viernes, 17 de agosto de 2012

ATENTADOS CONTRA LA DEMOCRACIA


            No es la primera vez, ni, desgraciadamente, será la última, que manifiesto públicamente que nuestro Estado de Derecho está más que anémico y abocado a un desenlace muy peligroso. El saqueo de un supermercado andaluz, dirigido por Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y diputado de la Junta de Andalucía, es el último episodio de una serie de hechos ilegales que, protagonizados por cargos públicos con el respaldo de formaciones políticas o sindicales legales, quedan impunes. Si hasta ahora la mayor parte de estos hechos se circunscribían al ámbito del nacionalismo radical y atentaban sólo contra la integridad territorial de España, la crisis económica ha abierto nuevos horizontes a la ilegalidad, cometida por cargos públicos e instituciones, que atentan directamente, como es el caso, contra el conjunto de nuestro sistema político, social y económico. Es decir, contra el sistema democrático que, homologado con el del resto de países de nuestro entorno, garantiza una convivencia en paz y libertad bajo el imperio de la ley democráticamente legitimada. Cualquier mejora del mismo o regeneración para corregir sus carencias, que las tiene, sólo son legítimas si se plantean desde el más escrupuloso respeto a la legalidad vigente. Lo contrario sólo conduce al caos.
            Pero, siendo grave e intolerable el espectáculo protagonizado por Gordillo y sus iluminados seguidores, sus posteriores declaraciones, el apoyo prestado por IU, formación a la que pertenece, así como la comprensión y justificación que algunos tertulianos televisivos, generadores de opinión, están prestando a tan ilegal comportamiento, son aberrantes e inadmisibles. Una vez más las ilegalidades de tan pintoresco alcalde, experto en la ocupación de fincas y ahora aficionado a saquear supermercados, emborrona sus aciertos políticos como gestor municipal, que también los tiene. Una vez más queda patente que la impunidad ante actos antidemocráticos es el peor cáncer con metástasis que corroe hasta la muerte las estructuras de un sistema de convivencia pacífica y libre. Si, tanto el alcalde Gordillo, como su sindicato, como IU, forman parte consustancial del sistema político que los españoles nos hemos dado, recogido en nuestra Constitución, no sólo deben someterse a las reglas de juego establecidas, incluso para modificarlo, sino, además, han de ser ejemplares en el cumplimiento de la legalidad vigente, respetando los derechos de las personas, entre ellos el de la propiedad privada. Si, como cargos o instituciones públicas, gozan de aforamiento, legitimidad representativa, sueldos sustanciosos, subvenciones que pagamos todos los españoles y otra serie de privilegios y derechos inherentes a sus cargos, lo mínimo exigible es que, aunque sólo sea por coherencia, respeten los deberes que el sistema les exige, al menos, con la misma intensidad que lo hacemos la inmensa mayoría para no convertirnos en delincuentes. Lo contrario sería como poner zorras en un corral cuidando de las gallinas.
            Los hechos protagonizados por Gordillo en el supermercado y, especialmente, los apoyos de algunos dirigentes de IU, en vez de tomar serias medidas contra los comportamientos de tan insigne militante, suponen un atentado en toda regla contra el Estado de Derecho. Cayo Lara, Valderas, Llamazares y otros tantos responsables de IU, que llevan siglos viviendo de la política en tan nefasto sistema democrático y, como corresponde, disfrutando de los sueldos y privilegios pertinentes, debieran saber que saquear propiedades públicas o privadas es un delito tipificado en el Código Penal y que no condenarlo o minimizarlo es, al menos, un pésimo ejemplo para el ciudadano al que representan. Así lo ha decidido el legislativo con la valiosa participación que las urnas han dado a la formación política a la que ellos pertenecen, siendo corresponsables del mismo en la parte alícuota que los ciudadanos les han asignado. Debieran saber que en democracia el partido que gana las elecciones y conforma una mayoría parlamentaria es quien forma el gobierno legítimo y que, aunque algunos no apoyemos su proyecto, hemos de rechazar a quienes lo tilden de franquista o lo simbolicen con esvásticas, pues quienes así se comportan suelen estar más próximos a regímenes dictatoriales antidemocráticos que los así calificados; que, porque haya cierta tolerancia hacia robos de guante blanco, estafas, corrupción política u otras figuras delictivas, la solución no puede ser responder con conductas similares o buscar justificación a las mismas, ya que incitan a los demás a cometerlas, sino perseguirlas política y judicialmente, comenzando por no cogobernar con partidos que no las erradican de sus propias filas o son permisivos cuando los suyos las practican. ¿Se han preguntado estos personajes por qué en las urnas obtienen tan escasos apoyos? ¿Acaso consideran que el pueblo se equivoca al elegir a sus gobernantes? No importa, acaba de aparecer una noticia que puede interesarles. Un grupo de jóvenes, incluido algún menor, han asaltado otro “super” y lo justifican refiriéndose a lo actuado por Gordillo. Está claro que su forma de hacer política está dando sus frutos, aunque la mayoría no lo entienda.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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