domingo, 5 de enero de 2014

EL AQUELARRE ETARRA

                        Algo grave está fallando en nuestro país a la hora de afrontar los grandes asuntos de Estado que, curiosamente, debieran ser, por pura lógica, los que menos quebraderos de cabeza diesen, tal como sucede en los demás países de nuestro entorno. A la lista de ejemplos al respecto, se acaba de añadir lo que el propio Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, califica como “aquelarre” etarra “repugnante” y “deleznable”, refiriéndose al acto convocado y finalmente celebrado en Durango por el colectivo de los expresos de ETA. Un asunto que, desde la desautorización por parte de la sentencia de Estrasburgo de la “doctrina Parot”, trae de cabeza a los diferentes poderes del Estado, incapaces de dar una respuesta coherente y unívoca a las consecuencias de la aplicación de la misma. No sé si adrede, por incapacidad, incompetencia o estrategia en un asunto tan delicado se confunde, a mi juicio, la gimnasia con la magnesia, provocando daños innecesarios no sólo en el colectivo de víctimas, sino también, en la credibilidad de nuestras instituciones y, a la postre, en toda la ciudadanía española.
            Avalando las palabras de Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, de que “la foto de los expresos de ETA hiere a las víctimas y revive su dolor”, algo irremediable desde el punto de vista humano en cualquier supuesto salvo con la pena de muerte o la cadena perpetua sin remisión ni revisión de pena, no se puede generar con falsas palabras esperanzas a las víctimas, sabiendo o debiendo saber que los hechos son tozudos y al aplicar la legalidad vigente dichas palabras quedarán en un exabrupto innecesario. Como las citadas medidas penales anteriores, ni tienen cabida en un estado moderno democrático, ni desde el punto de vista humano (lo que no quiere decir que no haya otras más duras que las vigentes, como prisión perpetua revisable, exigencia de determinados supuestos para conseguir la libertad, libertad vigilada….), es deseable reconocer y decir desde el inicio que, con la legalidad vigente, los presos excarcelados por haber cumplido sus penas (cuestión distinta es si eran justas o no) tienen todos los derechos de cualquier ciudadano libre, como es el caso de la reunión de Durango, que no le pueden ser vedados de forma preventiva.
            ¿Cómo puede hablar “a priori” el Ejecutivo de aquelarres deleznables y repugnantes, mientras el Judicial, incluida Fiscalía, lo avala como ajustado a la legalidad vigente aprobada por el Legislativo? Tanto la AVT como Dignidad y Justicia tienen todo el derecho de solicitar la suspensión del acto si lo consideran un “homenaje” a ETA y por tanto al terrorismo, pero, “judicializado” el asunto, como dice Fernández Díaz, “el juez es el que tiene la última palabra” y, al no ver indicios de delito en la convocatoria, no sólo puede, sino que además debe, guste o no guste, desestimar la petición de prohibición y aceptar su celebración como así ha sido, poniendo en evidencia el descrédito del ministro de Interior al calificar la reunión antes de la decisión judicial como algo tan aberrante. Cuestión distinta es que, durante la celebración, se esté a la expectativa por si en el transcurso de la misma se comete algún hecho de palabra u obra de carácter delictivo, que, al parecer, no se ha producido.
             Las palabras de Fernández Díaz son inapropiadas e improcedentes al exceder la lógica crítica a un evento que, desde el punto de vista humano e incluso político, suscita una repulsa casi generalizada. Debiera tener presente que si, como dice, las personas convocadas están “libres” pero jamás se han arrepentido de sus “crímenes horribles”, ni han pedido perdón a las víctimas, ni se han “desvinculado” de ETA, ni le han pedido que se disuelva, son libres como consecuencia de una legalidad  que, según él, permite aquelarres repugnantes y deleznables, que una democracia en condiciones no debiera permitir.
Y, lógicamente, desde esta lógica diabólica de celebraciones legales de aquelarres diurnos (los verdaderos eran nocturnos) lo menos sorprendente es que los convocados promuevan públicamente el “derecho a decidir” de los vascos al estilo catalán (antes ya lo hicieron mediante el tiro en la nuca y la bomba devastadora), en su nuevo empeño de seguir “trabajando para superar la represión” y poniendo su “experiencia y vivencias al servicio del proceso político”. El verdadero aquelarre político cotidiano, ya que parece el resultado de una brujería, es que la gente decente, democrática y pacífica figure en el guión de esta película de terror como los protagonistas de la represión frente a los indecentes, totalitarios y violentos, cuya experiencia del explosivo y la pistola ponen ahora al servicio del “proceso político” que, como siempre, desde la libertad y la democracia, quedó garantizado para todos los españoles (aunque algunos quieran dinamitarlo) en el momento en que entre todos aprobamos por amplísima mayoría nuestra Constitución vigente. Impedir el aquelarre político cotidiano sólo está en manos de las Cortes Generales, pero mientras no se decida evitarlo por acción u omisión tendremos que soportar estoicamente eventos puntuales como el de Durango al contemplar, como dice el juez, todos los requisitos legales.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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