martes, 14 de junio de 2011

INDECENCIA POLÍTICA


            A medida que se van levantando los correspondientes secretos de los diversos sumarios en curso por distintos casos de presunta corrupción, que afectan directamente a demasiados gobernantes populares de distintos niveles en la Comunidad Valenciana, los ciudadanos, que acabamos de concurrir a unas elecciones locales y autonómicas, tenemos la posibilidad de ir conociendo algunos detalles de lo que, globalmente, ya intuíamos, pues la imputación de muchos de ellos sugiere que algo huele muy mal en la gestión gubernamental del PP valenciano. Lo inexplicable es que, sabiendo lo que se les venía encima, hayan tenido la osadía de presentar a muchos de estos imputados en sus candidaturas –con el propio Camps a la cabeza- aunque, incomprensiblemente, hayan conseguido una mayoría absoluta en casi todos los lugares donde lo han hecho. Si porque intuían la victoria, pretendían precisamente borrar los presuntos delitos con el aval de la voluntad popular y seguir ejerciendo un cargo público, nada que objetar desde el punto de vista formal a esto último –el pueblo es soberano-, pero todas las objeciones desde el punto de vista ético -que permite dividir los actos humanos en buenos y malos-, ya que su proceder sería perverso. Si porque se consideraban inocentes, pretendían agotar la presunción de inocencia más allá de la contingencia de unos comicios, que les han sido favorables, nada que objetar en el ámbito individual, pero sí todas las objecciones en el ámbito político si lo que buscan, sabiéndose culpables, es una resolución judicial absolutoria, porque entienden que existe la posibilidad de no poder demostrar en sede judicial la culpabilidad de los delitos que se les imputan, ya que los detalles de la investigación, que vamos conociendo, son en sí mismos una indecencia política descomunal, haciendo indignos a sus protagonistas del desempeño de cualquier cargo público, al margen de que finalmente puedan ser declarados culpables o inocentes.
            Que la justicia no siempre pueda demostrar los presuntos delitos imputados, por más indicios que haya, no siempre supone que no se hayan cometido y, si ello, a nivel privado, exime a los presuntos delincuentes de cualquier responsabilidad penal o civil, no les exime de las responsabilidades políticas cuando, durante la investigación de los hechos, se constata que sus comportamientos no son acordes, ni en las formas ni en el fondo, con la dignidad y la decencia debida al cargo público que los ciudadanos les hemos otorgado. Tal es el caso de muchos de los imputados citados, quienes, al margen de que sean inocentes o declarados inocentes –si son condenados la justicia les pondrá en el lugar que merecen-, han protagonizado actos tan indecentes que, de hecho, les inhabilta para seguir gobernando, aunque, de derecho, puedan seguir haciéndolo. Por dignidad política, por higiene democrática y por lealtad al partido al que pertenecen lo mínimo que deben hacer es dimitir de los cargos que ostentan y pedir perdón a la ciudadanía. Si no lo hacen, quien ha de tomar decisiones es, en este caso, el PP, cesándolos, si se trata de cargos por nombramiento, o exigiéndoles su dimisión –incluso públicamente si no lo acatan-, si se trata de cargos electos… y pedir perdón a la ciudadanía por el gravísimo error de haberlos presentado en sus listas, ya que, de no hacerlo, toda la organización se convierte en cómplice de la indecencia.
            Las conversaciones telefónicas recientemente conocidas acerca del PGOU de Alicante en las que participan Alperi, Castedo y Ortiz, como principales protagonistas, junto a otros miembros de sus entornos admistrativos, familiares y laborales están más acordes con las que podría tener cualquier banda de delincuentes antes de cometer sus fechorías que con las que debieran ser normales entre un alcalde o concejal con sus conciudadanos, por muy relevantes que estos sean. Amiguismo, compadreo, complicidad, trato de favor, información privilegiada a particulares y disposición de funcionarios para trabajar para ellos, reciprocidad de favores, regalos –aunque sean por navidad-, viajes y vacaciones compartidas, junto a otros tantos asuntos de semejante calaña, se constatan en dichas conversaciones, lo que desacredita a sus protagonistas como gestores de lo público y como promotores de la actividad privada. Máxime cuando no se trata de hechos esporádicos sobre algún tema puntual menor, sino, nada más y nada menos, que del PGOU que afecta a los intereses de miles y miles de alicantinos sin que estos tengan acceso al desarrollo de la redacción del mismo hasta abrirse el periodo de alegaciones, mientras los que tienen que velar por la limpieza del proceso lo ponen, en este caso, a disposición del “amigo” Ortiz, modelo de éxito empresarial y, de hecho, alcalde de Alicante en la sombra sin que nadie le haya votado.
            Si a medida que se vaya levantando el secreto del sumario de los demás casos pendientes, los comportamientos de los imputados son similares al de los personajes citados, más nos vale a los ciudadanos, hasta que se conozca la sentencia judicial de cada caso, dejar de creer en su presunción de inocencia y sustituirla por la presunción de indecencia que va más allà de la sentencia judicial que proceda.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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