REFORMA ADMINISTRATIVA, GRAN ESPERANZA O FRUSTRACIÓN

                        Parece que, por fin, el Gobierno está decidido a acometer la reforma más compleja, demandada y necesaria. Se trata, nada más y nada menos, que de la Reforma de las Administraciones Públicas, una tarea, cuya complejidad, excede la voluntariedad de cualquier gobierno, aunque “a priori” cuente a su favor, como es el caso, con una gran demanda social, consciente de que mantener por más tiempo el “statu quo” es insostenible, lo que, no sólo le concede rango de necesaria, sino incluso, de urgente. Vaya por delante pues la felicitación por la iniciativa gubernamental y, en este caso, por su coherencia con su promesa electoral. Pocas voces criticarán “per se” la iniciativa ante la carencia de argumentos sólidos para posicionarse a favor del caos, frustrando la gran esperanza de conseguir simplemente la normalidad. Ni dentro, ni fuera de España se entiende ya el fracasado experimento de un insólito estado, híbrido entre federalismo y centralismo, que “de facto” se atomiza consolidando progresivamente diecisiete mini-estados centralistas, independientes unos de otros y con claras tendencias centrífugas, cuando “de iure” sólo son entes autónomos para gestionar sus propios intereses (siempre supeditados al interés general) y las competencias, transferidas por el estado del que forman parte, con el fin de acercar la administración a los administrados, para optimizar la calidad de los servicios públicos pertinentes. Esta perversión funcional, consolidada mediante una irresponsable y continuada política de transferencias, basada en intereses mercantilistas y no en el sentido común establecido en el derecho, es lo que hace insostenible nuestro modelo actual de Administraciones Públicas (despilfarrador, ineficaz, caro, opaco, insolidario, incontrolable y clientelar), siendo además el principal obstáculo para su ineludible reforma. Por tanto, obviando el acierto del gobierno al plantearla, el “quid de la cuestión” para saber si hablamos de la gran esperanza o de la gran frustración es el alcance de la misma y la posibilidad de consolidarla.

            La ineludible reforma de las Administraciones Públicas, tal como está el asunto, si no es de gran calado, acabará siendo una chapuza. Requiere, como mínimo, redefinir o clarificar el polémico título VIII de la Constitución y, para ello, es necesario, al menos, el concurso del principal partido de la oposición. Es decir, un gran acuerdo, lo más amplio posible, que el gobierno debiera promover echando un órdago al resto de los partidos políticos para que cada uno de ellos se posicione públicamente ante una ciudadanía asqueada con la situación actual. En caso contrario, sin menosprecio de las medidas que el gobierno tome unilateralmente, la reforma quedará reducida al ámbito de la Administración Central (fusión, supresión o reforma de algunos de sus organismos públicos; más renuncia de sus competencias para evitar duplicidades; y algunas normativas modernizadoras o de coordinación… y poco más) amén de recomendar que hagan lo propio las CCAA que, como siempre, harán de su capa un sayo y, ante cualquier medida legal coercitiva o correctiva, convertirán el Tribunal Constitucional en su último refugio, adobándolo con un público debate político-partidario sobre las perversidades que pretende el Gobierno Central mientras llegan sus lentas sentencias, que, al final, incumplirán si, finalmente, no son favorables a sus intereses, provocando, como se viene haciendo, un progresivo deterioro institucional. Baste señalar que de las más de doscientas propuestas de reforma que baraja el gobierno sólo unas ochenta afectan directamente a la Administración General del Estado, el resto, no, y, por ello, el propio gobierno, consciente de la situación, ya ha dicho que asumirá las suyas e intentará entenderse con las CCAA para que apliquen su parte correspondiente. Una reforma de la Administración Central, sin garantías de reformar el resto de las Administraciones es claramente insuficiente y, aunque palíe algo el despilfarro económico, deja intactas las estructuras políticas que lo permiten. Sólo definiendo con absoluta claridad las competencias reservadas al Estado Central con la consecuente recuperación de las que, ya transferidas, le sean propias, así como los mecanismos aplicables en caso de desviación de los objetivos –tal como sucede en todos y cada uno de los estados federales-, la reforma valdrá la pena. Pero ello excede la capacidad de un gobierno aunque cuente con mayoría absoluta.

            Bien sea para una reforma constitucional, bien, para aplicar la legalidad vigente al respecto con absoluta contundencia, se requiere un amplio respaldo político que excede el ámbito de un solo partido. Dice Montoro, y no le falta razón, que, sin necesidad de tocar la Constitución, hay mecanismos legales para aplicar la anunciada reforma en su integridad y apela a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. Cierto, pues dicha ley establece que, en caso de incumplimiento, se aplique de forma directa el art. 155 de la Constitución, que dice: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la CA y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Pero no es menos cierto que en España el incumplimiento de la legalidad vigente, a base de ser costumbre, ha generado una especie de derecho consuetudinario que, en determinados supuestos, de aplicarse la legalidad establecida se daría la paradoja de que se considerase una agresión gubernamental. Precisamente si a lo largo de estos años el art. 155 se hubiese aplicado alguna vez, otro gallo nos cantaría. O ¿es qué no ha habido motivos en más de una ocasión para hacerlo? Me temo que a Rajoy, como a los presidentes anteriores, le temblará el pulso, salvo que, por mera supervivencia democrática, el resto de líderes políticos o, al menos, la mayoría de ellos, tengan la altura de miras para respaldarlo en el empeño o él tenga la habilidad necesaria para ponerlos en evidencia en caso contrario.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena