viernes, 10 de agosto de 2012

JUGANDO CON FUEGO


            El devastador incendio de la crisis económica está convirtiendo en cenizas no sólo nuestro estado del bienestar –ya convertido en malestar para millones de españoles- sino también nuestro sistema democrático. Entretanto, los dirigentes de las distintas instituciones del Estado, ebrios de sus propios egoísmos, son incapaces de esforzarse en coger la manguera y, jugando con fuego, prefieren quemarse entre los escombros del edificio que les alberga. Cuando más se necesita un amplio consenso por el que tirios y troyanos, dejando sus intereses particulares, unifiquen sus esfuerzos para reforzar los cimientos del ruinoso edificio, unos y otros se empecinan en atrincherarse en sus respectivas habitaciones como si la extinción del fuego nada tuviese que ver con ninguno de ellos. Se está jugando con fuego desde hace demasiado tiempo y ahora, reavivado por los vientos de la crisis, se pone en evidencia el dicho popular de que quien juega con fuego al final acaba quemándose.
            Se está jugando con fuego por hacer recaer los mayores sacrificios de la crisis en los trabajadores, autónomos y funcionarios –productores de bienes y servicios- manteniendo intactas las viciadas estructuras institucionales y el decadente modelo productivo que la ha provocado; por prostituir los procesos electorales dando un giro copernicano a los proyectos mayoritariamente votados; por gobernar enérgicamente sólo para los más débiles y negligentemente para los más poderosos; por buscar la alternancia política sólo para, como actor o acusador, tirarse los trastos a la cabeza por idénticos comportamientos viciados en vez de buscar un acuerdo para erradicarlos definitivamente; por desacatar los preceptos constitucionales desde las instituciones mientras las de instancia jerárquicamente superior hacen dejación de sus funciones permitiéndolo; por actuar la administración como coladero laboral de clientelismos políticos o familiares del gobernante de turno al margen de los preceptivos requisitos de mérito y capacidad; por eternizar un entramado institucional mastodóntico que se ha convertido en una losa burocrática insostenible en vez de un motor para resolver los problemas de los ciudadanos. En definitiva, se está jugando con fuego cuando gobernar en democracia supone un progresivo empeoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos y una sustancial mejoría de la de unos pocos, provocando una mayor distancia entre pobreza y riqueza en vez de reducirla. Es, entre otras muchas cuestiones lamentables, lo que está sucediendo en nuestro país desde hace demasiado tiempo.
            Así las cosas, no sorprende que, tras el paro y los problemas económicos, la clase política sea la tercera preocupación de los españoles, desatando en la opinión pública un rechazo progresivo hacia los políticos y, por ende, hacia las propias instituciones donde trabajan, que se perciben como entes creados para satisfacer sus egoístas intereses y no para servir a la ciudadanía. Así las cosas, lo que sorprende es que, abierto el debate, los dirigentes políticos, al margen de sus colores, no entiendan que conjuntamente han de acometer un proceso regeneracionista, para evitar que proliferen los “salvapatrias” de turno, quienes, aprovechando la situación, actúan como verdaderos pirómanos, pretendiendo convertir en cenizas los cimientos de nuestro sistema de convivencia. Para evitarlo, no basta con proclamar que no todos los políticos son iguales y que, en un estado democrático, son imprescindibles; los demócratas bien lo sabemos. Hay que añadir mecanismos eficaces para expulsar “ipso facto” del sistema a quienes, siendo más iguales que otros, no sólo son prescindibles sino nefastos, pues “haberlos haylos” y demasiados. Hay que ajustar la estructura territorial del Estado a las necesidades reales de la ciudadanía, obligando a sus instituciones a un cumplimiento estricto de la legalidad vigente y a una estricta actuación en el ámbito de competencias que cada una tenga encomendado.
            El último espectáculo protagonizado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer. El gobierno español, ante la rebelde actitud de algunas CCAA a cumplir su proyecto de calendario de lucha contra el déficit, que, adecuado o no, es de su competencia y de su responsabilidad, recuerda que el art. 155 de la Constitución le permite tomar medidas para obligarlas a cumplirlo; la oposición le acusa de dar un “golpe constitucional” tratando de intervenir a las CCAA. Clamoroso error de ambos. El gobierno no tiene que recordar el citado artículo, lo que debe hacer es, si llega el caso, aplicarlo; la oposición, si no está de acuerdo, criticar la medida y aportar otra mejor, pero jamás tildar al gobierno de golpismo porque aplique un precepto constitucional. Los errores gubernamentales son fácilmente subsanables en las urnas, pero los errores democráticos tienen muy difícil solución. Se está jugando con fuego si en un Estado de Derecho los gobernantes amenazan con aplicar el imperio de la ley pero no lo aplican o lo hacen de forma arbitraria; más aún si son tachados de golpistas por aplicarlo.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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