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GANAS DE VOMITAR
En
estos días se están vertiendo ríos de tinta y torrentes de palabras en los
medios de comunicación escritos y en programas televisivos o radiofónicos
acerca de la presunta corrupción vinculada a CiU y a algunos de sus más
conocidos dirigentes. Nada nuevo bajo el Sol. Es cuestión de días. Son tantos y
tantos los casos de corrupción, conocidos y por conocer, que vienen dándose a
lo largo y ancho del territorio español y que afectan prácticamente a políticos
de todos los colores, que uno más, el enésimo de la lista, sólo es un nuevo
aval más para el merecido calificativo de mediocre que, según la organización
Transparencia Internacional, tiene España en el índice de percepción de la
corrupción y que viene empeorando progresivamente año tras año. Pero la
coincidencia del salto a los medios de la presunta corrupción de CiU con la
toma de posesión de Artur Mas como presidente de la Generalitat de Cataluña ha
conferido a este caso una dimensión insospechada, susceptible de todo tipo de
especulaciones, cuando realmente es similar a los anteriores, en el fondo y en
las formas, salvo el añadido demagógico del nacionalismo como método para
desviar la atención ante la opinión pública y eludir así las responsabilidades
personales e institucionales. Si en otros casos los implicados y sus defensores
mediáticos recurren a supuestos complots de contrincantes políticos, a mentiras
periodísticas en medios no afines y a otras artimañas similares para disfrazar
sus indecentes actuaciones, en el presente caso la diferencia sustancial es
identificar las acusaciones con un ataque a Cataluña y no a sus dirigentes que,
presuntamente, la están saqueando.
Si
este ambiente putrefacto de corrupción política causa náuseas a la ciudadanía,
las formas de tratarlo públicamente, provoca verdaderas ganas de vomitar. Desde
el momento en que un nuevo caso de presunta corrupción política se publica en
un medio de comunicación se desencadena una ceremonia pública de confusión que,
a la postre, consigue erosionar lo menos posible a los presuntos corruptos, al
extremo de que produce un mínimo coste electoral a sus partidos. La ceremonia,
bastante similar en todos los casos, suele comenzar con la condena al medio que
publica la información y al oportunismo político que lo motiva; continúa con el
desmentido de lo publicado, la declaración pública de inocencia y el anuncio de
una querella al medio denunciante; y, finaliza, con la publicación por entregas
de una serie de datos más concretos sobre el caso, mientras una serie de
tertulianos se posicionan a favor o en contra del mismo. Lo que debiera ser un
clamor unánime de repulsa con tolerancia cero, se convierte en un debate político
y mediático con los mismos protagonistas que, según el guión, cambian su papel
de buenos o malos con idénticos argumentos exculpatorios o condenatorios. Al
final, agotado el interés mediático, la vía judicial sigue su curso. De nuevo
el silencio. La asqueada ciudadanía quedará en la duda de si se puso o no la
querella, si lo publicado es veraz o no, si se investigan todos los indicios
publicados, si se persiguen las negligencias y complicidades anunciadas, en
definitiva, si todas y cada una de las graves acusaciones públicas que tanto la
escandalizaron serán esclarecidas con rigor. Pero comprobará que, condenados o
no, los acusados conservan y siguen disfrutando de sus fabulosas fortunas, esas
que, presuntamente, jamás hubiesen obtenido sin su paso por la actividad
política o sin sus oscuros vínculos con ella. Es así de asqueroso.
En la presunta corrupción de CiU, con un rosario de casos (Banca Catalana,
Millet, Pretoria, Adigsa, Eurobank, ITV, Palau de la Música…), varios
condenados de por medio, incluso algunos indultados posteriormente, y la sede
de CDC presentada como aval por más de tres millones de euros, lo irrelevante,
como en el resto de casos, es qué periódico lo publica, por qué lo hace y qué
pretende. Matar al mensajero es un truco muy viejo. Tampoco importa por qué
otros medios lo silencian y algunos incluso atacan al que lo publica. ¡Allá
cada cual con su estrategia! Menos aún, si las fuentes son fiables o no y si
los informes policiales están autorizados o no. Que cada cual responda de sus
responsabilidades si así se les exige. Lo relevante, lo esencial, es si los
hechos denunciados son ciertos o no, si, una vez publicados, la fiscalía actúa
en consecuencia, si los jueces hacen lo propio para esclarecerlos y si, al
final, en caso de ser ciertos, los acusados son condenados de forma rigurosa y
no benévola. Es la única forma de despejar la sospecha de que las fabulosas
fortunas que disfrutan los hijos de Pujol, incluida la colección de coches de
lujo que exhibe Oriol, las han obtenido de forma fraudulenta y de conocer si
las supuestas cuentas de los Oriol, los Mas y compañía en paraísos fiscales son
legales o no, así como la procedencia de los ingresos. Entretanto, por más que
algunos tertulianos se empeñen en disfrazarlo, el común de los mortales no
entiende que algunos políticos o sus hijos, pertenecientes a familias normales
de clase media, sin un gran patrimonio heredado, se enriquezcan
desorbitadamente al margen de actividades turbias o que tengan cuentas en
paraísos fiscales, incluso si son legales. ¿Y si los hijos de Pujol han nacido
con una inteligencia especial para los negocios? ¿Y si las cuentas en paraísos
fiscales son para evitar el expolio al que España somete a Cataluña? Si en 1984
los convergentes ya percibieron como un ataque desde Madrid el caso Banca
Catalana, su primer gran escándalo judicial, cabe la posibilidad de que todo
este turbio asunto en torno a CiU tenga una explicación lógica, no vaya a ser
que los de Madrid se hayan inventado las fortunas y las cuentas de los Pujol,
los Mas y compañía o, en caso contrario, que lo estén haciendo con honor
patriota para defender a Cataluña del resto de españoles. ¿Y quién defiende a
los catalanes? Otro presidente, Pascual Maragall, desde la misma autoridad que
ahora tiene Artur Mas, se dirigió a las filas convergentes en 2005 en sede
parlamentaria con la frase “Ustedes tienen un problema y se llama tres por ciento”.
Se equivocó, al parecer, era cuatro. Seguramente el error es lo que provocó el
posterior silencio. Lo dicho. Dan ganas de vomitar.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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