sábado, 28 de noviembre de 2015

ANALFABETISMO POLÍTICO



                        Sólo desde un contexto de analfabetismo político, real o supuesto, se puede entender que determinados líderes políticos tengan la cara dura de pretender justificar como democráticas sus propuestas totalitarias o de tachar como tales las propuestas democráticas ajenas, con el único objetivo de engañar a buena parte del electorado al que consideran analfabeto, políticamente hablando, pues no cabe pensar que el analfabetismo político radique en ellos mismos, lo que sería el colmo de la incompetencia. Cabe pensar pues que se trata del colmo del sofisma (razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso) y, por tanto, de la prostitución del sistema democrático, pretendiendo validar o invalidar una serie de propuestas no por verdaderas razones políticas, sociales o económicas, contrastables y contrastadas con las demás en el imprescindible debate ideológico democrático, sino por razones espurias para justificar proyectos totalitarios dentro del sistema democrático o descalificar aquellos, acordes con la democracia, ante la incapacidad para rebatirlos democráticamente con argumentos convincentes. Y lo grave es que dichos sofistas obtienen cierto éxito mediante un proselitismo contumaz, no siempre combatido desde las instituciones que conforman el Estado de Derecho, gracias a un ejército de fieles, cada vez más fervorosos, y a la estimable ayuda de determinados medios de comunicación, incluso algunos de ellos públicos, que se hacen eco de sus proclamas totalitarias o torticeras sin rebatirlas apenas e incluso con la más que evidente colaboración de los conductores de los respectivos programas. Por tanto, entre otros muchos asuntos, no debe extrañar que los dos problemas más graves actuales de la sociedad española, el independentismo y la amenaza terrorista, estén en la situación que están, amenazando seriamente nuestro sistema de convivencia.
            Sólo desde el analfabetismo político se puede entender que el “procés” soberanista sea percibido en determinados sectores como un proceso democrático, gracias al sofisma de hacer prevaler la “justicia” sobre la “ley”, apelando al “derecho natural”, pues la justicia fuera de la ley, de naturaleza humana, nos conduciría a una fuente inevitablemente de naturaleza divina, como en el Antiguo Régimen, o divinizada en base a la raza, la clase o la nación, como en cualesquiera de los totalitarismos, lo que nos llevaría a la arbitrariedad más absoluta ya que quedaría reservado el concepto de lo “justo” o “injusto” a cada conciencia individual, lo que, elevado a la condición de fuente de justicia, requeriría imponerse mediante la fuerza y la violencia. Es inexorablemente lo que sucede cuando se pretende concebir la justicia fuera de la codificación legal y muy especialmente si dicha codificación legal ha sido democráticamente establecida. Así se entiende desde el triunfo del “Estado de Derecho”, alternativa liberal-democrática al Antiguo Régimen, que eleva el principio de legalidad al nivel supremo, por lo que la democracia es sustancialmente el “imperio de la ley”, precisamente para que por encima de la ley no haya nadie, ni reyes, ni tiranos, protegiendo así a todos los ciudadanos de visionarios salvapatrias, que pretenden imponer su voluntad como única razón válida de su omnímodo poder, o de la tiranía de masas incontroladas e impunes que, en definitiva, pretenden imponerse arbitrariamente al resto de la población. El Estado de Derecho, que lleva implícito el mecanismo democrático para modificar la legalidad democráticamente, es por tanto la respuesta a quienes, individual o colectivamente, pretenden imponer su voluntad, por interesante o positiva que esta sea. Por ello, bastaría que los secesionistas catalanes dijeran si en su nueva legalidad de la supuesta República Catalana aceptarían desobedecerla a todo aquel que la considerara injusta, tal como hacen ellos con la legalidad española.
            Y sólo desde el analfabetismo político se puede entender la equiparación que hacen algunos entre violencia terrorista y el ejercicio del uso de la fuerza por parte del Estado de Derecho, único autorizado democráticamente para ejercer la fuerza si fuera preciso en defensa precisamente de las libertades y derechos que sus ciudadanos se han dado, especialmente si alguien, desde fuera o desde dentro, atenta contra ellas o amenaza seriamente con hacerlo. No usar la fuerza, incluso bélica, obviamente con todas las garantías democráticas, es dejar a la ciudadanía secuestrada por la violencia totalitaria; y acusar a cualquier gobernante de totalitario, antidemocrático o belicista porque hace uso del derecho a usarla, además de irresponsable, es un comportamiento torticero tendente a soliviantar a los ciudadanos contra lo que está totalmente legalizado seguramente por incapacidad de sus promotores de ofertar una propuesta más eficaz y viable como contrapartida seria y creíble al uso de las armas. Usar el “no a la guerra” genérico para descalificar como demócrata a cualquier gobernante porque se ve obligado a declararla o a participar en ella en razón de los compromisos democráticamente adquiridos para la defensa de sus conciudadanos o los de sus aliados, es la manera más repugnante de prostituir la democracia, renunciando a posibles argumentos, sin descalificaciones previas, que expliquen la no conveniencia política de participar en ella.
                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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