Desde
hace algún tiempo y especialmente desde los últimos atentados terroristas en
París se ha generado en toda Europa un debate sobre la seguridad que, por
razones obvias, está liderando Francia, tocándole a un gobierno socialista
afrontar con crudeza semejante necesidad. En efecto el país de la “liberté,
egalité et fraternité” se ve obligado, por el bien de su ciudadanía, que lo
respalda de forma sustancialmente mayoritaria, a añadir el concepto de
“securité”. La Asamblea Nacional francesa casi unánimemente prolonga, por
razones de seguridad, hasta tres meses el Estado de Emergencia decretado por el
Presidente Hollande tras los sangrientos atentados en la capital, requisito
indispensable para validar en dicho país la prolongación de la emergencia más
allá de doce días. Además en el texto aprobado hay una serie de medidas
modernizadoras de la ley de “estado de emergencia” para adaptarla a las
necesidades y nuevos retos actuales. En definitiva, por razones de seguridad,
quedan suspendidas determinadas libertades, dotando de determinadas
competencias al Ejecutivo, totalmente legales y democráticas, para prevenir y
perseguir más eficazmente el terrorismo. Por tanto, mientras dure el estado de
emergencia, que todos los Estados Democráticos contemplan en su marco legal
para situaciones de excepcionalidad, en el país de la “liberté, egalité et
fraternité”, pero también de la “securité” (sin ésta, las demás no existen),
podrá haber, entre otras medidas, registros domiciliarios sin necesidad de
orden judicial, arrestos domiciliarios de quienes se consideren una amenaza a
la seguridad, quitar pasaporte a ciudadanos “peligrosos” con doble
nacionalidad, declarar ilegales determinadas concentraciones públicas,
restringir la circulación de personas y vehículos en cualquier zona ante una
amenaza, bloquear desde el Ejecutivo páginas web o redes sociales apologéticas
del terrorismo, poner brazaletes electrónicos a quienes hayan cumplido condenas
por terrorismo, copiar datos domiciliarios durante los registros policiales a
domicilios…… Medidas, todas ellas, que, salvo las lógicas molestias y errores,
si se aplican en su justa y razonable medida (en caso contrario hay que tener
presente que el Ejecutivo habrá de responder de su responsabilidad), sólo han
de temer quienes tienen algo que ocultar. Así lo entiende la inmensa mayoría de
ciudadanos que, obviamente, son honrados.
El
Estado de Emergencia es una medida democrática que pueden adoptar los gobiernos
en circunstancias o situaciones excepcionales como la perturbación de la paz o
del orden interno de un Estado, por razones de origen diverso, que afectan e
impiden la vida normal de un país, región o comunidad, por lo que, durante su
vigencia, el gobierno se reserva el derecho de poder restringir o suspender el
ejercicio de algunos derechos ciudadanos, al extremo de que, si fuera
necesario, hasta las fuerzas armadas del país podrían asumir, con absoluta
legalidad democrática (no hay que olvidar el importante papel de validación de
las pertinentes asambleas legislativas que representan la soberanía popular),
el control de orden interno. Por tanto, ante las tentaciones de tergiversarlo
todo por parte de algunos y como aviso a navegantes (la amenaza terrorista no
es sólo a Francia) conviene tener bien claro que, en todo caso, el estado de
emergencia es una figura perfectamente democrática que, por ejemplo, en España
está recogida en sus diversas variables en el art. 116 de la Constitución.
¡Menos mal que no ha sido España quien ha tenido que inaugurar la puesta en
marcha del estado de emergencia, pues seguro que, conociendo el paño, la
reacción de nuestros políticos no sería equiparable a la madurez y sensatez con
la que los políticos franceses han afrontado el asunto!
Por
tanto en este estéril debate entre seguridad y libertad (ambos principios
forman o deben formar parte indisoluble de un todo en dosis de equilibrio
renovado, renovable y adaptable, según las circunstancias), adobado
malintencionadamente con maniqueos planteamientos ideológicos para deteriorar
al gobierno de turno al que le toca plantear el estado de emergencia, majadería
que, ya ven, en Francia no se ha hecho, sólo debiera limitarse, para no
incurrir en irresponsabilidad política, a si las circunstancias de
excepcionalidad, perturbadoras de la vida normal, son lo suficientemente graves
como para avalar tan excepcional medida, apreciación que, en todo caso, pertenece
al ámbito de la subjetividad y que en Francia se ha considerado suficiente la
gravedad para que el gobierno tome dicha medida y, si alguna opción política,
no lo considerase, debiera, al menos, apechugar con las consecuencias de todo
tipo que pudieran derivarse de su posicionamiento más permisivo y menos
agresivo contra los hipotéticos terroristas, posición tan democrática como la
del gobierno. Lo intolerable, lo absurdo y lo irresponsable es acusar a quienes
son más cautelosos a la hora de prevenir nuevos atentados de antidemocráticos y
violentos, como algunos suelen hacer con el torticero objetivo de ventajas
electorales. Hay que tener en cuenta que el enemigo de los ciudadanos no es el
gobierno democrático, sino quienes practican los atentados y la violencia,
generando una inseguridad que hace imposible la convivencia en paz y libertad.
Fdo. Jorge
Cremades Sena
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