sábado, 31 de diciembre de 2011

TRISTE REALIDAD


            Pasados los primeros momentos de felicitaciones, elogios y parabienes al nuevo gobierno de Rajoy, llega la hora de la verdad. Una cruda verdad, descarnada y cruel, consecuencia de la triste realidad por la que atraviesa España, gracias a una herencia paupérrima no sólo en el ámbito económico, sino también en el ámbito social, político e institucional. Una triste realidad que, frustración tras frustración, ha ido impregnando a una ciudadanía que, engañada y resignada, considera el paro como el primer problema (81%) y piensa que aún seguirá creciendo (57%), que los impuestos no se distribuyen de forma justa (85%) y son excesivos (58%), que hay mucho fraude (91%) y que la gestión económica es mala o muy mala (72%), así como la de empleo (67%), vivienda (62%) e inmigración (57%). En definitiva, un alto grado de pesimismo (71%) sobre la economía nacional que suponen empeorará en el futuro inmediato. Por si cupiera alguna duda a la esperanza, el flamante ministro Luis de Guindos, corroborando el pesimismo ciudadano, vaticina una probable recesión económica si en el primer trimestre del 2012 la economía decrece como en este último trimestre, en que, una vez más, las previsiones del gobierno de ZP han sido imprevisiones, evidenciando que lo malo aún puede ser peor. En este dramático contexto, si en 2011 se logra ajustar el deficit público al 6% del PIB, el compromiso ineludible con la UE de rebajarlo al 4´4% en 2012 supone, en roman paladino, un recorte de gasto de 16.500 millones de euros, aunque lo más probable es que dicho desfase se eleve este año hasta alrededor de un 8% -a causa de las CCAA y la SS- con lo que la cifra puede llegar hasta unos 40.000 millones.   
            Los españoles, cansados de oir permanentes cantos de sirena, han apostado por un nuevo gobierno que, con toda crudeza, exponga con trasparencia esta cruda realidad y actúe sobre ella con contundencia para modificarla, asumiendo “a priori” los ajustes o recortes que sean necesarios, siempre que no afecten a los servicios básicos que avalan la supervivencia de nuestro maltratado estado del bienestar. Pero este aval ciudadano a Rajoy puede tornarse pronto en una nueva frustración irreversible que puede llevar al PP al borde del abismo, como le ha sucedido al PSOE, poniendo en grave riesgo la estabilidad gubernamental y la convivencia pacífica en un futuro próximo. Si ZP achacaba todos los males a la crisis ocultando la incompetencia de su gobierno para afrontar los tiempos difíciles –aunque sus colaboradores hagan ahora autocrítica-, es inadmisible que Rajoy haga lo propio con la herencia recibida por muy deplorable que ésta sea. La mayoría absoluta otorgada para gobernar, tanto a nivel nacional como en la mayoría de las CCAA y entidades locales, supone un plus de responsabilidad para que, sin excusa alguna, afronte la difícil situación con valentía política, procurando que los costes de la crisis recaigan principalmente en quienes menos la sufren, sin menoscabo de que cada uno asuma la parte alicuota que le pueda corresponder. Hacer lo contrario sería un abuso de poder intolerable. Una majadería imperdonable.
Es un mal síntoma si, como al parecer, los recortes, para ahorrar unos 1.100 millones, se inician congelando en 2012 los salarios de los funcionarios –muchos de ellos mileuristas-, a los que ZP ya se los recortó en 2010 y se los congeló en 2011. Cuando el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda estima que la evasión fiscal de grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones en 2010, es un sarcasmo que los recortes comiencen machacando a los funcionarios, ya que simplemente reduciendo a la mitad dicho fraude se superaría con creces la cantidad inicialmente prevista para conseguir el objetivo de ajustar el deficit al 4´4 % y acabando con dicho fraude incluso se superaria la peor de las previsiones. Por ello, estando de acuerdo con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en que “no es justo hacer cargar sobre los más débiles los efectos de la crisis” y reconociendo que los funcionarios no están en dicho colectivo, queda claro que de sus declaraciones no se puede deducir que lo justo para ella sea cargar los efectos sobre los más fuertes. Es más, si además se congela el salario mínimo interprofesional, se puede concluir que la vicepresidenta sólo considera exentos de la carga a los que nada tienen, es decir, los parados y los indigentes, a los que obviamente nada se les puede pedir.
Cuando lo realmente urgente es hacer una serie de reformas estructurales para poner orden definitivamente en los verdaderos abusos económicos y administrativos (corrupción, fraude, duplicidad de gestión, contratación pública, subvenciones sin control e innecesarias, asesores y empleos públicos a dedo, empresas públicas y organismos autónomos,  publicidad institucional y televisiones públicas, inversiones improductivas, trasparencia y control del gasto, sueldos desorbitados, control de CCAA y Ayuntamientos, etc. etc.) que, en conjunto, dilapidan anualmente miles y miles de millones de euros, que pagamos entre todos, sin que sus responsables asuman responsabilidad alguna de tipo civil o penal, es incomprensible que un gobierno, que dice saber como sacarnos del atasco, inicie el camino poniendo los bueyes detrás del carro. Optar por lo más fácil para obtener lo mínimo frente a lo más difícil para obtener lo máximo es la peor de las soluciones en tiempos tan complicados. Habrá que estar atentos para ver quien paga los 15.400 millones que faltan o los 38.900, que es lo más probable. El gobierno, si se confirman los rumores, ya ha decidido quien paga los primeros 1.100 millones: sus propios trabajadores.
Fdo. Jorge Cremades Sena

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