miércoles, 16 de mayo de 2012

IMPERATIVO LEGAL


            El Estado de Derecho –surgido por oposición al Estado Absolutista, en el que el rey está por encima de los demás y puede mandar sin ningún contrapeso de poder- está compuesto, como su nombre indica, por un Estado –forma de organización política- y un Derecho –conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad- que limita precisamente el poder estatal, el cual, a diferencia del anterior, emana del pueblo, quien elige a sus representantes para gobernarlo. En definitiva, y sin mayor disquisición al respecto, el Estado de Derecho deviene en sinónimo de Imperio de la Ley, ya que ésta debe prevalecer sobre cualquier principio gubernativo y todos, absolutamente todos, están sujetos a ella, especialmente el gobierno, sus funcionarios y demás cargos institucionales. Es mal asunto pues que algunos de éstos manifiesten que actúan por “imperativo legal”, que es una obviedad innecesaria, y, por tanto, lo que realmente significa es una actitud antidemocrática en toda regla. Es lo que viene sucediendo en España desde que, al final de los ochenta, los candidatos electos de Herri Batasuna se inventaron dicha fórmula para justificar el requisito de promesa o juramento de acatamiento a la Constitución –de la que renegaban- con el único objetivo de obtener la condición de diputado, y, ante la negativa del presidente del Congreso Félix Pons, obtuvieron del Tribunal Constitucional un fallo favorable. Se daba vía libre para convertir el contrato democrático de adhesión constitucional –incluso para quienes, como parlamentarios, pretendan modificarla con los requisitos establecidos al respecto- en un trámite expreso de desacuerdo constitucional con apariencia de acuerdo, válido para obtener una legitimidad institucional que, según ellos, conseguida desde la imposición y no desde la convicción, justifique sus posteriores actitudes antidemocráticas.
            Convertido el acatamiento a la Constitución en una farsa, se han ido sumando a ella una serie de formaciones políticas (Esquerra Republicana, Eusko Alkartasuna, PNV, Nafarroa Bai, BNG, IU, Amaiur, Geroa Bai, ICV-EUiA…) al extremo de convertir la última sesión constitutiva del Congreso en un espectáculo variopinto de propaganda política, una especie de prolongación de la campaña electoral, ya finalizada, añadiendo al “imperativo legal” las coletillas más llamativas del proyecto político de cada uno. Y es que, como manifiesta el republicano Joan Tardá, “Se ha perdido el miedo a decir las verdades. Basta de falsedades e hipocresías”. Eso, una manifiesta hipocresía política, pues el acatamiento constitucional ni pretende callar a nadie, ni impedir ningún proyecto político, sino garantizar que para conseguirlo se ha de actuar en todo momento dentro del marco legal constituido. Ese es el compromiso del acatamiento, sin fisuras ni matices, que se debe exigir a quienes, libremente, deciden participar en las instituciones del Estado de Derecho. La falsedad y la hipocresía es aprovechar el marco de libertades democráticas para, desde sus instituciones, intentar destruirlo. Por ello no se entiende bien que Durán i Lleida considere tan pintoresco acatamiento como un reflejo normal del pluralismo político, ni que Rubalcaba lo vea como una simple llamada de atención para los medios de comunicación, ni que el propio presidente del Congreso, el señor Posada, deje pasar las coletillas al considerar que lo básico, es decir, el acatamiento, se ha cumplido. Interpretaciones benévolas que se contradicen con las actuaciones concretas protagonizadas después en otras instituciones, incluidas las de función ejecutiva que obligan no sólo a cumplir la legalidad sino también a hacerla cumplir a los demás. Basta recordar, a título de inventario, las que protagonizaron el gobierno tripartito en Cataluña, el gobierno vasco de Ibarretxe, el gobierno balear de coalición PSOE-Bloc-Unió Mallorquina…, amén de la de tantos y tantos gobiernos locales vascos y catalanes, que, asumiendo competencias que no tienen, desacatan la normativa vigente con actitudes y actuaciones claramente antidemocráticas.
Este desafío intolerable al Estado de Derecho, que por higiene democrática debiera ser erradicado de forma contundente, hace cada vez más difícil la gobernabilidad de los españoles en sus diferentes territorios. Andalucía es el último caso. Mientras Griñán anuncia un gobierno alegre PSOE-IU, que cumplirá las leyes, su flamante socio y vicepresidente, Valderas, apela al “imperativo legal” para acatar la política de recortes aunque no en su totalidad ni en la aplicación a todos los andaluces, ya que, al parecer, de los efectos de la reforma laboral han de quedar exentos los empleados públicos de la Junta de Andalucía, especialmente los de las empresas y entes públicos pendientes de consolidar su puesto de trabajo. Es decir, de aquellos que, a dedo, han entrado en la administración autónoma por la puerta falsa. Entretanto, el camarada de Valderas, Sánchez Gordillo, que no ha apoyado la investidura de Griñán por el asunto de los EREs -tan esgrimido en campaña electoral por IU-, ocupa una finca que la Junta había expropiado con anterioridad. Lo que nadie aclara es si, aunque sea por “imperativo legal”, se van a esforzar en cumplir el objetivo del déficit, que en Andalucía supone unos recortes de gasto de casi 3.000 millones de euros, en una situación de paro que supera el 30%, la tasa más alta de toda Europa. El gobierno alegre de Griñán, lamentablemente, sólo puede generar tristeza.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

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