NO, SEÑORA CHACÓN; NO, SEÑOR MAS

Los graves incidentes en Cataluña durante la celebración de la Diada son muy preocupantes para nuestra salud democrática en el futuro. No me refiero a la quema de la bandera española y la foto del rey, actos protagonizados por minorías descerebradas que se descalifican así mismas con sus comportamientos violentos e intransigentes –antidemocráticos y totalitarios, en definitiva- frente a la inmensa mayoría de españoles, catalanes o no. Me refiero a la deriva ultramontana que algunos cargos institucionales han protagonizado con declaraciones y actitudes de clara rebeldía ante la legalidad democrática vigente, la que, precisamente, les permitió acceder a tan altas responsabilidades y, obviamente, les obliga no sólo a acatarla sino también a defenderla y obligar a que todos la cumplan, tal como prometieron o juraron en el momento de tomar posesión de sus cargos a los que voluntariamente accedieron amparándose en ella. Especialmente graves son las protagonizadas por la señora Chacón y el señor Mas quienes, por su alta responsabilidad institucional -como Ministra de Defensa y Presidente de la Generalitat, respectivamente- no deben, ni pueden, permitirse la frivolidad de apelar, al menos públicamente, a la insumisión frente a la legalidad, máxime cuando, tanto el PSOE como CiU, partidos a los que pertenecen, fueron y son instrumentos clave como copartícipes de la elaboración de nuestra Constitución y del posterior desarrollo institucional y legislativo que de ella se deriva.

Salvo que el señor Mas considere que las reglas del juego constitucional y la legalidad derivada de las mismas sólo debe cumplirse cuando a uno le interesa –lo que le situaría en la esfera del totalitarismo-, es inaceptable que declare públicamente no reconocer a la Constitución como punto de encuentro por el simple hecho de haber sido reformada según los requisitos que precisamente se establecieron en ella para hacerlo. Salvo que la señora Chacón, coincidiendo con el señor Mas, no crea en la división de poderes que establece la Constitución –lo que la situaría en la esfera del absolutismo- es intolerable que, ante una sentencia del TSJC, desfavorable al modelo educativo de inmersión lingüistica que relega al castellano –constitucionalmente oficial junto al catalán- como lengua vehicular en la enseñanza, se adhiera al desacato judicial, proclamado por el gobierno catalán, con el argumento de que los tribunales no pueden interferir en lo que los parlamentos decidan. Olvidan ambos que básicamente en un Estado de Derecho, como es el español, la función esencial del poder legislativo es promulgar y revocar las leyes; las del judicial, interpretarlas y hacerlas respetar o invalidarlas; y, las del ejecutivo, hacer cumplir las que estén vigentes. Olvidan ambos que, como miembros del ejecutivo que son, hacen grave dejación de las funciones que voluntariamente han asumido poniendo en grave peligro la paz social y la estabilidad democrática e institucional cuando están obligados precisamente a hacer todo lo contrario. Ningún estado democrático homologable con el nuestro –desde los más centralistas, como puede ser Francia, hasta los más descentralizados, como puede ser Alemania o EEUU- toleraría a sus gobernantes semejantes irresponsabilidades; por ello seguramente ninguno de ellos incurre en las mismas aunque muchas de las decisiones que democráticamente se tomen no sean de su agrado. Saben perfectamente que hay líneas rojas que jamás puede saltarse un gobernante, pues, de hacerlo, estaría resquebrajando el sistema de convivencia que ellos mismos se han dado como garantía, entre otras cosas, de su propia autoridad institucional. Por eso es obligado que, como demócratas, exijamos un no rotundo a tan impresentables comportamientos.

 Tanto la señora Chacón, como el señor Mas, pueden hacer del victimismo su bandera política y permitirse el lujo de interpretar la historia en dos etapas, poniendo el año 1714 como el antes y el después de todos los males de Cataluña, como si los catalanes no hubieran tenido nada que ver en el devenir histórico de la España actual en todos los acontecimientos anteriores y posteriores a dicha fecha. Pueden hacer bandera política de la cultura y de la lengua si consideran que con ello rebañan votos a otras opciones más radicales o claramente independentistas. Lo que no pueden hacer desde sus cargos gubernamentales, salvo que tengan aspiración de marginalidad antidemocrática, es engañar a los catalanes con el falso sueño de una Cataluña independiente –viable o no-, que, en todo caso, tiene difícil encaje, por la vía pacífica, en nuestro marco legal –requiriendo el voto mayoritario de todos los españoles y no sólo de los catalanes- y en el de la UE –requiriendo la unanimidad de todos sus estados miembros para integrarse en ella-, por lo que, en caso de conseguirlo por cualquier otra vía, el resultado final sería una Cataluña aislada cuyos habitantes quedarían como las principales víctimas. La otra vía, obviamente, sería la de la violencia que, probablemente, aportaría a nuestra historia una nueva fecha negra y dejaría sin discurso político a quienes hacen del nacionalismo trasnochado su programa de gobierno, salvo que, dando un paso más, se decidieran a reivindicar los territorios catalanes al norte de los Pirineos. Está claro que si no lo hacen es porque saben perfectamente con quien se pueden jugar los cuartos. Francia es Francia y España, como dicen ellos, es otra cosa.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena