En
1977, en plena Transición, tan denostada por algunos últimamente, se firmaron
en el Palacio de La Moncloa dos acuerdos, uno económico y otro
político-jurídico, conocidos como “Pactos de La Moncloa”, entre el Gobierno de
España en la Legislatura Constituyente, presidido por Adolfo Suárez, y los
principales partidos políticos con representación parlamentaria, con el apoyo
de las asociaciones empresariales y el sindicato CCOO (salvo algunas de sus secciones
sindicales) y el rechazo de CNT y UGT, aunque éste último finalmente acabó
firmándolos. Eran tiempos duros y difíciles en que España no sólo estaba sumida
en la ruina económica, sino además amenazada seriamente por fuerzas
totalitarias que se resistían al proceso democratizador que deseaba la inmensa
mayoría de los españoles. El objetivo (además de contener la ruina económica)
era simplemente, y nada menos a la vez, que afianzar la estabilización de un
difícil proceso de transición al sistema democrático. Hoy, casi cuarenta años
después en los que los españoles hemos vivido el mejor periodo histórico de una
España positivamente transformada en todos los sentidos gracias a aquel acierto
histórico, España, también en plena crisis económica, de la que intentamos
salir con grandes sacrificios, se encuentra de nuevo seriamente amenazada por
fuerzas totalitarias con idéntico objetivo liberticida; entonces, para impedir
la consolidación de la democracia, hoy, ya consolidada, para acabar con ella,
burlando la legalidad constitucional que, en vano, intentaron abortar para que los
españoles siguiéramos siendo súbditos en vez de ciudadanos. Si entonces los
liberticidas, minoría de españoles por poderosos y ruidosos que fueran,
quedaron al margen del proceso democratizador, tengo la certeza de que hoy la
inmensa mayoría de españoles apuesta decididamente por conservar y afianzar el
sistema democrático, garantía de convivencia en paz y libertad, por lo que,
ante las serias amenazas liberticidas, se requiere una especie de Segundos
Pactos de La Moncloa que disipen, de una vez por todas, como entonces, la
materialización de cualquier tentación minoritaria de imponer el totalitarismo
como práctica política para consolidar cualquier proyecto de futuro. La
Constitución surgida entonces gracias a aquel consenso democrático es
inevitablemente la línea roja que nadie puede traspasar, por lo que actuar al
margen de la legalidad democrática emanada de ella supone un verdadero golpe de
Estado y requiere que toda la ciudadanía, al igual que entonces y
posteriormente en el fallido golpe de Tejero en 1981, cierre filas sin fisura
alguna, exigiendo a las autoridades pertinentes y apoyándolas para que obliguen
de forma contundente el cumplimiento de la legalidad y hagan recaer todo el peso
de la misma en quienes no lo hicieren.
Este
y no otro es el objetivo de la ronda de consultas, precisamente en La Moncloa, del
Presidente del Gobierno con los líderes de los diversos partidos políticos para
cerrar filas, sin fisuras, contra el golpe de Estado que pretenden ya
formalmente los independentistas catalanes, imponiendo desde el mismísimo
gobierno autónomo (asunto doblemente de inmensa gravedad) la independencia
unilateral de Cataluña mediante la usurpación de la soberanía al conjunto del
pueblo español y, obviamente, al margen de la legalidad constitucional. Se
trata, en definitiva, de la búsqueda de un “pacto por España”, como propone
Albert Rivera y está dispuesto a suscribir Rajoy, en defensa como mínimo de lo
“sustancial” como es la unidad de España, la soberanía nacional y la obligación
de cumplir las leyes. Un pacto que, como garantía de futuro, además “prohíba”
gobernar con el apoyo de “quienes quieren romper” el país. Unos acuerdos que,
como una especie de Segundos Pactos de la Moncloa, que hoy España necesita,
firmados ante luz y taquígrafos, destierren cualquier atisbo de duda de
colaboración o condescendencia con los totalitarismos del signo que sean,
objetivo que ha de estar siempre por encima de cualquier legítimo interés
partidario electoralista.
Pero
si pactos de esta índole requieren, como en el 77, gran altura de miras y una
enorme talla política en los líderes políticos, como sucedió entonces, me temo
que estamos bien lejos de consolidar aquel mágico consenso. De entrada, Pedro
Sánchez, que coincide con Rivera y Rajoy “en la defensa de la Constitución y
las leyes democráticas” (¡faltaría más!), no cree necesario rubricar el “Pacto
por España” que propone Rivera. Y Pablo Iglesias directamente se autoexcluye de
cualquier acuerdo respondiendo a la propuesta de Rajoy que “no estamos de
acuerdo en casi nada”, instándole a convocar dos referéndums (uno en Cataluña y
otro en el resto de España) y calificando el intento de consenso en defensa de
la democracia como “un búnker antisecesionista”. Ya ven, con semejantes mimbres
el cesto de la democracia española seguirá derramándose por todas partes. De
firmar un pacto, nada de nada. De prohibir transfuguismos y pactos políticos
antinatura, menos aún. A lo sumo, y no por parte de todos, una defensa de la
Constitución, pero sólo de palabra…. Y, ya saben, las palabras se las lleva el
viento.
Fdo. Jorge
Cremades Sena
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