martes, 12 de abril de 2011

CUANDO EL RÍO SUENA. . .

            En plena precampaña de elecciones locales y autonómicas los principales partidos políticos, PSOE y PP, como ya es habitual, han activado al máximo los ventiladores de la basura de la corrupción con la intención de crear un hediondo ambiente para ahogar a su oponente y derribarlo del gobierno correspondiente. En cada municipio, en cada comunidad, según gobierne uno u otro, se intercambian los papeles de acusado o acusador, lo que supone, en definitiva, reconocer que gobernar, en nuestro país, supone una patente de corso para delinquir. Sirva, si no, como paradigma lo que sucede en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, al extremo de que, para evitarlo, cualquier ciudadano sensato debiera decidir con su voto desalojar del gobierno al PP valenciano y, cuando toque, hacer lo propio con el PSOE andaluz. El dilema es que, incluso así, no se resolvería el problema de la corrupción ya que, simplemente, se conseguiría un intercambio de papeles en la siguiente legislatura, pues los verdaderos responsables de la situación, las ejecutivas federales del PSOE y del PP, seguirían mirando hacia otro lado sin hacer nada, como hasta ahora, para evitarlo. Con semejante actitud acabar con la corrupción política es una entelequia ya que son precisamente dichas ejecutivas quienes tienen la posibilidad –y la responsabilidad- de hacerlo y no lo hacen, convirtiéndose, por acción u omisión, en cómplices del conflicto. Así, tanto Zapatero como Rajoy, quedan invalidados como garantes de honradez de la gestión gubernamental de sus respectivos partidos, por ejemplo, en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, pervirtiendo globalmente la esperanza de credibilidad en un cambio de gobierno en dichas comunidades para garantizar una gestión gubernamental honrada de futuro, salvo que la honradez dependa de un misterio étnico-genético por el que en tierras andaluzas proliferan socialistas corruptos y populares honrados o al revés en tierras valencianas. Desgraciadamente, no es así. ¡Qué lástima que cada uno de ellos tenga que hacer un discurso diferente en cada territorio sin poder esgrimir la bandera de la honestidad en todos ellos! Ya ven, están condenados a un discurso u otro según gobiernen o no en el mismo. Y nosotros, los votantes, a soportar semejante indecencia.
            Como si los ciudadanos fuéramos imbéciles, los populares andaluces, en la oposición, niegan la presunción de inocencia a los socialistas, quienes se amparan en ella para no dimitir, mientras los socialistas valencianos, en la oposición, hacen lo propio con los populares, quienes, aquí, sí apelan a la presunción de inocencia, no sólo para no dimitir sino para repetir como candidatos. ¿Cabe mayor cinismo en unos y otros? Entretanto, ambos, amparados en tan cínicas estrategias, mantienen sus respectivos gobiernos al margen del tufo nauseabundo que sus respectivas gestiones van dejando en el ambiente. Y es que la presunción de inocencia, que sólo debiera tenerse en cuenta en el ámbito judicial, aplicada al ámbito político da mucho juego a la impunidad. Una impunidad avalada no sólo por los militantes, que no exigen honradez a los dirigentes de sus partidos, sino también por una serie de tertulianos –periodistas o no- y medios de comunicación que, según sus intereses particulares, amplifican o minimizan, según les conviene, los casos de corrupción de unos u otros, creando en la opinión pública ciertas dosis de tolerancia o resignación a la corrupción de los propios, frente a la que practican los ajenos. Sólo en este contexto es posible entender, por ejemplo, las listas electorales aprobadas por el PP para la Comunidad Valenciana. ¿Las hubieran aprobado sabiendo que todos, absolutamente todos, exigimos tolerancia cero a la corrupción? Seguro que no, significaría su suicidio político. Si lo hacen es porque, a pesar de todo, tienen la esperanza de ganar las elecciones -¡qué vergüenza para la democracia!- y con su victoria finiquitar el problema. Es la teoría, entre otros, del portavoz Rafael Blasco –extraordinario socialista y perfecto popular- que, haciendo gala del culto a la presunción de inocencia –aunque en Andalucía su partido no lo haga-, manifiesta que, en definitiva, “la última palabra la tienen los ciudadanos, y los ciudadanos juzgarán”, añadiendo que, en todo caso, los socialistas llevan incluso en sus listas a una persona procesada. Se olvida que lo decente en un político, imputado o procesado en un caso de corrupción, es, por higiene democrática, dimitir de su cargo, al margen de que judicialmente se pueda probar o no su culpabilidad y, si no dimite, lo decente en el partido en que milita es cesarlo de inmediato en vez de presentarlo en listas cerradas que impiden incluso que los ciudadanos lo echen. Se olvida de que nadie, en su sano juicio, acusa a una persona impoluta, quien, en todo caso, se libraría de la imputación del correspondiente delito si el juez no apreciara indicios razonables de que ha podido cometerlo o participar en el mismo. Y los gobernantes han de ser impolutos.
“Cuando el río suena, agua lleva” dice la sabiduría popular –la que tiene que votar- y nadie puede negar que los ríos valencianos y andaluces –así como otros muchos arroyos de otros territorios- vienen crecidos de aguas turbias que han de ser depuradas lo antes posible. Si el sistema impide depurar los elementos nocivos habrá que prescindir de dichas aguas y buscar nuevos acuíferos. Es la única solución.
                             Fdo. Jorge Cremades Sena

Google+ Followers