En efecto, al igual que ellos hablan de “nación
catalana” o “pueblo catalán” está acuñado y asumido en términos jurídicos e
históricos los conceptos de “nación española” o “pueblo español”, al que
pertenecen, entre otros, el territorio de Cataluña y los catalanes, sobre todo,
porque así lo han ido decidiendo conjuntamente a lo largo de la Historia
compartida, incluido el referéndum que ratificó la vigente Constitución
Española, con amplísimo respaldo de los catalanes, y que define a España como
“nación”, fundamentándose en su “indisoluble unidad” como “patria común e
indivisible de todos los españoles”. Por tanto, no estamos ante un inexistente,
impreciso y genérico “derecho a decidir”, que ya satisficieron los catalanes y
el resto de españoles, sino ante el existente, preciso y concreto “derecho a la
autodeterminación de los pueblos”, que en el derecho internacional queda
restringido a “pueblos y países sujetos a dominación colonial” o a pueblos
sometidos a dominación racista o extranjera que no gocen de libertad ni tengan
derechos ciudadanos, lo que obviamente no es el caso de Cataluña, por lo que
siempre prevalecería el principio de “integridad territorial del estado” al que
pertenece y del que forma parte desde hace siglos.
Así pues, una
hipotética independencia de Cataluña, máxime si se lograra por vía unilateral y
al margen de la ley, estaría condenada directamente a la repulsa generalizada
del orden internacional establecido, pues sería una violación al mismo,
inadmisible para la inmensa mayoría de los Estados que conforman el actual mapa
mundi político. Jugar pues con supuestos derechos a decidir, con nación de
naciones españolas y con cosas por el estilo es sencillamente apostar por el
totalitarismo frente a la democracia.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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