lunes, 16 de abril de 2012

INSULTO A LA CIUDADANÍA


            La amnistía fiscal proyectada por el gobierno con la intención de que aflore parte del dinero negro que atesoran no pocos delincuentes, que campan a sus anchas como escarnio al resto de españoles honrados, es la gota que colma el vaso de la indignación ciudadana, que, mayoritariamente, sabe como se las gasta el fisco cuando alguien, por error o necesidad, demora el pago de sus impuestos. Ni que decir si se descubre falsedad intencionada en la preceptiva declaración fiscal o, simplemente, que no se ha presentado en tiempo y forma. Intereses de demora, sanciones, apremios y toda suerte de medidas coercitivas para regularizar la situación “ipso facto” con prioridad ante cualquier otra circunstancia que tenga el infractor; es la respuesta inexorable del Estado a quien incumple el deber constitucional de contribuir “al sostenimiento de los gastos públicos” de acuerdo con su capacidad económica “mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Hacienda somos todos y así debe ser. Pero no lo es. Ni el sistema tributario es justo, baste citar las SICAVS por ejemplo, ni el trato recibido, ni el asesoramiento, ni los recursos legales...son igualitarios a la hora de exigir el cumplimiento del precepto constitucional. El sostenimiento de los gastos públicos recae en definitiva sobre los trabajadores y clases medias, en especial sobre los funcionarios públicos que, aunque quisieran, ni siquiera pueden ocultar un céntimo de sus rentas de trabajo, práctica habitual en otras ocupaciones que, para “gloria” de unos cuantos y desgracia de todos, convierten nuestro país en el edén del fraude fiscal y, por ende, en refugio de pícaros y maleantes. Chorizos –en roman paladino- que actúan impunemente ante gobiernos negligentes, sabiendo que no exigen el cobro de impuestos con igual contundencia a unos y otros, limitándose a comprobar las irregularidades de quienes voluntariamente están integrados en el sistema tributario, sin investigar con igual celo a los grandes defraudadores profesionales del mismo.
Por ello España es campeón en la UE del fraude fiscal con unos 280.000 millones de euros por cuotas tributarias no ingresadas en los últimos años -unos 70.000 millones anuales, según cálculos fiables-, que se recuperarían si los gobiernos hubiesen actuado decididamente al respecto. Pero no ha sido así. La ausencia de una auténtica voluntad política de atacar el fondo del problema explica que aún no tengamos un verdadero Plan de Lucha Contra el Fraude, sino un incipiente Plan de Prevención que, a tenor de estos resultados, es claramente ineficaz. En definitiva, ni prevención ni lucha contra un fraude escandaloso que, de no haberse permitido, situaría a nuestro país en una dimensión de la crisis muy diferente a la que estamos padeciendo. La economía sumergida, los grandes fraudes fiscales de carácter criminal, el contrabando, el blanqueo de capitales y otros delitos conexos encuentran en nuestro suelo un terreno abonado, convirtiéndolo en un paraíso para este tipo de delincuencia. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir?
En este desolador contexto, lamentablemente, el gobierno de Rajoy, acuciado por la UE a incrementar ingresos y reducir gastos para ajustar el déficit presupuestario pactado, decide, en materia de ingresos, subir los impuestos a quienes los pagan y perdonárselos a quienes no lo hacen, ofreciendo a semejantes chorizos claras ventajas fiscales si deciden voluntariamente legalizar sus fortunas fraudulentas, producto del botín robado al resto de ciudadanos. Una burla en toda regla a quienes cumplen sus obligaciones fiscales, que atenta contra el propio estado de derecho al tratar de forma tan indecentemente favorable a quienes se sitúan al margen del mismo. Y todo, según el propio gobierno, para conseguir 2.500 millones, cifra que podría superarse simplemente con una tenaz lucha contra el fraude, si, como dice Rajoy, las cosas se hicieran “como Dios manda”. Está claro que no es el caso. Por ello la polémica medida es la gota que colma el vaso de una serie de otras medidas impopulares, discutibles pero más o menos justificables en circunstancias tan críticas, que el pueblo viene soportando con cierta comprensión, aún sabiendo que será el gran sacrificado para salir de una crisis que no ha provocado. La gran diferencia es que la amnistía fiscal, además de impopular, es éticamente reprobable, políticamente antidemocrática y socialmente injusta, lo que la convierte en injustificable, máxime si desde el punto de vista económico-presupuestario, carece, al tener carácter voluntario, del rigor necesario para cuantificar la previsión de ingresos, tal como ya han advertido a Rajoy las autoridades de la UE. No vale escudarse en la herencia, ni en que ya lo hizo el propio Felipe González y otros gobernantes en otros países, ni en que Zapatero no luchara para evitar el fraude. Una inmoralidad no se justifica con otras precedentes. Ya es bastante que el pueblo, crónicamente, soporte las falsas promesas de sus gobiernos, sus incumplimientos electoralistas, sus despilfarros y sus incompetencias como para tener que soportar además su descarado favor a la delincuencia de guante blanco con el pretexto de que ello redundará en beneficio de todos. Un insulto a la ciudadanía en toda regla.
                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

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