viernes, 4 de febrero de 2011

EL LABERINTO POLÍTICO ESPAÑOL


Que los españoles somos difíciles de gobernar no es ninguna noticia, ahí está la Historia para ratificarlo. Ya en 1873 el efímero rey Amadeo I de Saboya, importado para sustituir a la Casa de Borbón, calificaba a los españoles de ingobernables al anunciar ante las Cortes su abdicación, dando paso al ensayo de la efímera Primera República como sustituto del fracasado y joven modelo político de la Monarquía Constitucional Española. Atrás quedaba la frustración frente al último rey absoluto, Fernando VII (1808-1833), calificado como El Deseado antes de que aniquilara durante su mandato efectivo (1814-1833) cualquier expectativa constitucional (Constitución de 1812); pero también quedaba el desánimo por la incapacidad política (ahora sin excusas de imposiciones absolutistas) durante los reinados constitucionales de Isabel II (1833-1868) y Amadeo I (1870-1873) con el reiterado fracaso de los excesivos proyectos normativos (Estatuto Real de 1834 y Constituciones de 1837, 1845 y 1869, respectivamente) cuya vigencia quedaba eclipsada por una serie de pronunciamientos, revoluciones y periodos autoritario-dictatoriales al margen de la norma, amén del conflicto armado con los carlistas por sus reivindicaciones de volver al absolutismo monárquico.
          El estrepitoso fracaso de la fugaz Primera República (febrero de 1873 a enero de 1874), con cuatro presidentes en tan corto periodo de tiempo, avalaba la sentencia de ingobernabilidad pronunciada por Amadeo I en su despedida, dibujando un futuro panorama siniestro, que, desgraciadamente, se hace realidad. En efecto, aunque la conocida Restauración de la Monarquía Constitucional borbónica con Alfonso XII (1874-1885), nacida, ¡cómo no!, gracias a un nuevo pronunciamiento militar y encauzada civilmente por la nueva Constitución de 1876, inauguraba por fin una apariencia de gobernabilidad, prolongada con la posterior regencia de Maria Cristina de Habsburgo-Lorena (1885-1902), no es menos cierto que se consigue gracias al denominado turno del Partido Conservador de Cánovas y el Liberal de Sagasta; en definitiva una trampa por la que, amañando las pertinentes elecciones, ambas formaciones políticas se garantizaban el gobierno más o menos alternativamente (Cánovas en seis ocasiones, hasta ser asesinado y Sagasta en ocho), apareciendo así la figura del caciquismo político y por ende la imposición de gobiernos desde arriba y no realmente democráticos. La incapacidad de los españoles para gobernarse desde la libertad, cerraba así el siglo XIX, manteniendo la vigencia constitucional de manera aparente, como preludio sombrío de las aún menores cotas de libertad del recién nacido siglo XX. En efecto, la crisis de los citados partidos liberal y conservador aparece con la desaparición de sus genuinos y manipuladores dirigentes Cánovas y Sagasta, precisamente cuando el adolescente monarca Alfonso XIII, según lo previsto (16 años) accede a la mayoría de edad, en un ambiente de críticas hacia el sistema político vigente de la Constitución en una España mortecina que, tras haber perdido sus últimas colonias (última pesadilla de los viejos sueños imperiales de épocas ya muy pretéritas), ni siquiera había sido capaz de consolidar la integridad de su territorio peninsular.
          La siniestra senda hacia el caos es inevitable y ni siquiera la minoría regeneracionista, que obtiene interesantes logros en el terreno cultural y económico, es capaz de conseguir un cambio de rumbo en el terreno político, desembocando finalmente en un nuevo secuestro de los cauces constitucionales bajo la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), que descompone definitivamente el sistema de la Restauración y, finalmente, arrastra, por segunda vez al modelo monárquico constitucional español para intentar un nuevo ensayo republicano (1931).
          España, en definitiva, es un laberinto político (ideológico, económico y territorial) donde, entre otros ingredientes, el caciquismo, la corrupción, el revanchismo y la intransigencia abonan un caldo de cultivo favorable al militarismo como elemento garantizador del orden a costa de privar a los españoles de la libre capacidad de gobernarse democráticamente. En el marco de la nueva Constitución (1931), que regula el modelo de la Segunda República (1931-1936), se desatan todos los citados fantasmas y se consolidan otros, que, inexorablemente, abocan a los españoles a una sangrienta y dramática guerra civil (1936-1939), iniciada, una vez más, por un levantamiento militar, que, en esta ocasión, da paso a un larguísimo periodo de dictadura militar (1939-1975), durante el cual el argumento de la fuerza de los vencedores aniquila cualquier otro argumento de las ideas de los vencidos. La manifiesta incapacidad de autogobierno de los españoles favorece así su sometimiento a un pensamiento único, el nacional-catolicismo, en el que no cabe el menor resquicio diferenciador ni en el terreno ideológico-político ni en el administrativo-territorial.
          Entre las causas de los avatares de este turbulento recorrido constitucional español, truncado definitivamente con la dictadura franquista, seguramente tiene gran relevancia que las diversas constituciones han sido elaboradas bajo el prisma ideológico de sus autores (vencedores de algún episodio histórico de fuerza) con grandes dosis de miopía o egoísmo político que prácticamente impedían una alternancia política sustancialmente distinta. En definitiva, se convertían en constituciones de unos españoles contra otros, en las que no hay lugar para albergar las diferentes reivindicaciones (sociales, ideológico-culturales o territoriales) de gran parte de los ciudadanos y canalizarlas en beneficio de todos (menos aún durante los demasiados gobiernos dictatoriales).
          En estas circunstancias, tras la muerte del dictador Franco, los españoles, inmersos en un mar de incertidumbres, fuimos capaces, por primera vez, de ponernos de acuerdo en la elaboración de un nuevo marco jurídico democrático, la Constitución de 1978 (aún vigente), capaz de establecer unas reglas de juego válidas para la inmensa mayoría de los ciudadanos y para todos los territorios que conforman la siempre pretendida y jamás consolidada nación española. Por primera vez los españoles disfrutamos de una constitución para todos (no de vencedores y vencidos, no de unos contra otros) gracias a un amplio consenso nacional español entre, prácticamente, todas las fuerzas políticas (nacionalistas o no, de derechas o izquierdas, según la nomenclatura ideológica al uso), quedando sólo al margen una ínfima minoría extremista e incluso violenta. Gracias a nuestra vigente Constitución, modelo para erradicar los laberintos políticos en otras naciones, los españoles disfrutamos del más largo periodo de libertad y prosperidad de nuestra historia siendo capaces de superar (no sin dificultad) las tentaciones golpistas y de amortiguar los zarpazos terroristas, así como de garantizar la alternancia política sin sobresaltos, en momentos en que las tendencias centrífugas eran proclives para resucitar los fantasmas del pasado. Asimismo hemos sabido conjugar el siempre pretendido nacionalismo español con el nacionalismo de otros territorios integrantes del Estado gracias al consensuado diseño del Estado de las Autonomías, posibilitando un gran marco de autogobierno que ya quisieran incluso muchos estados federales. Es un logro de todos los españoles bajo el liderazgo de dos grandes partidos políticos de ámbito nacionalista español (PSOE y, hoy, PP), que aglutinan a la gran mayoría de españoles, respectivamente de izquierdas y de derechas (cada vez menos diferenciadas sociológica e ideológicamente hablando), y de otros dos partidos de ámbito nacionalista catalán y vasco (CiU y PNV), que aglutinan a la mayoría nacionalista de sus respectivos territorios. Dichos partidos, junto a otros de menor implantación, han respetado las reglas de juego establecidas con moderación, buscando en general el consenso constitucional en los grandes asuntos del Estado, consolidando así el marco jurídico constitucional y, por consiguiente, dejando en franca minoría a otras opciones más extremistas y marginando a las violentas.
          Sin embargo, el único elemento crónico del laberinto político español que ni siquiera con el consenso se ha podido eliminar es la corrupción política que, in crescendo, desanima a muchos ciudadanos y resta credibilidad a los gobernantes de turno quienes, en vez de erradicarla enérgicamente, se dedican a acusarse mutuamente de qué formación política tiene más corruptos en sus filas. A ello hay que añadir que la salida, por fin, del laberinto político en España últimamente se ha visto ensombrecida a causa de la ruptura del tan beneficioso consenso en los grandes temas de Estado, lo que provoca un excesivo protagonismo de los partidos minoritarios que, disconformes con la Constitución, pretenden modificarla, con el concurso de los partidos mayoritarios, por la peligrosa vía del atajo y no por la vía constitucional establecida al efecto en caso de que su modificación fuese necesaria.  La pasada negociación de un proceso de paz con ETA (para otros de rendición) sin un amplio y trasparente consenso y sin que, previamente, se denuncie la violencia y los actos violentos de forma contundente; la pasada reedición del fracasado tripartito en Cataluña, donde componentes del citado gobierno no respetaban y hacían respetar preceptos constitucionales con episodios como las negociaciones de paz sólo para Cataluña, el problema de las banderas o la persecución del castellano; la difícil situación en el País Vasco, recientemente rectificada; la falta de liderazgo en los partidos de ámbito estatal, que provoca grandes discrepancias en sus federaciones territoriales, cada vez más nacionalistas y rebeldes en sus territorios; la progresiva falta de democracia interna en los partidos políticos, cuyas cúpulas designan a dedo a los candidatos… son, entre otras, actitudes peligrosas, más encaminadas a satisfacer los curriculos personales que el interés general, a costa de poner en riesgo la definitiva salida del histórico laberinto político español, haciendo definitivamente buena la ya histórica sentencia de Amadeo I de Saboya el día de su abdicación. El actual marco de crisis económica es el mejor escenario para desmentir a tan ilustre italiano o, desgraciadamente, darle la razón. ¿Estaremos a la altura? Esta es la mayor preocupación.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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