viernes, 4 de mayo de 2012

DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO


            Desde hace demasiado tiempo nuestros gobernantes, sean del signo político que sean, vienen haciendo de la popular frase “donde dije digo, digo Diego” su modelo de gobierno, que, planteado así, abre todas las posibilidades al cinismo, a la incoherencia y a la mentira como principios básicos de actuación. Se ha consolidado tanto esta forma de gobernar que, a medida que pasa el tiempo, nuestros gobernantes bien podrían sustituir el “dije”, que señala un pasado lejano, por “he dicho”, que indica una mayor proximidad en el tiempo, o, incluso, por “acabo de decir”, que implica inmediatez, pues cada vez les importa menos hacer lo contrario de lo que “dijeron” en su campaña electoral, de lo que “han dicho” en su investidura o en una sesión parlamentaria, o de lo que “acaban de decir” en una rueda de prensa. Una perniciosa conducta gubernamental que, “de facto” aunque no “de iure”, prostituye la democracia al no respetar los compromisos electorales con los ciudadanos que legitimaron su autoridad para que los cumplieran –y no para hacer lo opuesto- concediéndoles una mayoría parlamentaria, incluso, a veces, absoluta. ¿Acaso legitimaron a Zapatero para congelar las pensiones y bajar el sueldo a los funcionarios si prometió por activa y pasiva que jamás haría estos recortes? ¿Acaso está legitimado Rajoy para recortar en sanidad y educación si ha prometido electoralmente y ha reiterado en la investidura que eran las únicas partidas intocables en los presupuestos? A mi juicio, no. Tales actuaciones, practicadas sin rubor y de forma descarada por ambos gobernantes, producen una generalizada frustración ciudadana y un creciente desapego a la democracia. A este modo de entender la democracia con absoluta impunidad gubernamental tras la investidura.
            Para evitar estas conductas y otras peores es necesario revisar el concepto de legitimidad democrática para gobernar que, adquirida tras las elecciones, debiera ser cuestionada cuando la gestión suponga un fraude al compromiso programático con la ciudadanía. ¿De qué vale que un gobierno sea sustituido por otro cada cuatro años si se conduce durante los cuatro siguientes con la misma incoherencia que el anterior? De nada, a la vista está. Se corregiría introduciendo mecanismos pacíficos y eficaces de control ciudadano sobre la gestión gubernamental (por ejemplo, iniciativas populares de convocar referendums) para expresar de forma fehaciente el rechazo o no a la misma cuando ésta sea claramente errada, abusiva o contraria al compromiso programático adquirido con los votantes, obligando al gobierno, en caso de rechazo, a rectificar su gestión o convocar elecciones anticipadas. Sería más eficiente políticamente y menos gravoso socialmente que manifestar el rechazo durante cuatro años mediante huelgas y manifestaciones que sólo reflejan el malestar de forma difusa sin efectos inmediatos, ya que el veredicto ciudadano, claramente cuantificable, acabaría con la comodidad de la clase política que, obviamente, prefiere obtener un cheque en blanco para dicho periodo, amparándose en la legitimidad original de las urnas sin ningún control ciudadano entretanto. Reducir la democracia al derecho popular al voto cada equis años es una invitación al abuso gubernamental en toda regla y, en caso de practicarse –como viene siendo habitual-, se debería ilegitimar tal abuso de poder, pues la legitimidad es para gobernar pero no para abusar –en vez de usar- del poder que dicha tarea lleva implícito.
             La mentira se ha instalado de tal forma en el quehacer político que ya hasta se utiliza como argumento para justificar cualquier otra mentira posterior, convirtiendo el proceso electoral en un mero trámite burocrático de legitimización gubernamental para actuar de espaldas a la ciudadanía, condenada durante toda la legislatura a soportar las políticas contrarias a las que en su día apoyaron sin posibilidad alguna de evitarlo. Por ello, ni gobierno ni oposición, tienen reparo alguno en enzarzarse en un debate público sobre quién es más mentiroso o más infiel a su programa electoral, mientras el país está en estado catatónico. Rubalcaba, vicepresidente del gobierno anterior, acusa al actual presidente Rajoy de mentir a los ciudadanos por adoptar medidas contrarias a su programa de gobierno, mientras Rajoy las justifica por las mentiras del gobierno anterior sobre el déficit y acusa a Rubalcaba de que, en todo caso, su gobierno también hizo lo propio. Rubalcaba, sin poder desmentir lo obvio, asume la mentira sobre el déficit pero lo justifica alegando que Rajoy también lo sabía, acusándole por ello de aprovecharse para hacer su política de recortes. Un espectáculo bochornoso en el que ninguno de los dos asume que la mentira, sea por ignorancia o con intencionalidad, debiera incapacitar a cualquier gobernante democrático por incompetente o deshonesto. Ya Maquiavelo en su día aconsejaba a su príncipe de que “un gobernante prudente no debe cumplir lo que promete cuando ello vaya en contra de sus intereses, ni cuando ya no existan las razones que lo llevaron a comprometerse”. Está claro que nuestros gobernantes pecan de prudencia, que sus intereses son seguir gobernando y que las razones del compromiso, las elecciones, ya no existen hasta dentro de cuatro años. Además, según Maquiavelo, “jamás han faltado excusas legítimas a un príncipe que deseara incumplir honorablemente su promesa”. Está claro que la legitimidad de las urnas, legislatura tras legislatura, convierte esta forma de gobernar en la más honorable de las causas. El problema es que ya no estamos en el Renacimiento, aunque algunos no se hayan enterado.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

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