viernes, 27 de enero de 2012

BASTA YA


            Nada más lejos de mi intención dar a entender que la clase política en general es corrupta, pero es evidente que, instalados en ella, hay gran cantidad de corruptos. Basta echar un vistazo a los medios de comunicación para constatar que, mientras el pueblo sufre la peor zozobra imaginable, media docena de casos impactantes de corrupción, amén de muchos otros que duermen el sueño de los justos en los juzgados a la espera de su resurrección, rivalizan mediáticamente con las severas medidas económicas del gobierno para arrancar de los trabajadores la tajada suficiente que permita reducir un axfisiante déficit público, provocado por una nefasta gestión gubernamental. Nefasta en todos los niveles institucionales y practicada por las distintas opciones políticas que las gobiernan. La realidad es que, mientras a millones de personas se les priva de ejercer su elemental derecho al trabajo para vivir con dignidad y a otros millones de trabajadores se les erosiona su salario, socavando sus derechos sociales adquiridos tras el pago de excesivos impuestos durante toda su vida laboral, una serie de sinvergüenzas “in crescendo” se lo lleva calentito para amasar grandes fortunas de forma fraudulenta o despilfarra y malgasta de forma irresponsable el dinero de todos que, según ellos, no es de nadie, arruinando nuestro presente e hipotecando el futuro de nuestros hijos. Urge de una vez por todas acabar con esta lacra depredadora, inaceptable en una democracia avanzada y más propia de regímenes autoritarios, cuyos gobernantes gozan de total impunidad. ¿Sucede aquí algo parecido? Ésta es la cuestión. Si después de más de tres décadas de democracia no hemos sido capaces de finiquitar la corrupción, sino todo lo contrario, es obvio que algo está fallando estrepitosamente. Así no se puede continuar.
            Lo menos importante es la identidad de estos sinvergüenzas, ni el cargo desde el que cometen sus fechorías, ni sus cómplices, ni su adscripción política, ni el volumen de lo malversado o robado, ni su origen o su destino. Son circunstancias que, aunque tengan importancia desde el punto de vista ético o estético, cualitativo o cuantitativo, sirven para que los partidos políticos afectados y sus entornos propagandísticos utilicen la doble moral de minimizar o maximizar cada caso de corrupción, según su interés político, en vez de consensuar una legislación nueva, contundente y eficaz, que, simplemente, haga pagar muy caro, civil y penalmente, a quienes actúen de manera tan reprobable. Es lamentable que ni mayorías parlamentarias, ni consensos, ni iniciativas minoritarias legislativas se hayan interesado en modificar una legislación que, a la vista está, posibilita que resulte fácil y rentable malversar fondos públicos y que salga muy barato apropiarse de ellos, es decir, robarlos. En el peor de los supuestos, una condena de cárcel e inhabilitación temporal; en la mayoría, ni siquiera esto; como contrapartida, la vida económicamente resuelta para siempre. Así, lo normal es que estos personajes proliferen, pues, además, una lógica buena conducta carcelaria les reducirá la pena a la mínima expresión y, cumplida ésta, ya no necesitan habilitación para desempeñar otro cargo público, el que desempeñaron ya compensó sus expectativas de convertirles en millonarios. Bastaría endurecer las penas, exigir un estricto control presupuestario e imponer una estricta responsabilidad civil a los culpables para disminuir drásticamente estas conductas delictivas. Ya no sería rentable practicarlas y las víctimas -es decir, el pueblo- verían reparado el daño causado con la reposición al erario público hasta del último euro despilfarrado, malversado o apropiado. ¿Por qué no lo hacen? La respuesta es obvia: porque les interesa mantener la situación actual.
            Si estas conductas delictivas e irresponsables figuran como destacadas entre las causantes de la tremenda crisis económica que padecemos, lo esencial es erradicarlas ya. De poco servirá sanear la situación económica coyunturalmente si se mantienen las verdaderas causas que la provocaron. Sólo servirá para dar una nueva oportunidad a los sinvergüenzas que, obviamente, se mueven mejor en la opulencia. Seguirá siendo muy rentable ser el chofer de un director general –por referirme al último de los casos, pues los hay más suculentos- que, además de su salario, consigue subvenciones de su jefe sin control alguno por millón y medio de euros –imaginen lo que puede conseguir el jefe para sí mismo o para otros más allegados-, mucho más rentable que estar toda la vida trabajando, pagando impuestos, con dificultades para llegar a fin de mes, sin obtener al final ni la mitad de dicha cantidad. ¿Sería rentable si tuviera que devolverlos y permanecer en la cárcel muchos años? Seguro que no. Es más rentable no reponer el dinero y, en el peor de los casos, estar en la cárcel –en una cárcel española- menos tiempo del necesario para acabar una carrera universitaria y después apuntarte a las listas del paro. Nada que temer, dicho sujeto se reinsertará lo antes posible. Seguramente no solicitará el pago único de su prestación por desempleo para hacerse autónomo y, menos aún, cualquier pequeña subvención o ayuda financiera. Ya no lo necesitará y además piden muchos requisitos para justificar la inversión. Como debe ser, si no eres ya el chofer del director general. En todo caso, lo más rentable de todo no es ser el chófer, sino ser el director general que, según su chófer, aprovechaba gran parte de la subvención que le concedía para gastarlo en cocaína, fiestas y copas. ¿Acaso no era él quien se la daba? ¿No es lo más parecido a la impunidad?. Basta ya.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

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