jueves, 1 de septiembre de 2011

PERMISIVIDAD O CONTUNDENCIA POLICIAL


            Es obvio que en un Estado de Derecho las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen toda la legitimidad para intervenir dentro de la legalidad contra aquellos que, por una u otra razón, actúan al margen de la misma o alteran el orden público. Es uno de sus cometidos. Para eso están y para ello se les paga del erario público, es decir, de nuestros impuestos, como al resto de funcionarios para el desempeño de sus funciones. Prestan un servicio al pueblo, a toda la ciudadanía, lo que las diferencia de las existentes en países antidemocráticos donde actúan al servicio del dictador de turno y, por tanto, contra sus respectivos pueblos. Por el bien común, de entrada, es necesario pues que cuenten con nuestra colaboración, individual y colectiva, en todas sus actuaciones para corregir las perversiones de la legalidad que democráticamente nos hemos dado. Pero en los últimos tiempos se están produciendo demasiados espectáculos deplorables en los que, de forma irresponsable, algunos pretenden empañar las actuaciones policiales tachándolas de inadecuadas, lo que provoca un malestar generalizado en las mismas que, en definitiva, perjudica a nuestra convivencia pacífica. ¿Dónde está el límite para juzgar una actuación policial como permisiva, correcta o contundente? La respuesta sería la clave para valorar de forma objetiva en cada intervención policial los defectos o excesos que se hayan podido cometer. Sin embargo, permisividad y contundencia son conceptos subjetivos, siempre discutibles, por lo que, para acercarnos a una cierta objetividad, sólo nos queda recurrir a las imágenes globales del acto en el que han intervenido –sobre todo si se trata de manifestaciones o concentraciones susceptibles de alteración del orden público- para conocer el comportamiento de unos y otros, no sólo el de la policía, y evaluar quienes han actuado de forma incorrecta.
            En los últimos meses algunas de estas imágenes hablan por sí solas. ¿Procede que un grupo de gente impida la identificación de una persona, que se niega a ser identificada e intenta huir, y encima acusen al policía de xenófobo porque el sujeto no es de raza blanca? ¿Procede que, ante la pertinente dotación policial y el oficial judicial, se impida por la fuerza una orden de desahucio? ¿Procede que la policía enviada a una manifestación sea desobedecida, insultada, escupida y vejada por manifestantes que, campando a sus anchas, intentan asaltar edificios públicos, impedir el trabajo de cargos gubernativos o buscar enfrentamientos con otros manifestantes de signo contrario? Es obvio que, en estos y otros muchos casos, los policías están cumpliendo con su obligación -para ello se les envía a dichos lugares- y quienes están de momento actuando de forma incorrecta y al margen de la legalidad no son precisamente ellos, aunque, ante tal provocación e impotencia, pueda producirse alguna extralimitación por parte de algún agente. Por lamentable que sea la situación de un inmigrante “sin papeles” o una orden de desahucio, por loables que sean las reivindicaciones de cualquier grupo, no procede arremeter contra los agentes policiales que simplemente están cumpliendo con su difícil trabajo y ejerciendo la autoridad que nuestra legislación les otorga. Más bien cabe arremeter contra los legisladores y gobernantes, únicos responsables del malestar de muchos ciudadanos y de la precaria situación en que viven muchos otros. Los policías, en definitiva, simplemente cumplen sus órdenes –las del Ministerio de Interior- que, en muchas ocasiones, son difíciles de cumplir, especialmente cuando les obligan a soportar ciertas dosis de permisividad frente a actuaciones o situaciones de ilegalidad y desobediencia civil que, “in crescendo”, desembocan finalmente en la necesidad de usar la contundencia para prevenir males mayores. Si la legalidad y el orden público fuera la vara de medir en todos los casos, se entendería cierta contundencia para restablecerlos frente a quienes la incumplen o se niegan a acatar las indicaciones de los responsables de hacerlo, los policías, ya que la permisividad por parte de ellos, la dejación de autoridad, conduciría al caos.
            Afortunadamente los tiempos de Fraga y su famosa frase “la calle es mía” han pasado, aunque algunos se empeñen ahora en aplicársela a ellos mismos sin entender que la calle tampoco es suya, sino de todos. Si entonces la policía actuaba para imponer el silencio del pueblo desde la ilegitimidad, ahora, desde la legitimidad, lo hace para garantizar, desde la legalidad, la libertad de expresión; pero de todos y no sólo de unos pocos. Al Ministerio de Interior corresponde la responsabilidad de cómo hacerlo. ¡Claro que es esencial para nuestra democracia, tal como afirma el ministro Camacho, que todos puedan expresar al mismo tiempo sus ideas aunque sean contrapuestas! Pero cabe preguntarle si todos han de hacerlo también en el mismo lugar, máxime si, como él dice, los últimos disturbios en Sol los ocasionaron “radicales con actitudes violentas”. Precisamente, para evitar los previsibles disturbios envió allí a los antidisturbios, seguramente pensando que con ciertas dosis de oratoria les harían deponer sus violentas actitudes. Lo que no le quedó claro seguramente es cómo tenían que actuar en caso de no conseguirlo. ¿Lo tiene claro ahora? Eso es lo que realmente importa.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

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