CÓDIGO ÉTICO PARA GOBERNANTES, YA

            Por enésima vez la opinión pública es zarandeada por un nuevo presunto caso de corrupción política, la “operación Campeón”, que, como en otros casos anteriores, cuya lista sería interminable, supone un nuevo varapalo a la ya escasa credibilidad que el pueblo tiene en sus gobernantes. El mismo guión, el mismo argumento, la misma puesta en escena y el mismo final. Sólo cambian los protagonistas: un ministro socialista –D. José Blanco-, un exconselleiro y diputado autonómico del BNG –D. Fernando Blanco-, un parlamentario del PP –D. Pablo Cobián- y, ¡cómo no!, un exitoso empresario de dudosa honestidad, D. Jorge Dorribo. El resto de actores secundarios de esta película interminable en blanco y negro es una serie de personajes secundarios en su papel de amigos –del alma o no-, familiares o intermediarios, necesarios para desarrollar la trama argumental. ¿Les recuerda algo a Gürtel, Brugal y otros tantos ejemplos?

            Aunque Pablo Cobian y Fernando Blanco han dimitido para, según ellos, no “ocasionar daños” a sus respectivos partidos, no seré yo quien reclame idéntica actitud a José Blanco quien, como los anteriores, dice que son falsas las acusaciones que hace Dorribo de haberles entregado dinero a cambio de agilizar trámites administrativos en relación a sus proyectos empresariales. Una práctica muy extendida a nivel de rumor entre la ciudadanía que se da en los distintos ámbitos político-administrativos. ¿Por qué será? No obstante, cada cual es libre, a nivel personal, de elegir la forma de afrontar la situación embarazosa en que se ve involucrado y proclamar su inocencia hasta que los tribunales decidan, bien asumiendo responsabilidades políticas o sin asumirlas. Por tanto, las peticiones de dimisión de Blanco -el ministro- con clara intencionalidad política quedan reservadas en este caso a los dirigentes del PP, al igual que los dirigentes del PSOE, incluido el propio Blanco, han venido haciendo en otros casos en que los gobernantes acusados eran populares. Como ven, un ejercicio mutuo de coherencia y honestidad partidaria –para el común, de cinismo indecente- que provoca una desconfianza ciudadana cada vez mayor en los propios partidos políticos. Es obvio que, en este contexto de paranoia normalizada, sean coherentes –o cínicas- las declaraciones de Saenz de Santamaría, exigiendo la dimisión de Blanco, así como las de Rubalcaba, creyendo a Blanco y no a Dorribo, porque éste ha estado preso y su trayectoria empresarial es de dudosa reputación. ¿No debiera ser la coherencia una de las cualidades exigibles a un gobernante? Blanco, a nivel personal, debe gozar de la más escrupulosa presunción de inocencia ante las acusaciones, como en su día Camps y tantos otros. Cuestión bien distinta es su responsabilidad política, no por ser acusado, sino por su irregular conducta como gobernante, como en su día Camps y tantos otros.

La entrevista de Blanco con Dorribo en una gasolinera, que el propio Blanco admite, no es justificable. ¿Qué pinta un ministro reuniéndose en tales circunstancias con un empresario supuestamente corrupto? ¿Es su forma habitual de proceder con el resto de la gente? Esta actuación impresentable, al margen de haber cometido o no un delito, es la que, ipso facto, merece una contundente reprobación popular y la exigencia de que asuma responsabilidades políticas dimitiendo como ministro. La dignidad del cargo que ejerce es incompatible con actuaciones pintorescas que, como mínimo, invitan a la sospecha de parcialidad. ¿No debiera ser la imparcialidad otra de las cualidades exigibles a un gobernante? Lamentablemente conductas similares son muy frecuentes en muchos de ellos, lo que exige acabar con tales irresponsabilidades.

            Sería buen momento, ya que se acercan elecciones, que los diferentes partidos asumieran en sus respectivas campañas electorales el compromiso público de elaborar en la próxima legislatura una especie de código ético para los gobernantes. En definitiva, una declaración de principios y de conducta, tal como existe en muchos lugares para la función pública, que, aceptada a nivel general, inhabilite a quien, al margen de imputaciones civiles o penales, actúe de forma descaradamente inadecuada a las exigencias de la dignidad del cargo que ocupa. Ya que, especialmente en cargos ejecutivos de nombramiento, no se requiere requisito alguno, salvo la decisión personal de quien los nombra, y el criterio para ello suele ser el amiguismo y no otras cualidades innatas o adquiridas, que sí se exigen para cualquier nivel de la función pública, conviene que, tras ser nombrados, no se deje su permanencia en el cargo al libre albedrío de su valedor si sus conductas rebasan claramente los límites de lo mínimamente exigible desde la decencia. Se puede soportar que un gobernante sea mediocre, pero no incapaz de entender que gobierna para todos y que la alta dignidad de su cargo está muy por encima de su persona, de sus intereses y de su partido. En definitiva, lo que eufemísticamente el pueblo califica como “el cargo le viene grande” por no calificarlo como impresentable a nivel personal. Así lo entienden en otros lugares donde por mucho menos el gobernante dimite o es cesado. Algo que tienen asumido los políticos y los partidos en que militan. Aquí, por lo visto, será necesario imponerlo como norma, cuando debiera ser impuesto simplemente por el sentido común.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena