miércoles, 9 de enero de 2013

GANAS DE VOMITAR


GANAS DE VOMITAR
                        En estos días se están vertiendo ríos de tinta y torrentes de palabras en los medios de comunicación escritos y en programas televisivos o radiofónicos acerca de la presunta corrupción vinculada a CiU y a algunos de sus más conocidos dirigentes. Nada nuevo bajo el Sol. Es cuestión de días. Son tantos y tantos los casos de corrupción, conocidos y por conocer, que vienen dándose a lo largo y ancho del territorio español y que afectan prácticamente a políticos de todos los colores, que uno más, el enésimo de la lista, sólo es un nuevo aval más para el merecido calificativo de mediocre que, según la organización Transparencia Internacional, tiene España en el índice de percepción de la corrupción y que viene empeorando progresivamente año tras año. Pero la coincidencia del salto a los medios de la presunta corrupción de CiU con la toma de posesión de Artur Mas como presidente de la Generalitat de Cataluña ha conferido a este caso una dimensión insospechada, susceptible de todo tipo de especulaciones, cuando realmente es similar a los anteriores, en el fondo y en las formas, salvo el añadido demagógico del nacionalismo como método para desviar la atención ante la opinión pública y eludir así las responsabilidades personales e institucionales. Si en otros casos los implicados y sus defensores mediáticos recurren a supuestos complots de contrincantes políticos, a mentiras periodísticas en medios no afines y a otras artimañas similares para disfrazar sus indecentes actuaciones, en el presente caso la diferencia sustancial es identificar las acusaciones con un ataque a Cataluña y no a sus dirigentes que, presuntamente, la están saqueando.
            Si este ambiente putrefacto de corrupción política causa náuseas a la ciudadanía, las formas de tratarlo públicamente, provoca verdaderas ganas de vomitar. Desde el momento en que un nuevo caso de presunta corrupción política se publica en un medio de comunicación se desencadena una ceremonia pública de confusión que, a la postre, consigue erosionar lo menos posible a los presuntos corruptos, al extremo de que produce un mínimo coste electoral a sus partidos. La ceremonia, bastante similar en todos los casos, suele comenzar con la condena al medio que publica la información y al oportunismo político que lo motiva; continúa con el desmentido de lo publicado, la declaración pública de inocencia y el anuncio de una querella al medio denunciante; y, finaliza, con la publicación por entregas de una serie de datos más concretos sobre el caso, mientras una serie de tertulianos se posicionan a favor o en contra del mismo. Lo que debiera ser un clamor unánime de repulsa con tolerancia cero, se convierte en un debate político y mediático con los mismos protagonistas que, según el guión, cambian su papel de buenos o malos con idénticos argumentos exculpatorios o condenatorios. Al final, agotado el interés mediático, la vía judicial sigue su curso. De nuevo el silencio. La asqueada ciudadanía quedará en la duda de si se puso o no la querella, si lo publicado es veraz o no, si se investigan todos los indicios publicados, si se persiguen las negligencias y complicidades anunciadas, en definitiva, si todas y cada una de las graves acusaciones públicas que tanto la escandalizaron serán esclarecidas con rigor. Pero comprobará que, condenados o no, los acusados conservan y siguen disfrutando de sus fabulosas fortunas, esas que, presuntamente, jamás hubiesen obtenido sin su paso por la actividad política o sin sus oscuros vínculos con ella. Es así de asqueroso.
En la presunta corrupción de CiU, con un rosario de casos (Banca Catalana, Millet, Pretoria, Adigsa, Eurobank, ITV, Palau de la Música…), varios condenados de por medio, incluso algunos indultados posteriormente, y la sede de CDC presentada como aval por más de tres millones de euros, lo irrelevante, como en el resto de casos, es qué periódico lo publica, por qué lo hace y qué pretende. Matar al mensajero es un truco muy viejo. Tampoco importa por qué otros medios lo silencian y algunos incluso atacan al que lo publica. ¡Allá cada cual con su estrategia! Menos aún, si las fuentes son fiables o no y si los informes policiales están autorizados o no. Que cada cual responda de sus responsabilidades si así se les exige. Lo relevante, lo esencial, es si los hechos denunciados son ciertos o no, si, una vez publicados, la fiscalía actúa en consecuencia, si los jueces hacen lo propio para esclarecerlos y si, al final, en caso de ser ciertos, los acusados son condenados de forma rigurosa y no benévola. Es la única forma de despejar la sospecha de que las fabulosas fortunas que disfrutan los hijos de Pujol, incluida la colección de coches de lujo que exhibe Oriol, las han obtenido de forma fraudulenta y de conocer si las supuestas cuentas de los Oriol, los Mas y compañía en paraísos fiscales son legales o no, así como la procedencia de los ingresos. Entretanto, por más que algunos tertulianos se empeñen en disfrazarlo, el común de los mortales no entiende que algunos políticos o sus hijos, pertenecientes a familias normales de clase media, sin un gran patrimonio heredado, se enriquezcan desorbitadamente al margen de actividades turbias o que tengan cuentas en paraísos fiscales, incluso si son legales. ¿Y si los hijos de Pujol han nacido con una inteligencia especial para los negocios? ¿Y si las cuentas en paraísos fiscales son para evitar el expolio al que España somete a Cataluña? Si en 1984 los convergentes ya percibieron como un ataque desde Madrid el caso Banca Catalana, su primer gran escándalo judicial, cabe la posibilidad de que todo este turbio asunto en torno a CiU tenga una explicación lógica, no vaya a ser que los de Madrid se hayan inventado las fortunas y las cuentas de los Pujol, los Mas y compañía o, en caso contrario, que lo estén haciendo con honor patriota para defender a Cataluña del resto de españoles. ¿Y quién defiende a los catalanes? Otro presidente, Pascual Maragall, desde la misma autoridad que ahora tiene Artur Mas, se dirigió a las filas convergentes en 2005 en sede parlamentaria con la frase “Ustedes tienen un problema y se llama tres por ciento”. Se equivocó, al parecer, era cuatro. Seguramente el error es lo que provocó el posterior silencio. Lo dicho. Dan ganas de vomitar.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

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